CSJ - STL596-2020

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada ponente STL596-2020 Radicación n.° 58436 Acta 2 Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020). La Sala resuelve en primera instancia, la acción de tutela presentada por LIRIA ADELAIDA GAMBOAO DE SIERRA contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral, que dio origen a la presente queja constitucional.

I. ANTECEDENTES IRIA ADELAIDA GAMBOAO DE SIERRA eleva acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la DIGNIDAD HUMANA , IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL y MÍNIMO VITAL , presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.Radicación n.° 58436

2 Para el efecto, y en lo que a este trámite interesa, manifiesta que promovió proceso ordinario laboral contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, a fin de que se condenara a la reliquidación de su mesada pensional de jubilación desde el 14 de mayo de 2003, con base en el 75% de los ingresos devengados. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que mediante sentencia de 19 de diciembre de 2007 accedió a las

base en el 75% de los ingresos devengados. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que mediante sentencia de 19 de diciembre de 2007 accedió a las pretensiones y ordenó el pago de la mesada pensional en valor de $1.256.435.05, «debiendo por consiguiente RELIQUIDAR las mesadas causadas junto con los reajustes anuales, así como las mesadas 13 y 14, y pagar las diferencias resultante sobre lo pagado a partir [del 14 de mayo de 2003] hasta su actualización », junto con los correspondientes intereses moratorios. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación. En fallo de 31 de julio de 2009, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá modificó la determinación del a quo, en el sentido de condenar a Caprecom a pagar: la pensión de jubilación o vejez, a la actora (sic) en la suma de quinientos sesenta y cinco mil un pesos ($565.001), a partir del 14 de mayo de 2003 y a reliquidar las mesadas causadas con los reajustes anuales, así como las mesadas 13 y 14 y a pagar las diferencias resultantes sobre lo pagado a partir de dicha fecha hasta su actualización. Alega que el juez colegiado desconoció el ingreso base de liquidación «que se debía tener en cuenta para elRadicación n.° 58436 3 reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme a los factores salariales».

de liquidación «que se debía tener en cuenta para elRadicación n.° 58436 3 reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme a los factores salariales». De conformidad con lo anterior , solicita el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia de 31 de julio de 2009 y, en su lugar, se mantenga la decisión de primera instancia. Mediante auto de 13 de enero de 2020, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la convocada y vincular a la UGPP, a las autoridades, partes y terceros intervinientes en el proceso ordinario laboral , a fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción a su favor. Dentro del término, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá remitió en calidad de préstamo el expediente contentivo del trámite cuestionado. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP sostuvo que el amparo irrogado resultaba improcedente como quiera que «lo pretendido por la parte accionante es sustituir una decisión judicial proferida por el juez natural de la causa». II.CONSIDERACIONES El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela anteRadicación n.° 58436 4 los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por

4 los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable. De modo que a partir de este postulado, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez según el cual, la acción de tutela, pese a no tener un término de caducidad expresamente señalado en la Constitución o en la ley, «procede dentro de un término razonable y proporcionado» contado a partir del momento en que se produce la vulneración o amenaza del derecho. Se justifica la exigencia de dicho término toda vez que con este se impide el uso de este mecanismo excepcional de manera indefinida en el tiempo y se garantizan los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica de toda providencia judicial. Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible atendiendo a razones que justifiquen la inactividad del actor para adelantar la acción de tutela o la debilidad manifiesta en la que se halle el accionante, tales como interdicción, incapacidad física, minoría de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales del petente. Así lo ha señalado la

debilidad manifiesta en la que se halle el accionante, tales como interdicción, incapacidad física, minoría de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales del petente. Así lo ha señalado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras enRadicación n.° 58436 5 sentencias, CC T 136-2007, CC T647-2008, CC T-743 de 2008 CC T867-2009, CC T-037-2013, CC T-033 de 2010, en esta última, estimó el colegiado: (…) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción, la Corte ha establecido los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.” Por consiguiente, debe estudiarse en cada caso particular, atendiendo los criterios antes reseñados, si la acción de tutela, pudiéndose ejercer, se presentó dentro de un término

