CSJ - STL6927-2021

SCLAJPT-11 V.00

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada ponente STL6927-2021 Radicación n.° 2021-00573 Acta 21 Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, de la acción de tutela que PAOLA ANDREA CASTAÑEDA LONDOÑO presenta contra la UNIDAD DE REGISTRO

NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA.

I. ANTECEDENTES PAOLA ANDREA CASTAÑEDA LONDOÑO instaura acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de PETICIÓN, TRABAJO, MÍNIMO VITAL y SEGURIDAD SOCIAL, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.Radicación n.° 2021-00573

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En lo que interesa al presente mecanismo constitucional, la promotora refiere que el 27 de febrero de 2021 radicó los documentos requeridos para obtener la tarjeta profesional de abogada al correo regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co. Afirmó que de dicha dirección electrónica le acusaron recibo el 22 de marzo del año en curso. La accionante manifiesta que el 8 de abril de 2021 pidió información sobre el estado de su trámite y el 19 de abril siguiente, recibió un mensaje de datos en el que le

año en curso. La accionante manifiesta que el 8 de abril de 2021 pidió información sobre el estado de su trámite y el 19 de abril siguiente, recibió un mensaje de datos en el que le informaron que su solicitud sería remitida a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, por ser la autoridad competente para resolverla. Aduce que, ante el silencio de la autoridad convocada, el 3 y el 5 de mayo de 2021 presentó nuevos memoriales en los que nuevamente solicitó información sobre su asunto y, en tal virtud, el 7 de mayo siguiente la enjuiciada le indicó que su requerimiento «se encuentra en estado asignado para la gestión y (…) aún se encuentra en curso revisando documentación». Afirma que han transcurrido 3 meses desde que remitió los documentos; no obstante, no ha recibido respuesta a su petición, situación que, asegura, vulnera sus prerrogativas invocadas. 2Radicación n.° 2021-00573

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Acude entonces al presente mecanismo de amparo constitucional para que se protejan sus derechos superiores y, para su efectividad, s olicita se ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura que, de manera inmediata, expida «[su] tarjeta profesional de abogada». Como medida provisional, pide que se ordene a la autoridad enjuiciada que «indique el número de la tarjeta profesional que [le] será asignado»

inmediata, expida «[su] tarjeta profesional de abogada». Como medida provisional, pide que se ordene a la autoridad enjuiciada que «indique el número de la tarjeta profesional que [le] será asignado» Mediante auto de 27 de mayo de 2021, esta Sala de la Corte admite la acción de tutela y ordena notificar a la autoridad convocada, a fin de que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción. En la misma oportunidad, niega la medida provisional con fundamento en el artículo 7.° del Decreto 2591 de 1991. Dentro del término de traslado, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia afirma que, mediante oficio de 28 de mayo de 2021, le informó a la promotora que expidió su tarjeta profesional, cuyo envío realizará una vez la elabore la empresa encargada de ello.

II. CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección

3Radicación n.° 2021-00573 SCLAJPT-11 V.00 inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, por el

la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos que están definidos como fundamentales en la propia Constitución o que, encontrándose consagrados en otros acápites de ese estatuto, adquieren tal categoría por conexidad. Al descender al sub judice, la Sala observa que el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales invocados por la promotora al no expedir la resolución mediante la cual se le asigna su tarjeta profesional de abogado. Al respecto, se recuerda que, ciertamente, el derecho de petición tiene raigambre fundamental como se infiere de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Política y, se sabe, entraña la facultad de obtener una respuesta emitida en condiciones idóneas que permitan su conocimiento por parte de quien lo activa; por tanto, el contenido de la misma 4Radicación n.° 2021-00573 SCLAJPT-11 V.00 deberá adecuarse a lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable. En cuanto a su alcance, el derecho de petición no solo permite a la persona que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, también implica la facultad de exigir a la autoridad a quien le ha sido formulada, una respuesta de

En cuanto a su alcance, el derecho de petición no solo permite a la persona que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, también implica la facultad de exigir a la autoridad a quien le ha sido formulada, una respuesta de fondo y oportuna del asunto sometido a su consideración. Así las cosas, la respuesta que se dé a las peticiones debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) ser oportuna, es decir, atenderse dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; (ii) resolver de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, y (iii) ponerse en conocimiento del peticionario pues la notificación forma parte del núcleo esencial del derecho de petición, al punto que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo decidido. En ese contexto y, una vez analizadas las documentales aportadas, observa la Sala que mediante oficio de 28 de mayo de 2021, enviado al correo electrónico paoandrea0@hotmail.com, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le comunicó a la hoy tutelante que «le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado No. 359.278, la cual será enviada al contratista Identificación Plástica S.A.S, para la elaboración del plástico y una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de

correo certificado de 472, al domicilio registrado por usted». 5Radicación n.° 2021-00573

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De lo aportado se aprecia que la autoridad encausada dio respuesta clara y completa a la petición de la promotora de la queja constitucional, la cual fue comunicada al correo electrónico que suministró para tales efectos. De ahí que no se advierta la vulneración del derecho de petición de la accionante, dado que su ejercicio no lleva implícita la posibilidad de exigir que la solicitud sea resuelta en un determinado sentido, menos aún que sea favorable a lo pretendido por la parte interesada, pues, se itera, esta garantía fundamental se satisface cuando se da respuesta congruente y de fondo a la totalidad de las solicitudes elevadas por el administrado y tal respuesta se le comunica en debida forma, tal como aquí aconteció, circunstancia que la jurisprudencia y la doctrina han denominado carencia actual de objeto por hecho superado.

En efecto, entre otras, en sentencia CC T-086 de 2020, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de estudiar el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a lo cual expuso:

[…] El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el

objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor […].

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Por tales motivos, al no existir razón plausible que motive la concesión del amparo invocado, se negará el mismo.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase. OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Presidente de la Sala 7Radicación n.° 2021-00573

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GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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