CSJ - STC6456-2021

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6456-2021 Radicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 (Aprobado en Sala de dos de junio de dos mil veintiuno) Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo de 14 de enero de 2021, proferido por la Sala de Casación Penal de esta Corporación dentro de la acción de tutela que promovió la Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter S.A. contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

ANTECEDENTES

1. La entidad accionante, actuando por conducto de su representante legal, reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica y « aplicación del precedente horizontal », supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral que se inició en su contra (SL4106-2020, rad. 47887).Radicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01

2

2. En sustento de sus súplicas, indicó que Marta

Cecilia Carmona, Ricardo Mesa Galvis, Jaime Hernán Chicaiza, Hoover Semanate e Iván Darío Castillo iniciaron proceso laboral con ocasión de la terminación unilateral que Findeter S.A. hizo de los contratos de trabajo el 29 de octubre de 2003, solicitando el reintegro a cargos de igual o mayor categoría, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado

Findeter S.A. hizo de los contratos de trabajo el 29 de octubre de 2003, solicitando el reintegro a cargos de igual o mayor categoría, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, quien accedió al petitum. Apelada esa determinación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad la confirmó, señalando que «los demandantes fueron despedidos por parte del empleador y que para el 29 de octubre de 2003 Findeter se encontraba en conflicto colectivo, por tanto, los accionantes se encontraban protegidos con fuero circunstancial del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965». Inconforme, recurrió en sede extraordinaria, pero la homóloga de Casación Laboral ratificó lo resuelto por el ad quem, en tanto « para la fecha de los despidos había un conflicto colectivo y los accionantes tenían fueron circunstancial », sentencia que, en su criterio, «desconoce el precedente judicial horizontal en 8 casos con asuntos idénticos de linderos facticos y jurídicos, como lo son (…) [las] sentencias SL18044-2017, SL2572-2018, SL294-2018, SL2092018, SL963-2019, SL642-2019, SL1016-2019, SL208-2020, lo que genera la flagrante violación al derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la aplicación del precedente judicial horizontal».

3. En tal virtud, pidió, en resumen, que « se ordene de forma inmediata a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de

a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la aplicación del precedente judicial horizontal».

3. En tal virtud, pidió, en resumen, que « se ordene de forma inmediata a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado: Iván Mauricio Lenis Gómez, a dejar sin efectos la sentencia de casación SL-106-2020 Radicación 47887 del 5 de agostoRadicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 3 de 2020, fijada en edicto el 28 de octubre de 2020, emitida por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado: Iván Mauricio Lenis Gómez», y, en consecuencia, «se ordene (…) dictar un nuevo pronunciamiento de casación, en el proceso con radicado 76001310501020060044201».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La apoderada de los demandantes en el proceso laboral manifestó que, en el sub exámine, concurren los siguientes aspectos: «(i) Inexistencia del alegado precedente judicial horizontal en el caso concreto; (ii) Inaplicabilidad del alegado derecho a la igualdad por falta de identidad jurídica; (iii) Primacía de la aplicación de los principios protectores del trabajador: “in dubio pro operario” y “favorabilidad” en favor de los vinculados a la acción de tutela; (iv) Inmutabilidad de las sentencias; (v) El carácter constitucional de la acción de cumplimiento y sus efectos – cosa juzgada constitucional; (vi) La acción de tutela no es una nueva instancia».

En ese sentido, recalcó que « para que exista el mentado

Inmutabilidad de las sentencias; (v) El carácter constitucional de la acción de cumplimiento y sus efectos – cosa juzgada constitucional; (vi) La acción de tutela no es una nueva instancia». En ese sentido, recalcó que « para que exista el mentado precedente judicial horizontal de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el mismo fuese de “obligatoria” observancia en el caso particular, se hace necesario que las providencias constitutivas del supuesto precedente hayan sido emitidas por la Sala de Casación Laboral permanente y no por la Sala Laboral de Descongestión. Es así que, todas las providencias mencionadas por la accionante fueron emitidas por Magistrados de la Sala Laboral de Descongestión y, de haberse requerido un cambio o unificación de jurisprudencia, debían haber procedido la mayoría de los Magistrados que conformaron las distintas salas de Descongestión, a enviar los expedientes, junto con el proyecto de fallo, a la Sala de Casación Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia, quien sería la encargada de decidir, tal como está contemplado en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1781 de 2016,Radicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 4 mediante el cual se adicionó un parágrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 1996». Así mismo, precisó que, por el contrario, «la Sentencia SL 4106-2020 de agosto 5 de 2020, por la que la accionante le enrostra a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la violación de los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

4106-2020 de agosto 5 de 2020, por la que la accionante le enrostra a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la violación de los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia por inaplicar el supuesto precedente judicial horizontal sí fue proferida por la Sala de Casación Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del magistrado Dr. IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ, decisión que, en aras de discusión y en aplicación de lo precisamente alegado por la accionante, si constituye precedente judicial».

