CSJ - STC21356-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21356-2026 Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 28 de septiembre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acción de tutela promovida por Diego Francisco Martínez Pabón , en nombre propio y como apoderado de David Nicolás Martínez Pabón , contra el Juzgado Promiscuo de Familia de La Unión, asunto al cual se vincularon los partícipes en el asunto n.° 2023-00161.

ANTECEDENTES

1. Los accionantes reclamaron la protección de sus derechos fundamentales a la petición, debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, que estimaron vulnerados por la autoridad judicial accionada.Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01

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2. En síntesis, adujeron que intervienen en el proceso verbal sumario de adjudicación judicial de apoyos n.º 202300161 en calidad de sobrinos de la persona sobre la cual recae la solicitud, tramitado ante el Juzgado Promiscuo de Familia de La Unión. Afirmaron que el 24 de agosto de 2026 solicitaron el enlace de acceso al expediente completo y actualizado, sin obtener respuesta para la fecha de presentación de la tutela.

Familia de La Unión. Afirmaron que el 24 de agosto de 2026 solicitaron el enlace de acceso al expediente completo y actualizado, sin obtener respuesta para la fecha de presentación de la tutela.

Añadieron que las consultas realizadas en SGDE, CPNU y TYBA no arrojaron resultados que permitieran consultar el proceso. Sostuvieron que esas dos circunstancias les impedían conocer las actuaciones, vigilar los términos y ejercer la contradicción y defensa.

3. Por lo anterior, solicitaron ordenar al juzgado que respondiera de fondo la solicitud y remitiera el enlace de acceso al expediente sin restricciones. Asimismo, que se adelantaran las gestiones necesarias para indexar, actualizar y visibilizar las actuaciones en SGDE Alfresco, CPNU y TYBA.

4. En memoriales complementarios, allegados tras la respuesta inicial del juzgado, los accionantes sostuvieron que la vulneración persistía porque el acceso al expediente se había limitado a tres días. Cuestionaron que, tras revisar el expediente, no se les había notificado un auto que resolvía un recurso y denunciaron presuntas alteraciones del informe de valoración de apoyos. Además, alegaron que la titular del despacho accionado había incurrido en prejuzgamiento al afirmar que ellos carecían de legitimación en el proceso.Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01

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En consecuencia, solicitaron acceso permanente al expediente, dejar sin efectos las actuaciones posteriores al auto cuya notificación afirmaron que se omitió, rehacer el informe de valoración y compulsar copias para investigar las presuntas irregularidades denunciadas.

En consecuencia, solicitaron acceso permanente al expediente, dejar sin efectos las actuaciones posteriores al auto cuya notificación afirmaron que se omitió, rehacer el informe de valoración y compulsar copias para investigar las presuntas irregularidades denunciadas.

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Unión informó , inicialmente, que atendió la solicitud de 24 de agosto de 2026 y remitió al accionante el enlace de acceso al expediente digital para su consulta en el SGDE.

Explicó que no utilizaba Alfresco, CPNU ni Siglo XXI y que los procesos de adjudicación judicial de apoyos tenían acceso restringido por contener datos sensibles relacionados con valoraciones y salud de sus titulares, por lo cual las partes e intervinientes debían solicitar autorización para consultarlos. En consecuencia, pidió declarar improcedente el amparo por carencia actual de objeto por hecho superado.

En informe complementario, el despacho sostuvo que los accionantes carecían de legitimación y precisó que el auto de 27 de marzo de 2026, que resolvió sus recursos, fue notificado por estado electrónico del 6 de abril siguiente y se encontraba en firme. Explicó que el traslado del nuevo informe de valoración estaba pendiente de la debida integración y notificación del contradictorio, y que esa sería la oportunidad para formular los cuestionamientos correspondientes. Manifestó que no le constaban lasRadicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 4 alteraciones denunciadas y reiteró que el derecho a consultar y descargar las actuaciones estaba garantizado . Por ello, solicitó negar las nuevas pretensiones.

4 alteraciones denunciadas y reiteró que el derecho a consultar y descargar las actuaciones estaba garantizado . Por ello, solicitó negar las nuevas pretensiones.

2. La Gobernación de Nariño manifestó que carecía de competencia para administrar el expediente digital y que la solicitud de acceso correspondía exclusivamente al juzgado accionado. Precisó que su intervención se limitó a prestar el servicio de valoración de apoyos, cuyo informe remitió al despacho el 24 de junio de 2026, con copia a las partes. Sostuvo que no había vulnerado los derechos invocados y solicitó su desvinculación.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto declaró la carencia actual de objeto por hecho superado al constatar que «la situación que originó la formulación del auxilio ya fue superada», pues se compartió acceso al expediente a los accionantes. Sobre las pretensiones en memorial complementario, las descartó porque « no han sido previamente sometidas al conocimiento del juez natural », así como lo relativo a la compulsa de copias.

IMPUGNACIÓN

La interpusieron los promotores del amparo con fundamento en tres inconformidades concretas. Por un lado, cuestionaron la declaración de carencia actual de objeto, pues sostuvieron que el enlace limitado a tres días noRadicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 5 garantizaba el acceso continuo al expediente y que ni la reserva de datos sensibles ni la protección de proyectos judiciales justificaban esa restricción . Señalaron que ello desconocía lo decidido por esta Sala en CSJ, STC123205 garantizaba el acceso continuo al expediente y que ni la reserva de datos sensibles ni la protección de proyectos judiciales justificaban esa restricción . Señalaron que ello desconocía lo decidido por esta Sala en CSJ, STC123202026.

Por otro lado, reprocharon la aplicación de la subsidiariedad frente a las presuntas alteraciones del informe de valoración de apoyos, al considerar ineficaz remitirlo al proceso ordinario mientras se negaba su legitimación en ese juicio con base en el mismo documento cuya integridad controvertían. Asimismo, censuraron la falta de examen frente al supuesto prejuzgamiento de la juez por anticipar, en su contestación, una conclusión sobre su legitimación en el proceso de adjudicación.

En consecuencia, solicitaron que se les garantice el acceso permanente al expediente, suspender los efectos del informe de valoración de apoyos , adoptar medidas para asegurar la imparcialidad judicial ante el prejuzgamiento y compulsar copias por las presuntas irregularidades documentales.

CONSIDERACIONES

1. Circunscrita a los puntuales reproches expuestos en la impugnación, la Sala anuncia que ratificará la desestimación del amparo conforme a las razones que pasan a exponerse para cada caso.Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01

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2. Los accionantes consideran que la vulneración invocada subsiste porque si bien se les compartió acceso al expediente, este fue limitado a sólo tres días. Sin embargo, este debate ya fue propuesto y resuelto por el juzgado accionado, en el marco del trámite ordinario del proceso, sin

invocada subsiste porque si bien se les compartió acceso al expediente, este fue limitado a sólo tres días. Sin embargo, este debate ya fue propuesto y resuelto por el juzgado accionado, en el marco del trámite ordinario del proceso, sin que lo decidido se advierta irracional o desfasado , sino que corresponde a un criterio jurídico fundamentado, con independencia de que se comparta.

2.1. En efecto, en auto de 27 de marzo de 2026 se resolvió el recurso de reposición de los accionantes contra el proveído de 26 de febrero de 2026, siendo uno de los reparos el acceso limitado al expediente bajo los mismos argumentos que los presentados en este amparo , toda vez que en la segunda providencia se ordenó compartir «enlace de acceso al expediente, por el término de 3 días »1. Pues bien, el despacho confirmó tal determinación, bajo las siguientes

consideraciones:

En lo que atañe al ordinal SÉPTIMO del auto objeto de disenso, debe precisarse que si bien las personas de que trata el artículo 123 del Código General del Proceso, tienen derecho a examinar los expedientes y en ese entendido, en la actualidad, se les remite el link de acceso al respectivo expediente para que puedan examinarlo y descargar las actuaciones que estimen pertinentes; dicha norma y derecho a examen de los expedientes, no obliga al Juzgado a compartirles de forma indefinida el acceso a los mismos (…)

Aunado a ello, en la actualidad esta sede judicial se encuentra en trámite de migración de los expedientes al Sistema de Gestión Documental Electrónica -SGDE-, lo cual implica que los links de acceso que se comparten no pueden mantenerse por tiempo

Aunado a ello, en la actualidad esta sede judicial se encuentra en trámite de migración de los expedientes al Sistema de Gestión Documental Electrónica -SGDE-, lo cual implica que los links de acceso que se comparten no pueden mantenerse por tiempo indefinido dado el traslado paulatino de los expedientes que se está realizando a esa plataforma y que conlleva que esos links, en un determinado momento, dejen de funcionar.

1 Cfr. « 055AutoOrdenaNuevaValoración», en « C01Principal», en « 01PrimeraInstancia», del expediente digital allegado.Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 7 De otro lado, el hecho de que se comparta el acceso al expediente por término definido, no implica que no pueda volverse a compartir cada vez que así lo solicite el interesado, ni que se esté dando aplicación de alguna manera a la figura de retiro del expediente de que trata el artículo 124 del Código General del Proceso, como errad amente lo estima el recurrente; pues compartir el expediente (por el término que sea) no conlleva un retiro del mismo , ni físico ni virtual. Y si el recurrente requiere consultar las actuaciones del Juzgado, en lo que atañe, por ejemplo, a estados electrónicos y traslados, entre otras actuaciones; puede y debe hacerlo a través de las publicaciones que se hacen en la pági na web de la Rama Judicial en el micrositio que para tal fin tiene el Despacho en dicha página2.

Aunado a lo anterior, en el informe rendido en este trámite el juzgado agregó que « [l]os procesos de ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS son de acceso restringido, de cara a la protección

Aunado a lo anterior, en el informe rendido en este trámite el juzgado agregó que « [l]os procesos de ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS son de acceso restringido, de cara a la protección de los derechos a la intimidad de los titulares de los actos jurídicos, pues muchas piezas procesales de esos expedientes contienen datos sensibles relacionados con información de valoraciones y salud de los mismos. Por tales motivos, dichos asuntos, como respecto al cual gira la presente controversia, no pueden ser consultados de manera pública en el SGDE, sino que debe solicitarse el acceso al Juzgado por las partes e intervinientes del proceso, para así poder garantizar la protección de los derechos referidos previamente».

En este sentido lo que se evidencia sin asomo de duda es una diferencia de criterio de los promotores del amparo frente a los razonamientos expuestos por la autoridad accionada; situación que , per se , no abre camino a la prosperidad de la protección constitucional, pues es indispensable que la disposición se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situación que , como se vio, no ocurre en el sub examine. Al respecto, esta Sala ha insistido de tiempo atrás en que:

2 Cfr. «063AutoResuelveRecurso», Id.Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 8

el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar

desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (CSJ, STC, 15 feb. 2011, Rad. 01404-01, recientemente en STC7544-2025).

Entonces, no se advierte desfasado lo considerado por el juzgado sobre esta temática, máxime cuando la determinación examinada no excluye la consulta del expediente, sino que prevé su habilitación temporal y la posibilidad de solicitar nuevamente el acceso.

2.2. Ahora bien, el accionante se refiere a la sentencia CSJ, STC12320-2026 como precedente que debe regir en este caso para reclamar una orden de acceso permanente al expediente digital. Al respecto, recuérdese que las órdenes de tutela producen efectos inter partes y no erga omnes, como lo reconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar que «la tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a título individual y la decisión que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relación con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situación» (CC, T-643 de 1998, citada en CSJ, STC1295-2022).

En el mismo sentido, ese alto tribunal ha insistido en

con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situación» (CC, T-643 de 1998, citada en CSJ, STC1295-2022).

En el mismo sentido, ese alto tribunal ha insistido en que:Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 9 «la sentencia del juez constitucional tiene efectos interpartes y, en consecuencia, no origina derechos u obligaciones para quien no fue parte del proceso. En este sentido, la Corte ha señalado que los efectos de las decisiones de tutela adoptadas por los jueces de instancia no pueden extenderse a terceras personas aj enas al proceso, así estas puedan eventualmente, encontrarse en la misma situación de alguna de las partes de la acción previamente fallada» (CC, T-407 de 2005).

Lo anterior cobra relevancia sobre todo al advertir que se trata de asuntos con premisas fácticas distintas. En la sentencia STC12320 -2026 la Corte confirmó el fallo del Tribunal Superior de Cartagena que dispuso garantizar el acceso pleno, continuo e ininterrumpido al expediente de un proceso ejecutivo de alimentos promovido por una madre en representación de su hijo menor de edad, sujeto de especial protección constitucional . Así, la consulta fue solicitada por quien representaba al extremo demandante, sin que se discutiera su habilitación para conocer las actuaciones.

El presente caso, en cambio, versa sobre un proceso de adjudicación judicial de apoyos en el que aún se encuentra pendiente la debida integración y notificación del contradictorio, y existe controversia sobre la calidad en que los promotores pretenden intervenir. La diferencia, entonces,

adjudicación judicial de apoyos en el que aún se encuentra pendiente la debida integración y notificación del contradictorio, y existe controversia sobre la calidad en que los promotores pretenden intervenir. La diferencia, entonces, no radica únicamente en la naturaleza de los procesos, sino en la posición de los solicitantes y en el estado de conformación de la relación procesal.

