CSJ - STL16903-2025

SCLAJPT-12 V.00

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA Magistrada ponente

STL16903-2025 Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00 Acta 34

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Teniendo en cuenta la ausencia justificada del magistrado ponente del presente asunto, la presidenta de la Sala asume el conocimiento de este, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.12 del artículo 4.° del Acuerdo 48 de 16 de noviembre de 2016, por medio del cual se adoptó el Reglame nto de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Establecido lo anterior, la Sala se pronuncia, en primera instancia, sobre la acción de tutela que JHULIANA SÁNCHEZ VALENCIA , HUBERT MAURICIO GÓMEZ SÁNCHEZ y EDUARD GUILLERMO GÓMEZ VALDÉS interpusieron contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI , trámite alRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00 SCLAJPT-12 V.00 2 que se vinculó a las partes, así como a todos los intervinientes en el proceso objeto de amparo.

I. ANTECEDENTES

Los tutelantes Jhuliana Sánchez Valencia, Hubert Mauricio Gómez Sánchez y Eduard Guillermo Gómez Valdés presentaron acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y

Los tutelantes Jhuliana Sánchez Valencia, Hubert Mauricio Gómez Sánchez y Eduard Guillermo Gómez Valdés presentaron acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y «seguridad jurídica », presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

En lo que interesa al presente trámite constitucional y de la documental obrante en el plenario, se advierte que los accionantes iniciaron proceso ordinario laboral contra Reckitt Benckiser Colombia SA y Acciones y Servicios SA.

El asunto se asignó por reparto al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, autoridad que, en sentencia de 15 de abril de 2016, resolvió:

1.DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES propuestas en forma oportuna por las empresas demandadas.

2. DECLARAR, en virtud del principio constitucional de la primacía de la realidad, la EXISTEN CIA DE CONTRATOS DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO, existentes entre la empresa RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., en calidad de empleadora, y los trabajadores demandantes JHULIANA S[Á]NCHEZ VALENCIA desde el 11 de enero de 2011, HUBERT MAURICIO GÓMEZ S[Á]NCHEZ, desde el 11 de octubre de 2011, y EDUARD GUILLERMO GÓMEZ VALD [É]S, desde el 05 de febrero de 2006.

3. DECLARAR LA NULIDAD DEL DESPIDO de los demandantes JHULIANA S [Á]NHEZ VALENCIA, efectuado a partir del 26 de

febrero de 2006.

3. DECLARAR LA NULIDAD DEL DESPIDO de los demandantes JHULIANA S [Á]NHEZ VALENCIA, efectuado a partir del 26 de marzo de 2013, y de HUBERT MAURICIO GÓM EZ SÁNCHEZ yRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00

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EDUARD GUILLERMO GÓMEZ VALDÉS, efectuados a partir del 28 de diciembre de 2012.

4. DECLARAR, el RESTABLECIMIENTO DEL VÍNCULO LABORAL de los demandantes JHULIANA SÁNCHEZ VALENCIA, a partir del 26 de marzo de 2013, y de HUBERT MAURICIO GÓ MEZ SÁNCHEZ y EDUARD GUILLERMO GÓMEZ VALDÉS, a partir del 28 de diciembre de 2012, con la empresa RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. en los cargos de operario que ocupaban para esas fechas, o en uno de igual o superior jerarquía, sin solución de continuidad.

5. CONDENAR a la sociedad RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., representada legalmente por el señor CARLOS ARTURO PABON TOB[Ó]N, o por quien haga sus veces y solidariamente a la sociedad ACCIONES Y SERVICIOS S.A., representada legalmente por la señora MAR[Í]A IRENZA C[Á]RDENAS P[É]REZ, o por quien haga sus veces, al pago de todos los salarios dejados de cancelar a los demandantes JHULIANA S [Á]NCHEZ

legalmente por la señora MAR[Í]A IRENZA C[Á]RDENAS P[É]REZ, o por quien haga sus veces, al pago de todos los salarios dejados de cancelar a los demandantes JHULIANA S [Á]NCHEZ VALENCIA, a partir del 26 de marzo de 2013, y a HUBERT MAURICIO GÓMEZ SÁNCHEZ y EDUARD GUILLERMO GÓMEZ VALDÉS, a partir del 28 de diciembre de 2012, con los correspondientes aumentos legales y convencionales, conforme a los salarios devengados en el cargo de operarios, o en otros de igual o superior jerarquía, por el personal de planta q ue desempeñaba las mismas o similares funciones de los demandantes en la sociedad RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., así como el pago de todas las prestaciones sociales legales y convencionales, hasta el momento efectivo del restablecimiento del vínculo labo ral a los demandantes, sumas de dinero que deberán ser debidamente indexadas al momento de su pago efectivo. (Negrilla para resaltar).

6. CONDENAR a la sociedad RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., representada legalmente por el señor CARLOS ARTURO PABON TOB[Ó]N, o por quien haga sus veces y solidariamente a la sociedad ACCIONES Y SERVICIOS S.A., representada legalmente por la señora MAR[Í]A IRENZA C[Á]RDENAS P[É]REZ, o por quien haga sus veces, al PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSI[Ó]N Y RIESGOS LABORALES, a favor de los demandantes JHULIANA

o por quien haga sus veces, al PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSI[Ó]N Y RIESGOS LABORALES, a favor de los demandantes JHULIANA S[Á]NCHEZ VALENCIA, a partir del 26 de marzo de 2013, y de HUBERT MAURICIO GÓMEZ SÁNCHEZ y EDUARD GUILLERMO GÓMEZ VALDÉS, a partir del 28 de diciembre de 2012, que deberán ser consignados e n las entidades de seguridad social a las cuales se encuentren afiliados, con los intereses a que haya lugar, en las misma proporción de los aportes efectuados para los mismos cargos de operarios, del personal de planta que desempeñan las mismas o similare s funciones de los demandantes.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00

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7. ORDENAR a la sociedad RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., representada legalmente por el señor CARLOS ARTURO PABON TOB[Ó]N, o por quien haga sus veces y solidariamente a la sociedad ACCIONES Y SERVICIOS S.A., representada legalmente por la señora MAR[Í]A IRENZA C[Á]RDENAS P[É]REZ, o por quien haga sus veces, que el monto de todos los salarios dejados de cancelar y que ahora se ordena pagar a los demandantes JHULIANA S[Á]NCHEZ VALENCIA, a partir del 26 de marzo de 2013, HUBERT MAURICIO GÓMEZ S [Á]NCHEZ y EDUARD GUILLERMO GÓMEZ VALDÉS, a partir del 28 de

de marzo de 2013, HUBERT MAURICIO GÓMEZ S [Á]NCHEZ y EDUARD GUILLERMO GÓMEZ VALDÉS, a partir del 28 de diciembre de 2012, descuenten con destino al Sindicato SINTRAQUIM, las CUOTAS SINDICALES autorizadas por los demandantes.

8. COSTAS a cargo de la parte vencida en el proceso. Tásense por la Secretaría de Juzgado. F[Í]JESE la suma de $5.515.640 en que este Despacho estima las AGENCIAS EN DERECHO a cargo de las demandadas, a razón de un 50% cada una de ellas y a favor de los demandantes, en cuantía de $1.838.546,67, para cada uno.

En providencia de 23 de marzo de 2017, la Sala Laboral de Tribunal Superior de Cali confirmó la primera instancia.

En el proceso ejecutivo iniciado a continuación, el juzgado libró mandamiento de pago el 19 de diciembre de 2018 y, luego de varias actuaciones, en auto de 27 de agosto de 2021, decidió:

1°.-DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN propuesta por la ejecutada, por intermedio de apoderado judicial, la cual denominó “PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION”, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de esta providencia.

2°.- DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES, formuladas por la ejecutada RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., por intermedio de apoderado judicial, las cuales denominó “COMPENSACION Y PRESCRIPCIÓN” conforme a lo expresado en la parte motiva de este proveído.

por la ejecutada RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., por intermedio de apoderado judicial, las cuales denominó “COMPENSACION Y PRESCRIPCIÓN” conforme a lo expresado en la parte motiva de este proveído.

