CSJ - STC368-2020

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC368-2020 Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 (Aprobado en sesión de veintidós de enero de dos mil veinte) Bogotá, D. C ., veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020) Decídese la impugnación interpuesta respecto a la sentencia de 26 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la salvaguarda promovida por Servimant S.A.S. al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasión del amparo impetrado por María del Pilar Ortiz Sierra frente a la aquí actora, con radicado Nº 2019-00142-02.

1. ANTECEDENTES

1. La gestor a demanda la protección de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraciónRadicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 de justicia e igualdad , presuntamente violentadas por el estrado accionado.

2. Del escrito inaugural y la revisión de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente síntesis: La empresa accionante aduce que contrató laboralmente a María del Pilar Ortiz Sierra por un término fijo y, al vencimiento del período convenido, dio por finalizado el acuerdo de voluntades.

No obstante, según la sociedad impulsora, Ortiz Sierra impetró un auxilio frente a la acá promotora,

finalizado el acuerdo de voluntades. No obstante, según la sociedad impulsora, Ortiz Sierra impetró un auxilio frente a la acá promotora, encaminada a lograr su reintegro como empleada, pues aquélla predicó hallarse incapacitada al momento de su despido por una afección en el “túnel carpiano”. De dicha reclamación conoció el Juzgado Quince Civil Municipal de Cartagena, quien en pronunciamiento de 21 de marzo de 2019, denegó la salvaguarda rogada; empero, María del Pilar Ortiz Sierra impugnó esa determinación. El enunciado medio defensivo fue definido por el estrado del circuito confutado mediante sentencia de 15 de mayo postrero, en la cual revocó el fallo protestado y acogió, de manera transitoria, los pedimentos de Ortiz Sierra mientras ésta acudía a la justicia ordinaria para ventilar la controversia. 2Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 En proveído de 24 de mayo de 2019, el ad quem atacado adicionó su determinación en el sentido de condenar a la compañía demandada, acá precursora, a pagar en favor de María del Pilar Ortiz Sierra, 180 días de salario, por despedirla en razón a su discapacidad, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Para la sociedad ahora reclamante, el estrado de segunda instancia, dio por probado, sin estarlo, que (i) la

previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Para la sociedad ahora reclamante, el estrado de segunda instancia, dio por probado, sin estarlo, que (i) la firma conocía el estado de salud de Ortiz Sierra; (ii) la patología en cuestión le impedía a ésta desempeñar el cargo para el cual fue contratada; y (iii) la terminación del acuerdo de voluntades, se produjo en razón de la enfermedad afrontada por aquélla.

3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto las decisiones proferidas por el estrado encausado y, en su lugar, se emita una nueva providencia favorable a sus intereses. 1.1.Respuesta del accionado y vinculados

1. El Juzgado Quince Civil Municipal de Cartagena, adujo que dirimió el decurso refutado sin violar derecho alguno1.

2. El estrado del circuito recriminado, defendió la legalidad de sus actuaciones2. 1 Fols. 31 y 32, C1. 2 Fols. 36 a 38, C1.

3Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01

3. Los demás convocados guardaron silencio.

1.2. La sentencia impugnada Negó el auxilio, pues la salvaguarda invocada no procede contra procedimientos de igual estirpe3. 1.3. La impugnación La formuló la querellante, reiterando los planteamientos esbozados en la demanda de amparo4.

2. CONSIDERACIONES

procede contra procedimientos de igual estirpe3. 1.3. La impugnación La formuló la querellante, reiterando los planteamientos esbozados en la demanda de amparo4.

2. CONSIDERACIONES

1. Desde la génesis de la acción de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jurídica y de la vigencia del Estado democrático, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas idóneas para su ejecución o su control constitucional.

Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicción al ocuparse de la sustanciación de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza idéntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jurídico diseñó la impugnación de cara al fallo de primer grado, la revisión y, aún la insistencia en caso de negarse este 3 Fols. 47 y 48, C1. 4 Fols. 51 y 52, C1. 4Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 último, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. En lo atinente a este específico tema, la Sala ha señalado: “(…) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generarían en caso de admitirse acciones de tutela contra

En lo atinente a este específico tema, la Sala ha señalado: “(…) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generarían en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituyó a la Corte Constitucional como el órgano que pone fin al debate en punto de protección de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (…)”5.

2. Se colige el fracaso del amparo porque la solicitante censura de manera directa lo resuelto por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, dentro de la salvaguarda incoada por María del Pilar Ortiz Sierra, en la cual se ordenó a la aquí reclamante, reintegrarla a su puesto de trabajo y pagarle 180 días de salario por despedirla en razón a una discapacidad afrontada por aquélla.

Así las cosas, al censurarse un asunto de igual naturaleza al ahora deprecado, no es procedente, por esta vía, cuestionar las actuaciones y decisiones allí proferidas. Además, la empresa gestora tiene a su alcance la revisión del fallo de tutela fustigado e, incluso, cuenta con el mecanismo de insistencia, escenarios idóneos para controvertir los argumentos aducidos por la sede judicial 5 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00.

el mecanismo de insistencia, escenarios idóneos para controvertir los argumentos aducidos por la sede judicial 5 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. 5Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 acusada que concedieron el auxilio ahora atacado, teniendo en cuenta que el expediente fue remitido a la Corte Constitucional el 2 de julio de 2019, según oficio 1628 de 26 de junio de ese año, emanando del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, para surtir el grado jurisdiccional asignado a esa corporación6. Esta Sala, en un asunto similar sostuvo: “(…) [H]a de reiterarse la posición de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de idéntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertiría ad aeternum lo expresado en el primer fallo (…)”. “(…) Se agrega que, tras revisarse la página web de la Corte Constitucional, se encontró que (…) el expediente fue enviado a la Sala de Selección de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (…) De modo que como el trámite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisión, el hoy accionante puede manifestar allá su inconformidad o acudir ante dicha Corporación “e insistir en

modo que como el trámite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisión, el hoy accionante puede manifestar allá su inconformidad o acudir ante dicha Corporación “e insistir en su selección, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja” (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13000-2008-00489-01) (…)”7.

3. Siguiendo los derroteros de la Convención Americana de Derechos Humanos 8 y su jurisprudencia, no se otea vulneración alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la 6 Fols. 5 y 6, C1.7 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00; 8 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.

6Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuación refutada. El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constitución Nacional, cuando dice: “(…) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (…)”.

de la Constitución Nacional, cuando dice: “(…) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (…)”. Complementariamente, el artículo 93 ejúsdem, contempla: “(…) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno (…)”. “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El mandato 27 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados de 1969 9, debidamente ratificada por Colombia, según el cual: “(…) Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (…)”10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. 9 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. 10 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. 7Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 3.1. Aunque podría argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad sólo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre

3.1. Aunque podría argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad sólo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcación de prerrogativas iusfundamentales, así su protección resulte procedente o no. Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el ámbito doméstico, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que según la Corte Interamericana se surte no sólo a petición de parte sino ex officio11. No sobra advertir que el régimen convencional en el derecho local de los países que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicación en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con carácter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino también el convencional; con mayor razón cuando forma parte del 11 Corte IDH. Caso Gudiél Álvarez y otros (“Diario Militar”) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, párrafo 330. 8Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01

noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, párrafo 330. 8Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. 3.2. El aludido control en estos asuntos procura, además, contribuir judicial y pedagógicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados –incluido Colombia12, a impartir una formación permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales 13; así como realizar cursos de capacitación a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campañas informativas públicas en materia de protección de derechos y garantías14. Insistir en la aplicación del citado control y esbozar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no sólo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contraídas internacionalmente, en relación con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadanía informarse en torno al máximo grado de salvaguarda de sus garantías. Además, pretende contribuir en la formación de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los 12 Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párrs. 259 a

12 Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párrs. 295 a 323. 13 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 229 a 274. 14 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 278 a 308. 9Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 instrumentos internacionales y de la protección de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos.

4. De acuerdo a lo discurrido, se ratificará el fallo de primer grado.

3. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.

Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.

SEGUNDO: Notifíquese lo resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y envíese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Presidente 10Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO LUIS ALONSO RICO PUERTA Con aclaración de voto ARIEL SALAZAR RAMÍREZ Con aclaración de voto

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

11Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 ACLARACIÓN DE VOTO Aunque comparto la decisión adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivación, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo propósito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma genérica y automática una mención sobre el empleo del denominado «control de convencionalidad». Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado

«control de convencionalidad». Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. De esta manera, el « control de convencionalidad» comporta una actitud de consideración continua que deberá acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado «el efecto útil de la Convención» 15, lo cual acontecerá en los eventos donde pueda verse «mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos»16; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. 15 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párrafo 128.16 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panamá. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, párrafo 180. 12Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 En los anteriores términos dejo fundamentada mi aclaración de voto con comedida reiteración de mi respeto por la Honorable Sala de Casación Civil.

En los anteriores términos dejo fundamentada mi aclaración de voto con comedida reiteración de mi respeto por la Honorable Sala de Casación Civil.

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado 13Radicación n.° 13001-22-13-000-2019-00356-01 ACLARACIÓN DE VOTO Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisión, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto.

Se afirmó en la providencia que fue realizado un “control de convencionalidad”, a partir de lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusión al ordenamiento foráneo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicación general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estaría restringida a los eventos de ausencia de regulación, déficit de protección a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporación de los últimos. Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opinión personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectuó,

detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opinión personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectuó, además de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acción constitucional, no tuvo ninguna repercusión práctica en la solución de la petición de amparo. De los señores Magistrados,

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado 14