CSJ - STC21355-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21355-2026 Radicación n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D.T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada por Argemiro Casares Sequeira frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 29 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela que promovió contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de Soledad y Promiscuo Municipal de Sabanagrande , trámite al que se vincularon las partes e intervinientes del juici o ejecutivo hipotecario bajo radicado No. 2023-00212-00.

ANTECEDENTES

1.- El gestor busca la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 2 2.- En síntesis, manifestó que, dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido en su contra por Maritza Polo Domínguez, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sabanagrande libró mandamiento de pago el 14 de junio de

2023. Señaló que, al acudir al despacho, se d ejó la constancia n.º 025 de 14 de agosto siguiente, según la cual había sido notificado personalmente, pese a que no se le

2023. Señaló que, al acudir al despacho, se d ejó la constancia n.º 025 de 14 de agosto siguiente, según la cual había sido notificado personalmente, pese a que no se le entregó copia de la demanda ni se elaboró el acta exigida por el artículo 291 del Código General del Proceso. Agregó que se le informó que el término para contestarla comenzaría a correr el 18 de agosto, y cuestionó las inconsistencias cronológicas entre la expedición de dicha constancia y el correo electrónico remitido por el juzgado.

Afirmó que su apoderado presentó la contestación de la demanda y las excepciones de mérito el 1º de septiembre de 2023, a las 4:21 p.m., dentro del horario judicial, con el correspondiente acuse de recibo. Sin embargo, mediante auto del 21 de noviembre de ese año, el juzgado rechazó las excepciones por extemporáneas, al considerar equivocadamente que habían sido radicadas el 5 de septiembre y computar el término desde el 14 de agosto. Añadió que dicha determinación se mantuvo al resolver el recurso de reposición mediante providencia del 2 de abril de 2024 y confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad el 23 de octubre de 2025.

Cuestionó que las autoridades judiciales validaran una notificación que estimó irregular, al combinar indebidamente las reglas de notificación personal y electrónica. Sostuvo que,Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 3 conforme a la Ley 2213 de 2022, aquella solo podía entenderse surtida transcurridos dos días hábiles desde el

3 conforme a la Ley 2213 de 2022, aquella solo podía entenderse surtida transcurridos dos días hábiles desde el envío del mensaje electrónico. Destacó que el superior reconoció que las excepciones fueron presentadas el 1º de septiembre de 2023, pero confirmó su rechazo al otorgar validez a la notificación del 14 de agosto y a la constancia expedida por la funcionaria judicial.

Alegó que tales irregularidades vulneraron su derecho al debido proceso y le impidieron ejercer plenamente su defensa, con repercusiones patrimoniales. Precisó que, aunque la providencia de segunda instancia que confirmó el rechazo de las excepciones fue proferida el 23 de octubre de 2025, su incorporación definitiva al proceso ocurrió mediante auto del 8 de septiembre de 2026, por el cual el juzgado de primera instancia ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el superior. Por ello, consideró que la vulner ación de sus derechos fundamentales se concretó en esta última fecha.

3.- Con base en lo anterior, pretende, se ordene: i) «Dejar Sin Efecto el Auto del 23 de octubre de 2025 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad , así como el Auto del 21 de noviembre de 2023 dictado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabanagrande dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 086344089001-2023-00212-00» y ii) «Ordenar al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabanagrande que proceda a ADMITIR y tramitar de fondo el escrito de contestación de la demanda y excepciones

086344089001-2023-00212-00» y ii) «Ordenar al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabanagrande que proceda a ADMITIR y tramitar de fondo el escrito de contestación de la demanda y excepciones de mérito presentado por mi defensa el 1º de septiembre de 2023, garantizando mi legítimo derecho a la contradicción».Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 4

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS

1.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad informó que conoció, en segunda instancia, del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Maritza Polo Domínguez contra el accionante y que, mediante auto del 23 de octubre de 2025, confirmó la decisión del a quo que rechazó por extemporáneas las excepciones de mérito. En consecuencia, dispuso continuar con el trámite del asunto y devolver el expediente al juzgado de origen.

Precisó que dicha providencia fue notificada por estado n.º 166 del 27 de octubre de 2025 y que el expediente fue remitido al despacho de primera instancia el 24 de febrero de 2026, una vez resuelto el recurso de apelación.

2.- El Juzgado Promiscuo Municipal de Sabanagrande solicitó declarar improcedente la acción constitucional, al considerar que el ac tor fue debidamente notificado el 14 de agosto de 2023 y recibió, por correo electrónico, copia de la demanda, sus anexos y acceso al expediente, circunstancias que le permitieron conocer plenamente la actuación judicial.

Asimismo, sostuvo que la contestación presentada el 1º

agosto de 2023 y recibió, por correo electrónico, copia de la demanda, sus anexos y acceso al expediente, circunstancias que le permitieron conocer plenamente la actuación judicial.