3°.- COSTAS a cargo de la parte ejecutante y a favor de la accionada.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00 SCLAJPT-12 V.00 5 4°.- Por la Secretaría del Juzgado, EFECTÚESE la liquidación de costas del presente proceso ejecutivo, al tenor de lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

5°.- FÍJESE la suma de $908.526, por concepto de AGENCIAS EN DERECHO, a cargo de los ejecutantes, distribuida en partes iguales. a fin de que sea incluida en la liquidación de costas, que se ordena sea efectuada por la Secretaría.

6°.- ORDÉNASE DEVOLVER a la ejecutada RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., el título judicial por valor de $204.355.430.

7°.- ORDENAR el levantamiento de la totalidad de las medidas previas decretadas dentro de la presente acción ejecutiva.

8°.- LÍBRENSE las comunicaciones respectivas.

Inconformes con la anterior decisión, los hoy convocantes interpusieron recurso de apelación, el cual fue desatado el 25 de n oviembre de 2024 por el tribunal accionado, en los siguientes términos:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del auto No 011 del 27 de agosto de 2021, emitido por el Juzgado Noveno Laboral del

accionado, en los siguientes términos:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero del auto No 011 del 27 de agosto de 2021, emitido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, para en su lugar declarar parcialmente probada la excepción de pago de la obligación.

SEGUNDO: Ordenar seguir adelante la ejecución únicamente por el reajuste del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos laborales, respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 15 de junio de 2017, y en favor de los señores Jhuliana Sánchez Valencia, Hubert Mauricio Gámez Sánchez y Eduard Guillermo Gómez Valdés. Para todos los efectos deber [sic] entenderse que el Salario Base de liquidación que correspondió para liquidar los aportes al SGSS de dicho periodo del año 2017 es $926.082. Por tanto, deber· realizarse el pago de la diferencia no cancelada.

TERCERO: REVOCAR el numeral SEXTO del auto apelado.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás el auto apelado.

QUINTO: Sin costas en esta instancia.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00

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Los promotores propusieron «incidente de nulidad constitucional» contra la anterior determinación, mismo que fue resuelto negativamente por el Tribunal, en proveído de 17 de junio de 2025.

En sede de tutela, los accionantes cuestionan las decisiones de 25 de noviembre de 2024 y 17 de junio de 2025, al considerarlas lesivas de sus garantías superiores

de junio de 2025.

En sede de tutela, los accionantes cuestionan las decisiones de 25 de noviembre de 2024 y 17 de junio de 2025, al considerarlas lesivas de sus garantías superiores invocadas, pues, a su juicio, el juez plural modificó lo s términos de la sentencia que prestó mérito ejecutivo, toda vez que liquidó los créditos adeudados tomando como base un salario inicial inferior, es decir, el que devenga ban cuando estaban vinculados por la empresa temporal, pese a que lo correcto era liquidar los salarios y prestaciones sociales, basándose en los salarios que devengaban los trabajadores directos de la empresa Reckitt Benckiser Colombia SA.

Reprochan que no se haya accedido a la nulidad, en la medida en que, en línea con lo anterior, se encuentra configurado «con claridad el error en el que incurrió esta honorable Sala Laboral».

Por tanto, pide n que se acceda a la protección constitucional rogada y, en consecuencia, se dejen sin efecto las providencias emitidas por el tribunal convocado en calendas 25 de noviembre de 2024 y 17 de junio de 2025, al interior del proceso ejecutivo con radicado n.º

76001310500920180073203. En su lugar, se le ordene proferir pronunciamiento de remplazo en que liquide lasRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00

SCLAJPT-12 V.00 7 acreencias laborales de conformidad con lo ordenado en la sentencia original.

La tutela se radicó el 2 de septiembre de 2025 y esta Sala de la Corte la admitió en auto de 8 siguiente;

acreencias laborales de conformidad con lo ordenado en la sentencia original.

