CSJ - STL7333-2020

SCLAJPT-12 V.00

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado Ponente STL7333-2020 Radicación n.º 60450 Acta extraordinaria nº 86 Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020). Procede la Corte a resolver en primera instancia, la acción de tutela instaurada por RITALBA MUÑOZ DE HERNÁNDEZ contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI , trámite al que se ordenó vincular a las partes e intervinientes en el proceso ordinario radicado bajo el número «76001310500720170058101».

I. ANTECEDENTES Ritalba Muñoz De Hernández, instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechosRadicación n.° 60450

SCLAJPT-12 V.00 fundamentales «a la vida y mínimo vital», presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. Como situación fáctica, se tiene que, en el año 2017, la accionante interpuso demanda ordinaria laboral en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a fin de que le fuera reconocida la pensión de vejez, asunto del que conoció el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, Despacho que accedió a lo pretendido por la demandante. Indica, que la decisión de primera instancia fue recurrida en apelación por la entidad demandada, por lo que, el expediente fue remitido a la Sala Laboral del Tribunal

demandante. Indica, que la decisión de primera instancia fue recurrida en apelación por la entidad demandada, por lo que, el expediente fue remitido a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, y se encuentra pendiente para fallo, desde el 21 de febrero de 2019. Solicita, que se ordene a la Corporación convocada, emitir la correspondiente sentencia que dirima el asunto de manera definitiva. Mediante auto proferido el 1º de septiembre de 2020, esta Corporación admitió la acción constitucional, ordenó notificar a la accionada y vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de debate, para que se pronunciaran sobre ella, si a bien tenían.

Revisado el expediente, se observa que, las partes e intervinientes, fueron debidamente notificadas de la 2Radicación n.° 60450 SCLAJPT-12 V.00 presente acción, conforme dan cuenta los telegramas y correos enviados a cada una. Dentro del término, el magistrado a quien correspondió la ponencia del caso, indica que en el asunto no se observa que la demandante haya aducido razones plausibles para no respetar el turno de los demás litigantes “la mayoría de ellos, rebasando la tercera edad” , por lo que, en su sentir, la tutela no es el mecanismo idóneo para “adelantar turnos” , razón por la que solicita que se declare la improcedencia de la presente acción. Dentro del término, la Directora de Acciones

tutela no es el mecanismo idóneo para “adelantar turnos” , razón por la que solicita que se declare la improcedencia de la presente acción. Dentro del término, la Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, solicitó que se deniegue la presente acción, al considerar que la tutelista no demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sumado a que no se encuentra acreditado que la mora obedezca a una situación injustificada que permita la prelación del turno que le corresponde a la accionante.

II. CONSIDERACIONES De acuerdo con el art. 86 de la Constitución Política y con los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que

3Radicación n.° 60450 SCLAJPT-12 V.00 éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso objeto de estudio, pretende la actora, en suma, que se agilicen las actuaciones procesales al interior del litigio en el que funge como parte demandante, asunto que a la fecha, se encuentra pendiente de resolver, por parte del Tribunal, el recurso de apelación que la demandada

suma, que se agilicen las actuaciones procesales al interior del litigio en el que funge como parte demandante, asunto que a la fecha, se encuentra pendiente de resolver, por parte del Tribunal, el recurso de apelación que la demandada presentó en contra de la sentencia de primer grado. Pues bien, como primera medida, es relevante expresar que el amparo constitucional no puede erigirse como un atajo arbitrario del cual pueda el interesado servirse para soslayar los medios ordinarios de defensa judicial que el ordenamiento le dispensa. En ese orden, descendiendo al sub judice, de las pruebas allegadas al plenario, observa la Sala, que la presente acción constitucional no está llamada a prosperar, en virtud de la imposibilidad por parte del juez constitucional de suplir o desplazar la actividad judicial que por disposición legal le es asignada al juez natural. En efecto, esta Sala de la Corte ha establecido, en principio, que el juez de tutela carece de facultades para 4Radicación n.° 60450 SCLAJPT-12 V.00 inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, toda vez que sólo el director del proceso es el encargado y obligado a emitir las providencias en los casos que se encuentren a su cargo, para lo cual pondera aspectos objetivos, tales como el número de expedientes, su orden de reparto o el turno asignado para emitir las decisiones, circunstancias que de alterarse conducirían a la vulneración de las prerrogativas superiores de quienes también se hallan a la espera de que su asunto

expedientes, su orden de reparto o el turno asignado para emitir las decisiones, circunstancias que de alterarse conducirían a la vulneración de las prerrogativas superiores de quienes también se hallan a la espera de que su asunto sea resuelto, pues al tenor de lo previsto por el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y 1º y 16 de la Ley 1285 de 2009, las controversias se deciden según el orden de entrada. En esa medida, no le es dable al juzgador constitucional invadir el ámbito de competencia que la propia Constitución Política ha reservado al juez ordinario, para dictar sus determinaciones o resolver los requerimientos que las partes eleven dentro del trámite de los procesos a su cargo. Sobre un tema de contornos similares al aquí discutido, en CSJ STL1186-2014, la Sala adoctrinó: En ese orden de ideas, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que las situaciones de “mora judicial” por cuya virtud se habilita este excepcional mecanismo de protección, son aquellas que carezcan de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento negligente de la autoridad accionada, pues, obviamente, la protección constitucional no opera cuando la morosidad obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas, vale decir, cuando el proceder abusivo de la autoridad judicial censurada, además de ostensible, sea

morosidad obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas, vale decir, cuando el proceder abusivo de la autoridad judicial censurada, además de ostensible, sea verificable, razón por la cual le corresponde al peticionario del mecanismo tutelar la carga de demostrar los hechos en los que se funda para predicar el quebrantamiento de sus derechos constitucionales en tal sentido, pues, se repite, la mora judicial 5Radicación n.° 60450 SCLAJPT-12 V.00 debe tener su génesis en una conducta irregular, arbitraria, notoriamente injustificada y por lo tanto reprochable del funcionario judicial accionado, premisa que en el caso concreto no se cumple porque, de acuerdo con lo expuesto, no puede concluirse, de manera objetiva y razonable, que el hecho de no haberse finiquitado hasta hoy el asunto en cuestión, obedezca a una negligencia comprobada de la Juez Tercera Laboral de este Circuito, o de un comportamiento francamente opuesto al ordenamiento jurídico y del cual se pueda inferir la vulneración de los derechos fundamentales reclamados, máxime cuando se trata de un proceso ejecutivo que para proferir mandamiento de pago, debe existir un estudio del título sobre el cual recae la obligación, como de las medidas cautelares. Además de lo dicho, el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir

como de las medidas cautelares. Además de lo dicho, el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el ámbito que la propia Constitución Política les ha reservado, so pena de violar los principios de autonomía e independencia judicial, contemplados en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, en tanto el funcionario judicial a cuyo cargo está el proceso en comento, por fungir como director del mismo, es el encargado de organizar sus labores, dentro de las cuales está la de emitir las providencias en los procesos que se encuentren a su cargo, de tal suerte que resultaría extraño al trámite del proceso que el juez de tutela dispusiera la expedición de una determinada providencia o realización de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes en ese estado o el orden de entrada de los mismos al despacho con esa finalidad, más aún cuando el juez constitucional no puede alterar los turnos dispuestos para resolver los procesos, en tanto ello implicaría lesionar los derechos de otras personas que también se encuentran a la espera de que su asunto sea decidido, pues, al tenor de lo previsto por el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, estos se resuelven según el orden de entrada, so pena de incurrir en falta disciplinaria susceptible de sanciones. Es así que, de los apartes jurisprudenciales transcritos, resulta claro que la mora judicial debe tener su origen en una

resuelven según el orden de entrada, so pena de incurrir en falta disciplinaria susceptible de sanciones. Es así que, de los apartes jurisprudenciales transcritos, resulta claro que la mora judicial debe tener su origen en una conducta irregular, arbitraria y notoriamente injustificada, condiciones que esta Sala no encuentra acreditadas, por lo que teniendo en cuenta que tal como lo indica la accionante, y conforme se evidencia en el Sistema de Gestión Siglo XXI, el proceso se encuentra al despacho pendiente para fallo desde el 21 de febrero de 2019, en la Sala Laboral del 6Radicación n.° 60450

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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, circunstancia de la que no puede concluirse per se , que el hecho de no haberse resuelto el litigio, obedezca a una negligencia comprobada del juzgador, máxime que como bien lo indica el magistrado ponente en la contestación al escrito de tutela, no existe fundamento alguno, ni ocurrencia de perjuicio irremediable debidamente acreditada que permita inferir, que el proceso de la actora deba tener prelación frente a los otros asuntos en los que también hay demandantes esperando pronunciamiento por parte del Tribunal, razonamiento que resulta suficiente para denegar el amparo constitucional deprecado.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos invocados,

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

7Radicación n.° 60450

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Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

8Radicación n.° 60450

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OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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