CSJ - STL11438-2025

SCLAJPT-11 V.00

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente

STL11438-2025 Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00 Acta 25

Bogotá, D. C., dieciséis (16 ) de julio de dos mil veinticinco (2025).

La Sala resuelv e la acción de tutela presentad a por JHONNY FREDY CASTAÑO contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Décimo de Oralidad del Circuito de Cali y todas las partes e intervinientes dentro de la acción de habeas corpus con radicado n.° 76001 -33-33-010-202500162-01, por tener interés en la presente acción.

I. ANTECEDENTES

El convocante promovió acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al habeas data, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00

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Como sustento de lo anterior, indicó que interpuso una acción de h ábeas corpus en calidad de agente oficioso de Mercedes Mosquera Arévalo y José Williams Ángulo Bolaños, quienes habían sido condenados en el proceso penal N° 76109-60-00-163-2010-00837-00. El objetivo de la acción era la protección de los derechos fundamentales de «defensa» y libertad de sus representados, bajo el argumento de que, al momento de emitirse la sentencia condenatoria de segunda

76109-60-00-163-2010-00837-00. El objetivo de la acción era la protección de los derechos fundamentales de «defensa» y libertad de sus representados, bajo el argumento de que, al momento de emitirse la sentencia condenatoria de segunda instancia en contra de los mencionados, la acción pe nal ya se encontraba prescrita.

Señaló que al asunto se le asignó el radicado 202500162 y le correspondió, para su conocimiento en primera instancia, al Juzgado Décimo de Oralidad del Circuito de Cali, autoridad que, mediante auto de 21 de junio de 2025 , denegó por improcedente la acción al considerar que «no se demostró que los accionantes se encuentren privados de la libertad, pese a la existencia de sentencias condenatorias y no se cumple con el requisito de subsidiariedad».

Aseveró que, al encontrarse en desacuerdo, impugnó la anterior determinación, de modo que el 24 de junio del año en curso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali emitió decisión de segunda instancia en la que confirmó la decisión primigenia.

Aseveró que el cuerpo colegiado cometió «errores sustanciales en la identificación y registros de datos personales utilizados en procesos judiciales», pues confundió su nombre con el de otra persona.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00

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Puntualizó que:

[…] Estos despachos han adoptado decisiones judiciales de fondo basándose en información y propuestas defensivas que identificaban al Sr. Jhonny Fredy Castaño Mosquera sin número

Puntualizó que:

[…] Estos despachos han adoptado decisiones judiciales de fondo basándose en información y propuestas defensivas que identificaban al Sr. Jhonny Fredy Castaño Mosquera sin número de identificación como la misma persona del accionante, basada únicamente en aleg aciones y sin la verificación de la identidad real mediante las fuentes oficiales, específicamente la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Además, arguyó que ello «refleja imparcialidad» del accionado y una omisión grave, «pues favorecieron una situación irregular y confundieron la identidad del ciudadano», afectando sus derechos fundamentales.

En consecuencia, pidió que se ordene al accionado:

[…] rectifiquen sus decisiones en sede constitucional, y específicamente, que se ordene la eliminación del nombre de Jhonny Fredy Castaño Mosquera sin número de identificación en los registros y sentencias, y se haga referencia exclusiva al ciudadano Jhonn y Fredy Castaño, identificado con cédula de ciudadanía (…), expedida en Yumbo, Valle, e hijo de Edilma Castaño Gil, viuda de Patiño, de acuerdo con la información oficial y verificable que da la autoridad competente la Registraduría Nacional del Estado Civil.

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

La acción constitucional fue radicada inicialmente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali , autoridad que remitió las diligencias a esta Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, pues estimó que esta magistratura era la competente.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00

remitió las diligencias a esta Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, pues estimó que esta magistratura era la competente.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00

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Por proveído de 9 de julio de 2025, conforme al artículo 29 de la Constitución Política y a las reglas establecidas en el Decreto 333 de 2021, se escindió la acción para remitirla a otros despachos competentes, a saber:

1. Como se efectuaron reparos contra el Juzgado 10° Administrativo de Oralidad de Cali , se remitió el asunto a l Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo previsto en el numeral 5° del artículo 1° del Decreto 333 de

2021.

1. En igual sentido, en virtud de la normativa citada, por haber disensos contra el Juzgado 3° Civil Municipal de Jamundí1 se envió el asunto a la Sala Civil del Tribunal

Superior de Cali.

1. También, conforme el canon referenciado párrafos arriba, el accionante presentó reproches contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali se mandó el libelo a la Sala de Casación Civil de la

Corte Suprema de Justicia.

1. Por otro lado , el accionante formuló reparos contra el proceso penal 76109600016320100083700 , en el que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió la decisión que resolvió el asunto, y conforme al numeral 5° del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, se procedió a enviar el expediente

Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió la decisión que resolvió el asunto, y conforme al numeral 5° del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, se procedió a enviar el expediente

1 El trámite que se censura puede extenderse a su superior jerárquico, esto es, un juzgado civil del circuito.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00 SCLAJPT-11 V.00 5 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento.

1. De otra mano, en la demanda se cuestionaron actuaciones de las Salas de Casación Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que conforme a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, en concordancia con el artículo 44 del reglamento interno de esta Corte, se envió el trámite al reparto de la Sala Plena de esta Corporación.

