CSJ - STC7358-2022

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7358-2022 Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 (Aprobado en sesión de ocho de junio de dos mil veintidós) Bogotá, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022). Derrotado el proyecto de decisión elaborado en este caso por la ponente inicial ( Magistrada Guzmán Álvarez), se resuelve la acción de tutela instaurada por Red de Servicios de Occidente S.A. contra la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó y el Juzgado Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo trámite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que originó la queja.

ANTECEDENTES

1. La promotora del amparo reclamó la protección de su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.

Solicitó, entonces, «[d]ejar sin efecto la sentencia… del 6Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 2 de abril de 2021, proferida por el Juzgado [convocado] », así como «todas aquellas decisiones posteriores a [ella]».

2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definición del presente caso: 2.1. Narró la accionante que en el juicio ejecutivo que incoó contra Elkin Torres Serna, el 4 de marzo de 2019 el aquo dictó sentencia en la que ordenó seguir adelante el cobro, sin embargo, remitida la actuación al Tribunal convocado, para surtir la apelación propuesta por el deudor, esa

quo dictó sentencia en la que ordenó seguir adelante el cobro, sin embargo, remitida la actuación al Tribunal convocado, para surtir la apelación propuesta por el deudor, esa Colegiatura devolvió el diligenciamiento al a-quo al advertir la ausencia del audio de la audiencia en que se emitió aquella decisión. 2.2. Retornado el expediente, el Juzgado estableció la pérdida de la grabación respectiva y procedió a renovar lo actuado, en tanto que, aunque se expidió «acta de la audiencia[,] no existe constancia documental u otro tipo que permita reconstruir las consideraciones que dieron fundamento a la sentencia allí dictada», por lo cual , el 27 de septiembre de 2019, dejó « sin valor y efecto la vista pública del 4 de marzo de 2019 » y, en su lugar, tras reprogramarla, dictó nuevamente el fallo de primer grado, en diligencia de 6 de abril de 2021, pero en esta ocasión halló probada, de oficio, la « excepción perentoria de inexigibilidad de la obligación por defecto formal del título ejecutivo », dando por terminado el asunto. 2.3. A continuación, la ejecutante, de un lado,Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 3 deprecó la nulidad de lo actuado, con apoyo en el numeral 2º del artículo 133 del Código General del Proceso, comoquiera que, en su sentir, con la sentencia dictada el 4 de marzo de 2019 se puso fin al proceso, siendo inviable revivirlo con la

del artículo 133 del Código General del Proceso, comoquiera que, en su sentir, con la sentencia dictada el 4 de marzo de 2019 se puso fin al proceso, siendo inviable revivirlo con la emisión de una nueva y, además, contraria a aquélla; de otra parte, formuló apelación contra el reseñado fallo del a-quo, cuyos reparos concretos y sustentación presentó por escrito ante esa autoridad, criticando también, de forma específica y exclusiva, que el sentido de la última providencia fuera opuesto al de la dictada inicialmente, lo que consideró irregular, pues, en su sentir, no podía variarse por vía de reconstrucción. 2.4. El mismo 6 de abril de 2021 el Juzgado no accedió a la solicitud de invalidez y concedió, ante el Superior, las alzadas propuestas contra esa decisión y la sentencia. 2.5. El pasado 3 de agosto el Tribunal enjuiciado admitió las apelaciones, el 14 de febrero último confirmó la negativa frente a la petición de nulidad y declaró desierta la alzada contra la sentencia del a-quo al considerar que fueron insuficientes sus reparos y su sustentación porque no se dirigieron contra la resolución de hallar probada, de oficio, la «excepción perentoria de inexigibilidad de la obligación por defecto formal del título ejecutivo, nada dijo sobre ese aspecto». Decisión última que mantuvo el 9 de marzo del año en curso.

«excepción perentoria de inexigibilidad de la obligación por defecto formal del título ejecutivo, nada dijo sobre ese aspecto». Decisión última que mantuvo el 9 de marzo del año en curso. 2.6. El extremo accionante, en concreto, adujo que elRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 4 Juzgado incurrió en defecto procedimental absoluto al permitir que, por vía de reconstrucción de la actuación, se cambiara el sentido de la sentencia emitida inicialmente, lo que dijo irregularmente validado por el ad-quem al declarar desierta su apelación.

3. La Corte admitió el libelo de amparo, ordenó librar las comunicaciones de rigor y pidió rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991.

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS

1. La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó historió las actuaciones allí surtidas y pidió el despacho adverso de la salvaguarda porque «no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante».

2. El Juzgado Civil del Circuito de Quibdó limitó su intervención a informar los datos de ubicación de las partes del juicio recriminado y remitir copia digital del expediente contentivo del mismo.

CONSIDERACIONES

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de

Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual noRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 5 permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando « el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.

2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.

Al respecto, la Corte ha manifestado que: …el Juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si ‘se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento

‘se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado...’ (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC42692015, 16 abr.). Así pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, oRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 6 cuando se presenta un defecto sustantivo en el proveído, entre otros, se estructura la denominada «vía de hecho».

3. Descendiendo al sub examine, de entrada, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinación de dar por desierta la apelación formulada por la accionante, la Colegiatura atacada incurrió en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al concluir, sin justificación válida, que los reparos y la sustentación del recurso se mostraban insuficiente porque, en últimas, se dirigieron frente a los aspectos formales que rodearon la emisión de la sentencia que no a los sustanciales contenidos en ella. 3.1. En efecto, como insistentemente lo ha recordado

mostraban insuficiente porque, en últimas, se dirigieron frente a los aspectos formales que rodearon la emisión de la sentencia que no a los sustanciales contenidos en ella. 3.1. En efecto, como insistentemente lo ha recordado esta Sala, los incisos 2° y 3º del numeral 3º del canon 322 del Código General del Proceso no fijan ningún tipo de condicionamiento excepcional para la formulación de los reparos y « la sustentación del recurso », en tanto que, en cuanto a esto último, de forma clara enseña la norma que para ello «será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada » (ver, entre otras, CSJ STC779-2021, 4 feb., rad. 2021-00096-00). 3.2. En lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: …puede estructurarse… cuando  “…un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia delRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 7 derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”; es decir: “el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto,

procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales” (CC T-352/12). 3.3. Ahora, en este particular asunto, como quedó visto, en las decisiones de 14 de febrero y 9 de marzo de 2022 el Tribunal convocado reseñó que la censora, tras efectuar sus reparos concretos, como sustento de su apelación frente a la sentencia emitida por el a-quo el 6 de abril de 2021, en lo medular, cuestionó, entre otros aspectos, que su contenido resultara distinto al de la inicialmente dictada el 4 de marzo de 2019, con lo que, aseveró, se contrariaron las reglas expresamente fijadas en el canon 126 del Código General del Proceso para la reconstrucción de expedientes, en tanto que, aunque fue imposible recuperar el audio de la audiencia en que aquella se profirió en el año 2019, lo cierto era que existía el acta de la misma, que no podía ser desconocido. Sin embargo, en el proveído dictado el pasado mes de febrero, de forma concluyente, la Colegiatura accionada consignó que «de la intervención realizada por el apelante al interponer el recurso de apelación emerge evidente que no realizó reparo alguno contra la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción perentoria de inexigibilidad

consignó que «de la intervención realizada por el apelante al interponer el recurso de apelación emerge evidente que no realizó reparo alguno contra la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción perentoria de inexigibilidad de la obligación por defecto formal del título ejecutivo, nadaRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 8 dijo sobre este aspecto », lo que implicaba que « los reparos no se hicieron en debida forma, ya que no configuran cuestionamientos concretos contra la excepción declarada en la sentencia, por lo que se impone declarar desierto el recurso de alzada ». Afirmaciones que soportó en los siguientes considerandos: 2.- Consta… que el togado efectivamente presentó escrito que rotuló “RECURSO DE APELACIÓN” y como fundamentos del recurso plantea una situación o temática en la que no ataca en su contenido la sentencia de primera instancia, mediante la cual se declaró probada de oficio la excepción perentoria de inexigibilidad de la obligación por defecto formal del título ejecutivo, sino que por el contario, se refiere al poder y discrecionalidad del Juez y finalmente cuestiona el trámite dado a la solicitud de reconstrucción y la decisión de dejar sin efecto la actuación; trámite ya concluido desde septiembre de 2019 y que en oportunidad legal no cuestionó. 3.- Surge evidente que los argumentos expuestos por el abogado, no permiten a esta instancia pronunciamiento de fondo, pues no

actuación; trámite ya concluido desde septiembre de 2019 y que en oportunidad legal no cuestionó. 3.- Surge evidente que los argumentos expuestos por el abogado, no permiten a esta instancia pronunciamiento de fondo, pues no se cuestiona la sentencia en su esencia, no ataca los fundamentos de la sentencia recurrida, teniendo la carga argumentativa de hacerlo, pues precisamente ello es lo que habilita la intervención del juez en segunda instancia. En lo que atañe al deber de sustentación del recurso de apelación contra autos y sentencias, el artículo 322 en su numeral 3, inciso 4 del CGP establece que «si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado». Así pues, en aras de evitar la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto, bien sea de auto o sentencia, el recurrente debe expresar los reparos concretos contra la decisión emitida, constituyéndose esta en una limitante tanto para elRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 9 apelante como para el juez de segunda instancia, habida cuenta que el apelante deberá sujetar su alegación a los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia , y por su parte el superior deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

9 apelante como para el juez de segunda instancia, habida cuenta que el apelante deberá sujetar su alegación a los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia , y por su parte el superior deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante. Providencia que el pasado 9 de marzo el mismo Tribunal encontró « inmodificable, por acertada, pues ningún argumento de peso suministra el recursista… para controvertir los fundamentos merced a los cuales… se llegó a la determinación de declarar desierto el recurso de apelación propuesto… contra la sentencia de primer grado», comoquiera que: …el extremo demandante pretende que se tenga por sustentada la opugnación vertical por él promovida contra el fallo de primer orden, bajo el argumento de que al interponerla en primera instancia alegó que la juez debió tener en cuenta la decisión del 4 de marzo de 2019 pero decidió dejarla sin efectos y proferir una totalmente distinta, atentando contra la seguridad jurídica del proceso judicial, único argumento de la impugnación que de ninguna manera puede ser tenido en cuenta como una verdadera sustentación del recurso, porque con ello no se atacan los cimientos argumentativos de la decisión del 6 de abril de 2021, como tampoco encierra cuestionamientos concretos contra la excepción que de oficio fue declarada en la misma; en otras palabras, el actor en la respectiva audiencia presentó sus reparos a la decisión, y fueron sustentados aún de forma anticipada a la

excepción que de oficio fue declarada en la misma; en otras palabras, el actor en la respectiva audiencia presentó sus reparos a la decisión, y fueron sustentados aún de forma anticipada a la etapa prevista por el legislador, porque ello ocurrió en primera instancia; sin embargo, como no lo sustentó en debida forma, no existen elementos suficientes para desatar la alzada y obviamente se imponía la deserción… 3.4. Así las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos con lo expresamente reglado en el numeral 3º del canon 322 del Código General del Proceso para establecer la incursión en el defecto anunciado, porque al margen de queRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 10 el demandante dejara de atacar los aspectos sustanciales de la sentencia emitida el 6 de abril de 2021, lo cierto es que ello no imponía la declaración de deserción de su apelación porque, en todo caso, sus censuras de cara a las deficiencias formales en la actuación, exteriorizadas tanto en los reparos concretos como en la sustentación, constituían motivos válidos de su pretensión impugnaticia, de no olvidar que al sentenciador, antes de ocuparse del fondo del asunto, le corresponde efectuar la validación formal de la actuación en cuanto a la satisfacción de los presupuestos procesales y la inexistencia de causales de nulidad procedimental. De allí que el proceder reprochado al Tribunal enjuiciado injustificadamente, en disfavor del principio de la doble

cuanto a la satisfacción de los presupuestos procesales y la inexistencia de causales de nulidad procedimental. De allí que el proceder reprochado al Tribunal enjuiciado injustificadamente, en disfavor del principio de la doble instancia, impidió a la actora obtener el respectivo pronunciamiento de fondo por parte del ad-quem, cercenándole el acceso a la administración de justicia, porque dicha sede judicial, bajo una apreciación literal y extremadamente formal de la norma adjetiva, en últimas, concluyó que los ataques frente a la sentencia del a-quo debían dirigirse frente a sus aspectos sustanciales, sin que exista disposición legal alguna que expresamente exija ello o excluya la posibilidad de fundarlos en las deficiencias formales que le dieron lugar. Así las cosas, declarar desierta la apelación en comento, como lo resolvió la Colegiatura encartada, bajo una apreciación extremadamente literal de la norma procedimental, como quedó visto, es un proceder que, para el caso concreto, comporta un exceso ritual manifiesto, toda vezRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 11 que tal determinación implica una clara y desproporcionada afectación de las garantías de la gestora, impidiéndole el acceso a la administración de justicia para obtener la condigna sentencia de segunda instancia en el juicio sometido a la definición de la jurisdicción, por lo que esa situación

acceso a la administración de justicia para obtener la condigna sentencia de segunda instancia en el juicio sometido a la definición de la jurisdicción, por lo que esa situación excepcional se torna inadmisible y exige la intervención del juez constitucional.

4. Lo consignado impone conceder, con alcance parcial, el amparo frente al derecho fundamental al debido proceso de la accionante, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la declaración de deserción del mentado recurso de apelación, y todas las decisiones que de ella dependan, proceda a resolver de fondo el mismo.

Finalmente, como lo concluido trae consigo la carencia de firmeza de la sentencia dictada por el a-quo en el asunto fustigado, aunado a que al momento de emitir la de segundo grado le corresponde al Tribunal convocado efectuar la correspondiente validación de satisfacción de presupuestos procesales e inexistencia de causales de nulidad (tanto saneables como insaneables), esto, incluso, al margen de las decisiones interlocutorias existentes frente a las mismas, de así demandarlo el caso concreto; por sustracción de materia, resulta inviable que por ahora la Corte se ocupe de los restantes cuestionamientos de la reclamante, en tanto que no le es dable anticiparse a los eventuales veredictos que al respecto y por ley le corresponde emitir al fallador natural. DECISIÓNRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 12 Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia

DECISIÓNRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 12 Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el resguardo frente al derecho al debido proceso de Red de Servicios de Occidente S.A., exclusivamente frente al Tribunal acusado. En consecuencia, dispone: Primero. Ordenar a la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó que, dentro del término de quince (15) días, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja (rad. 27001-31-03-001-2018-00070), tras dejar sin efecto la declaración de deserción de la apelación propuesta por la ejecutante frente al fallo del a-quo, así como todas las determinaciones que dependan de aquella, proceda a emitir la respectiva sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de esta providencia, atendiendo a cabalidad las normas aplicables al asunto y los precedentes vinculantes sobre la materia. Por Secretaría remítasele copia de esta determinación. La autoridad accionada informará a esta Corporación sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de aquel término. Segundo. Ordenar al Juzgado Civil del Circuito de

determinación. La autoridad accionada informará a esta Corporación sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de aquel término. Segundo. Ordenar al Juzgado Civil del Circuito de Quibdó remitir al Tribunal encausado, de manera inmediataRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 13 y, en todo caso, en un término no superior a un (1) día, el expediente materia de la queja constitucional, para que dicha Colegiatura dé cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. Tercero. En lo demás, como quedó expuesto, por sustracción de materia, se deniega la salvaguarda rogada. Cuarto. Comunicar lo aquí resuelto a las partes e intervinientes, por el medio más expedito y eficaz, y en oportunidad, remítanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no impugnarse este fallo. Salvamento de voto HILDA GONZÁLEZ NEIRA Presidenta de Sala Salvamento de voto

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVORadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00

14

LUIS ALONSO RICO PUERTA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

FRANCISCO TERNERA BARRIOSRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00

15

SALVAMENTO DE VOTO

MAGISTRADA HILDA GONZÁLEZ NEIRA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

FRANCISCO TERNERA BARRIOSRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00

15

SALVAMENTO DE VOTO

MAGISTRADA HILDA GONZÁLEZ NEIRA Radicación n° 11001-02-03-000-2022-01457-00

Con el mayor respeto hacia los Magistrados que profirieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la solución adoptada. 1.- La Sala mayoritaria concedió parcialmente el amparo constitucional invocado por Red de Servicios de Occidente S.A. contra la Sala Única del Tribunal Superior y el Juzgado Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Quibdó. En consecuencia, ordenó a la Corporación accionada que tras dejar sin efecto la declaración de deserción de la apelación propuesta por la ejecutante frente al fallo del a-quo, así como todas las determinaciones que dependan de aquella, emita el respectivo fallo de segunda instancia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidasRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 16 en la parte motiva de la providencia de la que tomo distancia, atendiendo a cabalidad las normas aplicables al asunto y los precedentes vinculantes sobre la materia. Ello, en el juicio ejecutivo que la actora incoó contra Elkin Torres Serna (rad. 27001-31-03-001-2018-00070). Resolución que sustentó, aduciendo, en lo principal, que «(…) anticipa

ejecutivo que la actora incoó contra Elkin Torres Serna (rad. 27001-31-03-001-2018-00070). Resolución que sustentó, aduciendo, en lo principal, que «(…) anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinación de dar por desierta la apelación formulada por la accionante, la Colegiatura atacada incurrió en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al concluir, sin justificación válida, que los reparos y la sustentación del recurso se mostraban insuficiente porque, en últimas, se dirigieron frente a los aspectos formales que rodearon la emisión de la sentencia que no a los sustanciales contenidos en ella. Según explicó, porque «(…) 3.1. En efecto, como insistentemente lo ha recordado esta Sala, los incisos 2° y 3º del numeral 3º del canon 322 del Código General del Proceso no fijan ningún tipo de condicionamiento excepcional para la formulación de los reparos y «la sustentación del recurso», en tanto que, en cuanto a esto último, de forma clara enseña la norma que para ello «será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada» (ver, entre otras, CSJ STC779-2021, 4 feb., rad. 202100096-00). (…) 3.3. Ahora, en este particular asunto, como quedó visto, en las decisiones de 14 de febrero y 9 de marzo de 2022 el Tribunal convocado reseñó que la censora, tras efectuar sus reparos

(…) 3.3. Ahora, en este particular asunto, como quedó visto, en las decisiones de 14 de febrero y 9 de marzo de 2022 el Tribunal convocado reseñó que la censora, tras efectuar sus reparos concretos, como sustento de su apelación frente a la sentencia emitida por el a-quo el 6 de abril de 2021, en lo medular, cuestionó, entre otros aspectos, que su contenido resultara distinto al de la inicialmente dictada el 4 de marzo de 2019, con lo que, aseveró, se contrariaron las reglas expresamente fijadas en el canon 126Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 17 del Código General del Proceso para la reconstrucción de expedientes, en tanto que, aunque fue imposible recuperar el audio de la audiencia en que aquella se profirió en el año 2019, lo cierto era que existía el acta de la misma, que no podía ser desconocido. Sin embargo, en el proveído dictado el pasado mes de febrero, de forma concluyente, la Colegiatura accionada consignó que « de la intervención realizada por el apelante al interponer el recurso de apelación emerge evidente que no realizó reparo alguno contra la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción perentoria de inexigibilidad de la obligación por defecto formal del título ejecutivo, nada dijo sobre este aspecto», lo que implicaba que «los reparos no se hicieron en debida forma, ya que no configuran cuestionamientos concretos contra la excepción declarada en la sentencia, por lo que se impone declarar desierto el recurso de alzada» (…).

«los reparos no se hicieron en debida forma, ya que no configuran cuestionamientos concretos contra la excepción declarada en la sentencia, por lo que se impone declarar desierto el recurso de alzada» (…). 3.4. Así las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos con lo expresamente reglado en el numeral 3º del canon 322 del Código General del Proceso para establecer la incursión en el defecto anunciado, porque al margen de que el demandante dejara de atacar los aspectos sustanciales de la sentencia emitida el 6 de abril de 2021, lo cierto es que ello no imponía la declaración de deserción de su apelación porque, en todo caso, sus censuras de cara a las deficiencias formales en la actuación, exteriorizadas tanto en los reparos concretos como en la sustentación, constituían motivos válidos de su pretensión impugnaticia, de no olvidar que al sentenciador, antes de ocuparse del fondo del asunto, le corresponde efectuar la validación formal de la actuación en cuanto a la satisfacción de los presupuestos procesales y la inexistencia de causales de nulidad procedimental (…). Así las cosas, declarar desierta la apelación en comento, como loRadicación n.° 11001-02-03-000-2022-01457-00 18 resolvió la Colegiatura encartada, bajo una apreciación extremadamente literal de la norma procedimental, como quedó visto, es un proceder que, para el caso concreto, comporta un exceso

18 resolvió la Colegiatura encartada, bajo una apreciación extremadamente literal de la norma procedimental, como quedó visto, es un proceder que, para el caso concreto, comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinación implica una clara y desproporcionada afectación de las garantías de la gestora, impidiéndole el acceso a la administración de justicia para obtener la condigna sentencia de segunda instancia en el juicio sometido a la definición de la jurisdicción, por lo que esa situación excepcional se torna inadmisible y exige la intervención del juez constitucional…». 2.- No comparto la determinación, principalmente, porque la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó no incurrió en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la precursora. Son mis razones las siguientes: 2.1.- El recurso de apelación contra proveídos judiciales, de conformidad con los arts. 322 y 327 del CGP, comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia - interposición y reparos - y, otro ante el de segunda - admisión, sustentación y decisión -. Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su artículo 14 no estableció modificación alguna mientras que para el siguiente sí, respecto de la sustentación, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los “reparos” expresados ante el a quo, ya no oralme