Asimismo, sostuvo que la contestación presentada el 1º de septiembre de 2023 fue extemporánea, cualquiera que fuera la forma de contabilizar los términos procesales. Finalmente, adujo que la acción de tutela se promovió cerca de once meses después de proferida la providencia de segunda instancia, sin que el interesado justificara dichaRad. n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 5 demora, por lo que estimó incumplido el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de inmediatez, al advertir que entre la notificación del auto que confirmó el rechazo de la contestación de la demanda , efectuada el 27 de octubre de 2025, y la presentación del amparo, el 23 de septiembre de 2026, transcurrieron más de diez meses, sin justificación para dicha demora.

Asimismo, descartó que la vulneración se hubiera concretado con el regreso del expediente al juzgado de origen, pues el término debía contabilizarse desde la notificación de la providencia de segunda instancia, en garantía de la seguridad jurídica y la firmeza de las decisiones judiciales.

IMPUGNACIÓN

El promotor reiteró los argumentos de su escrito inicial y cuestionó el análisis del requisito de inmediatez, al

seguridad jurídica y la firmeza de las decisiones judiciales.

IMPUGNACIÓN

El promotor reiteró los argumentos de su escrito inicial y cuestionó el análisis del requisito de inmediatez, al considerar que el término debía contabilizarse desde el auto de « obedézcase y cúmplase » del 8 de septiembre de 2026, cuando, a su juicio, se consolidó la vulneración de sus derechos, y no desde la providencia de segunda instancia del 23 de octubre de 2025. Destacó que entre aquella fecha y la presentación de la tutela transcurrieron apenas quince días.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 6 Asimismo, alegó un defecto fáctico por desconocerse la demora en la devolución del expediente y cuestionó la validez de la notificación personal, ante la ausencia de su firma, las inconsistencias entre la constancia n.º 025 y el correo electrónico de citación, así como la indebida combinación de las reglas del Código General del Proceso y la Ley 2213 de

2022. Por ello, solicitó revocar el fallo impugnado, conceder el amparo y ordenar la admisión y el trámite de las excepciones presentadas oportunamente.

CONSIDERACIONES

1.- Desde ahora se advierte el fracaso de la salvaguarda y la consecuente confirmación de lo resuelto en primera instancia, toda vez que, sin justificación alguna, se incumplió el requisito de inmediatez.

1.1.- Lo anterior, por cuanto entre el auto del 23 de octubre de 2025, mediante el cual se confirmó la decisión

instancia, toda vez que, sin justificación alguna, se incumplió el requisito de inmediatez.

1.1.- Lo anterior, por cuanto entre el auto del 23 de octubre de 2025, mediante el cual se confirmó la decisión proferida el 21 de noviembre de 2023 por el juez de primera instancia, que rechazó por extemporánea la contestación de la demanda, y la presentación de la acción de tutela, el 23 de septiembre de 2026, transcurrieron más de diez meses, sin que el accionante acreditara circunstancia alguna que justificara dicha tardanza.

En consecuencia, se superó ampliamente el término que tanto esta Corporación como la Corte Constitucional han considerado prudencial y razonable para acudir al mecanismo excepcional de amparo.Rad. n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 7

Sobre el tema, esta Sala ha predicado que:

«[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la

demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, cele ridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental.

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses ». Se resalta. STC8664-2025).

Exigencia sobre la que reiteradamente se ha puntualizado,

«(…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser (…) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seisRad. n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 8 meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante». STC2038-2024.

1.2.- Lo anterior impide abordar el estudio de fondo del asunto, pues la tardanza injustificada en promover la acción constitucional constituye, por sí sola, una razón suficiente para descartar la intervención del juez de tutela frente a las actuaciones judiciales cuestionadas.

Si bien la jurisprudencia ha admitido flexibilizar el

constitucional constituye, por sí sola, una razón suficiente para descartar la intervención del juez de tutela frente a las actuaciones judiciales cuestionadas.

Si bien la jurisprudencia ha admitido flexibilizar el requisito de inmediatez cuando existen circunstancias que justifican la demora, en este caso no se configura ninguna de las hipótesis previstas en la sentencia STC3949 -2021. En efecto, el gestor se limitó a sostener que el término debía contabilizarse desde el auto de « obedézcase y cúmplase» del 8 de septiembre de 2026 por el cual el juzgado de primera instancia ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, argumento insuficiente para justificar su prolongada inactividad.

Al respecto, esta Corporación ha reiterado que la falta de cuestionamiento oportuno de las providencias judiciales evidencia conformidad con lo decidido y que la acción de tutela debe promoverse dentro de un término razonable, contado desde el conocimiento de la decisión censurada. En este asunto, el auto del 23 de octubre de 2025 fue notificado por estado n.º 166 del 27 de octubre siguiente, de manera que aceptar la postura del tutelante desconocería los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, alRad. n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 9 permitir controvertir decisiones judiciales por fuera de un plazo razonable.

2.- En definitiva, se ratificará lo resuelto por el tribunal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

plazo razonable.

2.- En definitiva, se ratificará lo resuelto por el tribunal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ En comisión de serviciosRad. n° 08001-22-13-000-2026-00987-01 10

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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