CSJ - STC2761-2023

F OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC2761-2023 Radicación nº 05001-22-10-000-2023-00019-01 (Aprobado en sesión del veintidós de marzo de dos mil veintitrés) Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n° 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporación y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto serán reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Advertido lo anterior, se resuelve la impugnación del fallo emitido el 13 de febrero de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de tutela que la Defensora de Familia adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le promovió al Juzgado Primero de Familia de Bogotá, extensiva a los intervinientes en el procedimiento administrativo de restablecimiento deRadicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 derechos del adolescente Samuel Alejandro Montero García (rad. 0508831-11-002-2019-00089-00). ANTECEDENTES 1.- La funcionaria accionante, en defensa de los derechos del adolescente Samuel Alejandro Montero García a tener una familia y no ser

31-11-002-2019-00089-00). ANTECEDENTES 1.- La funcionaria accionante, en defensa de los derechos del adolescente Samuel Alejandro Montero García a tener una familia y no ser separado de ella, y a la libre expresión de su opinión, pidió dejar sin efecto la providencia dictada el 28 de marzo de 2019, mediante la cual el juzgado accionado definió con resolución de adoptabilidad, el procedimiento administrativo de restablecimiento del menor. En su reemplazo, instó que se conmine al juzgado a ordenar «la ubicación del beneficiario en medio familiar bajo los cuidados de su progenitora, su vinculación a Modalidad para el fortalecimiento de NNA con discapacidad y sus familias» , y «la activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que a través de los programas ofertados por la Alcaldía de Bogotá se vincule a la progenitora a atención psicosocial en pautas de crianza». Asimismo, imploró que se ordene a la agencia judicial, «disponer lo pertinente frente al cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos», comoquiera que las medidas solicitadas a favor del adolescente, «no requieren de un PARD activo y que, en el caso, el término máximo establecido en la Ley 1098 de 2006 para la definición y seguimiento del PARD se encuentra vencido, siendo imposible para la autoridad administrativa emitir autos o resoluciones en los que se modifique la situación jurídica y las medidas dispuestas». 2Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01

autoridad administrativa emitir autos o resoluciones en los que se modifique la situación jurídica y las medidas dispuestas». 2Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 En sustento, expuso que, si bien para el momento de la resolución de adoptabilidad «se presentaron hechos vulneradores » que la sustentaron, en la actualidad, hay nuevas circunstancias, en virtud de las cuales la ejecución de la medida «desconoce el interés superior y la prevalencia de los derechos de Samuel» . Destacó, en ese sentido, que el adolescente se ha evadido en reiteradas oportunidades del Instituto de Protección a donde estaba internado mientras se adelantaba el trámite de adopción, y ha regresado al lado de su progenitora. Sumado a que los profesionales del área de trabajo social y sicología que lo evaluaron, «conceptuaron la pertinencia de la continuidad del adolescente en medio familiar, sugiriendo además, su vinculación» a la medida denominada «Modalidad para el fortalecimiento de capacidades de NNA con discapacidad y sus familias». Asimismo, precisó que para adolescentes con la edad de Samuel son casi nulas las posibilidades de consecución de una familia, a través de la adopción, con mayor razón, cuando el «Comité de Adopciones afirmó que [él] no tendría el perfil para los programas de la iniciativa». Finalmente, acotó que le exhibió al funcionario convocado la problemática expuesta, sin embargo, no obtuvo éxito, porque la petición de dejar sin efectos la resolución de adoptabilidad y las decisiones

