CSJ - STP10560-2020

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente STP10560-2020 Radicación n° 113705 Acta 252 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020). ASUNTO Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por WILSON HERNÁNDEZ MENESES, contra el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, a quienes acusa de haber vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa al interior del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de secuestro extorsivo agravado.Radicado n° 113705

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Primera Instancia 2 A la presente actuación fueron vinculados como terceros con interés las partes e intervinientes en la actuación penal. PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER i) Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se encuentran acreditados los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela, para censurar por esta vía la valoración probatoria efectuada por el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, en la sentencia condenatoria impuesta al accionante el pasado 23 de abril de 2008, confirmada en segunda instancia el 16 de diciembre de 2008. ii) Por otro lado, refirió que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados por las citadas autoridades judiciales

condenatoria impuesta al accionante el pasado 23 de abril de 2008, confirmada en segunda instancia el 16 de diciembre de 2008. ii) Por otro lado, refirió que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados por las citadas autoridades judiciales porque al emitir la sentencia en su contra por el delito de secuestro extorsivo agravado, aplicaron el aumento de pena contenido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, sin tener en cuenta, a su juicio, que tal incremento no le era aplicable en virtud del cambio jurisprudencial fijado por la Sala de Casación Penal en la sentencia CSJ SP 33254 de 27 de febrero de 2013. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante auto de 10 de noviembre de 2020, esta Sala avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado a las autoridades judiciales accionadas y partesRadicado n° 113705

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Primera Instancia 3 vinculadas a efectos de garantizarles sus derechos de defensa y contradicción.

RESULTADOS PROBATORIOS

1. Con escrito de 23 de noviembre del año en curso la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá puso de presente la confirmación a la sentencia condenatoria emitida contra el accionante por el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Bogotá e informó que no contaba con elementos de juicio para pronunciarse sobre la tutela puesto que el proceso actualmente se encontraba en ejecución de penas.

2. Por su parte, mediante respuesta allegada el 24 de

Bogotá e informó que no contaba con elementos de juicio para pronunciarse sobre la tutela puesto que el proceso actualmente se encontraba en ejecución de penas.

2. Por su parte, mediante respuesta allegada el 24 de noviembre siguiente, la Fiscalía 6ª Seccional adscrita al Grupo de Investigación y Judicialización alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Los demás accionados y vinculados guardaron silencio durante el término de traslado.

CONSIDERACIONES

1. De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por WILSON HERNÁNDEZ MENESES , al comprometer presuntas irregularidades de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de quien es su superior funcional.Radicado n° 113705

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Primera Instancia 4

2. El problema jurídico planteado se resolverá atendiendo la línea jurisprudencial fijada por esta Corporación 1 respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente, cuando no se agotaron los medios de defensa judicial con los que contaba el accionante para la protección de sus garantías constitucionales, a saber2: «3. Recuérdese que el legislador instituyó diversas herramientas al interior del proceso para que los sujetos procesales sean oídos, reclamen la protección de sus derechos constitucionales e intenten la

«3. Recuérdese que el legislador instituyó diversas herramientas al interior del proceso para que los sujetos procesales sean oídos, reclamen la protección de sus derechos constitucionales e intenten la modificación de una decisión que consideren lesiva de sus pretensiones. 3.1. Así, contempló una serie de recursos que resultan idóneos para lograr el restablecimiento del orden jurídico quebrantado y el respeto de las garantías constitucionales y legales así como provocar el escrutinio de la determinación judicial por otros funcionarios, quienes están igualmente llamados a velar por la preservación de la integridad de los derechos consagrados en la Carta Política. 3.2. Es por ello reiterado el criterio de esta Corporación, en cuanto a que la procedencia del amparo constitucional contra decisiones judiciales está atada a que previamente se agoten todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, pues, salvo el caso del perjuicio irremediable debidamente comprobado, el juez de tutela no puede desconocer la existencia del juez natural e invadir su competencia. Lo anterior significa, que si existen o existieron mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para proteger el derecho fundamental que se estima conculcado o amenazado, no hay lugar a otorgar el amparo solicitado. La Corte Constitucional al respecto precisó en sentencia CC T-477 del 19 de mayo de 2004: "...quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de

La Corte Constitucional al respecto precisó en sentencia CC T-477 del 19 de mayo de 2004: "...quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya trasgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, 1 CSJ. STP5654-2019, 7 may. abr. 2019, rad. 104440. STP5364-2019, 30 abr. 2019, rad.

104159. STP5055-2019, 23 abr. 2019, rad.103859. 2 CSJ. STP5944-2019, 9 may. 2019, rad. 104320.Radicado n° 113705

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Primera Instancia 5 apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal".»

3. Ha sido insistente esta Sala en señalar que la acción de tutela es un mecanismo excepcional, subsidiario, preferente, sumario y establecido constitucionalmente, por medio del cual se le ha confiado a los jueces de la República la protección de forma inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando por la actividad u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en los eventos establecidos en la ley, se genere

le ha confiado a los jueces de la República la protección de forma inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando por la actividad u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en los eventos establecidos en la ley, se genere una amenaza o vulneración a los mismos. Excepcionalmente, la solicitud de amparo puede ejercitarse para demandar el reconocimiento de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el trámite procesal el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la providencia es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas causales generales de procedibilidad, o en los casos en que el mecanismo pertinente, previamente establecido en el ordenamiento jurídico, es claramente ineficaz para la defensa de éstas, evento en el cual el amparo constitucional procede como dispositivo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable. En sentido contrario, cuando en la demanda lo único que se hace es insistir en puntos que fueron resueltos de fondo por otros jueces en virtud de sus específicas competencias, la acción de tutela pierde su carácter autónomo excepcional y se convierte en un recurso más, utilizado por el demandante para lograr susRadicado n° 113705

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Primera Instancia 6 pretensiones, que como, se dijo, pertenecen a la órbita del juez natural.

un recurso más, utilizado por el demandante para lograr susRadicado n° 113705

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Primera Instancia 6 pretensiones, que como, se dijo, pertenecen a la órbita del juez natural. Este carácter estrictamente subsidiario impide que la acción de tutela se emplee como un medio alternativo para atacar, impugnar o censurar las decisiones expedidas dentro de un proceso judicial cuando las razones allí expuestas no son compartidas por quien formula el reproche; criterio que se debe reiterar en el presente asunto, en el cual la demanda se dirige a resquebrajar la firmeza de una decisión que no fue recurrida a través de los canales dispuestos por el Legislador.

4. De la censura por la valoración probatoria efectuada por el juzgado y tribunal accionados.

En el caso sub judice se observa que el demandante desconoció el presupuesto de subsidiariedad y residualidad que rigen la acción de tutela, pues no acreditó el agotamiento de los medios de defensa judicial que tenía a su alcance para controvertir el supuesto desacierto en la valoración probatoria efectuada por los juzgadores de instancia. Según se expuso en la misma demanda, contra la sentencia de segunda instancia -16 de diciembre de 2008no se presentó recurso alguno, pese a que procedía el extraordinario de casación, medio de defensa judicial idóneo que le permitía al actor subsanar los posibles errores en que habrían incurrido las providencias atacadas. Así, se tiene que aun cuando contaba con la posibilidad de

casación, medio de defensa judicial idóneo que le permitía al actor subsanar los posibles errores en que habrían incurrido las providencias atacadas. Así, se tiene que aun cuando contaba con la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y presentar lasRadicado n° 113705

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Primera Instancia 7 correspondientes censuras a la valoración probatoria efectuada por el juzgado y tribunal accionados, el actor asumió una actitud pasiva y permitió que las decisiones de instancia cobraran firmeza. Bajo ese entendido resulta improcedente acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional, pues si el accionante tenía algún reparo contra el mérito suasorio otorgado a los medios de prueba o con la sentencia emitida en su contra, debió hacer uso del recurso extraordinario de casación que tenía a su alcance para conjurar esa supuesta afectación. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-108 de 2003 sostuvo: «El recurso extraordinario de casación constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el artículo 86 Superior. De lo contrario la acción de tutela se convertiría en una vía alterna para la resolución de las controversias y se desvanecería con ello su carácter subsidiario y residual». Y más adelante, en sentencia T-212 de 2006 reafirmó: «Como regla general, no procede la tutela para analizar la vulneración

