CSJ - STL631-2022

SCLAJPT-11 V.00

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado Ponente STL631-2022 Radicación no 65498 Acta n° 02 Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022). Se pronuncia la Corte sobre la acción de tutela

interpuesta por HDI-GERLING VERZEKERINGEN B.V., AIG EUROPE LIMITED Y MAMMOET LIFTING AND TRANSPORT S.A.S. en contra de la SALA DE CASACIÓN

CIVIL DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA SALA, CIVIL DEL HONORABLE TRIBUNAL

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. , trámite que se hizo extensivo a todas las partes e intervinientes al interior del proceso verbal de incumplimiento de contrato de transporte identificado con el radicado No. 11001310303620170006801.

I. ANTECEDENTESRadicación n.° 65498

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Las sociedades promotoras del resguardo, a través de apoderado judicial, acuden a este mecanismo excepcional, solicitando la protección de sus derechos fundamentales «al debido proceso (art. 29 C. Pol.), al acceso a la administración de justicia y la tutela jurisdiccional efectiva (art. 229 C. Pol.) y demás normas concordantes», los cuales estimaron presuntamente desconocidos por las accionadas. Del escrito genitor y de las pruebas allegadas al plenario

y la tutela jurisdiccional efectiva (art. 229 C. Pol.) y demás normas concordantes», los cuales estimaron presuntamente desconocidos por las accionadas. Del escrito genitor y de las pruebas allegadas al plenario constitucional, es posible extraer que, la parte accionante actuó como demandante al interior de la causa civil que motiva al presente amparo. Que el proceso se adelantó en contra de «Tayrona Off Shore Services S.A.S. (en adelante, “Tayrona”) y Tráfico y Logística S.A. (en adelante, “Tráfico y Logística”)» , con la finalidad de que se declarara el incumplimiento de un contrato de transporte «de la grúa LR 1400 desde la zona franca de Palermo (Barranquilla) hasta el municipio de Apiay (Meta), celebrado entre Mammoet Lifting y Tayrona y, en consecuencia, que se ordenara el pago de las sumas causadas por ese incumplimiento, a título de indemnización de los daños causados a la mencionada grúa.», con ocasión al siniestro ocurrido el día 15 de noviembre de 2014. Refirieron, que el proceso fue conocido en primera instancia por parte del Juzgado Treinta y Seis (36) Civil del Circuito de Bogotá D.C., quien, a través de sentencia del 8 de febrero de 2019, accedió a las pretensiones del libelo demandatorio; por consiguiente, «declaró la responsabilidad civil por el incumplimiento del contrato de transporte por parte de las sociedades Tayrona Off Shore Services S.A.S. En Liquidación y Tráfico y 2Radicación n.° 65498

por el incumplimiento del contrato de transporte por parte de las sociedades Tayrona Off Shore Services S.A.S. En Liquidación y Tráfico y 2Radicación n.° 65498

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Logística S.A. condenándolas al pago de perjuicios a favor de Mammoet Lifting and Transport S.A.S.». Que las sociedades allí demandadas, inconformes con la decisión del a quo, radicaron apelación, la que fue desatada por el Tribunal Superior del Distrito de esta ciudad, a través de sentencia del 20 de noviembre de 2019, en la cual resolvió, revocar la decisión del a quo, para en su lugar, «negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en la falta de legitimación en la causa por activa para ejercer la acción contractual derivada del contrato de transporte.». Que inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora en aquella causa, hoy invocante, radicó el remedio extraordinario de casación, el que finalmente se resolvió mediante fallo que data del 25 de agosto del año anterior, no casando la determinación recurrida. Consideró la sociedad actora, que el Tribunal en segunda instancia y el órgano de cierre de la especialidad en cita, incurrieron en un defecto fáctico y material, incursionando en vías de hecho, al establecer, que en el expediente no obra material probatorio que permita llegar a las conclusiones adoptadas por las Salas cuestionadas, en las decisiones que son materia de debate constitucional, y

incursionando en vías de hecho, al establecer, que en el expediente no obra material probatorio que permita llegar a las conclusiones adoptadas por las Salas cuestionadas, en las decisiones que son materia de debate constitucional, y que conllevaron a declarar de manera errada «la falta de legitimación en la causa por activa». Sostuvo, que contrario a las conclusiones adoptadas en segunda instancia y en el recurso extraordinario, al interior 3Radicación n.° 65498 SCLAJPT-11 V.00 de la senda judicial existían con suficiencia el acervo probatorio que llevaba a la conclusión de la legitimación con que contaba la parte actora, lo que desde su punto de vista denota, una errada interpretación y análisis a la estimación del valor allegada a esa causa judicial. Consideró, que su legitimación en la acción de responsabilidad civil contractual, se demostraba con: i) el contrato de seguro póliza «Nº T0100038778», ii) con el contrato de transporte «celebrado entre Mammoet Lifting (como remitente y destinatario) con Tayrona (transportador)» , iii) Con la sustentación legal de la abogada «Carlijn Ten Bruggencate» , entre las cuales refirió: (i) Que la póliza de seguro de transporte estaba sujeta a la ley extranjera (ley Holandesa); (ii) Que Mammoet Holding B.V. y todas sus subordinadas son TODAS ellas aseguradas en dicho contrato de seguro; (iii) Que todas las compañías que forman parte del grupo “MAMMOET” pertenecen a un mismo grupo económico; (iv) Que cualquiera de las compañías que forman parte del grupo

contrato de seguro; (iii) Que todas las compañías que forman parte del grupo “MAMMOET” pertenecen a un mismo grupo económico; (iv) Que cualquiera de las compañías que forman parte del grupo “MAMMOET” podían reclamar el pago de la indemnización ante las aseguradoras; y (v) Que las aseguradoras demandantes se subrogaron con base en la ley extranjera en los derechos de todos sus asegurados. Adicionalmente aseguró, que las accionadas incurrieron en «defecto procedimental por exceso ritual manifiesto», al desatender, «una prueba aportada durante el trámite ordinario con fundamento en que desconocía lo normado en los artículos 177 y 226 a 235 del CGP pues, en su decir, tal probanza aportada no cumplía con las prerrogativas legales para ser considerada una prueba pericial; y, por ende, se concluyó su marginación del proceso.». A lo anotado le sumó, la existencia de un defecto material o sustantivo por la indebida interpretación de la 4Radicación n.° 65498 SCLAJPT-11 V.00 normatividad aplicable al asunto y la inaplicación de otras normas que regulaban el debate. Finalmente discurrió, que en la misma línea, se desconoció precedente jurisprudencial, entre las cuales citó: La sentencia emitida por la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia y que ahora es objeto de la presente acción de tutela, acudió a un pronunciamiento previo de la misma corporación del 16 de diciembre de 2010, según se lee a continuación:

de tutela, acudió a un pronunciamiento previo de la misma corporación del 16 de diciembre de 2010, según se lee a continuación: “(viii) Aunque el apoderado de las actoras alegó que «como Intramar B.V. aseguró la grúa a través de un seguro de transporte, ostenta la acción para reclamar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de transporte», lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 16 de diciembre de 2010, acogió una interpretación incompatible con esta tesis, de modo que «a la luz de las directrices jurisprudenciales, es palmar que el sub judice debe despacharse en los mismos términos»” (destacado fuera de texto).

Conforme a lo precedido, pretenden las sociedades actoras que se protejan los derechos fundamentales inculcados y se proceda a «REVOCAR la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. y/o la sentencia SC36312021 de 25 de agosto de 2021, emitida por la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ambas proferidas dentro del proceso judicial con radicado Nº 11001-31-03-036-2017-00068-01.». Como consecuencia de lo anterior:

TERCERO: ORDENAR a la Sala Civil del Honorable Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. que, en el término de

Como consecuencia de lo anterior:

TERCERO: ORDENAR a la Sala Civil del Honorable Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil 5Radicación n.° 65498 SCLAJPT-11 V.00 del Circuito de Bogotá, en el proceso con rad.: 11001-31-03-0362017-00068-01, teniendo en cuenta lo expuesto en este escrito y

protegiendo los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29

C. Pol.), al acceso a la administración de justicia y la tutela jurisdiccional efectiva (art. 229 C. Pol.) de HDI-Gerling

Verzekeringen B.V., AIG Europe Limited y Mammoet Lifting and Transport S.A.S.. Esta Sala Laboral, a través de providencia del 17 de enero de 2022, asumió el conocimiento de la acción de tutela, ordenando notificar a las partes e intervinientes en el asunto objeto de reproche, para que si consideraran conveniente elevaran pronunciamiento; asimismo, reconoció personería para actuar a los apoderados de las sociedades invocantes. Revisado el expediente, se observa que las partes e intervinientes fueron debidamente notificadas de la presente acción, conforme dan cuenta los correos enviados a cada una. Dentro del término dispuesto por el despacho, la titular del Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad, advirtió sobre las actuaciones adelantadas al interior del proceso que impulsa al presente resguardo y refirió, que ese órgano no ha desconocido garantía fundamental a la parte accionante; en esos términos 6Radicación n.° 65498 SCLAJPT-11 V.00 solicitó, que se declare en su favor la improcedencia de las peticiones formuladas por la actora, pues la decisión adoptada a través de la sentencia del 8 de febrero de 2019, no es motivo de reprensión.

solicitó, que se declare en su favor la improcedencia de las peticiones formuladas por la actora, pues la decisión adoptada a través de la sentencia del 8 de febrero de 2019, no es motivo de reprensión. Por su parte, el presidente de la homóloga Sala Civil, remitió la sentencia cuestionada al interior del recurso extraordinario de casación, de fecha 25 de agosto de 2021; como también, el auto del 6 de octubre siguiente, mediante el cual, resolvió negativamente la solicitud de adición de sentencia formulada por Seguros Generales Suramericana S.A., y anunció, que dejó en conocimiento del presente trámite al despacho del magistrado ponente, para lo de su competencia. La apoderada especial de la sociedad vinculada Tráfico y Logística S.A., quien manifiesta actuar en su representación, se pronunció frente a los antecedentes; no obstante, no allegó poder que acredite su calidad para actuar en nombre de un tercero, en ese aspecto, esta Sala hará caso omiso a las razones de hecho y de derecho expuestas en su escrito de contestación. Igual situación aconteció, para el pronunciamiento emitido por la Previsora S.A. Compañía de Seguros, a través de mandatario, quien no acreditó su calidad. Por su parte, la representante legal de la sociedad Seguros Generales Suramericana S.A., como se acredita en el certificado de existencia y representación legal visto a 7Radicación n.° 65498

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Por su parte, la representante legal de la sociedad Seguros Generales Suramericana S.A., como se acredita en el certificado de existencia y representación legal visto a 7Radicación n.° 65498 SCLAJPT-11 V.00 folios 24 a 28 de su escrito de contestación, solicitó, que se deniegue el amparo implorado, al incumplirse con los requisitos de procedibilidad que gobiernan este tipo de acciones. En otro aspecto destacó, que con la decisión adoptada al cierre del estudio del pleito rebatido, no se desconocieron garantías fundamentales a las partes, contrario a ello sustentó:

1. Los Accionantes contaron con todos los mecanismos legales de defensa en el proceso, pudieron presentar argumentos, contaron con la posibilidad de allegar y controvertir las pruebas, por lo que no es cierto que se haya presentado una denegación de acceso a la administración de justicia.

2. El hecho de que los Accionantes hayan obtenido una sentencia contraria a sus intereses, no significa que se hayan vulnerado sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.

3. Los accionantes no esbozan las conductas especificas (sic) del Despacho, que habrían vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva. Proponen más bien argumentos de instancia, que ya fueron resueltos, y respecto de los cuales la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá efectuaron interpretaciones razonables y

de justicia y tutela judicial efectiva. Proponen más bien argumentos de instancia, que ya fueron resueltos, y respecto de los cuales la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá efectuaron interpretaciones razonables y sustentadas en las pruebas obrantes en el expediente.

4. En el presente caso no se configura una vulneración al debido proceso, en tanto que no se habría presentado una valoración probatoria arbitraria, irracional ni caprichosa por parte del fallador de segunda instancia. Contrario a ello, del expediente emerge de meridiana claridad que la prueba que pretendió acreditar el derecho extranjero no cumplió con los requisitos para ser considerada como un dictamen pericial, por las razones que ya fueron expuestas. No obstante ello, la mentada opinión legal si fue valorada por las autoridades judiciales al emitir los fallos respectivos.

[…] 8Radicación n.° 65498

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Finalmente, el apoderado de la sociedad Tayrona Offshore Services S.A.S., como se acredita del poder allegado durante el trámite de traslado del auto que avocó el conocimiento de la presente acción, se refirió a los antecedentes del libelo introductor, para concluir, que las decisiones adoptadas al interior de la causa civil que promueve la presente acción, no revisten de arbitrariedad, a contrario sensu, se encuentran ajustadas a la Ley, con apego a un estudio juicioso de la normatividad aplicable al debate puesto a consideración de los órganos judiciales cuestionados.

promueve la presente acción, no revisten de arbitrariedad, a contrario sensu, se encuentran ajustadas a la Ley, con apego a un estudio juicioso de la normatividad aplicable al debate puesto a consideración de los órganos judiciales cuestionados.

Conforme a lo anotado solicitó, que se declare, que la presente acción de tutela no debe prosperar.

II. CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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Las reglas de interpretación del derecho en el terreno de los valores y de los principios, enseñan que la actuación de uno de ellos, no supone la aniquilación de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicación que no afecten su núcleo esencial.

No obstante, sigue siendo valor esencial para la Sala, que la tutela contra sentencias judiciales, no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del Juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política,

que la tutela contra sentencias judiciales, no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del Juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural.

De manera que, el juez de tutela puede intervenir, solo excepcionalmente, cuando advierta flagrantemente que el juicio valorativo del juzgador es arbitrario y, elude protuberantemente las reglas de la sana crítica, al punto de que se comprometan de forma ostensible las garantías supralegales de las partes. Las sociedades promotoras del resguardo, pretenden que por esta vía especial y residual, se ordene dejar sin valor y efecto las decisiones adoptadas durante el trámite de apelación de sentencia y del recurso extraordinario de casación, de fechas 20 de noviembre de 2019 y 25 de agosto de 2021, que consecuentemente resolvieron, i) revocar la decisión del a quo, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, y ii) No casar la sentencia de segunda instancia. 10Radicación n.° 65498

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Pues bien, antes de adentrarnos en el estudio del presente asunto, la Sala hará la salvedad, que el análisis se detendrá exclusivamente en la sentencia emitida por el órgano de cierre, es decir, el fallo del 25 de agosto de 2021, puesto que fue la decisión que zanjó el debate, y en la que se

detendrá exclusivamente en la sentencia emitida por el órgano de cierre, es decir, el fallo del 25 de agosto de 2021, puesto que fue la decisión que zanjó el debate, y en la que se expone con suficiencia los argumentos que conllevaron a la censurada determinación. Como lo aducido por la parte accionante se centra además en la violación al debido proceso, es importante resaltar, que el artículo 29 de la Constitución Política, establece que «el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas» . Esta disposición reconoce el principio de legalidad como fundamental en el ejercicio de las actividades, tanto judiciales como administrativas, y comprende la regulación que previamente delimita los poderes del Estado y, establece las garantías de protección a los derechos de los asociados, de forma tal, que ninguna actuación desplegada por quienes ejerzan dichas funciones, dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentre sujeta a procedimientos previamente señalados en la ley y en los reglamentos. Ahora bien, revisada la providencia objeto de censura, se advierte que la protección suplicada no está llamada a ser concedida, como quiera que, no se observa que la autoridad judicial puesta en entredicho, haya actuado de manera negligente, ni que en su decisión, se olvidara cumplir con el 11Radicación n.° 65498 SCLAJPT-11 V.00 deber de análisis de las realidades fácticas y jurídicas

negligente, ni que en su decisión, se olvidara cumplir con el 11Radicación n.° 65498 SCLAJPT-11 V.00 deber de análisis de las realidades fácticas y jurídicas sometidas a su criterio, siempre dentro del marco de autonomía y competencia que le es otorgada por la Constitución y la Ley, pues en el ejercicio de su facultad legal de interpretación jurisdiccional y aplicación del derecho, adoptó su decisión, tras un proceso de valoración de los elementos de convicción arrimados al expediente. En cuanto a los reproches de la parte invocante, el órgano judicial accionado, contrario a lo que expone la sociedad actora en su escrito genitor, realizó un análisis del sustento del recurso extraordinario, formulado por la parte allí demandante, que consistieron entre otros en: Se acusó al tribunal de trasgredir, de forma indirecta, los artículos 1568 a 1580, 1603, 1604, 1606, 1613, 1614, 1615 y 1616 del Código Civil, así como los preceptos 981, 982, 984, 991, 992, 998, 1030 y 1031 del Código de Comercio, dada la comisión de errores de derecho. […] Denunciando la existencia de yerros de hecho en la labor de valoración probatoria del tribunal, las actoras señalaron la trasgresión indirecta de los artículos 1568 a 1580, 1062, 1603, 1604, 1606, 1613, 1614, 1615 y 1616 del Código Civil, y 981,

