CSJ - STC9759-2022

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado Ponente STC9759-2022 Radicación n° 11001-02-03-000-2022-02167-00 (Aprobado en sesión del veintisiete de julio de dos mil veintidós) Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022). Decide la Corte la acción de tutela promovida por Carlos Augusto Barrera Mosquera contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al cual fueron vinculados el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta capital, y los intervinientes en la pertenencia nº 2016-00667.

ANTECEDENTES

1. El solicitante, a través de apoderado, reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la corporación judicial convocada.

2. Expone en síntesis que, por intermedio de su abogado, interpuso apelación contra la sentencia de primeraRad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

instancia proferida por el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá el 7 de febrero de 2022 dentro del juicio de pertenencia que promovió contra Yenny Barrera Bautista y otros. Refiere que en el auto que admitió el recurso de alzada, el ad-quem concedió el término de 5 días para sustentarlo ante esa corporación. Destaca que el 4 de abril de 2022 el tribunal declaró

y otros. Refiere que en el auto que admitió el recurso de alzada, el ad-quem concedió el término de 5 días para sustentarlo ante esa corporación. Destaca que el 4 de abril de 2022 el tribunal declaró desierta la apelación, decisión que solicitó se invalidara y, «en subsidio (sic)» interpuso reposición; sin embargo, la colegiatura accionada negó la nulidad propuesta y mantuvo su postura al resolver el remedio horizontal (12 de mayo de 2022). Cuestiona las reseñadas providencias por cuanto, se apartaron sin justificación de los precedentes jurisprudenciales de esta Sala que han considerado como un «exceso ritual manifiesto» la exigencia de la sustentación del recurso de apelación ante el ad quem , aunque se hayan expresado los reparos ante la primera instancia. Precisó que la sustentación del recurso se presentó de dos formas: « 1. oralmente, en donde se dirige claramente ante el Tribunal Superior […] anticipadamente (…) 2. Por escrito, dirigiéndome al Juzgado 25 Civil del Circuito».

Agregó que, la magistrada ponente « además de declarar desierto un recurso de apelación por falta de sustentación […] el cual ya había sido sustentado en primera instancia, también dejó de lado un 2Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

pronunciamiento sobre una prueba que obra dentro del proceso solicitada por la anterior juez 25 Civil del Circuito, y que correspondía al tribunal pronunciarse sobre la misma, lo cual no hizo, por cuanto ni siquiera se escucharon los audios, ni el contenido de la sustentación realizada».

solicitada por la anterior juez 25 Civil del Circuito, y que correspondía al tribunal pronunciarse sobre la misma, lo cual no hizo, por cuanto ni siquiera se escucharon los audios, ni el contenido de la sustentación realizada».

3. Por lo anterior, pretende que, se ordene «al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil …dejar sin efectos los autos del 17 de marzo de 2022 y del 4 de abril de 2022, 16 de mayo de 2022 (sic) […] tener como presentado ante el tribunal el recurso de apelación debidamente sustentado ante el juez de primera instancia que iba dirigido al Tribunal Superior de Bogotá, según los registros de audio que obran en el expediente (…) como consecuencia de lo anterior, ordenar continuar su trámite en segunda instancia (…)».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1. El Juez Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, sin pronunciarse sobre la demanda tutelar, indicó que, en audiencia del 7 de febrero de 2022 profirió sentencia de primera instancia en el juicio de pertenencia en cuestión, frente a la cual, el acá actor interpuso apelación, que concedió en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior.

2. La magistrada que profirió los autos atacados se opuso a la prosperidad de la acción tutelar toda vez que, la decisión de declarar desierto el recurso de apelación tuvo sustento en el artículo 14 del decreto 806 de 2020, que establece «las consecuencias de no sustentar el recurso de alzada en la oportunidad allí contemplada ». Añadió que, al recurrente se le

sustento en el artículo 14 del decreto 806 de 2020, que establece «las consecuencias de no sustentar el recurso de alzada en la oportunidad allí contemplada ». Añadió que, al recurrente se le indicó que debía manifestar « si se tenía como sustentación los 3Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

reparos que presentó ante el a quo […] contaba con un plazo de 8 días hábiles para actuar en la forma prevista en la legislación y en el mandato judicial; sin embargo, no lo hizo; sin que la justificación que esbozó en el escrito de nulidad y los recursos que promovió contra el auto que declaró desierta la alzada, resultaran suficientes para enervar la omisión del deber de vigilancia de los procesos a su cargo».