Finalmente, acotó que le exhibió al funcionario convocado la problemática expuesta, sin embargo, no obtuvo éxito, porque la petición de dejar sin efectos la resolución de adoptabilidad y las decisiones consecuentes fue rechazada, por improcedente, por auto de 29 de octubre de 2021. 2.- El juzgado solicitó desestimar el ruego porque la resolución de adoptabilidad se ajustaba a derecho, y al encontrarse en firme, no era posible invalidarla. 3Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 Aunque la progenitora del niño, la Defensoría de Familia y el Agente del Ministerio Público fueron debidamente vinculados al asunto, guardaron silencio. 3.- El Tribunal negó el amparo. Para ello expuso que la resolución de adoptabilidad tenía sustento en las pruebas recaudadas y, además, estaba destinada a velar por su bienestar y cuidado. Añadió que las nuevas circunstancias por las que atraviesa el menor no son razones para variar esa determinación, ya que esa directriz tiene el carácter de irrevocable, y conforme al Decreto 987 de 2012, le corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adoptar las medidas correspondientes para cumplirla. 4.- Inconforme con esa decisión, la entidad accionada impugnó, insistiendo en las observaciones del escrito inicial. CONSIDERACIONES El veredicto de primera instancia debe revocarse, con el fin de dejar sin efectos la resolución que declaró en situación de adoptabilidad al adolescente Samuel Alejandro Montero García, pero no por las

CONSIDERACIONES El veredicto de primera instancia debe revocarse, con el fin de dejar sin efectos la resolución que declaró en situación de adoptabilidad al adolescente Samuel Alejandro Montero García, pero no por las circunstancias acaecidas con posterioridad a su emisión, sino, porque los hechos que la provocaron no daban lugar a su expedición, como pasa a exponerse. 1.- Ciertamente, la resolución por medio del cual se declara en situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, una vez en firme, es irrevocable. Por ende, es deber del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cumplir dicha determinación, a fin de salvaguardar el derecho de aquellos a pertenecer a una familia, sin que la alteración de las 4Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 circunstancias que originaron su expedición, o las dificultades que surjan en el camino de su ejecución, habiliten su revisión y posterior reforma. En efecto, la declaratoria de adoptabilidad es una de las medidas a la que puede acudir la autoridad administrativa o la judicial, cuando la primera pierde competencia, para proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas o adolescentes. En virtud de ella, aquellos son separados de su familia de origen, con el fin de vincularlos a una nueva familia, que a diferencia del primer núcleo, garantice todos sus derechos y su desarrollo integral. A diferencia de otras medidas, que pueden tener el carácter de transitorias, la declaratoria de adoptabilidad es irrevocable, al punto que genera la terminación de la patria potestad e impide que, con posterioridad, los padres biológicos intenten cualquier acción encaminada a restablecer el vínculo filial.

transitorias, la declaratoria de adoptabilidad es irrevocable, al punto que genera la terminación de la patria potestad e impide que, con posterioridad, los padres biológicos intenten cualquier acción encaminada a restablecer el vínculo filial. En esa dirección, el canon 108 del Código de Infancia y Adolescencia, modificado por el artículo 8° de la Ley 1878 de 2018 consagra: Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente habiendo existido oposición en cualquier etapa de la actuación administrativa, y cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el artículo 100 del presente Código, el Defensor de Familia deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su homologación. En los demás casos, la resolución que declare la adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, niña o adolescente adoptable y deberá solicitarse la inscripción en el libro de Varios y en el registro civil del menor de edad de manera inmediata a la ejecutoria. La Registraduría del Estado Civil deberá garantizar que esta anotación se 5Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 realice en un término no superior a diez (10) días a partir de la solicitud de la autoridad. Una vez realizada la anotación de la declaratoria de adoptabilidad en el libro de varios y en el registro civil del niño, la niña o adolescente, el Defensor de Familia deberá remitir la historia de atención al Comité de Adopciones de la regional correspondiente, en un término no mayor a diez (10) días.

