CSJ - STP1085-2023

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente STP1085-2023 Radicación n° 128670 Acta 23. Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023). ASUNTO Procede la Corte a resolver la acción de tutela presentada por JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS, por conducto de apoderado, contra la Sala de Casación Laboral de Descongestión nº 2 , por la presunta vulneración de las garantías fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la dignidad humana, al trabajo y al mínimo vital, trámite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de esa ciudad, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías AFP Protección S.A., la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES y las demás partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral fundamento de la acción de tutela.

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓNCUI 11001020400020230019400

Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS, en su condición de pensionado, promovió proceso ordinario laboral contra la administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES1 y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., al que también fue llamada La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la pretensión de

de Pensiones –COLPENSIONES1 y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., al que también fue llamada La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la pretensión de que se declarara la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida - RPMPD-, al régimen de ahorro individual con solidaridad -RAIS-. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante decisión del 17 de junio de 2019, accedió a la pretensión. En virtud a la calidad de pensionado del demandante, reconoció y ordenó el pago de las mesadas pensionales causadas entre el 1 de mayo de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019 ($429.261.215) y la obligación de continuar reconociendo la mesa pensional en cuantía de $7.473.369. La decisión fue apelada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la AFP Protección. En sentencia de 21 de septiembre de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín en sede de apelación y conociendo en grado de consulta respecto de Colpensiones, revocó la determinación. Ello con fundamento en que, la ineficacia del traslado no procede en los casos de personas que ostentan la calidad de pensionadas. Contra dicha determinación, la parte demandante interpuso recurso extraordinario de casación.

1 En adelante COLPENSIONES. 2CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS La Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión n°. 2, mediante providencia SL2527-2022 de 13 de junio de 2022, no casó la decisión del Tribunal Superior de Medellín. Inconforme con dicha determinación, JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS acude a la acción de tutela, con fundamento en que, la decisión del 13 de junio de 2022 incurrió en causales específicas y desaciertos.

Concretamente: i) Defecto sustantivo, porque desconoció el alcance que ha dado la Corte Constitucional al principio de favorabilidad, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a la “dignidad en la tercera edad” y a la seguridad social. ii) Defecto fáctico: “el juez de casación concluyó en la existencia de una serie de inconvenientes prácticos para devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de que (…) se trasladara de régimen pensional, hechos que no estaban demostrados en el expediente y, por el contrario, fueron tranquilamente superados por el juez de primera instancia”. iii) Decisión sin motivación suficiente: porque no abordó el estudio de todos los planteamientos contenidos en la demanda de casación. Estimó que, no resulta suficiente que haya acogido el criterio imperante, sino que debe estudiarse cada uno de los puntos objeto de reproche contenidos en la sustentación del recurso.

de todos los planteamientos contenidos en la demanda de casación. Estimó que, no resulta suficiente que haya acogido el criterio imperante, sino que debe estudiarse cada uno de los puntos objeto de reproche contenidos en la sustentación del recurso. iv) Desconocimiento del precedente constitucional: en la medida que la decisión “termina desconociendo lo adoctrinado por la guardiana 3CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS de la Constitución en materia de principios basilares del derecho social como la igualdad, la favorabilidad y la tutela judicial efectiva”. v) Previo a la expedición de la sentencia SL373-2021, la postura de la Sala de Casación Laboral era la posibilidad de declarar ineficacia del traslado de régimen a personas que tenían la condición de pensionados y que si bien, esta varió con la emisión de aquella determinación, lo cierto es que en virtud del principio constitucional de favorabilidad, “debe escogerse la interpretación que más favorezca a la persona”. vi) Indica que, carece de sustento la afirmación contenida en la decisión cuestionada, según la cual, no es posible reversar la situación al haber obtenido el estatus de pensionado, pues lo cierto es que, el juzgado de primera instancia sí logro hacerlo. vii) De aceptarse la tesis de que el retorno al régimen de prima media resulta difícil para las personas que ya estaban pensionadas por un fondo privado, lo correcto es que, en cada caso debe acreditarse en qué radica esa dificultad y por qué no es posible su reversión. Aduce que, la razón no puede ser “una imaginaria afectación de la sostenibilidad financiera del

privado, lo correcto es que, en cada caso debe acreditarse en qué radica esa dificultad y por qué no es posible su reversión. Aduce que, la razón no puede ser “una imaginaria afectación de la sostenibilidad financiera del sistema pensional cuando el ordenamiento le da las herramientas para protegerlo”. viii) Constituye una vulneración del derecho a la igualdad, tratar de manera diferente a la persona que no tiene la condición de pensionado frente a aquella que sí, cuando en ambos casos, se incurrió en la misma falta de información al momento del traslado al régimen de ahorro individual.

PRETENSIONES

4CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS La parte actora invoca las siguientes: “1. […] dejarse sin efecto la providencia mediante la cual se resolvió la demanda de casación interpuesta.

2. Que se ordene a esa entidad, dictar nueva providencia donde se case la sentencia del Tribunal Superior de Medellín y se reconozca lo pedido en la demanda ordinaria tramitada. Subsidiariamente, que se deje sin efectos las sentencias dictadas por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de

Justicia (Sala de Descongestión Laboral No 2) y por el Tribunal Superior de Medellín, ordenándole a la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín dictar una nueva que conforme lo decidido por el a quo”.

INTERVENCIONES

Sala Laboral Casación Laboral de Descongestión nº 2 El magistrado ponente luego de hacer una sinopsis del contenido de la decisión cuestionada, solicitó negar el amparo, con fundamento en

INTERVENCIONES

Sala Laboral Casación Laboral de Descongestión nº 2 El magistrado ponente luego de hacer una sinopsis del contenido de la decisión cuestionada, solicitó negar el amparo, con fundamento en que la decisión confutada se ajustó a la línea actual de la Sala de Casación Laboral Permanente. Pide que, en caso de un eventual amparo, la orden debe incluir, la remisión del expediente a la Sala de Casación Laboral Permanente, para que sea esta quien unifique el criterio de interpretación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público La apoderada judicial solicita negar el amparo. Sostiene que, si bien la parte actora enunció la existencia de varias causales específicas de procedencia de la tutela contra la providencia cuestionada, no cumplió con la carga de demostrarlas. 5CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS Destaca que, la posición de la Sala de Casación Laboral, adoptada a partir de la sentencia SL373-2021 de restringir el traslado de régimen a quienes ya adquirieron la condición de pensionados, se muestra consonante con la posición de la Corte Constitucional, contenida en la sentencia C-841/03. Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. La representante legal solicita negar al amparo, ya que la discusión que propone fue definida por el juez natural; determinación que hizo tránsito a cosa juzgada. Destaca que, la acción de tutela no puede emplearse como instrumento para discutir las sentencias dictadas, ni para revivir

tránsito a cosa juzgada. Destaca que, la acción de tutela no puede emplearse como instrumento para discutir las sentencias dictadas, ni para revivir oportunidades procesales que han fenecido. De otra parte, refiere que, de conformidad con la actual línea de la Sala de Casación Laboral, no es procedente la declaratoria de ineficacia del traslado de un pensionado afiliado al RAIS. Y que, en grado de discusión, no existía para una declaratoria de ineficacia, porque cumplió el deber de información. Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidación. Su apoderado expuso las normas y el proceso adelantado para la liquidación del extinto Instituto de Seguros Sociales e informó que se 6CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS verificó que esa entidad no hizo parte del proceso laboral adelantado por quien aquí acciona. Indica que, ese patrimonio carece de facultad jurídica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida; siendo por tanto COLPENSIONES la Entidad actualmente encargada de administrar el mencionado Régimen y, por tanto, la llamada a pronunciarse. CONSIDERACIONES De conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, que modificó el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en concordancia con el precepto 44 del Reglamento General de la Corte

de 2021, que modificó el canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en concordancia con el precepto 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, es competente esta Sala para pronunciarse, en primera instancia, en tanto ella involucra una decisión adoptada por la Homóloga de Casación Laboral. En el presente asunto, el problema jurídico consiste en determinar si la Sala de Descongestión Laboral n° 2 incurrió en alguna irregularidad que amerite la intervención extraordinaria del Juez de tutela, con la expedición de la providencia SL2527-2022 de 13 de junio del año en curso, mediante la cual, resolvió no casar la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín que, en sede de segunda instancia, revocó la emitida en primera por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de esa ciudad y negó la pretensión de declaratoria de ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al de régimen de ahorro individual. 7CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS La acción de tutela opera como un mecanismo eficiente de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que ellos resulten vulnerados por el actuar u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que determina la ley. Su ejercicio excepcional frente a providencias judiciales, supedita su prosperidad al cumplimiento de « ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad»2 que implican una carga para el actor, no sólo en su

particulares en los casos que determina la ley. Su ejercicio excepcional frente a providencias judiciales, supedita su prosperidad al cumplimiento de « ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad»2 que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional 3. Tales presupuestos, se encuentran clasificados en generales4 y específicos5. Así las cosas, el primer tamiz que debe superarse en tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales es el cumplimiento de los requisitos de procedencia genéricos, que se anticipa, en este caso se satisfacen, como pasa a exponerse: i) El asunto sometido a consideración ostenta relevancia constitucional, ii) el accionante agotó todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tenía a su disposición, iii) se cumple el 2 Sentencias C-590/05 y T-332/06.3 Ibídem.4 i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. ii). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

1. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. v) «Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.» vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 5 Defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución.

8CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS requisito de inmediatez, toda vez que aquí se censura una decisión relacionada con temas pensionales. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-013-2019, señaló lo siguiente: […] La inmediatez se refiere a que el tiempo transcurrido entre el hecho al que se le atribuye la vulneraci ón o posible amenaza del derecho fundamental alegado y la interposici ón de la tutela, sea razonable; por sí, es una condición de procedencia de la acción que se instituyó, con el fin de proteger tanto la seguridad jurídica como los intereses de terceros, haciendo de este mecanismo de amparo una manera rápida, inmediata y eficaz para proteger los derechos fundamentales de las personas. […] No obstante lo anterior, esta Corporación ha sostenido que  “cuando se

mecanismo de amparo una manera rápida, inmediata y eficaz para proteger los derechos fundamentales de las personas. […] No obstante lo anterior, esta Corporación ha sostenido que  “cuando se pretende el reconocimiento de un derecho de car ácter pensional, el requisito de inmediatez debe tenerse por cumplido siempre, dado que se trata de ‘una prestación periódica de carácter imprescriptible’ que compromete de manera directa el mínimo vital de una persona. Por consiguiente, las solicitudes relacionadas con su reconocimiento guardan constante actualidad y se pueden efectuar en cualquier tiempo”. Adicionalmente, iv) se trata de una irregularidad procesal ya que el demandante cuestiona la indebida interpretación de los presupuestos que se deben exigir para acceder a la ineficacia del traslado de régimen pensional, v) en el escrito de tutela se identificaron plenamente los hechos generadores de la presunta vulneración y los derechos fundamentales afectados y, finalmente, vi) el ataque constitucional no se dirige contra una sentencia de tutela. Superado ese análisis, se entrará a analizar si concurre alguna de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Anticipando que, no se evidencia la concurrencia de alguna. Se partirá por señalar que, la discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisión no habilita la interposición de la acción de tutela, en la medida que esta vía preferente no fue diseñada como una

9CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS instancia adicional, ni fue instituida para que las autoridades judiciales adopten un criterio específico. Dentro de la autonomía que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales se encuentra la de interpretar las normas para resolver el caso concreto y esa labor permite que la comprensión que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera que la razonabilidad de la argumentación presentada resulta relevante al momento de hacer la respectiva valoración. Verificado el contenido de la decisión emitida por la Sala de Casación Laboral de Descongestión n° 2 accionada, con la que finalizó el debate en el proceso laboral que promovió JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS, se verifica que al margen de que ésta se amolda o no a sus expectativas, tópico que, por principio, es extraño a la acción de tutela, contiene argumentos razonables pues, para arribar a la conclusión, la autoridad accionada, fundó su postura en una ponderación probatoria y jurídica, propia de la adecuada actividad judicial. Así, la decisión cuestionada, se refirió a la línea jurisprudencial vigente frente al tema de la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad -RAIS-, consistente en que, no es posible acceder ello, en tratándose de personas que ostentan la condición de

vigente frente al tema de la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad -RAIS-, consistente en que, no es posible acceder ello, en tratándose de personas que ostentan la condición de pensionadas, dado que dicha calidad “corresponde a una situación imposible de revertir sin afectar a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídica y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto” 10CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS La nugatoria de las pretensiones de la demandante, fundamentada en la condición de pensionado del demandante fueron además soportadas en pronunciamientos previos de la misma corporación: CSJ SL5169-2021,

CSJ SL5704-2021 y CSJ SL5172-2021.

Sumado a esas consideraciones, la Sala de Descongestión indicó que, contrario a las afirmaciones contenidas en la demanda de casación, de que la imposibilidad de retrotraer los efectos, no eran más que conjeturas, aspecto en que insistente en esta vía preferente, precisó que, esa dificultad en el caso en concreto, está dada en el hecho acreditado de que, el demandante negoció anticipadamente el bono pensional en su favor y fue redimido el 13 de mayo de 2016 y que “tratándose de un título de deuda pública en el que intervino la Nación, a través de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, así como los agentes del

pública en el que intervino la Nación, a través de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, así como los agentes del mercado que hicieron parte de la operación, se está ante una situación consolidada e irreversible de liquidación de un título que, corrientemente, estuvo destinado a la financiación de la prestación”. También abordó la eventual afectación del derecho a la igualdad, aspecto en el que también insiste en la demanda de tutela, en el sentido de precisar que, la imposibilidad de retornar al RPMPD, por la calidad de pensionado, no comporta una discriminación injustificada porque “se trata de supuestos de hecho distintos, pues los afiliados aun preservan la expectativa de pensionarse, sin que el capital para sufragar la prestación se vea menguado de manera alguna y sin que intervengan agentes externos que puedan ver lesionados sus derechos legítimos”. Frente a ese punto, sumó como argumento que, incluso, la opción de trasladarse se encuentra vedada desde la expedición de la Ley 797 de 2003, que contempla dicha imposibilidad cuando al afiliado le falten 11CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS menos de 10 años para la consecución de su derecho pensional. Ello para señalar que “con mayor razón la prohibición se predica de los pensionados quienes ya han recibido el derecho”. Destacó además que, como lo sostuvo la Sala de Casación Laboral Permanente en la sentencia CSJ SL1113-2022, la posición de no acceder a

pensionados quienes ya han recibido el derecho”. Destacó además que, como lo sostuvo la Sala de Casación Laboral Permanente en la sentencia CSJ SL1113-2022, la posición de no acceder a la ineficacia del traslado en el caso de pensionados, cuando se falta al deber de información, no quiere decir que, el demandante quede sin mecanismos para exigir reparación frente a la omisión en que pudo incurrir la administradora de pensiones, dado que, puede “demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora de pensiones que incumplió su deber de información, a fin de que se ordene el pago “de la diferencia entre la prestación reconocida en el RAIS y aquella que hubiese tenido en el RPMPD. Esto es, imponer el pago de una renta periódica en los mismos términos en que lo habría hecho el régimen de prima media con prestación definida, tanto para el pensionado como para sus potenciales beneficiarios, ordenando compensar o restituir todo aquello a lo que haya lugar””. Las anteriores aseveraciones corresponden a la valoración del juez de conocimiento bajo el principio de la libre formación del convencimiento y permiten que la providencia censurada sea inmutable por el sendero de este accionamiento. Recuérdese que la aplicación sistemática de las disposiciones jurídicas y la interpretación ponderada de los falladores, al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece a su autonomía como administradores de justicia. Estos razonamientos no pueden controvertirse en el marco de la

disposiciones jurídicas y la interpretación ponderada de los falladores, al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece a su autonomía como administradores de justicia. Estos razonamientos no pueden controvertirse en el marco de la acción de tutela, cuando de manera alguna se perciben ilegítimos o caprichosos. Entendiendo, como se debe, que la misma no es una herramienta jurídica adicional, que en este evento se convertiría prácticamente en una tercera instancia, no es adecuado plantear por esta 12CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS vía la incursión en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretación de las reglas aplicables al caso, o valoraciones probatorias. Argumentos como los presentados por quien acciona son incompatibles con este mecanismo constitucional. Si se admitiera que el juez de tutela puede verificar la juridicidad de los trámites por los presuntos desaciertos en la valoración probatoria o interpretación de las disposiciones jurídicas, no sólo se desconocerían los principios de independencia y sujeción exclusiva a la ley, que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural y las formas propias del juicio contenidos en el canon 29 Superior. De otra parte, es importante precisar al accionante que, más allá de

los jueces ordinarios, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural y las formas propias del juicio contenidos en el canon 29 Superior. De otra parte, es importante precisar al accionante que, más allá de su desacuerdo, lo cierto es que, como pasó de verse, la postura adoptada en la sentencia confutada, corresponde a la línea jurisprudencial que a partir de 2021 ha sostenido la Sala de Casación Laboral Permanente, que ha servido de derrotero para decidir varios casos de iguales características, como fueron citados en la providencia origen de la inconformidad; lo que descarta la afectación del derecho a la igualdad invocado. En suma, se negará el amparo deprecado. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas No. 3 , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 13CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670 JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS RESUELVE Primero: Negar el amparo deprecado por JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS, por las razones contenidas en la parte motiva.

Segundo: De no ser impugnado este fallo ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERSON CHAVERRA CASTRO

14CUI 11001020400020230019400 Tutela de primera instancia Nº 128670

JORGE ELIÉCER GÓMEZ RÍOS

Nubia Yolanda Nova García Secretaria 15