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte establecer si la corporación judicial convocada vulneró la garantía denunciada al declarar desierto el recurso de apelación formulado por el actor contra la sentencia de primer grado (del 7 de febrero de 2022 por el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá) dentro del proceso de pertenencia radicado nº 2016-00667 – autos de 4 de abril, y de 12 de mayo de 2022, este último que negó la nulidad propuesta y resolvió la reposición – desconociendo la sustentación presentada ante el a quo.

2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no

2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

4Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción. De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisión; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneración; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, material, error inducido, o se trate de una decisión sin motivación, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Política.

3. Sobre el deber de sustentar en segunda

inducido, o se trate de una decisión sin motivación, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Política.

3. Sobre el deber de sustentar en segunda instancia el recurso de apelación, a la luz del Decreto 806 de 20201.

El Decreto 806 de 2020 «por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», regula en el artículo 14 1 Vigente al momento de la interposición del recurso de apelación en el trámite judicial objeto de análisis. 5Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

el trámite para adelantar la apelación de sentencias en los procesos civiles y de familia, preceptuando que: «Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes. Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes.

Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto. Si se decretan pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictará sentencia. La sentencia se dictará en los términos establecidos en el Código General del Proceso» (Negrilla a propósito). Lo anterior, da cuenta de que a la luz del citado decreto el trámite de la segunda instancia estará regido por la escrituralidad, y no, como ocurre en el régimen de oralidad propio del Código General del Proceso. En razón de lo esbozado, resulta imperioso abordar el debate en torno a la factibilidad de declarar la deserción de la apelación de sentencias cuando el recurso se hubiere sustentado por escrito, antes de la oportunidad señalada en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, puesto que, finalmente, lo que se pretende dilucidar es si el recurrente cumplió con la carga argumentativa que se le impone, no 6Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

finalmente, lo que se pretende dilucidar es si el recurrente cumplió con la carga argumentativa que se le impone, no 6Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

obstante, lo hubiese hecho, como ya se indicó, de manera anticipada al término reglado en el referido precepto. Al respecto, esta Sala, mayoritariamente, ha indicado que: «(…) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el artículo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuración del legislador, a la hora de observar la temática en el plano supralegal y en relación con los casos concretos, no es admisible la aplicación automática e irreflexiva de la sanción que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la práctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un análisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentación anticipada era suficiente para la resolución de la alzada, sin que lo adelantado en esa gestión conlleve a sancionar al litigante de forma tan drástica como es el cercenamiento de la segunda instancia. En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatención de la parte en relación con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstención del adquem de

En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatención de la parte en relación con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstención del adquem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentación ya está al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserción » (Negrilla a propósito). (STC5790-2021; rad. nº 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). Significa lo anterior que, aunque se discrepe la pretemporaneidad en la sustentación del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que señala el canon 14 del citado decreto, no se puede desconocer que esa argumentación cumple con la carga de sustentar la apelación, por lo tanto, resulta desproporcionado que se 7Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

imponga como sanción la deserción del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la pérdida del derecho constitucional a impugnar la decisión que concluyó la primera instancia. Esta Corporación, en un caso similar precisó: «[a]hora, no es que la Corte se esté contradiciendo con las pautas que trazó en vigencia del Código General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en

«[a]hora, no es que la Corte se esté contradiciendo con las pautas que trazó en vigencia del Código General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues allá, en el contexto de la oralidad y de la prohibición de sustituir las intervenciones orales por escrito, no lucía desmesurado sancionar al recurrente con la deserción del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor podía proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista pública destinada para el efecto conllevaba la no sustentación del acto de impugnación; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que está ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnación ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposición de esa consecuencia parece desproporcionada. En suma, el recurso de apelación de sentencias, en vigencia del Decreto 806 de 2020, deberá sustentarse ante el superior por escrito y dentro del término de traslado indicado en el artículo 14 de esa norma. Toda sustentación posterior a ese lapso o la omisión del acto procesal desemboca, sin duda, en la deserción de la opugnación. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de aquellas que se realicen con anterioridad a ese límite temporal, comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuación inesperada y errada del censor, de todos modos se cumple con el acto procesal aludido

que se realicen con anterioridad a ese límite temporal, comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuación inesperada y errada del censor, de todos modos se cumple con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en últimas, ya conoce de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que ello implique ninguna afectación a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guardó silencio, no superó los términos establecidos para el efecto, así como « no se causa dilación en los trámites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los términos». Lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el 8Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

asunto concreto» (STC5790-2021; rad. nº 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021).

4. Caso concreto.

De la revisión que la Sala realiza al asunto sometido a su escrutinio y con vista en la información sobre la actuación procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el resguardo habrá de concederse, comoquiera que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al interior del juicio de pertenencia n° 2016-00667 incurrió en un exceso ritual manifiesto susceptible de corrección por esta excepcional senda. 4.1. En primer lugar, nótese que, el apoderado del aquí actor, demandante en el proceso cuestión, frente a la

incurrió en un exceso ritual manifiesto susceptible de corrección por esta excepcional senda. 4.1. En primer lugar, nótese que, el apoderado del aquí actor, demandante en el proceso cuestión, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá en audiencia el 7 de febrero de 2022 expuso oralmente los reparos contra la misma 2 y luego, los complementó mediante escrito que allegó a ese despacho el día 10 del mismo mes3. Sin embargo, la corporación convocada declaró la deserción de la apelación propuesta, desconociendo que el mandatario del actor cumplió con la carga de sustentarla, aun cuando lo hizo con anterioridad a los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto que admitió dicho recurso, el 17 de marzo de 2022, lo cual truncó su derecho a la doble instancia. 2 Registro audiovisual audiencia 7 de febrero de 2022. Minuto 53:20 a 01:15:54. 3 Archivo digitalizado 019C1Folios523AL549.pdf – Págs. 19 a 22. 9Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

Al respecto, lo que concernía dilucidar a la colegiatura era si la referida intervención, esto es, la formulada oralmente en la diligencia en que se emitió el veredicto recriminado, como la plasmada por escrito, satisfacían las exigencias del canon 322 (numeral 3º, inciso 3º) del Código General del Proceso , esto es, si la parte recurrente expresó

recriminado, como la plasmada por escrito, satisfacían las exigencias del canon 322 (numeral 3º, inciso 3º) del Código General del Proceso , esto es, si la parte recurrente expresó «las razones de su inconformidad con la providencia apelada », como en efecto se aprecia del registro magnetofónico de la audiencia del 7 de febrero, y del memorial contentivo de la complementación de la alzada (radicado el 10 de febrero de 2022), pero no exigir una sustentación por escrito adicional, que supliera la exposición oral obligatoria en el estatuto procedimental. 4.2. De esta forma, el yerro en cuestión –y con ello la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por ver frustrada la segunda instancia– se configura cuando el juez « (i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas» (CC T-031/16), también, cuando « por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia

aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial» (CC T-234/17). 10Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

Cabe recordar que este defecto de procedibilidad está íntimamente ligado a lo previsto en el artículo 11 del Código General del Proceso, referido a la interpretación y aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial, donde se establece que « el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial», aunado a que las posibles dudas que surjan «deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales». 4.3. Así las cosas, se impone conceder el ruego constitucional, porque la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Unitaria Civil (del 4 de abril de 2022, que declaró desierto el recurso de apelación formulado) evidencia un exceso ritual manifiesto en los términos ya indicados, razón por la cual se ordenará dejar sin valor ni efecto la providencia cuestionada y la actuación subsiguiente a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo.

5. Conclusión.

providencia cuestionada y la actuación subsiguiente a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo.

5. Conclusión.

Se advierte configurada la vía de hecho y la consecuente vulneración al debido proceso por defecto procedimental – exceso ritual manifiesto ; dado que la colegiada acusada, teniendo suficientes elementos a su alcance para resolver el mérito de la discusión, los obvió y en 11Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

su lugar, dio primacía a las formas de la sustentación del recurso de apelación sobre el derecho sustancial. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales de Carlos Augusto Barrera Mosquera.

SEGUNDO: DECLARAR sin valor ni efecto los proveídos de 4 de abril y 12 de mayo de 2022, proferidos en el proceso de pertenencia nº 2016-00667, mediante los cuales la Sala Civil (unitaria) del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró desierto el recurso de apelación y resolvió el recurso de reposición, respectivamente, así como las decisiones que de aquéllos se desprendan.

TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el término de cinco (5) días, contados a partir de la

recurso de reposición, respectivamente, así como las decisiones que de aquéllos se desprendan.

TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el trámite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: COMUNICAR lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes

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diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Presidente de Sala Con Salvamento de Voto

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Con Salvamento de Voto

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

13Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

SALVAMENTO DE VOTO

MAGISTRADA HILDA GONZÁLEZ NEIRA Radicación n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

Con el acostumbrado respeto por los demás integrantes de esta Corporación, a continuación, expreso los motivos de mi discrepancia con la solución adoptada. La Sala mayoritaria concedió la tutela invocada por Carlos Augusto Barrera Mosquera contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En

mi discrepancia con la solución adoptada. La Sala mayoritaria concedió la tutela invocada por Carlos Augusto Barrera Mosquera contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En consecuencia, tras dejar sin efecto los proveídos de 4 de abril y 12 de mayo de 2022, mediante los cuales la Magistratura accionada declaró desierto el recurso de apelación y resolvió el de reposición, respectivamente, así como las decisiones que de aquéllos se desprendieran, le ordenó que «en el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el trámite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia», en el proceso de pertenencia nº 2016-00667. Para llegar a dicha determinación, afirmó que, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, «el trámite de la segunda instancia estará regido por la escrituralidad, y no, como ocurre en el régimen de oralidad propio del Código General del Proceso». 14Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

Luego, con apoyo en precedente de esta Corporación sobre la materia (STC5790-2021, 24 may.), sostuvo que, aunque se discrepe la pretemporaneidad en la sustentación del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que señala el canon del citado decreto, no se puede desconocer que esa argumentación cumple con la carga de

del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que señala el canon del citado decreto, no se puede desconocer que esa argumentación cumple con la carga de sustentar la apelación, por lo tanto, resulta desproporcionado que se imponga como sanción la deserción del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la pérdida del derecho constitucional a impugnar la decisión que concluyó la primera instancia. Coligió, entonces, que en el sub lite , el Tribunal querellado incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto, «teniendo suficientes elementos a su alcance para resolver el mérito de la discusión, los obvió y en su lugar, dio primacía a las formas de la sustentación del recurso de apelación por sobre el derecho sustancial». No comparto la resolución, principalmente, porque la guarda no debió concederse en tanto creo que el Tribunal Superior de Bogotá no incurrió en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales reclamados por el tutelante. Son mis razones las siguientes: 1.- Conforme con los arts. 322 y 327 del CGP, la tramitación del recurso de apelación contra providencias judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de 15Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

primera instancia - interposición y reparos - y, otro ante el de segunda - admisión, sustentación y decisión -.

15Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

primera instancia - interposición y reparos - y, otro ante el de segunda - admisión, sustentación y decisión -. Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su artículo 14 no estableció modificación alguna mientras que, para el siguiente sí, respecto de la sustentación, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los “reparos” expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez “ ejecutoriado el auto que admite la apelación”, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que «evitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administración de justicia a los despachos judiciales y notarías y, de esta forma, proteger su salud», también permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la resolución apelada y, las consecuencias de su desatención además que no han variado, no se extendieron a la obligación misma de «sustentar la apelación» ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepción al principio de oralidad en la administración de justicia, admitió que, para dicho propósito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. 16Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

justicia, admitió que, para dicho propósito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. 16Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

Tampoco exoneró del deber de «sustentar» dentro del término allí previsto, esto es, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserción y, por ende, por su propia omisión, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretación, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisión. Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, también integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a “ todas las actuaciones ” del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este “debe adelantarse en la forma establecida en la ley ”–arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusión, “ fundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, asi como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse”(Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. 2.- Con independencia de la extensión de los reparos –

procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse”(Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. 2.- Con independencia de la extensión de los reparos – breves o extensos – no puede equipararse la expresión de las inconformidades – discrepancia o con qué no está de acuerdo - con los argumentos que las soportan – por qué discrepa o no está de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y éstos ante el ad quem. Así lo dispone el legislador ahora de 17Rad. n° 11001-02-03-000-2022-02167-00

manera clara – art. 14 D. 806 de 2020-, se consideró constitucional antes – SU 418 de 2019 –, previó el legislador antes de la ley 1564 de 2012 – art. 360 C.P.C – y, esta Corporación con fundamento en esta norma, estimó como el momento para fundamentar la alzada – v. gr. SC 4855 de 2014, STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. 3.- Tampoco se trata de cumplimiento anticipado de la carga de sustentación si atendemos que el legislador previó la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatención. Por lo tanto, podría aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realización, esto es, durante el trámite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia.

Conclusión: Estoy convencida que el amparo solicitado

juez competente antes del momento previsto legalmente para su realización, esto es, durante el trámi