libro de varios y en el registro civil del niño, la niña o adolescente, el Defensor de Familia deberá remitir la historia de atención al Comité de Adopciones de la regional correspondiente, en un término no mayor a diez (10) días. Asimismo, el precepto 123 del mismo Código dispone que [l]a sentencia de homologación de la declaratoria de adoptabilidad se dictará de plano; producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la Oficina de Registro del Estado Civil. Si el juez advierte la omisión de alguno de los requisitos legales, ordenará devolver el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane. Y el parágrafo del citado precepto 108 establece. En firme la providencia que declara al niño, niña o adolescente en adoptabilidad o el acto de voluntad de darlo en adopción, no podrá adelantarse proceso alguno de reclamación de la paternidad, o maternidad, ni procederá el reconocimiento voluntario del niño, niña o adolescente, y de producirse serán nulos e ineficaces de pleno derecho. De allí una vez comprobada la necesidad de que el niño, niña o adolescente deba ser declarado en situación de adoptabilidad, el paso subsiguiente es ejecutar la medida con miras a incorporarlo a otra familia, a través de la adopción. Por lo cual, las alteraciones de los hechos que, en su momento, soportaron la medida, como lo sería la mejoría de las

a través de la adopción. Por lo cual, las alteraciones de los hechos que, en su momento, soportaron la medida, como lo sería la mejoría de las circunstancias del medio familiar de origen, no puede provocar su 6Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 revocatoria, ni, por tanto, el restablecimiento de la situación jurídica del beneficiario, anterior a la resolución de adoptabilidad. Tampoco pueden tener esa virtualidad, las eventuales dificultades que surjan a raíz de la ejecución de esa decisión, ya que, de todos modos, le compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien lidera el Programa de Adopción, adelantar las «actividades tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia» . De allí que, como lo dijo el a quo constitucional, el artículo 41 del Decreto 987 de 2012, prevea que es competencia de la Subdirección de adopciones, «[a]delantar las acciones tendientes a la búsqueda de alternativas para los niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad, a quienes por características especiales se les dificulte restituir su derecho a pertenecer a una familia a través de la adopción y en este sentido, diseñar proyectos de vida para los mismos». De no ser así, la situación del menor siempre quedaría en vilo, supeditada al vaivén de las circunstancias, y en desmedro de sus garantías superiores. Siendo así, es claro que, como lo advirtió el juzgado de familia accionado al rechazar la solicitud de revocatoria de la resolución de

superiores. Siendo así, es claro que, como lo advirtió el juzgado de familia accionado al rechazar la solicitud de revocatoria de la resolución de adoptabilidad del adolescente Samuel Alejandro (29 oct. 2021), el reintegro material del adolescente a su familia de origen y las circunstancias que han dificultado su proceso de adopción no habilitan, per se, la modificación de esa directriz. Por ende, desde ese punto de vista, la salvaguarda implorada por la Defensoría de Familia, adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como lo concluyó el Tribunal de Bogotá, no podía abrirse paso. 7Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 2.- Sin embargo, la Corte advierte que, en el caso, por sus especiales circunstancias, en tanto involucra a un adolescente con una situación de discapacidad, es necesario flexibilizar el presupuesto de inmediatez de la acción de tutela y revisar la resolución que lo declaró en situación de adoptabilidad (28 de marzo de 2019). Con ese fin se establecerán los aspectos que debían evaluarse para decretar dicha medida, y luego se determinará cómo la autoridad convocada definió la situación del menor, sin consideración a ellos, y las evidencias que imponían adoptar medidas distintas a la resolución de adoptabilidad para proteger sus derechos. 2.1.- De las circunstancias que habilitan la declaratoria de adoptabilidad de los niños, niñas y adolescentes; de la necesidad de

resolución de adoptabilidad para proteger sus derechos. 2.1.- De las circunstancias que habilitan la declaratoria de adoptabilidad de los niños, niñas y adolescentes; de la necesidad de evaluar los factores que dificultan que la familia de origen garantice sus derechos; y del deber de adoptar las medidas encaminadas a superarlos, a fin de preservar el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Dados los efectos que produce la resolución de adoptabilidad, como lo es la separación de los menores de su familia de origen, como lo ha dicho la Sala, solo puede abrirse paso de manera excepcional, cuando esté comprobado que dicho núcleo no es apto para garantizar sus derechos. Igualmente, ha de emitirse tomando en consideración su interés superior, la prevalencia del derecho «a tener una familia y a no ser separados de ella», la garantía a ser escuchado y que sus opiniones sean tenidas en cuenta para resolver los asuntos que los afectan, así como el debido proceso de la familia de origen (STC3649-2020, STC1332-2021, STC11520-2022, entre otras). 8Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 Por ese camino, deben evaluarse los factores que provocan que la familia de origen no cumpla con el deber de cuidado y protección de los menores de edad, de forma que pueda determinarse si en efecto justifican el rompimiento del vínculo familiar, o por el contrario, en aras de su preservación, son susceptibles de ser superados a través de la adopción de otras medidas, con miras a asegurar que el hogar dispensado por ese núcleo permita «su desarrollo armónico e integral» (STC716-2023).

preservación, son susceptibles de ser superados a través de la adopción de otras medidas, con miras a asegurar que el hogar dispensado por ese núcleo permita «su desarrollo armónico e integral» (STC716-2023). No en vano, el numeral 2° del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que «[l]os Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas ». Y a tono con ello, los numerales 1° y 3° del artículo 27 de la misma Convención establece que también debe garantizarse el «derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social», y, por ello, se deben adoptar «medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda ». En armonía con lo anterior, el canon 44 de la Carta Política enseña que «la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores». Esta Corporación, por su parte, ha dicho que «(…) las condiciones de

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores». Esta Corporación, por su parte, ha dicho que «(…) las condiciones de los menores de edad, en especial, a las que han sido expuestas por parte de quienes, en primera medida, tienen el deber de protegerlos, deben valorarse a efectos de determinar si hay total abandono, bajo los presupuestos que lo caracterizan o, por el contrario, una falta de diligencia o capacidad, que pueda superarse con otras medidas y, llegado el caso, con el apoyo de las instituciones ». De allí que «cuando ha sido 9Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 expreso el deseo y voluntad de los padres de hacerse cargo de sus hijos, la ausencia de diligencia en el procedimiento administrativo, la falta de condiciones económicas (…) no justifican per se la pérdida de la patria potestad », correspondiéndole a la autoridad encargada de definir la situación del menor, «ejercer todas sus facultades, como director del proceso, para valorar el asunto y ponderar, reflexivamente, los intereses en juego» (STC11520-2022). De donde emerge que los factores o circunstancias que puedan dificultar que la familia de origen garantice su desarrollo armónico e integral no son razones suficientes para declarar a un niño o adolescente en situación de adoptabilidad, deben ser sopesados con miras a superarlos, a través de la expedición de las medidas que resulten apropiadas para lograr que el medio familiar respectivo sea garante de sus derechos. 2.3.- Del deber de valorar con enfoque interseccional, los factores que dificultan a la familia de origen asumir el cuidado y

lograr que el medio familiar respectivo sea garante de sus derechos. 2.3.- Del deber de valorar con enfoque interseccional, los factores que dificultan a la familia de origen asumir el cuidado y protección de los menores de edad. Ahora, en el camino de determinar si la familia de origen cumple o no con el deber de garantizar los derechos de los menores que la integran, importa esclarecer los miembros responsables de cumplirlo, las circunstancias en que ellos se encuentran, y cómo ellas inciden en la ejecución de ese mandato. Así, será relevante establecer, si se trata de una familia conformada por una pareja, o de una familia monoparental; si la satisfacción de las necesidades del menor es compartida por sus integrantes o recae de forma exclusiva en uno de ellos; e igualmente, si la capacidad de aquellos para cuidarlos y la toma de decisiones al respecto, está asociada a alguna o varias características diferenciales, como la edad, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia étnica, entre otras. 10Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 En esa dirección, como lo establecen algunas leyes del ordenamiento colombiano, y lo tiene dicho la homóloga constitucional y esta Corporación, dichos asuntos deben resolverse con enfoque interseccional, que es la herramienta de análisis que permite visibilizar la existencia de situaciones de vulneración o discriminación, derivadas de una o varias circunstancias diferenciales, en orden a adoptar las decisiones encaminadas a superarlas. Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, «por la cual