2. El órgano de cierre laboral se limitó a enviar copia de la sentencia confutada.

3. La homóloga del Tribunal Superior de Cali relató las actuaciones del proceso.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Sala de Casación Penal de esta Corporación negó la protección invocada, porque «se la cuestión planteada por la parte actora a través de la acción de tutela, fue debidamente analizada y resuelta al interior del respectivo asunto, sin que se observe que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en materia laboral hubiese actuado de manera arbitraria o caprichosa, pues así lo descarta las consideraciones que se acaban de exponer, las que igualmente permiten calificar la decisión como razonable y ajustada a las normas y pruebas oportunamente incorporadas al expediente».Radicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 5 De otra parte, relievó que «no se constata un defecto derivado del supuesto desconocimiento del precedente horizontal, pues las

5 De otra parte, relievó que «no se constata un defecto derivado del supuesto desconocimiento del precedente horizontal, pues las decisiones que se ponen de referente fueron adoptadas por la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no cumple con una función de unificación de la jurisprudencia. Por el contrario, esa Sala está obligada a adoptar sus decisiones de acuerdo con la línea que emane de la Sala de Casación permanente, a tal punto que, en el evento de que consideren necesario tomar una determinación en sentido diverso a ella, deben remitir el asunto con el respectivo proyecto para la decisión final a la Sala originaria, conforme lo dispone el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1781 de 2016». IMPUGNACIÓN La entidad censora recurrió la precitada providencia, reiterando los expuestos en el escrito introductor y agregando que « solo es posible apartarse del precedente judicial, reconociéndolo en la decisión que va a adoptar el fallador y, solo a partir de este reconocimiento, el deber improrrogable de contraargumentar por qué se aparta de las reglas dictadas con anterioridad por los órganos de cierre, de lo contrario, se incurre en una vía de hecho por parte de quien decide el caso».

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurrió en presunta vía de hecho en el proceso laboral que se inició contra Findeter S.A. (SL4106-2020, rad. 47887), por mantener incólume el fallo estimatorio dictado en esa causa, supuestamente, en desmedro del debido

laboral que se inició contra Findeter S.A. (SL4106-2020, rad. 47887), por mantener incólume el fallo estimatorio dictado en esa causa, supuestamente, en desmedro del debido proceso.Radicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 6

2. De la tutela contra providencias judiciales.

Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho , obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios idóneos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesión alegada, salvo que se esté en presencia de un perjuicio irremediable.

3. Caso concreto. 3.1. Al revisar la determinación sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casación Laboral de esta Corporación mantuvo en firme la sentencia del tribunal ad quem, que fue favorable a los convocantes en esa causa, tras colegir, entre otros aspectos, «que para la fecha de los despidos había un conflicto colectivo y que los accionantes tenían fuero circunstancial», no se advierte la configuración de una vía de hecho, ni la conculcación de las garantías

los despidos había un conflicto colectivo y que los accionantes tenían fuero circunstancial», no se advierte la configuración de una vía de hecho, ni la conculcación de las garantías fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. En efecto, al resolver el cargo único propuesto por la entidad inconforme, encaminado por la causal directa, en la modalidad de interpretación errónea de « los artículos 478 del Código Sustantivo del Trabajo y 64 de la Ley 4 de 1913 -Código de Régimen Político y Municipal-, lo cual condujo a la aplicación indebidaRadicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 7 del 25 del Decreto 2351 de 1965, en relación con los preceptos 230, 234 y 235 de la Constitución Política, 433, 467 y 479 del Estatuto Laboral, 27 y 28 del Código Civil, 2.º y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social», el estrado enjuiciado precisó que: «En sede casacional, no se discute que: (i) entre la demandada y Sintrafindeter se suscribió una convención colectiva de trabajo que expiraba el 31 de diciembre de 2003, de la cual eran beneficiarios los actores; (ii) el 7 de octubre anterior el sindicato denunció el referido acuerdo y al día siguiente presentó el pliego de peticiones al empleador; (iii) este último se negó a negociarlo, pues estimó que la denuncia debió formularse dentro de los 60 días calendario, esto es, a partir del 1.º de noviembre de 2003 y no antes; (iv) el 29

último se negó a negociarlo, pues estimó que la denuncia debió formularse dentro de los 60 días calendario, esto es, a partir del 1.º de noviembre de 2003 y no antes; (iv) el 29 de octubre de igual anualidad FINDETER terminó unilateralmente y sin justa causa los contratos de trabajo de los demandantes; (v) mediante sentencia de 22 de abril de 2005, el Consejo de Estado ordenó que la accionada recibiera a los delegados de la asociación sindical a fin de negociar el pliego mencionado, y (vi) las partes llegaron a un acuerdo el 18 de abril de 2005, documento que el 25 de mayo siguiente se elevó a convención colectiva de trabajo, la cual fue depositada debidamente ante la autoridad competente. Ahora, la Corte considera oportuno inicialmente destacar que la recurrente considera que el Tribunal incurrió en un desatino hermenéutico respecto del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, pues estableció que el término de sesenta días previsto en dicho precepto para denunciar la convención se cuenta con días hábiles y no calendario. Asimismo, que alega la aplicación indebida del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 en armonía con el 433 del Código Sustantivo del Trabajo, porque estima que aquel juez tuvo como hechos cumplidos los que concluyó el Consejo de Estado en la sentencia antes referida, cuando le correspondía resolver sobre la existencia del diferendo colectivo a efectos de definir si era procedente o no la protección foral. Así, esta Corporación debe definir si el Tribunal incurrió en un

Estado en la sentencia antes referida, cuando le correspondía resolver sobre la existencia del diferendo colectivo a efectos de definir si era procedente o no la protección foral. Así, esta Corporación debe definir si el Tribunal incurrió en un desatino (i) al darle un alcance diferente al artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y, por esa vía, (ii) establecer que hubo un conflicto colectivo de trabajo y que los accionantes gozaban de la garantía de fuero circunstancial basado únicamente en loRadicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 8 concluido por el Consejo de Estado en la sentencia referenciada » (Se destaca). Así mismo, sobre el problema hermenéutico sometido a consideración, referido a si el plazo previsto en el canon 478 del Código Sustantivo del Trabajo 1 (relacionado con la prórroga automática de las convenciones colectivas) debe contabilizarse en días hábiles o calendario, para efectos de la fijación del conflicto colectivo de trabajo, la Sala querellada recalcó que: «Pues bien, la Sala de entrada advierte que el recurso de casación es inane para los fines que persigue FINDETER, por las razones que se explican a continuación De un lado, porque el Colegiado de instancia no definió el problema hermenéutico que propone la censura, relativo a si el referido plazo debe contabilizarse con días hábiles o calendario. De hecho, dicho juez manifestó su desacuerdo con lo considerado por el máximo órgano de la justicia contenciosa

propone la censura, relativo a si el referido plazo debe contabilizarse con días hábiles o calendario. De hecho, dicho juez manifestó su desacuerdo con lo considerado por el máximo órgano de la justicia contenciosa administrativa, solo que lo estimó inmutable o inmodificable y, por ello, debía estarse a lo allí resuelto . Sobre el particular, se reitera lo dicho por el ad quem, así: (…) si bien la sala puede tener puntos discordantes (...), no es menos cierto, que por existir sentencia de acción de cumplimiento referida a este mismo tema, ello de por sí constituye un hecho cumplido, por lo [que] no es procedente en sede de instancia, que se emita pronunciamiento alguno al respecto. De modo que, desde la estricta lógica, coherencia y relación que en casación debe guardar la acusación con la sentencia impugnada, el juez plural no pudo cometer un error hermenéutico sobre una norma que no fue objeto de su estudio. Por el otro, porque contrario a lo que indica la censura, el Colegiado de instancia sí estableció que para la fecha de 1 «PRÓRROGA AUTOMÁTICA. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación».Radicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 9

terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación».Radicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 9 los despidos había un conflicto colectivo y que los accionantes tenían fueron circunstancial, sin supeditarse a dar aplicación únicamente a la mencionada sentencia del Consejo de Estado. Nótese que el Tribunal no legitimó el hecho que esa Corporación resolviera sobre la existencia de un conflicto colectivo de trabajo sin tener competencia para ello, ni afirmó que este aspecto había sido definido en tal sede jurisdiccional, como lo sugiere el cargo. En realidad, simplemente resaltó que la controversia jurídica que distanciaba a los protagonistas sociales, relativa a la forma en que debían contarse los sesenta días que estipula el mencionado artículo 478 para denunciar la convención, fue definida por dicha autoridad judicial en el marco de su competencia, lo cual debía respetarse. Ello no significa que el Tribunal no haya determinado si entre las partes existió o no un conflicto colectivo de trabajo al momento de efectuarse los despidos de los accionantes; lo que ocurrió fue que esa decisión fue un supuesto adicional que lo condujo al convencimiento de que en aquel tiempo era inminente la negociación colectiva y, por ello, tales actos unilaterales no eran admisibles pues estaban limitados por el fuero circunstancial que amparaba a los trabajadores. Adviértase que el juez plural precisó que la sentencia en comento

negociación colectiva y, por ello, tales actos unilaterales no eran admisibles pues estaban limitados por el fuero circunstancial que amparaba a los trabajadores. Adviértase que el juez plural precisó que la sentencia en comento era declarativa y, en esa dirección, estimó que sus efectos se predicaban «desde la época en que se presentó el conflicto colectivo» y que su objetivo era finiquitar la duda jurídica que causó la controversia, relativa a la forma de contar el referido término del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo. Y precisamente tales consideraciones, que están lejos de referir o si quiera sugerir que el Consejo de Estado resolvió sobre la existencia del diferendo entre las partes para la época de los despidos, lo llevaron a constatar que si el plazo para denunciar la convención transcurrió entre el 2 de octubre y el 31 de diciembre de 2003, los accionantes estaban protegidos por el fuero circunstancial al momento de los retiros unilaterales acaecidos el 29 de octubre de ese año, pues el conflicto colectivo era latente o era inminente la negociación colectiva tras la presentación del pliego de peticiones, es decir, el conflicto había comenzado» (Se destaca).Radicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 10 En ese sentido, señaló que « en este proceso la entidad recurrente no discutió el interés del sindicato en la iniciación de las negociaciones, pues en la contestación de la demanda aceptó que entre octubre de 2003 y octubre de 2004 el organismo sindical promovió «un

recurrente no discutió el interés del sindicato en la iniciación de las negociaciones, pues en la contestación de la demanda aceptó que entre octubre de 2003 y octubre de 2004 el organismo sindical promovió «un sinnúmero de actuaciones ante las diferentes autoridades». Así, a juicio de la Sala, la decisión del Consejo de Estado no es más que el resultado de una de las acciones que el sindicato promovió para hacerle frente a un particular asunto que impidió el inicio de las conversaciones, lo que es un hecho indicativo que, ante la negativa del empleador en recibir y negociar el pliego, aquella ejerció las herramientas judiciales que tenía a su alcance para forzar esa concreta actuación y darle pervivencia al conflicto de intereses (CSJ SL16788-2017 y CSJ SL4782-2018)». Incluso, el despacho encartado indicó que «la demandada no discutió que incluso antes de comunicarse la providencia judicial en cuestión, las partes llegaron a un acuerdo el 18 de abril de 2005 y que este documento luego se elevó a convención colectiva de trabajo ‘con el fin de despejar cualquier duda sobre el cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado’», de modo que « la alusión al cumplimiento efectivo de esa orden jurisdiccional supone lógicamente la concertación del referido pliego y, por tanto, el reconocimiento expreso del conflicto en aquella calenda y su arreglo posterior a través del diálogo. Y ello es así pues no es coherente argumentar el acatamiento de dicha decisión con el fin de decir que se llegó a un acuerdo entre los interlocutores, pero se le reste eficacia en torno a su aptitud de establecer la denuncia oportuna que

no es coherente argumentar el acatamiento de dicha decisión con el fin de decir que se llegó a un acuerdo entre los interlocutores, pero se le reste eficacia en torno a su aptitud de establecer la denuncia oportuna que igualmente se plasmó en esa determinación judicial» (Se resalta). Conforme con ello, la decisión adoptada, como se anticipó, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuración de una vía de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es unaRadicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 11 diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogió sus argumentos. 3.2. En relación con lo expuesto, cabe señalar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protección constitucional, pues no basta una resolución discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situación que no ocurre en el sub lite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: «(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y

opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo » (CSJ STC, 15 feb. 2011, r ad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). 3.3. Por último, en cuanto a la alegación de Findeter S.A. sobre el «desconocimiento del precedente», es oportuno precisar que las providencias aducidas como pretermitidas no fueron dictadas por la Sala de Casación Laboral permanente, sino por las homólogas de Descongestión, quienes, por virtud del parágrafo del artículo 2 de la Ley 1781 de 2016, « (…) [cuando] consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, [deberán] devolver el expediente, acompañado del proyecto alRadicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 12 despacho de origen, para que la sala de casación permanente decida», por lo que, como bien apuntó el a quo constitucional,

12 despacho de origen, para que la sala de casación permanente decida», por lo que, como bien apuntó el a quo constitucional, «no resulta válido que la parte actora invoque como antecedentes judiciales a reiterar, proveídos adoptados por las distintas Salas de Descongestión, sino que revele, si es del caso, la tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que allí se siguió, a fin de identificar una postura clara de esa corporación que resultara desatendida», aspecto que se echa de menos en este caso.

4. Conclusión.

La determinación cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviación del ordenamiento jurídico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.Radicación n.º 11001-02-04-000-2020-02006-01 13

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Presidente de Sala

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA