CSJ - STL7238-2021

SCLAJPT-12 V.00

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente STL7238-2021 Radicación n.° 92277 Acta 21 Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). La Sala resuelve la impugnación interpuesta por DORA DE LA CRUZ JARAMILLO LOPERA contra el fallo proferido el 8 de febrero de 2021 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, dentro de la acción de tutela que adelanta el recurrente contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA , el

MINISTERIO DEL TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL , el

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN y la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

I. ANTECEDENTES La ciudadana Dora de la Cruz Jaramillo Lopera instauró acción de tutela con el propósito de obtener elRadicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00 amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, equidad, igualdad y poder adquisitivo de la moneda, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. En lo que interesa al presente trámite constitucional, en síntesis, refirió que el Presidente de la República y los ministros de las carteras de Trabajo y Seguridad Social y de

autoridades convocadas. En lo que interesa al presente trámite constitucional, en síntesis, refirió que el Presidente de la República y los ministros de las carteras de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público expidieron los Decretos 1779 y 1780 ambos de 2020, por medio de los cuales se realizó el «Reajuste de asignación mensual [de los]miembros del congreso» en un 5.12 %, para el año «2020» y el «Reajuste de la escala salarial para el año 2021» de los empleados administrativos del Congreso de la República y que los Decretos 1785 y 1786 de 28 de diciembre de 2020, fijaron el aumento del salario mínimo legal mensual vigente y del subsidio de transporte en un 3.5%. Expuso que el Presidente de la República manifestó que con los último dos decretos cumplió con superar la meta de un millón de pesos como salario mínimo, empero «e[ra] una manifestación fuera del marco real, debido a que el subsidio de transporte aunque es factor de salario para liquidación de prestaciones (excepto para la compensación de las vacaciones) y no se incluía para la liquidación de aportes parafiscales y aportes a la seguridad social, tenía como destino el gasto específico de movilidad del trabajador […]». 2Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

Para la tutelante, tales decisiones salariales «menoscababan LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE

[…]». 2Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

Para la tutelante, tales decisiones salariales «menoscababan LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE EQUIDAD Y DE IGUALDAD», en la medida en que el reajuste a los miembros del Congreso de la República «no era equitativo con el AUMENTO DE LOS PENSIONADOS Y, DEL

SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE».

Luego de hacer un análisis estadístico, indicó que al comparar los salarios de los congresistas con el salario mínimo legal mensual vigente se evidenciaba una inequidad y falta de igualdad y «UN AUMENTO DESPROPORCIONADO para los integrantes del Congreso de la República […], cuando al ejercer el TEST DE PROPORCIONALIDAD, se observa un abrupto Cañón del Chicamocha entre el aumento del 3.5% del Mínimo equivalente a treinta mil pesos y un aumento del 5.12% del Senado equivale a $160.000= aproximadamente», aunado al hecho de que el nuevo salario mínimo legal «no alcanza[ba] a supl[ir] las necesidades de la canasta familiar, n[i] proteg[ía] la familia, no brinda [ba] protección […], sin ingresar al escenario de pagos de cuotas de salud, pagos de transporte de salud, sumado a los descuentos de salud y pensión. Etc […]». Añadió que «[…] el aumento de los pensionados,

[…], sin ingresar al escenario de pagos de cuotas de salud, pagos de transporte de salud, sumado a los descuentos de salud y pensión. Etc […]». Añadió que «[…] el aumento de los pensionados, deb[ían] contener un rol debidamente discriminado, un rol que contenga una verdadera calibración de cubrir las necesidades del mínimo móvil y vital» y cuestionó el hecho de que «sólo se ajustaban los SALARIOS DE LOS 3Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

CONGRESISTAS, DIREGENTES POLÍTICOS […], funcionarios públicos». De conformidad con lo anterior, solicitó que se concediera el amparo de las prerrogativas constitucionales invocadas y, como consecuencia de ello, que se ordenara a las autoridades accionadas que: i) «suspend[ieran] los efectos del Decreto 1779 de 2020 […] que determina el aumento al salario de los congresistas en Colombia en un 5.12%»; ii) «aplicar[an] los principios de igualdad y equidad […]»; iii) aumentaran las pensiones «APLICANDO LAS MISMAS REGLAS DEL AUMENTO DEL CONGRESO Y DEL SALARIO MINIMO EN COLOMBIA»; y iv) dieran cabal «cumplimiento de la providencia y de las Sanciones a lugar».

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante proveído de 26 de enero de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las

II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante proveído de 26 de enero de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las convocadas, con el fin de que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.

Dentro del término respectivo, la jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación adujo que dadas las pretensiones esbozadas en la acción de tutela y el marco de competencia de la entidad, debía declararse la falta de legitimación en la causa, en la medida en que dicha entidad no había adelantado actuación alguna en detrimento de los intereses de la accionante. 4Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

El Presidente de la República, por conducto de apoderado, y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República manifestó que no se satisfacía el requisito de subsidiariedad dado que la procedencia de la acción dependía de que el afectado no dispusiera de otro medio de defensa judicial, como aquí lo era el control de nulidad expresamente consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin que fuera dable, conforme lo manifestado por la Corte Constitucional, abusar del amparo constitucional con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, debiendo por tanto la accionante acudir a dicho medio para que tras un juicio de legalidad –eventualmentese expulsara del ordenamiento

constitucional con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, debiendo por tanto la accionante acudir a dicho medio para que tras un juicio de legalidad –eventualmentese expulsara del ordenamiento jurídico el Decreto 1779 de 2020. Por otra parte, alegó la configuración de falta de legitimación en la causa por pasiva del señor presidente de la República y de la Presidencia de la República, por cuanto no tenían competencia para adoptar las medidas solicitadas en las pretensiones de la demanda. La asesora de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, toda vez que no era el mecanismo idóneo para la protección de lo requerido por la accionante, quien podía acudir a las medidas cautelares tramitadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, procedimiento que se encontraba reglado en el artículo 238 de la Constitución 5Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

Policita de Colombia, a través del cual se podía suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial, según el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La asesora del Departamento Nacional de Planeación manifestó que la acción era improcedente, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción

efectividad de la sentencia. La asesora del Departamento Nacional de Planeación manifestó que la acción era improcedente, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela e indicó que de lo narrado no se desprendía la existencia de un perjuicio irremediable más aún cuando la accionante sólo se limitó a expresar su inconformidad con los decretos expedidos por el gobierno en virtud de sus facultades legales y constitucionales respecto de los cuales pretendía la suspensión de sus efectos. Surtido el trámite de rigor, en sentencia de 8 de febrero de 2021, la Sala de conocimiento de este asunto constitucional en primera instancia negó por improcedente la tutela, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que […] la acción de tutela no e[ra] un mecanismo que pu[diera] desconocer los instrumentos procesales ordinarios y especiales, ni las competencias de las respectivas autoridades, por lo que se insist[ió], [que] la Sala no enc[ontró] fundamento alguno para abordar el análisis de procedencia del amparo que se pretend[ía] y tampoco se evidencia[ba] vulneración a los derechos fundamentales por parte de los entes accionados, que actua[ron] en ejercicio de una función legal, evidenciándose el cumplimiento del debido proceso administrativo, con sujeción a la normativa que regulaba el asunto, ello teniendo en cuenta que la señora 6Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

Dora Jaramillo no logró demostrar cómo se le estaban

que regulaba el asunto, ello teniendo en cuenta que la señora 6Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

Dora Jaramillo no logró demostrar cómo se le estaban vulnerando directamente sus garantías fundamentales, ni la ocurrencia del perjuicio irremediable.

III. IMPUGNACIÓN Inconforme con la anterior decisión, la parte accionante la impugnó.

Luego de transcribir varios partes de la sentencia proferida por el juez constitucional de primer grado, insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela. Además, alegó, que: […] para este año en particular, como PENSIONADA con el reajuste del mísero 1,61%, tengo que asumir los incrementos que hacen los establecimientos de comercio, la canasta familiar en aumento hecho a los productos, los servicios, los impuestos, que se hacen por lo general con base al incremento del salario mínimo como son: compra de alimentos, vestidos, medicamentos, combustible, impuestos, peajes, servicios públicos etc. Por otra parte, frente al uso de los mecanismos de defensa judicial, señaló que: […] es importante manifestar al Honorable Juez de Tutela, que una vez cotizado los honorarios con varios abogados, lamentablemente concluí que por lo costosos, no tengo la posibilidad económica de contratar a un Profesional del Derecho especializado en Derecho Administrativo, que pueda acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en uso del medio de control de NULIDAD de los actos, que privilegian a un pequeño

posibilidad económica de contratar a un Profesional del Derecho especializado en Derecho Administrativo, que pueda acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en uso del medio de control de NULIDAD de los actos, que privilegian a un pequeño sector de la sociedad colombiana como los congresistas y que en su lugar, discrimina a los asalariados y al total de los pensionados, de los cuales hago parte; así mismo, que pueda acudir en demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, ya que el exagerado tecnicismo implementado para el efecto hace nugatorio todo derecho que debe ser garantizado por la Constitución Política, como en este caso el 7Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

DERECHO A LA IGUALDAD y el principio fundante a la DIGNIDAD HUMANA, entre otros. Repartido el expediente en esta Sala, el suscrito ponente junto con los demás magistrados que conforman la Sala, en virtud de la causal 1ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, mediante proveído CSJ ATL323-2021, nos declaramos impedidos para conocer el asunto y se ordenó, como consecuencia, el respectivo sorteo de conjueces, en razón a que cualquier determinación que se adoptara respecto a lo pretendido en la acción de tutela, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, relacionado con el reajuste de la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República nos sería oponible, dada nuestra

adoptara respecto a lo pretendido en la acción de tutela, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, relacionado con el reajuste de la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República nos sería oponible, dada nuestra calidad de servidores públicos y Magistrados de Alta Corporación. Integrada la Sala de Conjueces con los doctores Oscar Andrés Blanco Rivera, Francisco Escobar Enríquez, Jor ge Iván Jiménez Vélez, Carlos Ernesto Molina Monsalve, Zita Froila Tinoco Arocha, Fernando Vásquez Botero y quien fungió como ponente José Roberto Herrera Vergara, por auto ATL631-2021, no se aceptó el impedimento manifestado y se ordenó la devolución del expediente a este despacho para lo de su cargo, por las siguientes razones: […] esta Sala de Conjueces, estima que no cabe enmarcar el supuesto fáctico que expresa, como configurativo de la causal de impedimento aducida. Esto porque el Decreto 1779 de 2020, por medio del cual el Gobierno Nacional reajustó la asignación mensual para los miembros del congreso de la república, al ser norma de carácter general y abstracto, no permite que se pueda pregonar, con la connotación establecido en el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, un interés 8Radicación n.° 92277 SCLAJPT-12 V.00 concreto y personal en los funcionario judiciales que se declaran impedidos, ya que, se repite, en esta caso, se está en presencia, no de la clase de interés que prevé ese precepto legal, sino de uno

SCLAJPT-12 V.00 concreto y personal en los funcionario judiciales que se declaran impedidos, ya que, se repite, en esta caso, se está en presencia, no de la clase de interés que prevé ese precepto legal, sino de uno de carácter general y abstracto en la decisión que debe tomar, el que no permite poner en duda la imparcialidad de quienes la deban proferir. En razón de lo anterior, el expediente reingresó al despacho el 24 de mayo del año en curso, siendo claro que es en virtud de la anterior decisión, esta la Sala de la Corte conocerá de la presente acción de tutela.

IV. CONSIDERACIONES El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

Ha estimado la Corte que lo anterior solo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial. 9Radicación n.° 92277

ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial. 9Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

Al descender al caso en estudio, advierte la Sala que la solicitud de amparo se remite a que «suspendan los efectos del Decreto 1779 de 2020» , para que se ordene incrementar las «pensiones» en el mismo porcentaje establecido por dicho decreto para los congresistas. Debe entrar a dilucidar esta Sala de Casación Laboral, es si, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, así como lo establecido por la Corte Constitucional en varias sentencias, la presente acción cumple con las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela, como lo ha enseñado la jurisprudencia de esa Corporación en varias sentencias, entre ellas la CC T-010-2017, es decir, si acata los siguientes requisitos (i) legitimación por activa; (ii) legitimación por pasiva; (iii) trascendencia iusfundamental del asunto; (iv) agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad); y (v) la evidente afectación actual de un derecho fundamental (inmediatez). Así, es importante indicar que: (i) Dora de la Cruz Jaramillo Lopera se encuentra legitimada en la causa por activa para la presentación de esta acción de tutela, en tanto afirma que los derechos

(i) Dora de la Cruz Jaramillo Lopera se encuentra legitimada en la causa por activa para la presentación de esta acción de tutela, en tanto afirma que los derechos fundamentales invocados se vieron afectados con la expedición del Decreto 1779 de 2020, que fijó el incremento salarial de los congresistas. (ii) Igualmente, existe legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la solicitud se dirige contra las 10Radicación n.° 92277 SCLAJPT-12 V.00 autoridades que emitieron el mencionado Decreto. (iii) El asunto tiene relevancia constitucional, habida cuenta que involucra la posible vulneración de los derechos fundamentales de la parte convocante. (iv) La parte identificó de manera razonable los hechos y derechos invocados. (vii) Se satisface el presupuesto de inmediatez, en la medida en que el decreto con el cual considera lesionados sus derechos fundamentales fue expedido el 24 de diciembre de 2020. (viii) En lo tocante con el requisito de subsidiariedad , encuentra que la acción de tutela no cumplió el mismo, por lo que se pasa a indicar. Del análisis de los medios de convicción, resulta evidente, como lo asentó esta Sala en sentencia STL61862021 proferida dentro de una acción de idéntica naturaleza con radicado 92481, en la que se resolvió el planteamiento aquí cuestionado, la improcedencia de la petición de amparo para los fines perseguidos por el tutelante, como quiera, que

con radicado 92481, en la que se resolvió el planteamiento aquí cuestionado, la improcedencia de la petición de amparo para los fines perseguidos por el tutelante, como quiera, que lo pretendido supone la modificación de las disposiciones contenidas en actos emitidos por el ejecutivo en uso de las facultades conferidas por el artículo 189 Superior, de carácter general, impersonal y abstracto (Decretos 1779, 1785 y 1786 de 2020), que no afectan situaciones jurídicas personales y concretas y, por lo mismo, no pueden lesionar 11Radicación n.° 92277 SCLAJPT-12 V.00 por sí solo derechos de esta índole, presupuesto exigido por la Constitución y el ordenamiento legal para que la acción de tutela sea viable. En ese contexto, adquiere preponderancia traer a colación la sentencia CC SU-037-2009 de la Corte Constitucional, en la se explicó lo siguiente: Desde el punto de vista de su contenido, los actos de la administración se clasifican en generales o individuales. Los actos generales, también llamados actos creadores de situaciones jurídicas generales, objetivas o reglamentarias, son aquellos que tienen un alcance indefinido e impersonal, es decir, que se refieren o dirigen a personas indeterminadas. Por el contrario, los actos de carácter individual o particular, conocidos como actos creadores de situaciones jurídicas subjetivas o concretas, son los que tienen un alcance definido, en el sentido

contrario, los actos de carácter individual o particular, conocidos como actos creadores de situaciones jurídicas subjetivas o concretas, son los que tienen un alcance definido, en el sentido de que están dirigidos a personas o sujetos identificados o determinados individualmente. Así mismo, esta Sala de la Corte, en la mencionada sentencia, CST STL6186-2021, precisó: Para esta Sala de la Corte, refulge con claridad la equivocación de la peticionaria al promover su pretensión por esta ruta, pues resulta diáfano que son otros los caminos a los cuales deben concurrir para perseguir válidamente las aspiraciones que promociona y éstos, en manera alguna, son los que dispensa a todas las personas la acción de tutela del artículo 86 constitucional. Por ende, si no comparte la normativa gubernamental cuestionada, bien podría acudir a la acción de nulidad por inconstitucionalidad, en virtud de la competencia residual asignada al Consejo de Estado en el numeral 2 del artículo 237 de la Carta Política; o a las acciones de nulidad previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en las que puede exponer los argumentos que avalen la tesis propuesta en su demanda de amparo, además de que en las segundas tiene la posibilidad de solicitar a la autoridad judicial competente la suspensión provisional de los actos administrativos que la afecten y cuya procedencia puede darse de acreditar los requisitos allí previstos. 12Radicación n.° 92277

solicitar a la autoridad judicial competente la suspensión provisional de los actos administrativos que la afecten y cuya procedencia puede darse de acreditar los requisitos allí previstos. 12Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

Bajo el anterior derrotero jurisprudencial, se reitera, que la salvaguarda pretendida no puede salir avante, pues conforme se indicó, la accionante no ha agotado aún los mecanismos legales que tiene a su alcance, en la medida en que discrepa de la normativa gubernamental cuestionada, óptica bajo la cual, no es el juez de tutela la autoridad llamada a pretermitir los referidos instrumentos a través de esta vía tuitiva, pues ello supondría una intervención injustificada en la órbita de competencia de otras autoridades, a todas luces incompatible con la Constitución y con la ley. Ahora, aunque el incumplimiento del principio previamente señalado podría, eventualmente, resultar indiferente ante la existencia de un perjuicio grave, inminente o irremediable, lo cierto es que en el presente asunto la tutelante no acreditó una afectación de tal entidad que amenazara o vulnerara sus derechos fundamentales, circunstancia que impide habilitar la intervención del juez de tutela. Por otra parte, en lo tocante con la falta de recursos económicos para contratar un profesional del derecho para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en uso del medio de control de «nulidad de los actos» o formular una

tutela. Por otra parte, en lo tocante con la falta de recursos económicos para contratar un profesional del derecho para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en uso del medio de control de «nulidad de los actos» o formular una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, debe indicarse que la aquí querellante puede acudir a lo preceptuado en los artículos 151 a 158 del Código General del Proceso, aplicables a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por remisión expresa del artículo 306 del 13Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

CPACA. (Ver providencia CE A, 3 ep. 2018, exp. 47-0013333-003-2015-00256-00) o puede acudir a la asignación de un abogado de oficio a través de la Defensoría del Pueblo. En este orden de ideas y sin que se hagan necesarias otras motivaciones, se revocará el fallo impugnado y, en su lugar, se declarará improcedente el amparo.

V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR el fallo impugnado y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese, publíquese y cúmplase. 14Radicación n.° 92277

SCLAJPT-12 V.00

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

15