CSJ - STL6132-2021

SCLAJPT-11 V.00

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente STL6132-2021 Radicación n.° 11001023000020210042800 Acta 17 Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada

por NICOLÁS ANDRÉS GIRALDO ROA contra la UNIDAD

DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES

DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA.

I. ANTECEDENTES El accionante instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, trabajo, igualdad y educación, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.

Como sustento indicó que el 21 de febrero de 2021, mediante correo electrónico enviado a regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, solicitó a la Unidad deRadicación n.° 2021-428

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Registro Nacional de Abogados el reconocimiento de la práctica jurídica como requisito alterno para optar el título de abogado, para lo cual adjuntó los documentos exigidos; y que e l 30 de marzo envió un segundo correo solicitando información sobre la expedición de dicho documento, ante lo cual la Unidad le informó que la solicitud «estaba en estudio por parte del profesional asignado para su correspondiente trámite». En vista de que la Unidad no resolvía de fondo su petición, el 27 y 29 de abril la volvió a requerir, recibiendo la misma respuesta antes citada.

por parte del profesional asignado para su correspondiente trámite». En vista de que la Unidad no resolvía de fondo su petición, el 27 y 29 de abril la volvió a requerir, recibiendo la misma respuesta antes citada. Adujo que la falta de resolución oportuna de su solicitud le genera un perjuicio, dado que actualmente la Universidad de Ibagué programó «grados para el 30 de mayo, teniendo como fecha de recepción de documentos hasta el 12 de mayo de 2021, documentos que no podra presentar, solamente por no tener la certificación de reconocimiento de la práctica jurídica». Sobre esos supuestos solicitó la protección de las garantías fundamentales reclamadas y, en consecuencia, que se ordene a la entidad accionada «expedir la resolución de reconocimiento y aprobación de la práctica jurídica (judicatura)». La acción de tutela se admitió mediante auto de 5 de mayo de 2021, en el que se corrió traslado a la autoridad encausada para que ejerciera su derecho de defensa. 2Radicación n.° 2021-428

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La directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados informó que ante la solicitud de certificación de la práctica jurídica elevada por el accionante, procedió a expedir la Resolución n.º 2587 de 5 de mayo de 2021 «por medio de la cual se reconoce el cumplimiento de una práctica jurídica», la cual se notificó al correo electrónico de Nicolás

expedir la Resolución n.º 2587 de 5 de mayo de 2021 «por medio de la cual se reconoce el cumplimiento de una práctica jurídica», la cual se notificó al correo electrónico de Nicolás Andrés Giraldo, por lo que pidió negar la acción de tutela por existir un hecho superado.

II. CONSIDERACIONES El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra como uno de los derechos fundamentales, el de petición, según el cual toda persona tiene la facultad de acudir ante las autoridades competentes para reclamar la resolución de fondo de una solicitud, dentro de los términos previstos en la ley. Tal prerrogativa superior permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política, por lo que ha sido considerado por la jurisprudencia «como un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía, pues es el principal medio que tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes»1.

En tal sentido, en innumerables ocasiones esta Corte ha adoctrinado que de conformidad con dicha preceptiva, el derecho de petición comprende los siguientes elementos: 1º) 1 Corte Constitucional T-206 de 2018. 3Radicación n.° 2021-428 SCLAJPT-11 V.00 la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; 2º) la

la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; 2º) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; 3º) la contestación material, que supone que la autoridad, sobre la base de su competencia, se refiera de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), sin que puedan comprenderse evasivas o elusivas; y 4º) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo. Al descender al sub lite , se observa que el tutelante acudió al amparo constitucional con el propósito que se ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados resolver su petición y expedir el certificado de reconocimiento de la práctica jurídica como requisito alternativo para optar el título de abogado. Para resolver la controversia constitucional anotada debe advertir la Sala que de acuerdo con la documental aportada por la convocada, por Resolución n.º 2587 de 5 de mayo de 2021, se le reconoció la práctica jurídica a Nicolás Andrés Giraldo Roa, acto administrativo que fue notificado por correo electrónico enviado en esa misma fecha a nicogiraldo29@hotmail.com, que corresponde al suministrado por el peticionario, anexando para tal efecto la citada resolución.

por correo electrónico enviado en esa misma fecha a nicogiraldo29@hotmail.com, que corresponde al suministrado por el peticionario, anexando para tal efecto la citada resolución. 4Radicación n.° 2021-428

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Ante ese panorama, la Sala encuentra que los presupuestos de materialización del derecho fundamental de petición fueron debidamente satisfechos, toda vez que la parte accionada no sólo acreditó que expidió la certificación requerida por el tutelante, sino que la misma le fue notificada en debida forma. Así las cosas, lo reprochado por el actor, entonces, constituye una carencia actual de objeto por hecho superado, de suerte que cualquier pronunciamiento del juez constitucional carece de sentido, pues desaparece la razón de ser del mecanismo superior, cual es la protección inmediata de un derecho fundamental actualmente vulnerado o amenazado. Por lo anterior, se negará la protección invocada.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela impetrada.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

5Radicación n.° 2021-428

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

5Radicación n.° 2021-428

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase. OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

6Radicación n.° 2021-428

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LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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