interposición.” Por consiguiente, debe estudiarse en cada caso particular, atendiendo los criterios antes reseñados, si la acción de tutela, pudiéndose ejercer, se presentó dentro de un término razonablemente oportuno. Así, en algunos casos, seis (6) meses podrán resultar suficientes para declarar la tutela improcedente ; así como también, en otros, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependería de las particularidades del caso (…). No obstante lo expuesto, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional ha considerado que en los asuntos referentes a quejas ius fundamentales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues « la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente» CC T-594-2008, CC T-4102013 y CC T-206-2014. En el caso bajo estudio, se advierte que el término transcurrido entre los hechos que el promotor estima lesivosRadicación n.° 58436 6 de sus derechos fundamentales, contabilizados desde que se dictó la providencia -31 de julio de 2009y la interposición de la presente acción -18 de diciembre de 2019-, es de más de diez (10) años; luego, resulta extemporánea la presente acción y supera la temporalidad de seis (6) meses que ha considerado razonable la jurisprudencia de esta Sala, sin que

de la presente acción -18 de diciembre de 2019-, es de más de diez (10) años; luego, resulta extemporánea la presente acción y supera la temporalidad de seis (6) meses que ha considerado razonable la jurisprudencia de esta Sala, sin que se tenga por acreditada con las pruebas allegadas, la existencia de ninguna de las causas que ha señalado la Corte Constitucional como eximente del requisito de inmediatez ni de un motivo válido que justifique la inactividad del actor. Así las cosas, en este caso, resulta suficiente el periodo de 6 meses establecido por la jurisprudencia como prudencial para elevar el accionamiento, tiempo que no se cumplió y la actora -se iterano demostró una justificación atendible que le permita a la Sala flexibilizar este término, pues pese a que el tutelista considera que se les están vulnerando derechos fundamentales, ello no es óbice para, por vía de tutela, estudiar una decisión que se encuentra ejecutoriada y goza del principio de cosa juzgada. Ahora, aun cuando se procediera a aceptar cumplido el principio de inmediatez, ello no implicaría el éxito de la tutela, porque se evidencia que en este caso se desconoce el presupuesto de subsidiariedad, pues se advierte que si la accionante no se encontraba conforme con la sentencia de segunda instancia, lo propio debió ser que interpusiera el recurso de casación en su contra y no que guardara silencio al respecto, tal y como sucedió.Radicación n.° 58436 7 Lo anterior, por cuanto ese era el escenario indicado para abogar por las garantías constitucionales peticionadas,

recurso de casación en su contra y no que guardara silencio al respecto, tal y como sucedió.Radicación n.° 58436 7 Lo anterior, por cuanto ese era el escenario indicado para abogar por las garantías constitucionales peticionadas, máxime si se tiene en cuenta que, según lo ha sostenido esta Sala de Casación Laboral en forma reiterada, el derrotero para determinar la viabilidad en la concesión y admisión del recurso extraordinario, debe tenerse lo que le fue desfavorable hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia y tratándose de pensiones, adicionalmente se debe mirar la incidencia futura, tomando como referente la vida probable o esperanza de vida del interesado, en este caso de Liria Adelaida Gamboa de Sierra. Se aprecia entonces, que la proponente no hizo uso del mecanismo de defensa judicial por su propia incuria; de manera que no puede en este momento, luego de desechar la utilización del mismo, acudir a la tutela en franco desconocimiento de su carácter residual y subsidiario que, precisamente, está orientado a impedir su uso como remedio adicional o alternativo de los previstos por el legislador, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, así como el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991, según los cuales el amparo únicamente «procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial». Así, ante la ausencia de activación del precitado recurso por parte del extremo accionante, la tutela deviene

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial». Así, ante la ausencia de activación del precitado recurso por parte del extremo accionante, la tutela deviene improcedente, aun como mecanismo transitorio, toda vez que no viene acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que posibilite esta excepcional modalidad de resguardo.Radicación n.° 58436 8 Por todo lo anterior, y sin ser necesarias más consideraciones, se negará el amparo, por ser este improcedente.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.Radicación n.° 58436 9 GERARDO BOTERO ZULUAGA Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN