CSJ - STC21362-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21362-2026 Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá , dentro de la tutela promovida por Teodulfo Mahecha Fernández contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma urbe; trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de exoneración de cuota de alimentos rad. n.º 2016-01352.

ANTECEDENTES

1. El gestor, en su propio nombre, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso «efectivo» a la administración de justicia y «mínimo vital», presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada.Rad. n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01

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2. En síntesis, adujo que promovió la exoneración de la cuota alimentaria que le fue fijada mediante sentencia de 25 de mayo de 2017 , emitida por el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, trámite que correspondió a ese mismo despacho judicial (rad. n.º 2016-01352), y en el que solicitó como medida provisional la suspensión de tales

25 de mayo de 2017 , emitida por el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, trámite que correspondió a ese mismo despacho judicial (rad. n.º 2016-01352), y en el que solicitó como medida provisional la suspensión de tales emolumentos, toda vez que, actualmente, su hija cuenta con 26 años de edad.

Indicó que esa demanda fue admitida el 17 de marzo de 2026, sin existir manifestación frente a la cautela referida, por lo que, en escrito de 27 de marzo siguiente , solicitó pronunciamiento al respecto ; en relación con lo cual, en proveído de 12 de agosto posterior, la mencionada autoridad judicial:

(i) reconoció personería a la doctora Elizabeth Marleny Plazas Largo como apoderada judicial; (ii) negó la suspensión provisional del pago de la cuota alimentaria a cargo [suyo], señalando que dicha circunstancia corresponde al objeto del proceso y solo será resuelta en la sentencia que defina el fondo del asunto; y (iii) [l]e impuso el requerimiento de notificar a la demandada dentro de los treinta (30) días siguientes, so pena de desistimiento tácito.

Señaló que , « con fundamento en hechos objetivos y nuevos », radicó recientemente memorial con solicitud para « el levantamiento de la medida, el cese inmediato de los descuentos sobre [sus] ingresos y la suspensión del pago de los títulos judiciales pendientes de reclamación»; y se quejó de que sobre el particular no se ha emitido algún proveído que lo resuelva.

Agregó que no interpuso recurso de reposición contra el

pendientes de reclamación»; y se quejó de que sobre el particular no se ha emitido algún proveído que lo resuelva.

Agregó que no interpuso recurso de reposición contra el auto de 12 de agosto de 2026, pero que ello es superableRad. n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01 3

porque se le está generando un perjuicio « continuado» que «se renueva mes a mes […] y afecta a un sujeto de especial protección constitucional», amén de que es «imposible reparación integral por la vía ordinaria, en la medida en que las sumas descontadas mes a mes no serán recuperadas con la misma inmediatez con que se causa el detrimento al mínimo vital».

3. Con base en ello, en esencia, pidió que se ordene al juzgado accionado que, en un término de 48 horas, resuelva su solicitud de « levantamiento de medida, cese de descuentos y suspensión de pago de títulos judiciales presentado el 24 de agosto de 2026 »; y, como medida transitoria, que se suspendan « los descuentos que se vienen practicando sobre la asignación de retiro del accionante », de modo que se emitan los oficios correspondientes a la entidad pagadora para que ello se materialice.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS

1. El juzgado convocado se limitó a remitir el enlace de acceso al expediente.

2. Tanto la Comisaría Once de Familia de Suba 3 como el Banco Agrario de Colombia S.A. y Colpensiones solicitaron su desvinculación del trámite.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

2. Tanto la Comisaría Once de Familia de Suba 3 como el Banco Agrario de Colombia S.A. y Colpensiones solicitaron su desvinculación del trámite.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo, al no hallar satisfecho el requisito de laRad. n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01 4

subsidiariedad, pues no se interpuso recurso frente al auto de 12 de agosto de 2026 ; y, en cualquier caso, frente a la alegada falta de respuesta al memorial de 24 de agosto siguiente, «la reiteración en términos idénticos de una solicitud ya resuelta […] no [se] puede convertir en una oportunidad para reeditar un tema ya zanjado».

IMPUGNACIÓN

La interpuso el gestor, para reiterar sus argumentos expuestos ab initio y criticar, en lo pertinente, que el a quo constitucional no dedicó « una sola línea al mínimo vital », aun cuando es un sujeto de especial protección constitucional y «[c]ada mes se descuenta de [sus] ingresos una suma que no llega a nadie. La alimentaria no reclama los títulos desde diciembre de 2025. El dinero queda inmovilizado en el Banco Agrario: no satisface ninguna necesidad de ella y sí [l]e priva […] de recursos indispensables para [su] subsistencia en la etapa de la vida en que más los necesit[a]».