existencia de situaciones de vulneración o discriminación, derivadas de una o varias circunstancias diferenciales, en orden a adoptar las decisiones encaminadas a superarlas. Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, «por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones», establece que «el principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad». En consecuencia, «deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno estos grupos poblacionales», e «igualmente el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, asistencias y reparación contenidas en la presente ley, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes». La Corte Constitucional, por su parte, ha establecido que «los motivos de discriminación enunciados en el artículo 13 de la Constitución Política, como la raza, el sexo o la orientación política (…) suelen encontrarse en una misma persona o grupo, profundizando las desventajas en las que se encuentran». De modo que «ante la colisión de diversos componentes de desigualdad se ha implementado el concepto de interseccionalidad, el cual permite, por un lado, comprender la complejidad de la situación y, por otro, adoptar las medidas, adecuadas y necesarias para lograr el respeto, protección y garantía de sus derechos».

de interseccionalidad, el cual permite, por un lado, comprender la complejidad de la situación y, por otro, adoptar las medidas, adecuadas y necesarias para lograr el respeto, protección y garantía de sus derechos». 11Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 Tratándose de la intersección de factores de discriminación en el caso de las mujeres, ha puntualizado que muchas de ellas están expuestas a situaciones de vulneración no sólo por ser mujeres, sino también, por (…) su edad, en el caso de las niñas o adultas mayores; su situación financiera, cuando tienen escasos recursos económicos; su situación de salud física o sicológica, como sucede en el caso de quienes se encuentran en estado de discapacidad; su orientación sexual; su condición de víctimas de violencia o del conflicto armado, de desplazamiento forzado, de refugiadas; de migrantes; de mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas; de quienes se encuentran en condición de indigencia, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas; las mujeres indígenas, afro descendientes o miembros de población Rom -población gitana-; las mujeres en estado de embarazo, cabeza de familia, víctimas de violencia intrafamiliar, entre otros (se enfatiza, sentencia T-376 de 2019).

La Sala, por su parte, ha indicado que los asuntos litigiosos desde la función judicial deben resolverse con perspectiva de género, que es uno de los criterios a evaluar con el enfoque interseccional, en esa dirección corresponde «[e]valuar las asimetrías entre los roles de género

función judicial deben resolverse con perspectiva de género, que es uno de los criterios a evaluar con el enfoque interseccional, en esa dirección corresponde «[e]valuar las asimetrías entre los roles de género identificables en el caso concreto, incluyendo criterios de interseccionalidad» (STC15780 de 2021). 2.4.- Del caso concreto. Bajo los anteriores lineamientos, se infiere que el Juzgado Primero de Familia de Bogotá incurrió en desafuero al declarar en situación de adoptabilidad al adolescente Samuel, toda vez que emitió esa decisión sin valorar su opinión. Además, concluyó, injustificadamente, que el menor debía ser separado del hogar dispensado por su madre biológica, sin detenerse a analizar que la situación de desprotección por la cual se inició el procedimiento administrativo no revelaba abandono o desinterés de su 12Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 parte, sino la existencia de variadas circunstancias que afectaban su capacidad para asumir la crianza y desarrollo integral de su hijo. 2.4.1De la falta de valoración de la opinión del adolescente. Como se desprende del expediente acusado, Samuel Alejandro, a lo largo del procedimiento administrativo, desde su inicio en 2014, cuando tenía 7 años, hasta antes de que, en 2019, finalmente fuera declarado en situación de adoptabilidad, expresó su deseo de permanecer al lado de su progenitora. Sobre el punto, en la valoración psicológica que se le practicó tras ser retirado del medio familiar de origen, para ser ingresarlo a la Red de

