CSJ - STC9229-2022

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado Ponente STC9229-2022 Radicación n° 50001-22-14-000-2022-00134-01 (Aprobado en sesión del diecinueve de julio de dos mil veintidós) Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022). Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de “X” el 21 de junio de 2022 , dentro de la acción de tutela promovida por “G” contra el Juzgado “Y” de Familia de esa ciudad, el Juzgado “00” Civil del Circuito de “Z” y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -I.C.B.F.- , trámite al cual fueron vinculados los intervinientes en los procesos con radicados “2022-00000” y “2021-00000”. ANOTACIÓN PRELIMINAR Como medida de protección a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicación de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que losRad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

datos e información que permita su identificación, en procura de lo cual se elaborará otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresión, que será el publicable para todos los efectos correspondientes1.

ANTECEDENTES

1. Actuando en su propio nombre y en representación de su menor hija “M” (actualmente de 11 años

de igual tenor, pero con tal supresión, que será el publicable para todos los efectos correspondientes1.

ANTECEDENTES

1. Actuando en su propio nombre y en representación de su menor hija “M” (actualmente de 11 años de edad), el solicitante reclama la protección de los derechos fundamentales de la niñez, en particular al debido proceso, acceso a la administración de justicia, vida e integridad personal, educación, libre desarrollo de la personalidad y a una vida libre de violencia y de maltratos, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, en el trámite y resolución del asunto antes referido.

2. En síntesis, expuso que la Defensora de Familia del ICBF, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos –PARD, «mediante acta de fecha 04 de enero del 2022 (…), resolvió cambiar la medida que había ordenado el Tribunal Superior de Distrito Judicial de “Z” [en] sentencia [de tutela] de fecha 13 de octubre del 2021 », en la que se revocó el fallo del Juzgado “00” Civil del Circuito de “Z” para conceder el resguardo y en tal virtud «modificar la medida inicialmente adoptada en favor de la menor (…), y en su lugar mantener (…) [la] medida provisional, consistente en su ubicación en medio familiar de su progenitor G”». 1 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ - Sala de Casación Civil.

2Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

Que ante la inconformidad presentada, el proceso fue

su progenitor G”». 1 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ - Sala de Casación Civil. 2Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

Que ante la inconformidad presentada, el proceso fue remitido «para su respectiva homologación» al Juzgado “Y” de Familia de “X”, quien «mediante sentencia proferida el 22 de febrero del 2022, resolvió “PRIMERO: HOMOLOGAR la Resolución de fallo SIM 1762669031 del 4 de enero de 2022, mediante la cual la Defensora de Familia del Centro Zonal No. 2 del ICBF, declara en situación de vulneración de derechos a la niña M”; modificó la medida de protección inicialmente tomada, imponiendo la medida de ubicación en hogar familiar materno, junto a su progenitora “E”, entre otras decisiones». Que la decisión anterior «no se ajusta a derecho y perjudica de manera grave los intereses de mi hija [porque], con motivaciones falsas y calumniosas que solo tienden a dañar la honra de mi familia », ya que, contrario a lo indicado en el «capítulo de antecedentes», él no acudió ante el ICBF «a denunciar presunto abuso sexual a la niña» por parte de familiares suyos, sino «contra “L” y “E”(abuela materna y progenitora)», y tampoco observó «actuaciones irregulares de la defensora de familia del ICBF », que ameritó la tutela en comento. Que, igualmente, tampoco fueron atendidos los reparos presentados a la Defensora de Familia en relación con el

de la defensora de familia del ICBF », que ameritó la tutela en comento. Que, igualmente, tampoco fueron atendidos los reparos presentados a la Defensora de Familia en relación con el «conflicto de competencia entre autoridades administrativas, [pues] el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto », ni los supuestos yerros en la valoración probatoria, pues, en su sentir, se evidenciaba «maltrato por parte de la progenitora » de la menor, desconociendo que « la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia, rechaza[n] cualquier acto de violencia en contra de los niños (…)». 3Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

Que, por lo antedicho, «me vi en la necesidad de presentar mediante apoderado, un incidente de nulidad con el fin de que el Juez “Y” de Familia de “X” reconsiderada su decisión, toda vez que la niña no fue escuchada al momento en que la Defensora de Familia tomara la decisión de cambiar la medida inicial y mucho menos la voluntad de la niña no fue tenida en cuenta ni por la Autoridad Administrativa y mucho menos por la Autoridad Judicial », el cual fue denegado con «auto del 24 de marzo del 2022 », y como el 10 de mayo de 2022 se desestimaron los recursos que interpuso, «el 06 de junio del 2022, la Defensora de Familia, mediante auto resolvió señalar fecha

del 24 de marzo del 2022 », y como el 10 de mayo de 2022 se desestimaron los recursos que interpuso, «el 06 de junio del 2022, la Defensora de Familia, mediante auto resolvió señalar fecha para el reintegro de la niña (…), sin señalar el lugar del supuesto reintegro y mucho menos a quien se debe reintegrar». Que el incidente de desacato que había presentado «en los primeros días del mes de noviembre de 2021 » respecto del fallo de tutela del 13 de octubre de 2021, fue desatado por el Juzgado “00” Civil del Circuito de “Z” con auto del «01 de febrero de 2022 », disponiendo «abstenerse» de seguir tramitándolo, y por tanto dispuso «archivar las diligencias».

3. Pretende, se proceda a «REVOCAR el auto que profirió el Juzgado “00” Civil del Circuito de “Z” [el] 01 de febrero de 2022, y en su lugar ordenar[le] continuar el trámite incidental [de desacato]» e invalidar las providencias «que profirió el Juzgado “Y” de Familia de “X” el 22 de febrero de 2022, el [24] de marzo de 2022 [y] el 10 de mayo de 2022 ». Del mismo modo, «ORDENAR dejar sin efectos el acto administrativo de fecha 06 de junio del 2022, expedido por la Defensora de Familia (…) », y, entre otras disposiciones, «ORDENAR al ICBF mantener medida provisional de restablecimiento de derechos a favor de mi hija (…), en el medio familiar paterno hasta que la Fiscalía General de la Nación resuelva lo de su competencia (…)».

de Familia (…) », y, entre otras disposiciones, «ORDENAR al ICBF mantener medida provisional de restablecimiento de derechos a favor de mi hija (…), en el medio familiar paterno hasta que la Fiscalía General de la Nación resuelva lo de su competencia (…)». 4Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado “Y” de Familia de “X” se opuso a lo pretendido, aduciendo que en el asunto en cuestión, «lo actuado se ajustó a la normatividad especial consagrada en el Código de la Infancia y Adolescencia, la Ley 1878 de 2018 y a los lineamientos del ICBF para esta clase de procesos, y por supuesto a la Constitución Nacional y bloque de constitucionalidad, y en particular a la jurisprudencia nacional»; que «frente al ámbito sustancial se mantuvo una línea de corroboración a las medidas adoptadas en sede administrativas a favor de la niña (…) en cuanto es evidente que se tomaron bajo el rigor irrestricto de los dictámenes periciales realizados por el equipo interdisciplinario, concluyendo en términos generales que si bien ambos padres son idóneos para recibir en sus hogares a su hija, y la niña manifestar deseo por permanecer al lado de su progenitor, quedó evidenciado que en un mayor grado de beneficio y garantía de los derechos prevalentes y superiores de la niña, ser la madre quien los asegura, manteniendo entonces como medida de protección definitiva la ubicación de la niña en el hogar materno», y que por ello, ese estrado

derechos prevalentes y superiores de la niña, ser la madre quien los asegura, manteniendo entonces como medida de protección definitiva la ubicación de la niña en el hogar materno», y que por ello, ese estrado «no ha vulnerado ni violado derecho alguno». 2. “E”, madre de la menor, aseveró que «el día 19 de octubre de 2021, mi hija fue entrevistada por el psicólogo de la Defensoría de Familia y reconoció haber mentido cuando afirmó que yo la golpeaba [y] haber dicho muchas otras mentiras »; que al actor «se le indicó [en tutela anterior] que no era viable retirar a la niña del Colegio de “Z” [donde ha estudiado] por más de seis (6) años consecutivos [pero la] matriculó en la institución educativa de “X”, demostrando su arbitrariedad y dejando en claro que desconoce cualquier orden administrativa o judicial que no atienda a sus intereses». Que, «llevo un año sin ver a mi hija libre de vigilancia, sin que haya ninguna justificación, ni una orden administrativa o judicial para 5Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

ello, pues el padre de mi hija se empeña en acusarme de ser una delincuente por el simple hecho de haberme denunciado ante la Fiscalía, sin que a la fecha haya recibido citación o notificación alguna, y cuyas pruebas son sus calumniosas acusaciones », pues, «ha quedado claro tanto para el ICBF como para el Juzgado “Y” de Familia de “X” que NO existen actos de violencia intrafamiliar de mi parte en contra de mi hija

pruebas son sus calumniosas acusaciones », pues, «ha quedado claro tanto para el ICBF como para el Juzgado “Y” de Familia de “X” que NO existen actos de violencia intrafamiliar de mi parte en contra de mi hija y que pese a que ella manifiesta querer estar con su papá no es lo que más le conviene pues él no me permite verla y ha fracturado la relación entre nosotras afectando el derecho de mi hija a tener una familia y no ser separada de ella, con lo que queda claro que mi hija si fue escuchada y su deseo fue valorado por las autoridades, sin que ello implique que debe hacerse la voluntad de la menor». Agregó que esta acción es «una clara manifestación de abuso del derecho ha ocupado a la justicia en sede administrativa y judicial de manera temeraria y tendenciosa, con la finalidad de retrasar el curso del proceso y rehusándose a cumplir cualquier orden que sea contraria a su voluntad, pues en tal sentido deseo informar que esta es la tercera acción de tutela que interpone en menos de un año», un incidente de desacato, dos solicitudes de nulidad, sendos recursos al interior de la actuación, y una denuncia ante la Fiscalía respecto de lo cual «“M” ya manifestó que mintió».

3. La Juez “00” Civil del Circuito de “Z”, informó que en la tutela “2021-00000” incoada por el señor “G” contra el ICBF, el tribunal emitió fallo de segundo grado el 13 de octubre de 2021, ordenando a la Defensora de Familia «que emitiera las ordenes necesarias y correspondientes (…) que permitan la pronta remisión del expediente al juez de familia para lo de su

octubre de 2021, ordenando a la Defensora de Familia «que emitiera las ordenes necesarias y correspondientes (…) que permitan la pronta remisión del expediente al juez de familia para lo de su competencia; conminó al accionante para que cumpliera con las obligaciones que le impuso la defensora de familia, en la forma y términos de la medida provisional que allí se dejó vigente y, además permitiera que su hija (…) continúe con las clases escolares; ordenó a los 6Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

procuradores delegados que ejerzan inmediata intervención y constante vigilancia con la finalidad de que se tramiten con la celeridad debida, para la protección de las garantías superiores de la menor». En relación con el incidente, explicó que «ha sido cerrado teniendo en cuenta que el objeto del fallo de tutela de segunda instancia se encaminó a que, de forma transitoria, la menor (…) no fuera separada de alguno de sus progenitores», pero al haberse decidido en el proceso de restablecimiento de derechos «la custodia definitiva de la menor», se «configura un hecho nuevo», quedando «sin efecto la medida provisional» adoptada por el tribunal.

4. La Defensora de Familia del ICBF – Centro Zonal “X”, precisó que el hecho de que el tribunal – en sede de tutela de segundo grado-, ordenara que su despacho «adelantara de manera rápida las acciones dentro del proceso administrativo para que finalmente el proceso pasara a la justicia ordinaria, no quiere decir como

“X”, precisó que el hecho de que el tribunal – en sede de tutela de segundo grado-, ordenara que su despacho «adelantara de manera rápida las acciones dentro del proceso administrativo para que finalmente el proceso pasara a la justicia ordinaria, no quiere decir como erróneamente lo considera el señor “G”, que (…) este despacho hubiera perdido competencia para seguir adelantando el proceso ». También afirmó que, ante la falta de fundamento de la presente reclamación, «el contenido de [los] hechos [por él expuestos] no es más que la muestra de la obstrucción a la justicia».

5. La Defensora de Familia del ICBF asignada a juzgados – Centro Zonal “X”, luego de una extensa exposición de consideraciones relativas a la tutela frente al caso concreto, concluyó que los accionados «no han vulnerado los derechos del [accionante] ni los que indica agencia en favor de su hija (…), por lo que el amparo (…) no tiene vocación de prosperidad».

6. La Procuradora (…) Judicial II de Familia de “X”, conceptúo que no le asiste razón al querellante, porque «la

7Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

decisión del tribunal no significa que la defensora de familia no pudiera modificar las medidas de restablecimiento de derechos al momento de decidir el PARD, habida cuenta que éstas son modificables como lo dispone el art. 103 de la Ley 1098/2006 [por tanto], lo que dispuso el tribunal fue mantener la [medida] inicialmente ordenada por la Defensora de Familia, mientras [ella] definía el proceso».

dispone el art. 103 de la Ley 1098/2006 [por tanto], lo que dispuso el tribunal fue mantener la [medida] inicialmente ordenada por la Defensora de Familia, mientras [ella] definía el proceso». SENTENCIA DE PRIMER GRADO Negó el resguardo al observar que en «la decisión [del 22 de febrero de 2022] que homologó la resolución de pruebas y fallo del 4 de enero de 2022 proferida por la Defensora de Familia, se expusieron las razones para ello, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia». Aseguró «que contrario a lo afirmado por el actor, se puede evidenciar que la Juez (…), fundamentó su decisión de acuerdo a los conceptos de las pericias psicológicas y de trabajo social obrantes en el plenario, los cuales permitieron que se llegara a las conclusiones allí expuestas, respecto de que, si bien ambos hogares eran viables para que la menor permaneciera en ellos, la autoridad disponía que se reubicara la niña en el hogar materno debido a que se debe “garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niña”». Por lo demás, no encontró reparo sobre el supuesto «conflicto de competencia», ni frente al «archivo del incidente de desacato de la acción de tutela del Juzgado “00” Civil del Circuito de “Z”». IMPUGNACIÓN La interpuso el accionante para insistir en los argumentos de su demanda tutelar.

CONSIDERACIONES

desacato de la acción de tutela del Juzgado “00” Civil del Circuito de “Z”». IMPUGNACIÓN La interpuso el accionante para insistir en los argumentos de su demanda tutelar.

CONSIDERACIONES

8Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

1. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales del demandante, en tanto: (i); el Juzgado “Y” de Familia de “X”, homologó la medida de restablecimiento de derechos de su hija dentro del proceso n° “2022-00000”, y negó la nulidad por él deprecada; y (ii) el Juzgado “00” Civil del Circuito de “Z”, desestimó el incidente de desacato al fallo de salvaguarda anterior (rad. “2021-00000”). Ello, porque si bien la queja también se enfiló contra la Defensora de Familia del ICBF que fungió como juzgador aquo del litigio en cuestión, el estudio constitucional se circunscribirá a la definición del pleito que se produjo en sede de homologación, y porque en lo referente a la ejecución de la orden judicial, la misma comprende una consecuencia jurídica de lo resuelto por el juez ad quem.

2. De la tutela contra providencias judiciales.

La jurisprudencia de esta Corporación de manera invariable ha señalado, por regla general, que esta acción no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneración a los derechos

invariable ha señalado, por regla general, que esta acción no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneración a los derechos fundamentales de los asociados. Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el 9Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción. De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta sea determinante o influya en la decisión; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneración; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, material, error inducido, o se trate de una decisión sin motivación, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Política.

3. Del caso concreto.

Con soporte en las premisas que anteceden, del análisis pertinente que se realiza tanto a la presente demanda como a las piezas procesales allegadas, y con observancia en la normativa aplicable, la Sala, con las precisiones que pasan a

Con soporte en las premisas que anteceden, del análisis pertinente que se realiza tanto a la presente demanda como a las piezas procesales allegadas, y con observancia en la normativa aplicable, la Sala, con las precisiones que pasan a exponerse, ratificará el fallo impugnado , toda vez que, de cara a lo resuelto por los accionados en las diligencias a su cargo, no se avizora yerro específico de procedibilidad del auxilio que amerite la intervención del juez constitucional. 3.1. Del restablecimiento de derechos de menores. 10Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

