CSJ - STP11657-2020

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente STP11655-2020 Radicación No. 113713 (Aprobado Acta No. 263) Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020) VISTOS Decide la Sala la impugnación interpuesta por JOSÉ DEL CARMEN MARTÍNEZ DÍAZ , contra el fallo de tutela proferido el 23 de octubre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación

ANTECEDENTES

Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Fueron recogidos en la decisión de primera instancia, en los siguientes términos:

1. El señor José del Carmen Martínez Díaz, quien se encuentra recluido en el EPAMSCAS de Cómbita -Boyacá, interpuso acción de tutela para que se le protejan los referidos derechos constitucionales, con fundamento en los

siguientes hechos: a. Mediante auto N° 0989 del 5 de noviembre de 2019, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja – Boyacá le negó el beneficio de la

Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja – Boyacá le negó el beneficio de la libertad condicional, a pesar de que cumple con los requisitos exigido por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en atención a la valoración de la conducta punible por la cual fue condenado y porque no obra constancia de que se haya adelantado el incidente de reparación integral; en ese sentido, contra dicha determinación, el 19 de noviembre siguiente interpuso los recurso de reposición y apelación, este último en subsidio, pero con proveído del 12 de mayo de 2020, el juez ejecutor resolvió no reponer esa decisión y concedió al alzada ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad. b. No obstante, con auto del 28 de septiembre hogaño, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga confirmó la decisión emitida el 5 de noviembre, situación que, a su juicio, trasgrede sus derechos fundamentales, comoquiera que realizaron una errada valoración del artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, relativo al aspecto de la resocialización. Alega que los accionados se detuvieron a realizar una transcripción de los fallos condenatorios, pero no

artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, relativo al aspecto de la resocialización. Alega que los accionados se detuvieron a realizar una transcripción de los fallos condenatorios, pero no tuvieron en cuenta los demás elementos propios de la ejecución de la pena, conforme con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia T-640 de 2017. c. Destaca que no es dable negar el beneficio en cuestión, únicamente con base en la valoración de la conducta, sin que 2Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación se tenga en cuenta su nivel de reinserción, el proceso de tratamiento penitenciario adelantado, el concepto favorable emitido por el CET del INPEC; asimismo, refiere que los accionados desconocieron la normativa vigente, respecto del tratamiento penitenciario, reglada en la Ley 65 de 1993; finalmente, concluyó que esos despachos judiciales incurrieron en un defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente jurisprudencial, fijado en las sentencias C-757 de 2014 y T-640 de 2017. Por lo expuesto, solicita se amparen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se revoquen las decisiones emitidas por las autoridades judiciales accionadas, que dispusieron negar el beneficio de la libertad condicional, así como prevenirlos para que se abstengan de desconocer el precedente jurisprudencial respectivo. (…)

EL FALLO IMPUGNADO

accionadas, que dispusieron negar el beneficio de la libertad condicional, así como prevenirlos para que se abstengan de desconocer el precedente jurisprudencial respectivo. (…) EL FALLO IMPUGNADO La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declaró improcedente el amparo deprecado, al considerar que, los funcionarios judiciales accionados cumplieron con los lineamientos normativos y jurisprudenciales que rigen la concesión de la libertad condicional. Aseveró que, no se advierte con estas decisiones un quebrantamiento a los derechos fundamentales del accionante, por el solo hecho de no acceder a su solicitud de libertad condicional.

LA IMPUGNACIÓN

3Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación JOSÉ DEL CARMEN MARTÍNEZ DÍAZ interpuso recurso de impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, sin manifestar las razones de su inconformidad. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento Interno de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación impuesto por JOSÉ DEL CARMEN MARTÍNEZ DÍAZ , contra el fallo de tutela proferido el 23 de octubre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que declaró improcedente la solicitud de

contra el fallo de tutela proferido el 23 de octubre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1. 1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 4Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2 2 Ibídem 5Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación f. Que no se trate de sentencias de tutela. Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese

grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese 3 Sentencia T-522 de 2001 6Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas

luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 7Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La impugnación se centra en un punto específico: determinar si la solicitud de amparo interpuesta por JOSÉ DEL CARMEN MARTÍNEZ DÍAZ , contra la negativa de los juzgados accionados de conceder el subrogado de libertad condicional, cumple con alguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Al examinar las pruebas obrantes y el marco jurídico aplicable, la Sala advierte que lo pertinente es confirmar el fallo de tutela impugnado, comoquiera que las decisiones censuradas no incurren en alguna vía de hecho, por el

aplicable, la Sala advierte que lo pertinente es confirmar el fallo de tutela impugnado, comoquiera que las decisiones censuradas no incurren en alguna vía de hecho, por el contrario, son fruto de autonomía e independencia propia de las autoridades judiciales, acorde con la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto, puesto a su conocimiento. A diferencia de lo establecido por el accionante, esta Corporación evidencia que la razón principal por la cual fue 8Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación denegada su solicitud de libertad condicional consistió en el análisis de requisitos establecido en el artículo 64 del Código Penal, junto con su ponderación frente a la valoración de la conducta punible realizada por el sentenciado, observaciones tales, que impidieron la concesión de beneficio de libertad condicional de JOSÉ DEL

CARMEN MARTÍNEZ DÍAZ.

Este criterio es propio de la autonomía e independencia que gozan las autoridades judiciales, además es adecuado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 y la jurisprudencia aplicable. En el presente caso, por parte de los jueces ordinarios, se tuvieron como fundamento, hechos que fueron objeto de estudio en la sentencia, por lo cual, la Sala denota que la valoración de la conducta no se apartó de la misma decisión. Es importante aclarar que, el hecho de reportar una buena

fundamento, hechos que fueron objeto de estudio en la sentencia, por lo cual, la Sala denota que la valoración de la conducta no se apartó de la misma decisión. Es importante aclarar que, el hecho de reportar una buena conducta y cumplir con el mínimo establecido de pena ejecutada, no es suficientes para que se otorgue la libertad condicional como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, pues es insoslayable cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la precitada norma. Como se ha sido indicado en otras oportunidades, es función del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, analizar los requisitos para la procedencia de la libertad condicional, previa valoración de la conducta 9Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación punible. Esa facultad no excluye la evaluación de la gravedad de las acciones u omisiones materializadas por el condenado, tal y como quedó registrado en el fallo condenatorio5. Así fue determinado por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-194 de 2005 y C-757 de 2014, en las que dejó claro que el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, con sus posteriores modificaciones, conlleva valorar la conducta a la luz de la sentencia condenatoria, sin que ello implique violar el non bis in ídem. Esto tampoco le impide a la referida autoridad, tener en

posteriores modificaciones, conlleva valorar la conducta a la luz de la sentencia condenatoria, sin que ello implique violar el non bis in ídem. Esto tampoco le impide a la referida autoridad, tener en cuenta para esta valoración todas las circunstancias, tanto favorables como desfavorables para el condenado, las cuales fueron traídas a colación en el fallo condenatorio. Es competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad realizar la valoración previa de la conducta, al momento de pronunciarse sobre la solicitud de libertad condicional, lo cual es una manifestación de la actividad judicial, que está amparada por los principios de autonomía e independencia, por lo que, por regla general, el Juez Constitucional no puede inmiscuirse en esta valoración. 5 Cfr. CSJ SCP STP12042-2017, 08 ago. 2017, rad. 93030; STP3428-2018, 06 Mar 2018, rad. 96992; STP8174-2018, 19 jun 2018, rad. 98756; STP953-2019, 29 ene 2019, rad. 102040; entre otros. 10Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación Por lo anterior, y como el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del Juez Constitucional, la Sala confirmará la decisión impugnada, pero aclarará el sentido, pues denegar y declarar improcedente son determinaciones

la intervención del Juez Constitucional, la Sala confirmará la decisión impugnada, pero aclarará el sentido, pues denegar y declarar improcedente son determinaciones diferentes, conforme fue explicado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-883 de 2008: Denegar la acción implica un análisis de fondo, mientras que la improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración . En este orden de ideas, ante la ausencia de un requisito lógico-jurídico esencial para que la relación procesal pudiera constituirse, el juez de instancia debió haber declarado improcedente la acción (…) (Resalta la Sala). En este caso el amparo debe declararse improcedente, dado que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, en específico, el requisito de subsidiariedad, por esto se impide realizar un estudio de fondo de las razones de inconformidad que planteó el accionante con relación a la decisión objeto de la presente solicitud de amparo. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA

DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE

11Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación ACCIONES DE TUTELA No 1, administrando justicia, en

DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE

11Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación ACCIONES DE TUTELA No 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuestas. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito. TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

12Rad. 113713 José del Carmen Martínez Díaz Impugnación

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 13