La tutela se radicó el 2 de septiembre de 2025 y esta Sala de la Corte la admitió en auto de 8 siguiente; oportunidad en la que ordenó notificar a l a autoridad accionada y vincular a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso que originó el reclamo, para que ejercieran sus derechos de contradicción y defensa.

En el término concedido, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali realizó un recuento de las actuaciones desplegadas dentro del proceso objeto de resguardo, defendiendo la legalidad de las mismas, en la medida que no fueron arbitrarias o irrazonables y, por el contrario, se fundamentaron en análisis razonable frente al material probatorio. A su vez, anexó enlace de acceso al expediente con radicado 76001310500920180073203.

II. CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con el fin de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, si estima que una autoridad o un particular los ha vulnerado.

Ahora bien, la interposición del instrumento de resguardo en cita no está revestida de formalidades concretas; no obstante, en sentencia CC-590-2005, reiteradaRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00 SCLAJPT-12 V.00 8 en la CC T -206A-2018, entre muchas otras, la Corte Constitucional indicó que el accionante debe cumplir unos requisitos generales de procedibilid ad, a saber: (i) la

SCLAJPT-12 V.00 8 en la CC T -206A-2018, entre muchas otras, la Corte Constitucional indicó que el accionante debe cumplir unos requisitos generales de procedibilid ad, a saber: (i) la legitimación en la causa por activa, (ii) la legitimación en la causa por pasiva, (iii) la trascendencia ius fundamental del asunto, (iv) la inmediatez o ejercicio oportuno del mecanismo de amparo y (iv) la subsidiariedad.

En las mismas decisiones, el Tribunal Constitucional indicó que la acción de tutela contra providencias judiciales es procedente, siempre que se acredite que, además de los requisitos anteriores, la decisión que reprocha contiene, por lo menos, uno de los siguientes vicios: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la Constitución.

De conformidad con los antecedentes previamente mencionados y por orden metodológico, como problema jurídico la Sala establecerá si es viable quebrantar, por esta vía tuitiva: (i) el auto de 25 de noviembre de 2024, proferido por el Tribuna l convocado, mediante el cual declaró parcialmente probada la excepción de pago de la obligación y (ii) el proveído de 17 de junio de 2025, que negó la nulidad propuesta contra el auto de 25 de noviembre de 2024, dentro del juicio ejecutivo laboral a conti nuación del ordinario

y (ii) el proveído de 17 de junio de 2025, que negó la nulidad propuesta contra el auto de 25 de noviembre de 2024, dentro del juicio ejecutivo laboral a conti nuación del ordinario instaurado contra Reckitt Benckiser Colombia SA con radicado 76001310500920180073203.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00

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Por tanto, se procede a resolver en dicho orden:

Providencia de 25 de noviembre de 2024

Pues bien, en cuanto a esta decisión, resulta evidente que se quebrantó el requisito de inmediatez analizado, dado que entre la fecha en que el Tribunal accionado la profirió - 25 de noviembre de 2024, notificada por al día siguientey la data en la que se instauró la acción de amparo constitucional, esto es, 2 de septiembre de 2025, transcurrió un lapso superior al de seis (6) meses que la jurisprudencia constitucional considera razonable para acudir a este mecanismo, sin que, por otra parte, se hayan presentado razones atendibles que justifiquen dicha tardanz a, en los términos de la sentencia CC T-033-2010.

Auto de 17 de junio de 2025

Respecto a este proveído, se advierte que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad señalados en líneas atrás, toda vez que entre la fecha en que se profirió la decisión censurada y la interposición de esta tutela, transcurrieron menos de seis (6) meses; además, contra dicha decisión no procedía recurso alguno.

Claro lo anterior, se analiza la determinación

decisión censurada y la interposición de esta tutela, transcurrieron menos de seis (6) meses; además, contra dicha decisión no procedía recurso alguno.

