CSJ - STP1185-2020

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente

STP1185-2020 Radicación n.° 108790 (Aprobación Acta No. 026 ) Bogotá D.C., diez (10) febrero de dos mil veinte (2020) VISTOS Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por JOSÉ RUBÉN RAMÍREZ RAMÍREZ, contra el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 4 de diciembre de 2019, que denegó por improcedente el amparo formulado contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva. La oficina de sanidad y jurídica del establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva, la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Neiva con función de Control de Garantías y el centro de serviciosRad. 108790 José Rubén Ramírez Ramírez Impugnación Judiciales de Neiva, fueron vinculados como terceros con interés legítimo en el presente asunto.

ANTECEDENTES

Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Fueron recogidos en el fallo de tutela de primera instancia, en los siguientes términos:1

1. En síntesis, el actor dejó entrever que está siendo procesado arbitrariamente por un delito que no ha cometido y en el que no existen pruebas válidas en su contra.

2. Al igual, que hizo saber que ni la Fiscalía ni el Juez de Control de Garantías y/o Conocimiento han hecho nada para descubrir la verdad.

3. Refirió además, que se encuentra enfermo y que en razón a

2. Al igual, que hizo saber que ni la Fiscalía ni el Juez de Control de Garantías y/o Conocimiento han hecho nada para descubrir la verdad.

3. Refirió además, que se encuentra enfermo y que en razón a ello requiere la libertad condicional o en su defecto la prisión domiciliaria.

4. Pretende a través del amparo constitucional que se le conceda la libertad condicional o la prisión domiciliaria mientras se define su situación jurídica.(Textual)

EL FALLO IMPUGNADO La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante decisión adoptada el 4 de diciembre de 2019, denegó por improcedente la tutela invocada, puesto que el proceso penal se encuentra en curso, además no es el juez constitucional el llamado a revisar la procedencia o no de tales medidas cautelares personales, ni a revocarlas. 1 Folio 186, cuaderno 1. 2Rad. 108790 José Rubén Ramírez Ramírez Impugnación Sustentó que la solicitud de la revocatoria de la medida de aseguramiento y la sustitución de la detención preventiva por causas graves de enfermedad, deben hacer se al interior del proceso penal ante el juez de control de garan tías, las que podrá ejercer el mismo procesado si a bien lo tienen de manera personal o través de su apoderada judicial.2 LA IMPUGNACIÓN El 12 de diciembre de 2019, el ciudadano José Rubén Ramírez Ramírez, interpuso recurso de impugnación, insistiendo en lo plasmado en el escrito de tutela. Resaltó que la acción de tutela es procedente como

Ramírez Ramírez, interpuso recurso de impugnación, insistiendo en lo plasmado en el escrito de tutela. Resaltó que la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio de protección inmediata, y que no existen peticiones al interior del proceso es por la omisión de su defensor. 3 CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por JOSÉ RUBÉN RAMÍREZ RAMÍREZ contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Al respecto, el problema jurídico que convoca a la Sala consiste en establecer si contra la decisión que negó la 2 Folio 186 a 190, cuaderno 1.3 Folios 57 a 61, cuaderno 1. 3Rad. 108790 José Rubén Ramírez Ramírez Impugnación sustitución de medida de aseguramiento, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, debe revocarse el fallo de tutela de primera instancia y conceder el amparo invocado. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Como ha sido recurrentemente reiterado por esta Sala, la acción constitucional de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos

Como ha sido recurrentemente reiterado por esta Sala, la acción constitucional de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el accionante, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional. Por este motivo, y como ha sido desarrollado por la Doctrina constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. 4Rad. 108790 José Rubén Ramírez Ramírez Impugnación d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. f. Que la decisión judicial contra la cual se formula la

tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. f. Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «…si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». En punto de las exigencias específicas, como fue recogido en la sentencia C-590 de 2005, han sido establecidas las que a continuación se relacionan: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 5Rad. 108790 José Rubén Ramírez Ramírez Impugnación completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo

5Rad. 108790 José Rubén Ramírez Ramírez Impugnación completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales4 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e. Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f. Decisión s in motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado [5]. h. Violación directa de la Constitución. Queda entonces claro que en atención a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto de la autonomía judicial, la

constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado [5]. h. Violación directa de la Constitución. Queda entonces claro que en atención a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto de la autonomía judicial, la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando se dirige a cuestionar una decisión judicial, tiene carácter excepcional, y su prosperidad está atada a que se cumplan los requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que quien acude a ella tiene la carga no sólo respecto de su planteamiento, sino de su 4 CC T-522 de 2001. 5 «Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.» 6Rad. 108790 José Rubén Ramírez Ramírez Impugnación demostración.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

En el caso bajo examen, a partir de los criterios presentados y de la revisión de las pruebas obrantes se constata que efectivamente no se cumple con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que la procedencia de la revocatoria del sustituto de la ejecución de la pena en centro penitenciario por prisión domiciliaria, es un asunto que debe ser definido en la vía ordinaria. La Sala ha precisado que la acción de tutela no fue diseñada con miras a reemplazar al juez competente, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante cuenta con otro medio judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados.

con miras a reemplazar al juez competente, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante cuenta con otro medio judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados. Tal exigencia, sólo admite excepción en el evento que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, pues de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de dejar en el vacío las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando así, un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. En este caso, además que el accionante no acreditó la urgencia, la gravedad, la inminencia y la impostergabilidad del amparo, tampoco hay lugar a considerar que se 7Rad. 108790 José Rubén Ramírez Ramírez Impugnación encuentra ante un perjuicio irremediable. Por estos motivos, lo procedente es confirmar el fallo de tutela de primera instancia. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA N° 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones anotadas en precedencia.

ACCIONES DE TUTELA N° 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones anotadas en precedencia. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito. TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

8Rad. 108790 José Rubén Ramírez Ramírez Impugnación

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 9