Finalmente, en el mencionado auto se admitió la acción de tutela respecto de la censura formulada contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. En consecuencia, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y vincular a las partes e intervinientes en el proceso censurado, a fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, luego de resumir las actuaciones surtidas en el trámite de habeas corpus de radicado No. 2025-00162, señaló que no ha vulnerado los derechos alegados por el accionante, toda vez que la falencia denunciada no se vislumbra en la sentencia

corpus de radicado No. 2025-00162, señaló que no ha vulnerado los derechos alegados por el accionante, toda vez que la falencia denunciada no se vislumbra en la sentencia que profirió el 24 de junio de 2025 y remitió el enlace electrónico del expediente.

La Coordinación del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Bogotá indicó que no era competente para dar contestación a la acción de tutela, pues «según loRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00 SCLAJPT-11 V.00 6 señalado en la documentación adjunta, no se evidencia la vinculación de esta sede administrativa dentro de la presente acción constitucional».

Dentro del término de traslado no se allegó otro pronunciamiento.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, «la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad» o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley.

Esta Corte ha considerado de tiempo atrás que la acción de tutela se instituyó en la Carta Política de 1991 para la protección de los derechos fundamentales y, al desarrollarse tal prerrogativa en el Decreto 2591 de 1991, dispuso, en su artículo 6°, las ca usales por las cuales sería improcedente,

protección de los derechos fundamentales y, al desarrollarse tal prerrogativa en el Decreto 2591 de 1991, dispuso, en su artículo 6°, las ca usales por las cuales sería improcedente, entre ellas, que exista recurso o medio de defensa judicial, salvo cuando se utilice para evitar un perjuicio irremediable.

La teleología de dicho compendio normativo no fue otra que la de equilibrar la discusión jurídica entre la viabilidad de la acción de tutela y la existencia de instrumentos idóneos, puesto que los procedimientos, en cada una de lasRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00 SCLAJPT-11 V.00 7 disciplinas del Derecho, tienen como finalidad otorgar la salvaguarda a los interesados para exponer sus argumentos, y definirlos con arreglo a las leyes y a la Constitución Política; en otras palabras, ese carácter supletorio o residual obedece específicamente a la necesidad de preservar las competencias jurisdiccionales y la organización procesal, en consonancia con los principios constitucionales de independencia y autonomía de la actividad judicial, escenarios en los que tiene cabida igualmente la salvaguarda de derechos de naturaleza constitucional, inclusive los denominados fundamentales, como quiera que uno de los fines esenciales del estado es «garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución» (Art. 2° CP).

De esa forma, pues así lo ha decantado esta Sala en innumerables oportunidades, se hace necesario que previa la interposición de la acción de tutela, las partes agoten las herramientas con las que cuentan para obtener la protección

De esa forma, pues así lo ha decantado esta Sala en innumerables oportunidades, se hace necesario que previa la interposición de la acción de tutela, las partes agoten las herramientas con las que cuentan para obtener la protección de sus derechos y, luego de ello, eso sí, si estiman que persiste la vulneración, expongan la controversia ante el juez constitucional para que la decida.

De ahí que el uso de la acción constitucional sea excepcional y deba ser analizado de conformidad con las circunstancias particulares que rodean cada caso, dado que la exigencia de la subsidiariedad se disolverá, únicamente, cuando el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidasRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00 SCLAJPT-11 V.00 8 inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción correspondiente.

Las anteriores premisas son relevantes para resolver esta controversia, pues lo pret endido por el convocante es que se ordene a Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali corregir la información que lo identifica como accionante del trámite de hábeas corpus con radicado n.° 2025-00162.

Al respecto , advierte la Sala que de las pruebas aportadas al plenario no es posible evidenciar que el convocante hubiera solicitado directamente ante la accionada la rectificación pretendida, con fundamento en las razones que expone en esta acción de tutela.

Sumado a lo anterior, verificado el expediente digital del

aportadas al plenario no es posible evidenciar que el convocante hubiera solicitado directamente ante la accionada la rectificación pretendida, con fundamento en las razones que expone en esta acción de tutela.

Sumado a lo anterior, verificado el expediente digital del proceso cuestionado, no obra alguna constancia relacionada con alguna solicitud pendiente por resolverse.

Así las cosas, es clara la equivocación del peticionario al promover su pretensión por esta ruta, pues, en múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha reiterado que no es viable el ejercicio de la acción cuando se pretermiten los procedimientos que las leyes han consagrado.

Además, recuérdese que e n eventos como este la jurisprudencia constitucional ha indicado que la tutela solamente puede prosperar ante la probada vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pues el juez debeRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00 SCLAJPT-11 V.00 9 contar con la totalidad de los elementos de juicio que le permitan concluir si se produjo o no el atropello del que se queja el demandante (CC T–010 de 1998, reiterada entre muchas otras en la CC T–329 de 2011).

En consecuencia, ante la ausencia de una evidencia siquiera sumaria respecto de la presentación de la solicitud por parte del actor, no es posible conceder el amparo pretendido.

Además, se advierte que no está demostrado un perjuicio actual e inminente que permita al juez de tutela tomar alguna medida excepcional y especialísima, si se tiene en cuenta que dicho perjuicio se genera en la medida que se

pretendido.

Además, se advierte que no está demostrado un perjuicio actual e inminente que permita al juez de tutela tomar alguna medida excepcional y especialísima, si se tiene en cuenta que dicho perjuicio se genera en la medida que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, porque el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad, porque las medidas que se requieren para conjurar dicho perjuicio sean urgentes y porque la protección sea impostergable a fin d e garantizar que sea adecuada para restablecer los derechos transgredidos, características que no fueron acreditadas en este caso.

Tales consideraciones resultan suficientes para declarar la improcedencia de la protección reclamada.

IV. DECISIÓNRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01492-00

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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de

1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA Presidenta de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADORVICTOR JULIO USME PEREA

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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