trasgresión indirecta de los artículos 1568 a 1580, 1062, 1603, 1604, 1606, 1613, 1614, 1615 y 1616 del Código Civil, y 981, 982, 984, 991, 992, 998, 999, 1008, 1023, 1024, 1030, 1031, 1035, 1096, 1124 del Código de Comercio. […] Corolario, como reparos a validar, inició por hacer un estudio de la violación indirecta de la Ley sustancial por errores de hecho, recalcó, en cuanto a ese punto, que las decisiones objeto de análisis se presumían legales y asertivas; por lo tanto, era deber del «recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una crítica concreta, simétrica, razonada y 12Radicación n.° 65498 SCLAJPT-11 V.00 coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicación de los fundamentos generadores de la infracción a la ley, amén de hacer evidente la trascendencia del yerro «en el sentido del fallo» y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisión impugnada.». Seguidamente, continúo su estudio, abordando el tema de la violación indirecta de la Ley sustancial por errores de hecho, precisando entre otros aspectos: Las normas sustanciales también pueden ser trasgredidas como consecuencia del desconocimiento de las pautas probatorias que gobiernan el juicio. Así ocurre, a modo de ejemplo, cuando el juez estima un medio de convicción que carece de validez; deja de observar una probanza válida, pretextando que no lo era; omite

gobiernan el juicio. Así ocurre, a modo de ejemplo, cuando el juez estima un medio de convicción que carece de validez; deja de observar una probanza válida, pretextando que no lo era; omite decretar pruebas de oficio cuando ellas resultan imperativas, o no las aprecia «en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica [y] sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos» (artículo 176, Código General del Proceso). Ulteriormente, hizo alusión a la Naturaleza del concepto rendido por la abogada Carlijn Ten Bruggencate y la falta de prueba de la ley extranjera escrita, que valga decir, es el mismo esgrimido por los libelistas en su escrito primigenio, de acuerdo a esa premisa, se refirió al artículo 165 del CGP, para disponer: Expresado de otro modo, determinada pieza de evidencia podrá reputarse como dictamen pericial, testimonio, declaración de parte, documento, etc., siempre y cuando concurran en ella las características previstas en las leyes adjetivas para la respectiva tipología probatoria; y como dichos rasgos son diferenciales, tanto en la forma, como en el contenido, cada prueba del proceso solo podrá pertenecer a una de esas categorías típicas, o a ninguna de ellas, caso en el cual habrá de considerarse como atípica. 13Radicación n.° 65498

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Esta precisión es relevante porque los argumentos de las recurrentes penden de elucidar la naturaleza jurídica de la

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Esta precisión es relevante porque los argumentos de las recurrentes penden de elucidar la naturaleza jurídica de la «opinión legal rendida por la abogada Carlijn ten Bruggencate», con la que se pretendió acreditar la ley escrita de los Países Bajos, hecho que solo puede ser probado a través de copia expedida «por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país», o mediante la aportación de un «dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí», conforme lo prescribe el artículo 177 del Código General del Proceso. Consecuente con esa previsión normativa, y sin importar por cuál de esas dos opciones se decante la parte interesada, esta no podrá arrimar al proceso un medio de juicio distinto, pues carecería de conducencia para acreditar el hecho que pretende esclarecerse. Así, si opta por la primera posibilidad, tendrá que aportar un facsímil del texto legal foráneo, con las características y origen señalados en la norma citada; y si prefiere la segunda alternativa, será necesario que arrime al expediente una experticia con el lleno de los requisitos legales, lo que significa que su contenido, aportación, práctica y contradicción deben ser

alternativa, será necesario que arrime al expediente una experticia con el lleno de los requisitos legales, lo que significa que su contenido, aportación, práctica y contradicción deben ser compatibles con las reglas de los cánones 226 a 235 del Código General del Proceso. Frente a lo anotado, estimó, que la opinión legal de marras, no podría ser valorada como un dictamen pericial de acuerdo a las exigencias de los postulados procesales civiles vigentes en el país, advirtiendo, que se allego al proceso al momento de descorrerse traslado de las excepciones «en el acápite de «pruebas documentales», adicionalmente desplegó, que dentro de la oportunidad legal no se ordenó como prueba ese documento y frente al auto que las decretó, esto es, el de fecha 21 de enero de 2019, las partes no manifestaron su descontento.

De lo referido apuntó: Adicionalmente, al breve escrito elaborado por la profesional neerlandesa, solamente se anejó una copia de su curriculum vitae,

14Radicación n.° 65498 SCLAJPT-11 V.00 pero no los certificados idóneos para acreditar su condición profesional, conforme lo dispone el numeral 3 del precepto 226 del Código General del Proceso; asimismo, aquella no incluyó –en lo pertinente– la información y manifestaciones que indican los numerales 5 a 9 ibidem. Por ello, estima la Corte que la probanza mencionada carece de cualquiera de los rasgos distintivos propios de las pericias. En contraposición, la «opinión legal rendida por la abogada Carlijn

numerales 5 a 9 ibidem. Por ello, estima la Corte que la probanza mencionada carece de cualquiera de los rasgos distintivos propios de las pericias. En contraposición, la «opinión legal rendida por la abogada Carlijn ten Bruggencate» encaja en la descripción de otra prueba típica, a saber, el documento declarativo emanado de tercero, pues se trata de un escrito en el que se consignó la opinión de su autora acerca de la correcta interpretación del contrato de seguro arrimado junto a la demanda; y siendo ello así, como lo es, esa evidencia no podría asumir una morfología distinta a la que le corresponde, simplemente para amoldarse (ex post) a las necesidades argumentativas de las casacionistas. De acuerdo a lo precitado, concluyó que, «los sentenciadores de segundo grado no infringieron de manera indirecta la normativa sustancial al considerar que el contenido del derecho escrito de los Países Bajos no se demostró, pues como quedó dicho, brillan por su ausencia los elementos de juicio conducentes para despejar el punto.». Ahora, al desatarse el asunto que principalmente cuestiona la parte invocante, en lo que tiene que ver con la legitimación en la causa de las demandantes al interior del proceso civil que promueve la presente acción, destacó, como primera medida, la significación de ese concepto en los siguientes términos: La legitimación en la causa, elemento material para la sentencia estimatoria –o, lo que es lo mismo, una de las condiciones

primera medida, la significación de ese concepto en los siguientes términos: La legitimación en la causa, elemento material para la sentencia estimatoria –o, lo que es lo mismo, una de las condiciones sustanciales para el éxito de las pretensiones–, denota la correspondencia entre los extremos activo y pasivo del derecho sustancial reclamado, con los extremos activo y pasivo de la relación procesal mediante la cual se pretende su instrumentalización. La legitimatio ad causam se estructurará cuando coincidan la titularidad procesal afirmada en la demanda y la sustancial que otorgan las normas jurídicas de ese linaje. 15Radicación n.° 65498

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No basta, pues, con la auto-atribución o asignación del derecho por parte del demandante en su escrito inicial, sino que es necesaria la efectiva titularidad del derecho material discutido en el juicio; por ello la legitimación se ubica en los presupuestos materiales para la sentencia de fondo estimatoria, y no en los presupuestos procesales de la acción, que son condiciones formales para el válido desarrollo de la relación instrumental. Descendió el asunto a jurisprudencia emanada de esa Sala especializada, entre las cuales citó, la CSJ SC, 13 oct. 2011, rad. 2002-00083 y la CSJ SC16279-2016, 11 nov., para proceder con el examen de la legitimación en ese litigió, así las cosas soportó: En líneas generales, el presente trámite versa sobre la reparación de los daños que sufrió la grúa LR 1400, de propiedad de la

para proceder con el examen de la legitimación en ese litigió, así las cosas soportó: En líneas generales, el presente trámite versa sobre la reparación de los daños que sufrió la grúa LR 1400, de propiedad de la sociedad Intramar B.V. (domiciliada en Utrecht, Países Bajos), mientras era movilizada por cuenta de las demandadas entre la Zona Franca de Palermo (Barranquilla) y el municipio de Apiay (Meta); lo anterior, en ejecución del contrato de transporte celebrado entre Mammoet Lifting and Transport S.A.S., remitente y destinataria de la máquina, y Tayrona Off Shore Services S.A.S. Precisado lo anterior, resulta pertinente señalar que el dominus del bien mueble afectado no compareció al proceso, al paso que la remitente-destinataria (Mammoet Lifting and Transport S.A.S.) sí lo hizo, pero sin prevalerse de su condición de parte del contrato de transporte –conforme se explicará más adelante–. Según se infiere del texto de la demanda (que, sobre