CSJ - STC21363-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21363-2026 Radicación nº 11001-02-04-000-2026-02747-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casación Penal el 17 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Yudy Sela Orozco Giraldo contra la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de esta capital , trámite al cual fueron vinculados Juzgados Tercero y Cuarto del Circuito Especializados en Extinción de Dominio de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Agencia Nacional de Minería, así como las partes e intervinientes en el proceso de extinción de dominio radicado nº 2025-00018.

ANTECEDENTESRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

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1. La solicitante, obrando en su propio nombre , reclamo la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y buen nombre, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

2. Del escrito inicial y los anexos, se extracta en

síntesis que:

proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y buen nombre, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas.

2. Del escrito inicial y los anexos, se extracta en

síntesis que:

2.1. Por medio de resolución del 6 de diciembre de 2021 la Fiscalía 10ª Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio, decretó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro respecto de 5 bienes inmuebles y un automotor 1, de los cuales figuran como titulares la aquí accionante Yudi Sela Orozco Giraldo y Ovidio Antonio Acevedo Jaramillo.

Los mencionados propietarios presentaron solicitud de control de legalidad de aquella resolución, la cual fue conocida y resuelta negativamente – el 8 de noviembre de 2022 – por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia (rad. 2022-00076), decisión posteriormente ratificada – 27 de julio de 2023 – por la Sala de esa especialidad del Tribunal Superior de Bogotá.

1 Inmuebles: 1. Matrícula inmobiliaria 027 -19804 de Segovia (Antioquia); 2. Matrícula inmobiliaria 50C -1032307 de Bogotá; 3. Matrícula inmobiliaria 001 -645008 de Medellín; 4.

Matrícula inmobiliaria 027-1186 de Segovia (Antioquia); y, 5. Matrícula inmobiliaria 001-45211 de Medellín. Vehículo automotor Toyota Modelo 2009, Placa: MON409.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

3 Luego, la aquí accionante (28 de febrero de 2025), Yudi Sela Orozco Giraldo, elevó una nueva petición de nulidad o control de legalidad de lo actuado en el asunto de extinción. Frente a esta, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Extinción de Dominio de Bogotá rechazó de plano la postulación mediante auto del 28 de marzo de 2025 , decisión contra la cual el apoderado de la peticionaria interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación. El 12 de agosto de ese año el juzgado mantuvo lo resuelto en la determinación recurrida y concedió la alzada.

El 2 de julio de 2026 la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó el proveído apelado.

2.2. La actora cuestionó a través de la presente salvaguarda las decisiones reseñadas, especialmente, la que rechazó de plano la solicitud de control de legalidad de lo actuado al interior del proceso de extinción de dominio referido y las medidas cautelares decretadas respecto de sus bienes, y la que en segunda instancia confirmó dicho rechazo.

Manifestó que entre la expedición de la resolución de cautelas el 6 de diciembre de 2021 y la presentación de la demanda de extinción de dominio el 13 de agosto de 2022

rechazo.

Manifestó que entre la expedición de la resolución de cautelas el 6 de diciembre de 2021 y la presentación de la demanda de extinción de dominio el 13 de agosto de 2022 transcurrieron más de 8 meses, superando el plazo de 6 meses fijado en el artículo 89 de la Ley 1708 de 2014. Sostuvo que resultaba errado aplicar la figura de la cosa juzgada frente a un control previo resuelto en 2022 y 2023,Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

4 en razón a que posteriormente surgió un criterio jurisprudencial perentorio e inmodificable en la corporación colegiada que impedía justificar la extemporaneidad en la complejidad de la causa o el número de propiedades.

Alegó la existencia de una falta de coherencia en las decisiones judiciales, señalando que la misma corporación y los mismos magistrados habían aplicado el nuevo criterio jurisprudencial para ordenar el levantamiento de medidas cautelares en casos análogos de otros procesados.

Asimismo, recriminó que dos de los integrantes de la sala de decisión debieron declararse impedidos por falta de imparcialidad, al haber intervenido previamente en providencias sancionatorias del año 2020 y aclaraciones de 2024 contra una sociedad comercia l en la cual ella se desempeñaba como representante legal.

Reprochó la inclusión de aseveraciones en las decisiones judiciales que la vinculaban indebidamente con organizaciones delictivas dedicadas a la explotación ilícita de minerales. Para rebatir tales señalamientos, adujo

Reprochó la inclusión de aseveraciones en las decisiones judiciales que la vinculaban indebidamente con organizaciones delictivas dedicadas a la explotación ilícita de minerales. Para rebatir tales señalamientos, adujo certificaciones de la Agencia Naciona l de Minería que acreditaban el cumplimiento estricto de los trámites de procedencia lícita y trazabilidad en las operaciones de sus empresas.

3. Por lo anterior, pidió que, se dejen sin efecto las determinaciones cuestionadas, y en consecuencia se declareRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

5 la ilegalidad de las medidas cautelares decretadas respecto de sus bienes y se reivindique su buen nombre y honra.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá indicó que la providencia emitida no incurrió en ninguna causal de procedibilidad contra decisiones judiciales y destacó que la promovente no formuló recusación contra los magistrados.

2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia solicitó su desvinculación del trámite al no haber dictado ninguna de las determinaciones censuradas.

3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá argumentó que las decisiones proferidas se ajustaron al ordenamiento jurídico sin presentar los defectos alegados, solicitando negar la tutela.

4. La Fiscalía 10ª Especializada adscrita a la

Dirección Nacional Especializada de Extinción de Dominio

que las decisiones proferidas se ajustaron al ordenamiento jurídico sin presentar los defectos alegados, solicitando negar la tutela.

4. La Fiscalía 10ª Especializada adscrita a la Dirección Nacional Especializada de Extinción de Dominio sostuvo que los fallos favorables dictados en favor de otros ciudadanos no constituyen precedente obligatorio por tener el control de legalidad efectos individuales, pidiendo negar el amparo.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

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5. La Procuraduría 347 Judicial II Penal de Bogotá manifestó que el auto impugnado respondió a una interpretación razonada del marco normativo del control de legalidad, estimando que la solicitud debía negarse.

6. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó ser desvinculado del proceso constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.

FALLO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

Denegó el resguardo al considerar que las providencias denunciadas como vulneradora s de las garantías constitucionales, se aprecia n fundadas en criterios de razonabilidad. Y, respecto a los impedimentos de los magistrados que participaron en la determinación atacada, advirtió que la accionante omitió interponer la recusación frente a la supuesta falta de imparcialidad de aquellos funcionarios.

IMPUGNACIÓN

La interpuso la querellante reiterando los argumentos del escrito inicial.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídicoRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

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La interpuso la querellante reiterando los argumentos del escrito inicial.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídicoRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

7 Corresponde a la Sala inicialmente establecer si, la controversia puesta a consideración en esta súplica, alcanza la esfera de la trascendencia constitucional a fin de habilitar el estudio de fondo de la cuestión, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garantías supralegales invocadas por la accionante al rechazar de plano la solicitud de control de legalidad que impetró respecto de las medidas cautelares decretadas sobre varios de sus bienes muebles e inmuebles al interior del proceso extinción de dominio rad. 2022-00076, al declarar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada con fundamento en una solicitud previa de los años 2022 y 2023 y, omitiendo supuestamente atender un cambio jurisprudencial sobre el carácter perentorio del plazo de seis (6) meses previsto en el artículo 89 de la Ley 1708 de 2014, así como la posible falta de imparcialidad de dos magistrados que intervinieron en la decisión.

2. Relevancia constitucional – Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado que la acción de tutela no procede, por regla general, contra providencias judiciales. Así lo impone el respeto por la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de quien administra justicia, principios que impedirían convertir el amparo en un recurso adicional para reabrir controversias ya definidas por el juez natural. Únicamente de manera excepcional, cuando la decisión judicial lesiona derechos fundamentales, resultaRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

8 admisible el amparo, bajo la condición de que se acrediten los requisitos de carácter general, que habilitan el estudio de la solicitud, y otros específicos o materiales, que autorizan la prosperidad de la protección (CC C-590 de 2005).

El primero de los requisitos generales es la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones. Por ello la Corte Constitucional le ha atribuido tres finalidades concretas, al precisar que se trata de un requisito que persigue «(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se

que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instan cia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces» (CC SU-573/19; SU-128/21).

La Corte Constitucional explica que la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales », de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar "(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifiqueRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

9 razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales" (CC SU-215/22; SU-134/22).

De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales

mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe legal y/o probatorio. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

Finalmente, este requisito no obra de manera aislada, sino en estrecha relación con los demás presupuestos generales de procedibilidad; con todo, superados en este caso la subsidiariedad e inmediatez, el examen se concentra en la relevancia constitucional, cuya ausencia, según pasa a exponerse, sella la improcedencia del amparo.

3. Caso concreto

Al analizar el caso que ocupa la atención de la Sala, se estima que la tutela invocada no está llamada a prosperar por cuanto no se encuentra acreditada la relevancia constitucional en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales denunciados por parte de la accionante como desconocidos por el tribunal tutelado, lo que impone ratificarRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

10 la sentencia impugnada, por las razones que pasarán a explicarse.

3.1. Al descender al examen de la solicitud constitucional formulada de entrada la Sala observa que la petición de amparo resulta improcedente al no superar la compuerta de acceso correspondiente a la relevancia constitucional como se anticipó . Si bien la peticionaria expresó su disconformidad denunciando la vulneración de garantías fundamentales como el debido proceso, la igualdad

compuerta de acceso correspondiente a la relevancia constitucional como se anticipó . Si bien la peticionaria expresó su disconformidad denunciando la vulneración de garantías fundamentales como el debido proceso, la igualdad y la propiedad privada, la cuestión planteada no comporta un auténtico problema de interpretación, desarrollo o definición del alcance directo de normas de rango constitucional.