Claro lo anterior, se analiza la determinación reprochada, con el fin de establecer si de su contenido se extrae la transgresión alegada por los actores.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00

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En esa dirección, se reitera que los hoy promotores adelantaron proceso ejecutivo a continuación de ordinario laboral, para lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 23 de marzo de 201, en la que se confirmó la orden a las demandadas de reintegrar y el pago de salarios, prestaciones y aportes.

Luego de librado el mandamiento de pago, la parte ejecutada propuso excepc iones, ante lo cual el juzgado declaró probada la de pago total de la obligación y posteriormente, el tribunal revocó parcialmente tal decisión, declarando probada dicha excepción, pero de manera parcial. En el proveído en cuestión, esto es, el de 25 de noviembre de 2024, el colegiado liquidó los créditos adeudados a los demandantes.

En ese orden, consideraron los hoy accionantes que se incurrió en una nulidad constitucional, razón por la que radicaron incidente de nulidad, alegando que se modificaron los términos de una sentencia previa que ya se encontraba en firme y con carácter de cosa juzgada.

La Sala Laboral del Tribunal de Cali para resolver lo

radicaron incidente de nulidad, alegando que se modificaron los términos de una sentencia previa que ya se encontraba en firme y con carácter de cosa juzgada.

La Sala Laboral del Tribunal de Cali para resolver lo anterior, comenzó indicando que a declaratoria de nulidad es restrictiva y que, por tanto, está suj eta a las causales taxativamente señaladas en el artículo 133 del Código General del Proceso.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00

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Seguidamente, explicó que existen excepciones frente a determinadas irregularidades que vulneran de manera sustancial el debido proceso, «lo que permite aplicar directamente la nulidad por violación directa del artículo 29 de la Constitución Política, como es el caso de las pruebas obtenidas con violación al debido proceso».

En ese orden, indicó que la parte incidentalista «ni siquiera enunció la causal de nulidad por la cual prom[ovía] el incidente» y si bien expresó la vulneración al debido proceso, lo cierto es que su inconformidad t uvo que ver con el fondo del asunto, lo c ual no se ajusta ba a las causales del mencionado artículo 133, por lo que coligió que «lo pretendido e[ra] revivir el debate de fondo que fue resuelto en el auto No. 119 del 25 de noviembre de 2024, sobre lo cual no puede volverse mediante un incidente de nulidad».

Así las cosas, al analizar la decisión cuestionada, la Sala extrae que las con clusiones adoptadas por la autoridad convocada, sobre los aspectos que le fueron propuestos, lejos de fundamentarse en argumentos caprichosos o carentes de

Así las cosas, al analizar la decisión cuestionada, la Sala extrae que las con clusiones adoptadas por la autoridad convocada, sobre los aspectos que le fueron propuestos, lejos de fundamentarse en argumentos caprichosos o carentes de fundamento, se cifró en conclusiones plausibles, que en manera alguna se erigen en un desafuero susc eptible de corrección por esta vía tuitiva, pues aplicó las normas que regían el asunto, las interpretó adecuadamente al discurrir procesal acreditado y construyó una decisión que consulta reglas mínimas de razonabilidad.

De esta manera, al descartarse en la providencia censurada un desafuero evidente, no puede el juez de tutelaRadicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00 SCLAJPT-12 V.00 12 inmiscuirse, so pretexto de tener un criterio diferente, en desmedro de los principios de autonomía e independencia judicial, pues quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto es el juez natural y su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten desviaciones protuberantes que, como se dejó plasmado, en este caso no acontecen, pues lo que se evidencia es una disparidad de criterio entr e lo resuelto por el fallador accionado y lo pretendido por la parte accionante , quien busca mediante este mecanismo excepcional reabrir un debate que está clausurado en tanto fue definido por el juez natural en la instancia adecuada, quien se resalta aten dió los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

En el anterior contexto, se negará el amparo constitucional solicitado.

natural en la instancia adecuada, quien se resalta aten dió los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

En el anterior contexto, se negará el amparo constitucional solicitado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-01951-00

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA Presidenta de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR No firma ausencia justificadaVÍCTOR JULIO USME PEREA

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR No firma ausencia justificadaVÍCTOR JULIO USME PEREA

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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