Reprochó, igualmente, que su petición de amparo no está dirigida contra el proveído de 12 de agosto, sino en relación con el silencio del juez frente a su solicitud de 24 de

Reprochó, igualmente, que su petición de amparo no está dirigida contra el proveído de 12 de agosto, sino en relación con el silencio del juez frente a su solicitud de 24 de agosto siguiente.

Pese a ello , refirió que «el memorial del 24 de agosto aportó hechos que el Juzgado no conocía al decidir: la manifestación expresa de la alimentaria de que no necesita los alimentos desde hace más de un año, su conformidad libre con la exoneración y el no cobro de los títulos», por lo que no existía cosa juzgada frente a lo decidido inicialmente.Rad. n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01 5

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jurídico, quebrantado, aparentemente, por una autoridad judicial o administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales , a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito

administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales , a saber:

(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii ) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión ius fundamental que alega en sede de tutela; (ii i) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv ) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela

(C.C., C-590/05 y SU-813/07).

De igual forma, superadas las anteriores exigencias, es imprescindible que se haya configurado alguno de losRad. n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01 6

defectos específicos, esto es, sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.

2. En el presente caso, el promotor se quejó de que el juzgado accionado , mediante proveído de 12 de agosto de 2026, hubiese negado « la suspensión provisional del pago de la

o que se haya violado directamente la Constitución.

2. En el presente caso, el promotor se quejó de que el juzgado accionado , mediante proveído de 12 de agosto de 2026, hubiese negado « la suspensión provisional del pago de la cuota alimentaria fijada en favor de la demanda da, toda vez que tal circunstancia realmente corresponde al objeto del proceso, por lo cual la decisión respectiva solo será adoptada en la sentencia defina de mérito el asunto y con base en el análisis de todas las pruebas legalmente allegadas al expediente». También, de que no ha resuelto sobre su más reciente memorial de 24 de agosto de 2026.

3. Examinada la queja a la luz de la jurisprudencia aplicable, de las piezas del expediente de tutela y del proceso de exoneración rad. n.º 2016 -01352, advierte la Sala que la sentencia impugnada habrá de confirmarse.

3.1. En efecto, mediante auto de 12 de agosto de 2026, el juzgado accionado negó la suspensión provisional del pago de la cuota alimentaria, por considerar que tal asunto corresponde al objeto del proceso y solo será decidido en la sentencia que lo defina de fo ndo. Contra esa determinación procedía el recurso de reposición (CGP, art. 318); sin embargo, como lo admitió el propio accionante, no lo interpuso, pese a que la providencia era conocida por él.Rad. n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01 7

Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo en cuanto se dirige, de manera directa o indirecta, a controvertir lo resuelto en esa providencia, pues la tutela no

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Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo en cuanto se dirige, de manera directa o indirecta, a controvertir lo resuelto en esa providencia, pues la tutela no es remedio de último momento para rescatar posibilidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisión, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería fruto de su propia incuria.

Cabe anotar que la Sala ha sido enfática en precisar que «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (...)» (CSJ, STC4781-2018, entre otras), más cuando no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable -a propósito del alegato sobre la afectación al mínimo vital-.

3.2. Ahora bien, en relación con la alegada mora por la falta de respuesta al memorial que radicó el 24 de agosto de 2026, no advierte la Sala que se configure tal situación, pues, si bien no se le ha dado al accionante una respuesta de manera formal al respecto, lo cierto es que no se observa que el despacho accionado tenga una actitud renuente o descuidada en el impulso de la actuación, lo que impide que el juez de tutela intervenga sobre el particular.Rad. n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01 8

Así las cosas, no se abre paso la salvaguarda, por cuanto este instrumento excepcional se viabiliza ante una

el juez de tutela intervenga sobre el particular.Rad. n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01 8

Así las cosas, no se abre paso la salvaguarda, por cuanto este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de mora judicial, siempre y cuando se acredite que la falta de resolución que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues, se reitera, el simple paso del tiempo analizado en forma aislada no es razón suficiente para que se estructure en este momento la morosidad señalada y, por tanto, una vulneración a los derechos fundamentales.

4. De ese modo, se impone confirmar la determinación reprochada, pero por lo expuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto por un medio eficaz, y en oportunidad, envíense las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de SalaRad. n.º 11001-22-10-000-2026-02187-01 9

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(En comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

(En comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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