Por el contrario, los cuestionamientos expuestos se circunscriben a una controversia de índole estrictamente legal e interpretativa relativa al régimen de la acción de extinción de dominio; puntualmente, si el término de seis (6) meses previsto en el artículo 89 de la Ley 1708 de 2014 posee un carácter perentorio que deba sobreponerse al fenómeno procesal de la cosa juzgada, y si una variación de criterio en las decisiones de la Sala ordinaria habilita reabrir el examen de medidas cautelares previamente confirmadas en sede judicial.

Como lo ha decantado uniformemente la jurisprudencia constitucional, el requisito de relevancia impide que el amparo sea utilizado para resolver litigios de mera legalidad, resultando insuficiente la sola invocación formal deRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

11 cláusulas iusfundamentales cuando el trasfondo de la inconformidad es de naturaleza ordinaria.

3.2. Como se ha venido precisando en las orientaciones hermenéuticas de esta Sala al resolver controversias de similar estirpe procesal, la definición sobre el régimen adjetivo aplicable, el cómputo de los términos legales y la

3.2. Como se ha venido precisando en las orientaciones hermenéuticas de esta Sala al resolver controversias de similar estirpe procesal, la definición sobre el régimen adjetivo aplicable, el cómputo de los términos legales y la validez o alcance de la res iudicata constituye una materia que atañe de manera privativa a la jurisdicción ordinaria en ejercicio de su autonomía e independencia funcional. En tal virtud, «los asuntos en los que se invoca la protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de las normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional » (CC T -978/06 citada en STC138362019 y STC8060-2020).

El juez constitucional no está facultado para dirimir discrepancias conceptuales ni para establecer cuál interpretación legal resulta prevalente dentro del margen de subsunción que le compete al juez natural de la causa, por lo que la sola disconformidad con las pautas de juzgamiento ordinarias carece de la trascendencia necesaria para autorizar la intervención de la jurisdicción constitucional.

3.3. Aunado a lo anterior, la actuación de la autoridad accionada no distó del marco de la razonabilidad, toda vez que en la providencia del 2 de julio de 2026 la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá expuso un soporte razonado para confi rmar el rechazo de plano del nuevo control de legalidad. En efecto, el tribunalRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

12 constató la configuración de la cosa juzgada al comprobar la

plano del nuevo control de legalidad. En efecto, el tribunalRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

12 constató la configuración de la cosa juzgada al comprobar la identidad de sujetos, objeto y causa con la solicitud resuelta negativamente en los años 2022 y 2023, explicando con sustento normativo que «los cambios jurisprudenciales [no] constituyen hechos nuevos o que por esa sola razón puedan ventilarse nuevamente ante la justicia», por cuanto admitir la tesis contraria implicaría que «ninguna controversia estaría resuelta judicialmente [...] afectando finalmente la seguridad jurídica».

Dicha motivación evidencia que el fallo cuestionado no respondió a un capricho ostensible, sino a la aplicación de reglas vigentes sobre la intangibilidad de las decisiones judiciales ejecutoriadas.

3.4. Por idéntica línea de análisis, la censura relativa a la presunta omisión de dos magistrados de declararse impedidos no adquiere trascendencia superior. Tal reclamo constituye un aspecto procedimental que contaba con una vía ordinaria y específica para su formulación en el proceso extintivo – la recusación –, la cual no fue promovida de forma oportuna por la afectada. La inobservancia de las cargas procesales al interior del juicio ordinario no muta una discusión legal sobre la imparcialidad en un motivo de amparo constitucional.

3.5. En conclusión, la postulación de la accionante pretende instrumentalizar la acción de tutela como una tercera instancia o recurso adicional para reabrir un debate legal y probatorio oportunamente fenecido. De conformidad

amparo constitucional.

3.5. En conclusión, la postulación de la accionante pretende instrumentalizar la acción de tutela como una tercera instancia o recurso adicional para reabrir un debate legal y probatorio oportunamente fenecido. De conformidad con la doctrina de la Corte Constit ucional (Sentencias SU -Rad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

13 573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-134 de 2022, SU-215 de 2022 y C -590 de 2005), el amparo contra decisiones judiciales persigue tres finalidades esenciales: (i) preservar la independencia de los jueces ordinarios frente a asuntos de mera legalidad; (ii) rest ringir la tutela a afectaciones prima facie desproporcionadas de derechos fundamentales; e (iii) impedir la habilitación de instancias adicionales de juzgamiento.

Por tanto, se insiste, a l versar el litigio sobre la aplicación de normas procesales de la Ley 1708 de 2014 en el marco de intereses patrimoniales particulares, la demanda naufraga desde su primer presupuesto de procedencia, imponiéndose la ratificación de la decisión que negó el amparo mediante la declaración formal de improcedencia del resguardo.

4. Corolario de lo discurrido, es la ratificación del fallo constitucional de primer grado , pero por los motivos expuestos en esta sede de conocimiento.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por

expuestos en esta sede de conocimiento.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y remítaseRad. n° 11001-02-04-000-2026-02747-01

14 oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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