3. Los distintos reproches elevados frente al informe final de valoración de apoyos presentado por la GobernaciónRadicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 10 de Nariño el pasado 24 de junio de 20263 deben ser puestos de presente ante la autoridad judicial accionada , en la oportunidad correspondiente y mediante los mecanismos ordinarios, conforme al presupuesto de la subsidiariedad.

Al respecto, el juzgado accionado en la contestación adujo que «este último Informe se encuentra pendiente de correr traslado a las personas involucradas y al Ministerio Público, lo cual se hará una vez integrado y notificado en debida forma el contradictorio del asunto, para posteriormente adoptar las decisiones pertinentes sobre el caso en concreto y sobre el Informe en mención. De manera que el traslado es el escenario judicial natural en el que deben exponerse las manifestaciones que pretende el actor ». De la revisión del expediente, se advierte que el referido traslado aún no ha acontecido.

Por el contrario, en auto de 18 de septiembre de 2026, el despacho atendió distintas solicitudes de los accionantes y, en punto de cuestionamientos sobre el informe, les recordó esta misma situación: «una vez conformado y notificado en debida

Por el contrario, en auto de 18 de septiembre de 2026, el despacho atendió distintas solicitudes de los accionantes y, en punto de cuestionamientos sobre el informe, les recordó esta misma situación: «una vez conformado y notificado en debida forma el contradictorio; es necesario correr traslado del INFORME DE VALORACIÓN DE APOYOS definitivo; luego de ello, decretar las pruebas y convocar a audiencia para practicarlas; y solamente después de vencido el término probatorio y agotadas todas las etapas de la audiencia en mención, decidir de fondo el asunto de marras , analizando entonces en la sentencia las posturas de los interesados con fundamento en las pruebas. En vista de ello, tampoco hay lugar a acceder a los referidos petitorios, al menos hasta este momento »4. En consecuencia, los accionantes deben esperar el momento

3 Cfr. «065Informe», Id. 4 Cfr. «072AutoResuelveSolicitudesRequiere», Id.Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 11 procesal oportuno para elevar los cuestionamientos que consideren.

4. En cuanto a los planteamientos sobre la supuesta imparcialidad de la titular del despacho accionado por un supuesto prejuzgamiento de asuntos propios del proceso de adjudicación dada la contestación allegada en esta acción de tutela, los mismos accionantes anunciaron en radicarían un «incidente de recusación » al considerar que se « ha configurado materialmente la causal de impedimento y recusación contenida en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso».

Auscultado el expediente, se tiene que la recusación fue

«incidente de recusación » al considerar que se « ha configurado materialmente la causal de impedimento y recusación contenida en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso».

Auscultado el expediente, se tiene que la recusación fue presentada, tramitada y, finalmente, resuelta en auto de 13 de octubre de 2026 del Tribunal Superior de Pasto, declarándose infundada la misma al estimar que « la Sala considera que tal manifestación no configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del C.G.P., pues no fue emitida “fuera de actuación judicial”, como lo exige expresamente la norma, sino en el marco de un trámite de naturaleza jurisdiccional, como lo es la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política»5. Es decir, los cuestionamientos sobre la imparcialidad de la juez fueron tramitados por la vía ordinaria dispuesta para ello y resueltos como en derecho se consideró por la autoridad judicial competente , sin que la determinación se advierta arbitraria o infundada.

5. Por último, en lo que respecta a la pretensión de compulsa de copias, ciertamente la acción de tutela no es el

5 Cfr. « 007AutoResuelveRecusacion», en «C04IncidenteRecusación», en « 01PrimeraInstancia», del expediente digital allegado.Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 12 mecanismo para ello, pues «se trata de un requerimiento que desborda el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el artículo 86 de la

12 mecanismo para ello, pues «se trata de un requerimiento que desborda el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política» (CSJ, STC2309-2022). En consecuencia, deberá acudir a la autoridad que considere competente, como lo tiene dicho esta Sala:

si el aquí convocante estima que alguno de los intervinientes incurrió en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, está facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haciéndose por supuesto responsable de su gestión y consecuencias (CSJ, STC de 23 oct. 2015, rad. 00366 -01, reiterada en STC17147-2025).

6. En definitiva, los argumentos expuestos imponen la ratificación del veredicto impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por las razones expuestas.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Radicación n.º 52001-22-13-000-2026-00216-01 13

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

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JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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