controversias y se desvanecería con ello su carácter subsidiario y residual». Y más adelante, en sentencia T-212 de 2006 reafirmó: «Como regla general, no procede la tutela para analizar la vulneración de los derechos fundamentales cuando existe un mecanismo ordinario idóneo de protección de tales derechos. Cuando se cuestiona alguna providencia judicial, en principio, la tutela es improcedente si dentro del mismo proceso en el cual se profirió la providencia existen recursos mediante los cuales se pueda cuestionar la validez de la decisión tomada por el funcionario judicial. […] Esta regla también se aplica cuando lo que se cuestiona es una providencia judicial de tipo penal. Así las cosas, se exige el agotamiento de las instancias y recursos extraordinarios dentro del proceso penal para la procedencia de la tutela. Lo anterior, puesto que la Corte ha encontrado, prima facie, que tales mecanismos son idóneos para laRadicado n° 113705

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Primera Instancia 8 garantía del debido proceso. En ese orden, debe recordarse que la acción de tutela contra decisiones judiciales se condiciona al despliegue diligente y leal de los derechos y deberes de las partes en una actuación3. Por lo tanto, lo pretendido desconoce la órbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, pues no puede soslayarse que las etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuación son el primer escenario de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías que conforman el debido proceso. Así las cosas, dado que la solicitud de amparo no cumple

conforman una actuación son el primer escenario de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías que conforman el debido proceso. Así las cosas, dado que la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de subsidiariedad consistente en «que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada», será declarada improcedente.

5. De la supuesta aplicación del aumento de pena contenido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Alegó el accionante la vulneración de sus garantías fundamentales por la aplicación del incremento de pena del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues a su juicio debió aplicarse la variación del precedente jurisprudencial establecido por esta Sala en la sentencia CSJ SP 33254 de 27 de febrero de 2013. Al respecto, es cierto que la Sala en la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, rad. 33254, precisó, en lo fundamental, que el incremento general de penas previsto por el artículo 14 de la 3 Cfr. CSJ SCP STP5406-2018, 24 abr 2018, rad. 98080.Radicado n° 113705

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Primera Instancia 9 Ley 890 de 2004 no tenía aplicación cuando el procesado propicia la terminación anticipada del proceso por la vía de los allanamientos o los acuerdos, y no recibe a cambio beneficios o descuentos punitivos en virtud de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 20064.

allanamientos o los acuerdos, y no recibe a cambio beneficios o descuentos punitivos en virtud de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 20064. Sin embargo, en el presente asunto resulta improcedente solicitar por vía de tutela el estudio de la sentencia a la luz del cambio jurisprudencial que se pregona, pues el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo para la protección de sus derechos. El artículo 192-7 de la Ley 906 de 2004 posibilita acudir a la acción de revisión cuando la Sala de Casación Penal varía de manera favorable el criterio jurídico que sirvió de fundamento para la definición de la responsabilidad o de la punibilidad en la decisión de condena. Bajo la perspectiva de la causal mencionada, el accionante puede solicitar la revisión de su sentencia ante el tribunal competente, pues acudir a la acción de tutela en los términos mencionados desconoce la órbita de competencia del juez constitucional, como se indicó en precedencia. En ese orden, dada la existencia de otro dispositivo efectivo de protección, el accionante WILSON HERNÁNDEZ MENESES 4 ARTÍCULO 26: “ Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de

procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado penal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz”.Radicado n° 113705

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Primera Instancia 10 debió acreditar que acudió en forma oportuna a aquél para postular la posible vulneración de sus prerrogativas superiores, o demostrar por qué ese medio no resultaba idóneo para proteger sus derechos, no obstante, decidió no emplearlo y acudió directamente a la acción de tutela, desconociendo su carácter residual y subsidiario. Bajo este panorama, a tono con el marco fáctico expuesto, el presente asunto no se aviene a ninguno de los presupuestos que permitirían un estudio constitucional de los hechos en que se sustenta la vulneración que alega el accionante, en consecuencia se negará por improcedente el amparo constitucional invocado. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas No. 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas No. 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Negar el amparo constitucional reclamado por el accionante, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar a las partes de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado.Radicado n° 113705

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Primera Instancia 11 Cúmplase

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria