CSJ - STP12327-2024

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS Magistrado ponente STP12327-2024 Radicación No. 139784 Acta Nº 223 Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO

1. Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por el

apoderado de LEONARDO FABIO REYES, MILLER ALFONSO JURADO ROSERO, BRAYAN CAMILO RODRÍGUEZ JURADO y JOSÉ WILFREDO ZAMBRANO MELO, contra el fallo proferido el 12 de agosto de 2024 1, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de 1 Expediente asignado por reparto al despacho del Magistrado Ponente el 30 de agosto de 2024.Radicado 52001220400020240018701 Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 2 justicia e «identidad cultural» presuntamente vulnerados por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego (Nariño). -. Al presente trámite se vinculó al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Samaniego, la Fiscalía 70° Especializada Contra el Narcotráfico y el Ministerio Público.

II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

2. Fueron expuestos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto de la siguiente manera: «Según el apoderado, sus prohijados fueron aprehendidos el 31 de

II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

2. Fueron expuestos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto de la siguiente manera: «Según el apoderado, sus prohijados fueron aprehendidos el 31 de mayo del presente año en virtud de orden de captura emitida el día 29 de ese mismo mes y año, por el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, dentro del proceso con radicación No.

110016099144202150158. En aquella fecha se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de allanamiento y registro, legalización de captura, legalización de incautación con fines de comiso, formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento; en punto a esta última reprocha que se desconocieron las previsiones de los artículos 7° y 246 de la Constitución Política, que protegen los derechos fundamentales de sus mandatarios a gozar de fuero indígena, a su autonomía jurisdiccional y al respeto de su cosmovisión y sus usos y costumbres, al afectárseles su libertad en un establecimiento de reclusión ordinario. Invocó alguna normativa que considera pertinente en tratándose de la privación de la libertad de miembros de comunidades indígenas, entre las que destaca la Ley 65 de 1993, Ley 1709 de 2014, Sentencia T - 921Radicado 52001220400020240018701

Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 3 de 2013 de la Corte Constitucional y el radicado interno No. 26294 de este Tribunal. Según eso, considera que es vulneratorio de los derechos de sus representados que los jueces de instancia no hayan accedido al cumplimiento de la medida de aseguramiento al interior de los resguardos a los que pertenece cada uno, ya que fundan su negativa tan solo en la gravedad de la conducta. Dice que los funcionarios judiciales han incurrido en defectos orgánicos, al omitir valorar los elementos materiales aportados por su defensa, lo que, a su modo de ver, constituye una vía de hecho. Además, que se ignorara las manifestaciones de los gobernadores indígenas que hicieron presencia en la audiencia solicitando la privación de libertad en los centros de armonización de sus comunidades. Insiste que el ad quem adoptó su decisión fundamentándola en normas que no resultan aplicables y cuya interpretación desconoció los precedentes en la materia, que olvidó su rol como juez constitucional y dirimió el asunto como juez penal ordinario, soslayando la presunción de inocencia de sus prohijados. Alega que los argumentos de los jueces que conocieron del asunto en referencia, no resultan validos puesto que no se refieren a la condición de indígenas y su estado de privados de libertad, sino sobre su responsabilidad en el delito, pues, a su consideración, la naturaleza del delito y la forma de su comisión no son aspectos a tenerse en cuenta para resolver el problema jurídico.

responsabilidad en el delito, pues, a su consideración, la naturaleza del delito y la forma de su comisión no son aspectos a tenerse en cuenta para resolver el problema jurídico. Por último, mencionó que la decisión de los jueces que conocieron el asunto, de ordenar la reclusión en un pabellón especial indígena más cercano al municipio de Samaniego (N), no resulta acertada, en tanto no se tiene conocimiento de la existencia de dicho pabellón, lo cual, desconoce la condición de sujetos de especial protección y trato diferencial que amerita esa población, al paso que se desconocen lasRadicado 52001220400020240018701 Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 4 reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Suprema de Justicia en la ratio decidendi del pronunciamiento con No. de radicado 124836. En razón de lo anterior, solicita la intervención del juez de tutela para que se protejan los derechos al acceso a la administración de justicia, la diversidad e identidad cultural, debido proceso e igualdad; en consecuencia, se "ordene su traslado a los centros de sanación a los cuales pertenecen, esto es CENTRO DE SANACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL RESGUARDO INDIGENA AWA EL SANDE, en el caso del señor JOSÉ WILFREDO ZAMBRANO MELO y centro de armonización y sanación del RESGUARDO INDIGENA DE LA MONTAÑA para mis demás representados”».

III. EL FALLO IMPUGNADO

3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del

sanación del RESGUARDO INDIGENA DE LA MONTAÑA para mis demás representados”».

III. EL FALLO IMPUGNADO

3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Pasto mediante fallo del 12 de agosto de 2024, declaró improcedente el amparo de tutela, luego de concluir que: 3.1. No se advirtió una actuación contraria a los derechos que como imputados con calidades especiales les asiste a sus representados. 3.2. Adujo que la acción de tutela pretendía ser empleada como una instancia adicional para atacar las resultas que se presentaron en la vía judicial ordinaria. 3.3. Los demandantes cuentan con otros medios de defensa judicial, pues el parágrafo 1° del articulo 307 y 307A del Código de Procedimiento Penal, expresan que las medidas de aseguramiento sonRadicado 52001220400020240018701

Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 5 provisionales, es decir, transitorias y no definitivas, susceptibles de caducar, ser modificadas o revocadas de conformidad al desarrollo del proceso penal y el comportamiento del acusado o imputado. 3.4. Trajo a colación que, a partir del anuncio del sentido de fallo, llegado el caso de ser de carácter condenatorio, se habilitaría la posibilidad en audiencia de individualización de pena y sentencia según lo expuesto en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, de solicitar la concesión de algún subrogado. 3.5. A su vez, puso de presente que también podría solicitar

en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, de solicitar la concesión de algún subrogado. 3.5. A su vez, puso de presente que también podría solicitar eventualmente al juez de control de garantías que se autorice el cambio de sitio de reclusión o del cumplimiento de la medida de aseguramiento.

IV. IMPUGNACIÓN

4. Fue presentada por el apoderado de los aquí accionantes, quien manifestó estar inconforme con la decisión y solicitó que se revoque la decisión de primera instancia para que en su lugar se conceda el amparo por los siguientes argumentos: 4.1. Dentro de la acción constitucional promovida hay una flagrante violación a los derechos fundamentales de la población minoritaria, indígenas pertenecientes y activos de una comunidad, los cuales sufrieron una afectación por parte del juez de control de garantías de primera y segunda instancia, pues fueron puestos de presentes elementos materiales probatorios que los acreditaban como miembros de una comunidad, que eran activos y que mantienen las costumbres étnicas.Radicado 52001220400020240018701

Número interno 139784 Impugnación

LEONARDO FABIO REYES y otros.

6 Por lo que consideró que tienen la prerrogativa de ser recluidos en sus respectivos resguardos. 4.2. Adujo la vulneración de los derechos constitucionalmente protegidos en reiterada jurisprudencia sobre la materia y que fueron desconocidos por el juez de primera instancia. 4.3. Trajo a colación los defectos específicos y expuso el motivo

protegidos en reiterada jurisprudencia sobre la materia y que fueron desconocidos por el juez de primera instancia. 4.3. Trajo a colación los defectos específicos y expuso el motivo por el cual se configuró cada uno de ellos, especialmente el fáctico pues los jueces de control de garantías de primera y segunda no valoraron los elementos materiales probatorios. 4.4. Manifestó que no pretende una nueva instancia para ejercer la defensa de los representados, sino que el juez demandado ejerza debidamente su labor, y valorar la calidad de indígenas. 4.5. Centró que la decisión tomada fue desproporcionada e injustificada, que discrepa de los derechos de los indígenas según la amplia jurisprudencia relacionada con las formas de procesar a esos sujetos de especial protección. 4.6. El artículo 11 de la Ley 270 de 1996, reconoce a la Jurisdicción Especial Indígena como parte integrante de la Rama Judicial, y que, en ese sentido, se autoriza para que en unos casos una persona sea juzgada por esta y en otros por la ordinaria, pero que en ningún momento permite que se desconozca la identidad cultural, quien independientemente del lugar de reclusión debe poder conservar sus costumbres.

V. CONSIDERACIONESRadicado 52001220400020240018701

Número interno 139784 Impugnación

LEONARDO FABIO REYES y otros.

7

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20152, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la

Impugnación

LEONARDO FABIO REYES y otros.

7

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20152, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, de quien es su superior funcional.

6. Dispone el artículo 86 de la Constitución Política, y así lo reitera el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que la ley contempla; amparo que solo procederá si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

7. En sede de impugnación, el juez constitucional debe verificar el contenido de la misma, en contraste con el acervo probatorio y el fallo, tanto que, si a su juicio la sentencia carece de fundamento, procederá a revocarla o de lo contrario la confirmará, tal como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se regula el trámite constitucional.

8. En atención a la pretensión formulada por el impugnante , esto es, que se ordene el traslado a los centros de sanación a los cuales pertenecen, estos son, Centro De Sanación y Armonización del Resguardo Indígena Awa el Sande en el caso de JOSÉ WILDREDO

es, que se ordene el traslado a los centros de sanación a los cuales pertenecen, estos son, Centro De Sanación y Armonización del Resguardo Indígena Awa el Sande en el caso de JOSÉ WILDREDO ZAMBRANO MELO y el Resguardo Indígena de la Montaña para los demás accionantes, es necesario acotar que la acción de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales; y 2 modificado por el Decreto 333 de 2021, en concordancia con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.Radicado 52001220400020240018701 Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 8 su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad (generales y específicos) , que implican una carga para los demandantes tanto en su planteamiento, como en su demostración. 8.1. Los primeros se concretan a que: i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; iii) se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los

decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y; vi) no se trate de sentencias de tutela3. 8.2. Mientras que los específicos, implican la demostración de, por lo menos, uno de los siguientes vicios: i) defecto orgánico (falta de competencia del funcionario judicial); ii) defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal establecido); iii) defecto fáctico (que la decisión carezca de fundamentación probatoria); iv) defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); v) error inducido (que la decisión judicial se haya adoptado con base en el engaño de un tercero); vi) decisión sin motivación (ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos en la decisión); vii) desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de interpretación de los derechos definidos por la Corte Constitucional) y viii) violación directa de la Constitución (CC C-590/05). 3 CC C-590/05; T-780/06; T-332/12 -entre otras.Radicado 52001220400020240018701 Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 9 8.3. En atención a los motivos de inconformidad de los demandantes, es oportuno recordar que la acción de amparo, por principio

Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 9 8.3. En atención a los motivos de inconformidad de los demandantes, es oportuno recordar que la acción de amparo, por principio general, es improcedente contra actuaciones y decisiones judiciales; sin embargo, se ha permitido la intervención excepcional del juez de tutela, ante la ausencia de medios de defensa para conjurar la afectación, o cuando existiendo se tornan ineficaces.

9. De la privación de la libertad de los miembros de comunidades indígenas. 9.1. En desarrollo del artículo 246 de la Constitución Política, tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, han definido una serie de parámetros relacionados con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas, concretamente, de la jurisdicción competente para juzgarlos y de los derechos que debe garantizarse a sus miembros en caso de ser condenados por la jurisdicción ordinaria. 9.2. En tal senda, por vía jurisprudencial, se ha insistido en la necesidad de que los indígenas condenados y que estén confinados en penitenciarias nacionales tengan los medios disponibles para poder vivir nuevamente en sus territorios, con sus comunidades, de conformidad con sus usos y costumbres, y bajo el mando de sus autoridades. La finalidad de esta forma de resocialización es la de proteger la integridad cultural de las personas privadas de la libertad fuera de su contexto cultural y, por eso, en

sus usos y costumbres, y bajo el mando de sus autoridades. La finalidad de esta forma de resocialización es la de proteger la integridad cultural de las personas privadas de la libertad fuera de su contexto cultural y, por eso, en situación a una gran vulnerabilidad (CSJ, SP1370-2022, Rad. 53444). 9.3. En la sentencia T-921 de 2013, en relación con la identidad y dignidad de los miembros de comunidades indígenas privados de laRadicado 52001220400020240018701 Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 10 libertad, la Corte Constitucional indicó que estos derechos fundamentales deben ser amparados con independencia de que aquellos estén privados de la libertad, pues siempre tendrán la prerrogativa de conservar su cultura. Por ello, su aprehensión no puede afectarla aún en aquellos eventos en los cuales no se aplique el fuero penal indígena. Al respecto, sostuvo: «[…] la Corte Constitucional ha reconocido en diversas sentencias que en la privación de la libertad de los indígenas se debe respetar la identidad cultural de los indígenas y se deben buscar alternativas que favorezcan el cumplimiento de la orden del juez de un modo que respete y no atente contra las costumbres y la conciencia colectiva de esta parte de la población: La Sentencia C - 394 de 1995 señaló que los indígenas no debían ser recluidos en establecimientos penitenciarios corrientes si esto significaba un atentado contra sus valores culturales y desconocía el reconocimiento exigido por la Constitución: […].

recluidos en establecimientos penitenciarios corrientes si esto significaba un atentado contra sus valores culturales y desconocía el reconocimiento exigido por la Constitución: […]. La Sentencia T-097 de 2012 reconoció “la necesidad de que, en la ejecución de la condena, se opte por soluciones que favorezcan el cumplimiento de la orden del juez de un modo que respete y no atente contra las costumbres y la conciencia colectiva de los indígenas, para lo cual resulta imperioso armonizar de manera efectiva los mandatos de la justicia y el respeto por la diversidad cultural”. Por otro lado, esta sentencia también destacó que cuando las autoridades indígenas lo soliciten en razón de su particular visión frente a la pena y a su finalidad, sería importante establecer mecanismos de coordinación e interlocución entre las comunidades y las autoridades nacionales, para que, en el cumplimiento de la sanción, se respete el principio de diversidad étnica y cultural: […] Por lo anterior, puede concluirse que la diversidad cultural de losRadicado 52001220400020240018701 Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 11 indígenas privados de la libertad debe protegerse independientemente de que se aplique en el caso concreto el fuero indígena, lo cual deberá ser tenido en cuenta desde la propia imposición de la medida de aseguramiento y deberá extenderse también a la condena. En este sentido, la figura constitucional del fuero indígena autoriza para que en

aseguramiento y deberá extenderse también a la condena. En este sentido, la figura constitucional del fuero indígena autoriza para que en unos casos una persona sea juzgada por la justicia ordinaria y en otros, por la indígena, pero en ningún momento permite que se desconozca la identidad cultural de una persona, quien independientemente del lugar de reclusión, debe poder conservar sus costumbres, pues de lo contrario, la resocialización occidental de los centros de reclusión operaría como un proceso de pérdida masiva de su cultura.» 9.4. En el ordenamiento jurídico, la reglamentación de los lugares de reclusión para los indígenas condenados por la jurisdicción ordinaria se halla en la Ley 65 de 1993 «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario», cuyo artículo 29 prevé que, cuando el hecho punible haya sido cometido por indígenas, la detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado, circunstancia que se hace extensiva para la condena. 9.5. Igualmente, el artículo 3º de la Ley 1709 de 2014 (modificatoria del Código Penitenciario y Carcelario) incluyó el «principio de enfoque diferencial», entre otros aspectos, por razones de raza o etnia. 9.6. De ese modo, cuando miembros de comunidades indígenas incurren en conductas tipificadas como delitos los jueces competentes deben tomar medidas para sancionar y prevenir hechos futuros similares que, a la vez, propendan por el reconocimiento de las condiciones

incurren en conductas tipificadas como delitos los jueces competentes deben tomar medidas para sancionar y prevenir hechos futuros similares que, a la vez, propendan por el reconocimiento de las condiciones particulares de los indígenas que han infringido la ley. 9.7. En ese ejercicio, el funcionario tiene a su cargo la realizaciónRadicado 52001220400020240018701 Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 12 de un juicio de valor -test de proporcionalidad-, para evaluar no solo si la pena impuesta cumple las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, sino las repercusiones negativas que la misma y su ejecución puede tener sobre la diversidad cultural y la autonomía indígena. «Con ese propósito, el fallador podrá determinar si los intereses de la justicia ordinaria, del indígena y de su comunidad se encuentran en armonía o si, por el contrario, alguno de estos está siendo menoscabado»4. 9.8. Dicho examen ponderado y razonable deberá atender, según las circunstancias propias de cada caso, el elemento personal como componente del fuero indígena, puesto que es el que permite establecer: «(i) las culturas involucradas, (ii) el grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria y (iii) la afectación del individuo frente a la sanción». 9.9. De esta forma, se determinará la conveniencia de que una persona indígena sea recluida en un centro penitenciario ordinario o en su

del sujeto frente a la cultura mayoritaria y (iii) la afectación del individuo frente a la sanción». 9.9. De esta forma, se determinará la conveniencia de que una persona indígena sea recluida en un centro penitenciario ordinario o en su resguardo, para preservar su cultura, previo del cumplimiento de los presupuestos fijados para uno u otro evento; pues como lo refirió la Corte Constitucional en la sentencia T-921 de 2013, es necesario que: «en la ejecución de la condena, se opte por soluciones que favorezcan el cumplimiento de la orden del juez de un modo que respete y no atente contra las costumbres y la conciencia colectiva de los indígenas, para lo cual resulta imperioso armonizar de manera efectiva los mandatos de la justicia y el respeto por la diversidad cultural»5. 9.10. De igual modo, es dable acudir al elemento institucional u orgánico que «indaga por la existencia de una institucionalidad al interior 4 CSJ SP1370-2022, rad, 53444.5 CSJ SP1370-2022, rad. 53444.Radicado 52001220400020240018701 Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 13 de la comunidad indígena, la cual debe estructurarse a partir de un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad; es decir, sobre: (i) cierto poder de coerción social por parte de las autoridades tradicionales; y (ii) un concepto genérico de nocividad

tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad; es decir, sobre: (i) cierto poder de coerción social por parte de las autoridades tradicionales; y (ii) un concepto genérico de nocividad social». 9.11. Lo anterior, ya que, a través de este criterio, se puede concretar si el sistema de justicia de la comunidad indígena ofrece mecanismos no solo para la conservación de las costumbres, sino que haga efectivas las funciones de la pena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas de modo que no se genere impunidad. De lo contrario, deberá purgar la sanción en el centro de reclusión ordinario que corresponda, respetándose sus condiciones especiales, preservando sus derechos fundamentales y con la asunción de obligaciones en cabeza de las autoridades tradicionales en el acompañamiento del tratamiento penitenciario, tal como lo exigió la Corte Constitucional en la sentencia T-1026 de 2008. 9.12. Por ello es por lo que dicha Corporación, posteriormente, en la sentencia T-097 de 2012, destacó la importancia de establecer mecanismos de coordinación e interlocución entre las comunidades indígenas y las autoridades nacionales, a saber: «[…] se considera que en los casos en los que se ha resuelto el conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena a favor de la primera y, por ende, la decisión sobre el cumplimiento de la pena competa a las autoridades judiciales y al

indígena a favor de la primera y, por ende, la decisión sobre el cumplimiento de la pena competa a las autoridades judiciales y al INPEC, siempre que así las autoridades indígenas lo soliciten en razón de su particular visión frente a la pena y a su finalidad, sería importante establecer mecanismos de coordinación e interlocución entre lasRadicado 52001220400020240018701 Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 14 comunidades y las autoridades nacionales, para que, en el cumplimiento de la sanción, se respete el principio de diversidad étnica y cultural. Como lo ha dicho en otras ocasiones la Corte, en una sociedad pluralista, como la que proclama nuestra Carta Política, ninguna visión del mundo debe primar ni imponerse. Al aceptar la diversidad de culturas y los diferentes sistemas normativos que existen en nuestro país, la Constitución reconoce el pluralismo legal y exige una articulación de éstos últimos de manera que se promueva el consenso intercultural». 9.13. No obstante, como en la actualidad no se ha proferido una ley de coordinación de esta jurisdicción especial indígena con el sistema ordinario judicial, ha sido la jurisprudencia la encargada de concretar, caso a caso, un conjunto de lineamientos, parámetros y subreglas aplicables al momento de definir dicha relación entre el sistema mayoritario y el

derecho propio de los pueblos indígenas.

10. Análisis del caso en concreto 10.1. En el asunto bajo estudio, se observa que el apoderado de los aquí demandantes, se muestra inconforme con las decisiones emitidas por los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal (5 de junio de 2024) y Promiscuo del Circuito (25 de julio de 2024) , ambos de Samaniego, que impusieron medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario, en pabellón especial en la ciudad de pasto. 10.2. Lo anterior, dado que en su criterio se lesiona la identidad cultura, y étnica de los representados como miembros de resguardos indígenas. -. Trasladadas las anteriores consideraciones al asunto que ahora es objeto de análisis, la Corte estima que la decisión de primera instanciaRadicado 52001220400020240018701

Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 15 constitucional ha de ser confirmada por las razones expuestas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, y adicionalmente, por los motivos que expone a continuación esta Corporación. Análisis de la configuración de los «requisitos generales» de procedibilidad.

11. En el caso concreto: i) el asunto sometido a consideración ostenta relevancia constitucional, en la medida en que se invoca la protección de los derechos constitucionales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e «identidad cultural» , ii) contra la decisión censurada no cabe ningún tipo de recurso, por lo que se cumple con la

protección de los derechos constitucionales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e «identidad cultural» , ii) contra la decisión censurada no cabe ningún tipo de recurso, por lo que se cumple con la subsidiariedad, iii) se cumple con el requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia censurada es del 25 de julio de 20246, iv) no se trata de una irregularidad procesal, v) en el escrito de tutela se identificaron plenamente los hechos generadores de la presunta vulneración y los derechos fundamentales afectados y, finalmente, vi) no se dirige contra una sentencia de tutela. 11.1. En el presente asunto, no avizora esta Sala la configuración de los requisitos específicos de procedibilidad por los motivos que a continuación se exponen: 11.2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego estableció como problema jurídico lo siguiente; «Fue acertada la decisión de la Juez A quo, en función de Control de Garantías, de imponer como medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en la detención preventiva intramural en un Centro Penitenciario, que posea un pabellón especial para indígenas; al ostentar esa condición los 6 La acción de tutela fue interpuesta el 30 de agosto de 2024.Radicado 52001220400020240018701

Número interno 139784 Impugnación LEONARDO FABIO REYES y otros. 16 nombrados procesados, a quienes se les imputo los reatos de tráfico de estupefacientes, en concurso delictual con tres delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de narcotráfico, tipificados en los artículos 376 y 340 del Código Penal?». 11.3. Para proceder a resolver esa interrogante, manifestó que era procedente la reclusión de personas indígenas debido a que se trataba de una internación provisional, al tratarse de una imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad, posteriormente refirió que: «(…) como es la detención preventiva, o definitiva, para el cumplimiento de la pena de prisión, en los resguardos indígenas a que pertenecen, si su gobernador y la comunidad lo consienten y si tienen instalaciones locativas, seguras y dignas para su confinamiento, con la vigilancia del INPEC, quienes de incumplirlas se les revocara tal beneficio, o en los pabellones especiales dis