Preliminarmente se precisa que al tenor de los artículos 50 y 51 del Código de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, esta figura jurídica comprende «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados [a niños y adolescentes]», y «es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar o conducir ante la Policía, las Defensorías de Familia, las Comisarías de Familia o en su defecto, los Inspectores de Policía o las Personerías Municipales o Distritales a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad». Siendo variadas las circunstancias para determinar una «situación irregular» que amerite la intervención estatal, se contemplan como medidas de restablecimiento: (i) « la amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico »; (ii) el

una «situación irregular» que amerite la intervención estatal, se contemplan como medidas de restablecimiento: (i) « la amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico »; (ii) el retiro inmediato del menor «de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar, y ubicación en un programa de atención especializada »; (iii) «la ubicación inmediata en medio familiar», la cual puede ser con su familia extensa cuando existen parientes cercanos que puedan cuidarlo; en hogar de paso cuando no aparezcan esas personas; o en hogar sustituto, es decir con una familia que se comprometa a brindarle el cuidado y atención necesaria en sustitución a sus parientes de origen ; (iv) «la ubicación en centros de emergencia para los casos en los que no procede ubicación en los hogares de paso»; (v) «la adopción»; y (vi) las demás señaladas en otras normas y «que garantice la protección integral» del niño o adolescente (artículos 53, 56, 57 y 59 ibidem). 11Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

Las autoridades que están llamadas a aplicar dichas medidas, según lo contemplado en los artículos 79 a 95 de la citada normativa, son: (i) el Defensor de Familia del ICBF, de manera preferente, dada su calidad de coordinador del sistema de Bienestar Familiar y concretamente de las medidas de protección o de restablecimiento; (ii) el Comisario

manera preferente, dada su calidad de coordinador del sistema de Bienestar Familiar y concretamente de las medidas de protección o de restablecimiento; (ii) el Comisario de Familia; (iii) la Policía Nacional y (iv) el Ministerio Público. Según el artículo 99 del estatuto en mención, cualquiera de las citadas autoridades está facultada para iniciar el trámite oficiosamente cuando tenga conocimiento de vulneración o amenaza de alguno de los derechos del niño o adolescente, en tanto que sus funciones son: « 1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar»; «3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes»; «4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar »; « 5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas…», y «8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el delito» (artículo 86). Al abrir la investigación, la norma en estudio autoriza al Defensor o al Comisario de Familia que tenga a su cargo la instrucción del caso, para ordenar «2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protección integral del niño, niña o adolescente», las cuales podrán mantenerse al decidir de

la instrucción del caso, para ordenar «2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protección integral del niño, niña o adolescente», las cuales podrán mantenerse al decidir de fondo el asunto, según la necesidad y utilidad de las mismas 12Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

con observancia en la prevalencia de los derechos de los niños como lo contemplan los tratados internacionales y se recoge expresamente en el artículo 44 de la Constitución de 1991 y en el ordenamiento legal en comento. Conforme a la referida codificación, el superior funcional de la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales en materia de restablecimiento de derechos de menores de edad, es el juez de familia del lugar donde se encuentra el niño o adolescente; el tratamiento en la definición de tales medidas, difiere en que cuando lo conoce el juez no procede reposición, y si el que falla es el ente administrativo, la resolución requiere de homologación ante el funcionario judicial (artículo 100, concordante con los preceptos 103, 108, 119 y 123 del estatuto especial en cita, y artículo 21-18 del Código General del Proceso). En cuanto al trámite procesal, el canon 21 ibidem consagra que, « en única instancia », a los jueces de familia les corresponde: «18. Homologación de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley»; «19. La revisión de las decisiones administrativas preferidas por el defensor de familia, el comisario de familia y el inspector de policía

otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley»; «19. La revisión de las decisiones administrativas preferidas por el defensor de familia, el comisario de familia y el inspector de policía en los casos previstos en la ley», y «20. Resolver sobre el restablecimiento de derechos de la infancia cuando el defensor de familia o el comisario de familia hubiere perdido competencia». Por lo demás, se advierte que, en el trámite de homologación, «la autoridad judicial debe verificar no solo que se hayan garantizado los derechos y etapas procesales en el marco de 13Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

la actuación administrativa previa , sino que debe analizar de fondo la decisión adoptada por la autoridad administrativa de tal forma que le permita corroborar la real garantía de los derechos fundamentales y el interés superior del menor» (T-474/17). Se subraya y destaca. 3.2. Establecido lo anterior, se advierte que en el caso bajo examen, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos – PARD, llegó al conocimiento del Juzgado “Y” de Familia de “X”, en acatamiento a lo previsto en el inciso 7° del artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia, esto es, porque «alguna de las partes o el Ministerio Público manifiestan su inconformidad con la decisión», habida cuenta que el querellante se opuso a lo resuelto por la Defensora de Familia en proveído del 4 de enero de 2022. En lo fundamental, el desacuerdo del señor “G” con la

manifiestan su inconformidad con la decisión», habida cuenta que el querellante se opuso a lo resuelto por la Defensora de Familia en proveído del 4 de enero de 2022. En lo fundamental, el desacuerdo del señor “G” con la resolución que modificó la medida de restablecimiento de derechos, radicó en que para ubicar a la menor en «medio familiar materno», no se apreció congruentemente el acervo probatorio, pues, en su criterio, aquel entorno representa riesgos para su hija y en cambio, el suyo se muestra más idóneo; aunado a ello, adujo falencias procedimentales relacionadas con la competencia de las autoridades administrativas para tramitar el asunto. Frente a tales reproches, el pronunciamiento realizado por el accionado a través de providencia del 22 de febrero de 2022, en momento alguno denota arbitrariedad o desmesura, sino que, por el contrario, evidencia una motivación 14Rad. n° 50001-22-14-000-2022-00134-01

jurídicamente razonable, pues encontró que, contrario a dichos reproches: «(…) de forma muy juiciosa la funcionaria administrativa analiza jurídicamente cada uno de los aspectos sobre los que se disiente, basado completamente su criterio al material probatorio arrimado al expediente, así como auxiliándose de la abultada jurisprudencia existente sobre esta materia. Es así como llega a la conclusión de ambos padres contar con las condiciones personales, familiares, habitacionales, sociales, laborales, económicas y culturales para asumir el cuidado de su hija (…).

materia. Es así como llega a la conclusión de ambos padres contar con las condiciones personales, familiares, habitacionales, sociales, laborales, económicas y culturales para asumir el cuidado de su hija (…). Debido a ello, antes de entrar en otras consideraciones, es aclarado que el asunto se tornó en disputa de los padres por obtener la custodia y cuidado personal de la menor, cuando el objetivo principal del proceso de restablecimiento de derechos, es el de la restauración de la dignidad e integridad, en este caso de la niña (…) como sujeto de derechos, y mediante un ejercicio efectivo garantizarlos, si es que objetivamente se han hallado vulnerados, a la luz del derecho al interés superior como imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes (art. 8º C.I.A.). Es así como se encuentran enfrentados los intereses de los padres con los derechos de la niña (…) y en ese sentido el apoderado del padre propone como solución buscar equilibrio, sin embargo, en virtud a lo previsto en el art. 9º del C.I.A. cuando deba adoptarse decisión de cualquier naturaleza en relación con niños, niñas o adolescentes, prevalecen los derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre derechos fundamentales con los de cualquier persona, como en el caso en concreto, y así es abordada la discusión por la funcionaria administrativa, desde luego, ponderando las circunstancias desde el

derechos fundamentales con los de cualquier persona, como en el caso en concreto, y así es abordada la discusión por la funcionaria administrativa, desde luego, ponderando las circunstancias desde el punto de vista del interés superior como la Corte Constitucional lo ha venido planteando en diferentes sentencias [como la] T-487 de 2005». (…) Propone la jurisprudencia orientaciones, por demás invariables, determinantes de la forma ponderada de garantizar el interés superior del niño como actor principal y, en primer lugar, como lo señala el fallo, es el criterio fáctico, esto es, las condiciones reales que rodean a la menor. Como condición especial en salud, la historia clínica obrante indica q