situación de adoptabilidad, expresó su deseo de permanecer al lado de su progenitora. Sobre el punto, en la valoración psicológica que se le practicó tras ser retirado del medio familiar de origen, para ser ingresarlo a la Red de Hogares de Paso del municipio de Bogotá (20 abril. 2014), se consignó que «es un niño que le cuesta adaptarse al medio que lo rodea, refiere constantemente ‘Me quiero ir de aquí, quiero estar con mi mamá», así como que «la asimilación al cambio de experiencia que se ha observado en la casa hogar ha sido de angustia y llanto, logra calmarse por momentos, pero cuando le hacen preguntas referentes a su familia, Samuel Alejandro se torna irritable y querer estar con su mamá» [Carpeta # 1 Trámite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 1]. Después, el 22 de noviembre de 2017, cuando Samuel tenía 10 años, luego de haber estado en tres hogares de paso (2014-2016), ser ubicado en un «internado de atención especializada» (22 ag. 2016), haber sido retornado a su hogar (2 feb. 2017), y estar nuevamente a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (16 mar. 2017) se indicó: «[e]n el área afectiva, no se identifica en este caso la existencia de una figura de apego en el ámbito familiar, sin embargo el niño Samuel Alejandro refiere la existencia de presunta afectividad hacia la progenitora . Se identifica afectación emocional en el menor de edad, por su condición actual personal y familiar proyectándose a corto plazo en 13Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01

afectividad hacia la progenitora . Se identifica afectación emocional en el menor de edad, por su condición actual personal y familiar proyectándose a corto plazo en 13Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 ubicación en el ámbito familiar» [Carpeta # 1 Trámite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 6]. Con posterioridad, en 2018, tras ser diagnosticado con retraso mental leve, y «trastorno mixto de las habilidades escolares, perturbación de la actividad y de la atención y trastorno opositor desafiante », reposan variados informes en los que se evidencia el anhelo de Samuel Alejandro de estar con su mamá, la alegría que la posibilidad de verla le generaba, y la tristeza que su ausencia le producía [Carpeta # 1 Trámite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 8]. Empero, el juzgador no valoró nada de eso, ya que para soportar la resolución de adoptabilidad se limitó a argumentar que, de acuerdo con las pruebas recaudadas en el trámite, Andrea Montero «tiene a su hijo en situación de abandono físico, emocional y económico (…) »; que cuando ha debido asumir su cuidado, «ha sido negligente, no ha querido asumir su rol materno filial ». Además, «no ha mostrado interés al respecto, «ni tiene las herramientas y la capacidad para brindar un entorno protector al adolescente» [Carpeta # 1 Trámite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 12].

tiene las herramientas y la capacidad para brindar un entorno protector al adolescente» [Carpeta # 1 Trámite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 12]. Por supuesto, los trastornos con los que fue diagnosticado el adolescente no impedían valorar su voluntad y emociones, pues, además de que en el expediente no había evidencia que esas patologías le impidieran expresarlas, como en efecto lo hizo, memórese que la discapacidad de un niño, niña o adolescente, como el de cualquier ser humano, no anula la autonomía de su voluntad y el derecho a hacerla valer en los asuntos que lo afectan. Por el contrario, la sociedad y las autoridades 14Radicación n° 05001-22-10-000-2023-00019-01 estatales en las actuaciones a su cargo deben adoptar los ajustes razonables con el fin de que dichas personas puedan hacer efectiva esa garantía. En ese sentido, obsérvese que la Convención sobre los Derechos de los Niños, en su artículo 23, establece que en caso de que padezcan alguna discapacidad debe «disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad », pauta que reproduce el artículo 36 del Código de Infancia y Adolescencia. Por su parte, el precepto 7° de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad dispone que «los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho

Por su parte, el precepto 7° de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad dispone que «los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho ». Y la Ley 1996 de 2019, «por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad», en su artículo 7° prevé que «[l]as personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho