CSJ - STP1368-2023

GERSON CHAVERRA CASTRO Magistrado ponente STP1368-2023 Radicación nº 128208 Acta No 023 Bogotá D.C, nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023) ASUNTO Derrotada la ponencia presentada por la Magistrada Myriam Ávila Roldán, se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por Reinaldo de Jesús Vallejo López, a través de apoderada, en contra de la Sala de Descongestión N. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital y trabajo. Al presente trámite se vinculó al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad y a las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral N. 080013105000520170043301, adelantado por Reinaldo de Jesús Vallejo López contra la Coltabaco S.A. y otros.

LA DEMANDACUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López De acuerdo con lo señalado en la demanda, se tiene que Reinaldo de Jesús Vallejo López laboró para Coltabaco S.A. desde el 3 de febrero de 1992 hasta el 8 de enero de 2015, vinculación que se efectuó mediante contrato a término indefinido. Durante el desempeño de sus labores, Vallejo López permaneció

1992 hasta el 8 de enero de 2015, vinculación que se efectuó mediante contrato a término indefinido. Durante el desempeño de sus labores, Vallejo López permaneció expuesto a ruidos que oscilaban entre 86 a 92.7 decibeles - circunstancia de la que se refiere era conocedora su empleadora- , al punto que el 20 de mayo de 2009, luego de realizada una audiometría, fue diagnosticado con “hipoacusia leve en ambos oídos y una disminución del arca conversacional”, patología que del 5 de septiembre de 2015 al 26 de octubre de 2017, se calificó en 5 oportunidades, correspondiendo la última a pérdida de capacidad laboral (PCL) del 23.8%, según dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar. El empleador terminó el contrato de trabajo de forma unilateral y sin mediar justa causa ni autorización del Ministerio de Trabajo, por cuya razón el 8 de septiembre de 2015, sin éxito, Reinaldo de Jesús Vallejo López solicitó su reintegro. Ante la aludida negativa, se promovió proceso laboral contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Coltabaco S.A. y ARL SURA con el fin de que se declarara que Reinaldo de Jesús Vallejo López gozaba de estabilidad laboral reforzada -derivada de una enfermedad de origen laboral, pues en el instante en que cesó su vínculo se encontraba en estado de debilidad manifiesta conocido por su empleador-, la revocatoria del dictamen emitido por

de estabilidad laboral reforzada -derivada de una enfermedad de origen laboral, pues en el instante en que cesó su vínculo se encontraba en estado de debilidad manifiesta conocido por su empleador-, la revocatoria del dictamen emitido por la primera entidad en mención, el reintegro al empleo y la vigencia del contrato de trabajo, sin solución de continuidad. 2CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López El conocimiento de la actuación correspondió al Juzgado Quinto Laboral de Barranquilla, el cual, en sentencia del 20 de noviembre de 2018, resolvió: PRIMERO. DECLARAR la nulidad del dictamen 72149791 – 727 del 18 de enero de 2017 emitido por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, para en su lugar disponer que el demandante REINALDO DE JESÚS VALLEJO LÓPEZ, […], padece de HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL – BILATERAL de origen profesional y que arrojó una pérdida de capacidad laboral del 23,80%, estructurada el 12 de marzo de 2017 conforme dictamen 12977 de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE BOLÍVAR emitido el 26 de octubre de 2017. SEGUNDO. CONDENAR a la codemandada ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. – ARL SURA a reconocer y pagar al demandante la suma de $28.702.25 por concepto de incapacidad permanente parcial.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la

demandante la suma de $28.702.25 por concepto de incapacidad permanente parcial.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación y ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones en su contra.

Contra dicha determinación, Reinaldo de Jesús Vallejo López, Coltabaco S.A. y la ARL SURA interpusieron recurso de apelación, los cuales el 21 de noviembre de 2019, resolvió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, confirmando la alzada. Interpuesto el recurso extraordinario de casación, el 28 de junio de 2022, la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia de segunda instancia, pues “al no haber estado probado el porcentaje de invalidez de por lo menos el 15%, resulta inconducente abordar los otros aspectos exigidos por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 para que se configure la protección de estabilidad laboral reforzada, a saber, que el empleador conociera de la discapacidad y que esta finalice el contrato de trabajo”. Esa decisión, en sentir de la apoderada de Reinaldo de Jesús Vallejo López: i) vulnera derechos fundamentales, pues el despido implicó una 3CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López discriminación en razón al estado de debilidad manifiesta por los padecimientos de salud del último en mención, ii) desconoce lo dispuesto

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López discriminación en razón al estado de debilidad manifiesta por los padecimientos de salud del último en mención, ii) desconoce lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada, iii) realiza una inadecuada interpretación de Ley 361 de 1997 y iv) incurre en defecto fáctico al concluir que “no se acreditó algún grado de discapacidad, al menos moderada, durante la existencia de la relación laboral o al momento de la desvinculación”. Así, se solicita ordenar a la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “revocar” la sentencia de 28 de junio de 2022 y, en su lugar, proferir una decisión que salvaguarde los derechos fundamentales de Reinaldo de Jesús Vallejo López.

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS

1. Una Magistrada integrante de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y ponente de la decisión de segunda instancia, proferida dentro del proceso ordinario laboral -radicado 2017-00433-, señaló que no vulneró derechos ni garantías fundamentales, pues resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, atendiendo el principio de congruencia, la normatividad vigente y los criterios jurisprudenciales sobre el tema planteado.

Agregó que la sentencia de segunda instancia se ajustó a lo debatido y “realidad probatoria obrante en el expediente”, la cual revisó el 28 de junio de 2022, la Sala Laboral de Descongestión N. 4 de la Sala de Casación

Agregó que la sentencia de segunda instancia se ajustó a lo debatido y “realidad probatoria obrante en el expediente”, la cual revisó el 28 de junio de 2022, la Sala Laboral de Descongestión N. 4 de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación y concluyó no casarla. Solicitó negar el amparo invocado. 4CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López

2. La profesional que fungió como apoderada de la ARL SURA durante el trámite de casación, remitió la demanda a Seguros de Vida Suramericana S.A., entidad que, a través de apoderada judicial, señaló con la decisión emitida el 28 de junio de 2022, por la Sala accionada, en manera alguna, se vulneraron derechos fundamentales ni se incurrió en un defecto fáctico y tampoco se desconoció el precedente jurisprudencial.

Sostuvo que lo pretendido con la acción de tutela es reabrir un debate jurídico ya resuelto y que hizo tránsito a cosa juzgada, pues se sustenta en temas que fueron abordados, mediante una adecuada valoración probatoria y atendiendo el precedente jurisprudencial existente sobre la protección de personas en condición de discapacidad y lo dispuesto en la Ley 361 de 1997. Afirmó que, como lo adujo la Sala demandada, los dictámenes de pérdida de capacidad laboral de Reinaldo de Jesús Vallejo López fueron emitidos con posterioridad al 8 de enero de 2015, data para la cual ya había

Afirmó que, como lo adujo la Sala demandada, los dictámenes de pérdida de capacidad laboral de Reinaldo de Jesús Vallejo López fueron emitidos con posterioridad al 8 de enero de 2015, data para la cual ya había finalizado el vínculo laboral, razón por la que “resultan insulsos, para probar que el empleador conocía de la condición de discapacidad del trabajador”. Destacó que la Sala de Descongestión N. 4 de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación “resolvió de manera congruente” , pues no se acreditó que Vallejo López tuviese pérdida de capacidad laboral, por lo menos, el 15%, lo cual tornaba innecesario el estudio de los demás presupuestos, previstos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Solicito declarar improcedente el amparo invocado.

3. Las demás partes interesadas vinculadas a la actuación guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

5CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, concordante con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal de esta Corporación es competente para resolver la presente demanda de tutela.

2. Según lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene la facultad para promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos

2. Según lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene la facultad para promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

3. En el asunto bajo estudio, la parte actora cuestiona la sentencia

dictada por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual, no casó la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla.

En esta última decisión: i) se declaró la nulidad del dictamen 72149791727, proferido el 18 de enero de 2017, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y, en su lugar, se dispuso que Reinaldo de Jesús Vallejo López padece de hipoacusia neurosensorial bilateral de origen profesional, lo cual arrojó una pérdida de capacidad laboral del 23,80%, estructurada el 12 de marzo de 2017, conforme dictamen 12977, expedido el 26 de octubre de 2017, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, ii) se condenó a la codemandada Aseguradora de

el 26 de octubre de 2017, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, ii) se condenó a la codemandada Aseguradora de Riesgos Laborales Suramericana S.A. (SURA) a reconocer y pagar al 6CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López demandante $28.702.25 por concepto de incapacidad permanente parcial y iii) se absolvió a las demandadas de las demás pretensiones en su contra, al declararse probada la excepción de inexistencia de la obligación.

4. De la acción de tutela contra providencias judicial.

Con el fin de atender la queja constitucional propuesta, importa precisar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que la tutela cuando se propone contra decisiones judiciales se torna excepcional, toda vez que lejos está de ser una instancia adicional a la cual se pueda acudir con el fin de derruir sus efectos, salvo que concurra una vía de hecho, criterio que se ha venido desarrollando por las causales específicas de procedibilidad. En tal virtud se han fijado una serie de pautas con las cuales se restringe el uso y el abuso del mecanismo constitucional, de manera que quien acuda a él realmente lo emplee como el último recurso a su alcance, pues de lo contrario se atenta contra la estructura de las jurisdicciones y procedimientos que previamente han sido fijados, resaltándose así la naturaleza residual y subsidiaria de la acción. En ese sentido, la tutela contra decisiones judiciales presupone la

procedimientos que previamente han sido fijados, resaltándose así la naturaleza residual y subsidiaria de la acción. En ese sentido, la tutela contra decisiones judiciales presupone la concurrencia de unos requisitos de procedibilidad que consientan su interposición: genéricos y específicos, esto con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales y la autoridad accionada y contrariar su esencia, que no es distinta a denunciar la transgresión de los derechos fundamentales. Dentro de los primeros se encuentran a) que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional, que afecte derechos fundamentales; b) 7CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla con el requisito de inmediatez, esto es, que se interponga dentro de un término razonable y justo; d) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; e) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y, además, que esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela. Los segundos, por su parte, apuntan a que se demuestre que la

violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela. Los segundos, por su parte, apuntan a que se demuestre que la providencia adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución. En ese orden, el interesado debe demostrar de manera clara cuál es la irregularidad grave en la que incurrió el funcionario judicial, su efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y cómo afecta sus derechos fundamentales. No basta con aducir cualquier anomalía o desacierto dentro del proceso para que por vía de amparo pueda revisarse la actuación de un funcionario judicial, en tanto que el juez constitucional no es una instancia adicional revisora de la actuación ordinaria.

En otros términos, es factible acudir a la tutela frente a una irrazonable decisión judicial. Y el error de la autoridad debe ser flagrante y manifiesto, pues no puede el juez constitucional convertirse en un escenario supletorio de la actuación valorativa propia del juez que conoce el proceso. Ello desconocería su competencia y autonomía.

5. Del caso concreto.

8CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López Con fundamento en la demanda de tutela y los demás elementos de convicción que reposan al interior del expediente constitucional, la Sala estudiará la procedencia de la presente solicitud de amparo en contra de

A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López Con fundamento en la demanda de tutela y los demás elementos de convicción que reposan al interior del expediente constitucional, la Sala estudiará la procedencia de la presente solicitud de amparo en contra de providencia judicial. 5.1. Inicialmente, resulta incuestionable que se está frente a un asunto de relevancia constitucional, pues se trata de analizar si la Sala Laboral de Descongestión N. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con la decisión proferida el 28 de junio de 2022, vulneró los derechos fundamentales de Reinaldo de Jesús Vallejo López. Se corroboró que la parte actora agotó todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tenía a su disposición y, además, contra la sentencia confutada no procede ningún recurso; de suerte que no cuenta con otro medio de defensa distinto al de la acción de tutela. También se encuentra satisfecho el principio de inmediatez, pues el proveído que puso fin al trámite ordinario, data del 28 de junio de 2022, en tanto que la demanda constitucional fue promovida el 19 de diciembre de 2022, de donde se extrae que se hizo dentro de un plazo prudente. Igualmente se identificó de forma razonable, tanto los hechos que originaron la vulneración denunciada como los derechos que se estiman afectados, lo que permite establecer que el defecto denunciado, de ser existente, sería de gran relevancia e impactaría de manera determinante en las resultas de la actuación valorada, la cual, dicho sea de paso, no corresponde a otro trámite de tutela.

afectados, lo que permite establecer que el defecto denunciado, de ser existente, sería de gran relevancia e impactaría de manera determinante en las resultas de la actuación valorada, la cual, dicho sea de paso, no corresponde a otro trámite de tutela. 5.2. Así, satisfechas las causales de orden general, procede la Corte a estudiar las de índole especial, con el fin de establecer si dicha 9CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López providencia se encuentra inmersa en algún tipo de defecto que pueda llevar a su invalidación. Para la parte accionante, la sentencia de casación, proferida el 28 de junio de 2022, por la Sala Laboral de Descongestión N. 4 de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, desconoce lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada y, además, incurre en una indebida valoración probatoria e interpretación de la Ley 361 de 1997. Pues bien, revisada la decisión cuestionada, se tiene que al resolver el recurso extraordinario de casación, la Sala accionada inicialmente aludió a la tesis sostenida de forma reiterada por el órgano de cierre de la jurisdicción laboral sobre la protección legal y constitucional de las personas con alguna afectación en su salud física, mental o sensorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para concluir que ésta opera cuando el trabajador cumple 3 requisitos: i) pérdida

personas con alguna afectación en su salud física, mental o sensorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para concluir que ésta opera cuando el trabajador cumple 3 requisitos: i) pérdida de capacidad laboral de por lo menos o superior al 15%; ii) que el empleador conozca de la discapacidad y iii) que la relación laboral termine con ocasión de esta. Precisó que dicha protección legal no pretende conceder a los trabajadores con discapacidad el derecho a permanecer en el empleo a “perpetuidad”, sino evitar despidos o terminaciones de las relaciones laborales de trabajo fundadas en motivos discriminatorios; de manera que, si la extinción de la relación obedece a una razón objetiva, ello no operaría. Luego se ocupó del análisis probatorio y concluyó la Sala accionada que los medios de convicción obrantes en el proceso laboral no permitían establecer si Reinaldo de Jesús Vallejo López padecía cierto grado de discapacidad, al menos moderada, durante la existencia de la relación laboral o al momento de su terminación, agregando que al carecer de prueba de un porcentaje de invalidez siquiera del 15%, a partir no solo de 10CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López la inexistencia de un dictamen de pérdida de capacidad laboral u otros medios de prueba que permitieran concluirlo al momento de su despido, razón por la cual resultaba inocuo adentrarse en el análisis de los demás supuestos exigidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, configurativos

medios de prueba que permitieran concluirlo al momento de su despido, razón por la cual resultaba inocuo adentrarse en el análisis de los demás supuestos exigidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, configurativos de la protección de estabilidad laboral reforzada, por cuya razón no era dable casar la sentencia de segunda instancia. Así lo precisó textualmente la Sala Laboral de Descongestión N. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el caso que se cuestiona: “Le corresponde a la Sala determinar si el señor Vallejo López, para efectos de cobijarse por el fuero de estabilidad laboral reforzada, cumple con los presupuestos contenidos en el artículo 26 de Ley 361 de 1997, esto es, (i) la pérdida de capacidad laboral de por lo menos o superior al 15%; (ii) que el empleador conozca de la discapacidad y, (iii) que la relación laboral termine con ocasión de ésta. En cuanto al primer requisito, se reitera que el demandante, para ese momento, no tenía un dictamen que definiera el porcentaje de su invalidez para la fecha de la terminación del vínculo laboral. Sin embargo, ello no configura una razón suficiente para desestimar que la persona durante la vigencia del contrato de trabajo hubiera sufrido una patología igual o superior al 15%. Por el contrario, esta Corporación ha establecido que la afectación en la salud del trabajador puede acreditarse, en primer lugar, por medio de una valoración probatoria integral en donde el juez defina la condición de discapacidad no solo a partir de un dictamen, sino también de otros medios

del trabajador puede acreditarse, en primer lugar, por medio de una valoración probatoria integral en donde el juez defina la condición de discapacidad no solo a partir de un dictamen, sino también de otros medios como historias clínicas, incapacidades, entre otras. Sobre este punto, la sentencia CSJ SL4632-2021 explicó que, Para dar una respuesta a ese punto, entorno a la prohibición que contiene el artículo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su invalidez, salvo que medie autorización del Ministerio de la Protección Social, la jurisprudencia de la Sala ha indicado, que se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que su discapacidad comienza en el 15% de pérdida de capacidad laboral, cuya acreditación puede darse luego de un análisis integral y conjunto de los diversos medios de prueba, que permitan concluir el conocimiento del empleador sobre las especiales condiciones de salud de su trabajador al momento del fenecimiento contractual, incluso si existe una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 15%, en vigencia de la relación laboral, pero calificada después de su finalización. 11CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López En segundo lugar, la pérdida de capacidad laboral naturalmente puede ser probada a través del respectivo dictamen, incluso si este es emitido con

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López En segundo lugar, la pérdida de capacidad laboral naturalmente puede ser probada a través del respectivo dictamen, incluso si este es emitido con posterioridad a la finalización del vínculo laboral, si la fecha de estructuración de la invalidez fue durante o a la terminación del contrato de trabajo. Concretamente, la providencia CSJ SL5700-2021 explicó sobre este aspecto que, Esta Sala ha dejado claro que, en lo que respecta a la protección de estabilidad laboral reforzada por razones de salud, se regula por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (CSJ SL058-2021) y también que, no es cualquier situación que se padezca la que activa la garantía foral en el ámbito laboral, por ello ha: […] adoctrinado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada en comento no es suficiente que al momento del despido el trabajador sufriera quebrantos de salud, estuviera en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe acreditarse que al menos tuviera una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada, esto es, que implique un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15% (CSJ SL, 28 ago.

2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, SL105382016, SL5163-2017, SL11411-2017 y SL4609-2020). En la citada CSJ SL4632-2021 hubo un pronunciamiento con idéntica conclusión. En tales condiciones, y conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, para que proceda la protección es necesario que el trabajador, para el momento del despido, se encuentre en una situación de discapacidad o pérdida de la capacidad laboral en un grado significativo, razón por la cual el beneficio no opera para quienes tengan afecciones de salud o simples incapacidades médicas. Con lo cual, en lo que atañe a los dictámenes de pérdida de capacidad y su relevancia para acreditar el estado de invalidez del señor Vallejo López, se puede establecer que todos fueron emitidos después del 8 de enero de 2015 -fecha de terminación del contrato de trabajo-, y que, en el último de ellos, se fijó como fecha de estructuración el 3 de diciembre de 2017, por lo que evidentemente no sirven para conocer su estado durante o al momento en que finalizó la relación laboral Respecto de las otras pruebas del expediente y partir de las cuales el casacionista cimentó su ataque, acusándolas de no haber sido valoradas debidamente por el Tribunal, debe señalarse lo siguiente:

1. Frente a las dos primeras pruebas enumeradas en el cargo, a saber, los exámenes de audiometría que se le practicaron al señor Vallejo López

debidamente por el Tribunal, debe señalarse lo siguiente:

1. Frente a las dos primeras pruebas enumeradas en el cargo, a saber, los exámenes de audiometría que se le practicaron al señor Vallejo López mientras laboraba al servicio de Coltabaco S.A., debe precisarse que fueron realizados por la empresa Proteger Consultora Ltda. y, en ese sentido, corresponden a documentos declarativos emanados de un tercero y sobre los cuales no puede estructurarse un error de hecho en casación (CSJ SL14692021).

12CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instancia A/ Reinaldo de Jesús Vallejo López Esta razón es suficiente para desestimar su apreciación, pero si en gracia de discusión se accediera a su valoración, ciertamente no tendrían la vocación de evidenciar un error del Tribunal, pues en ellas solo se dispuso que el demandante desarrolló una «Hipoacusia neurosensorial bilateral», sin enunciarse nada acerca del grado de discapacidad que esto producía ni mucho menos si dicha patología tenía el grado de moderado, severo o profundo, al término de la relación laboral.

2. En lo atinente al «Documento de respuesta a petición dirigido a la ARL suscrito por GLORIA CALDERÓN, de salud ocupacional de COLTABACO S.A. de fecha 27 de mayo de 2015» (folio 45 del primer cuaderno) y la «Contestación de la demanda por parte de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ» (folio 275 del primer

cuaderno) y la «Contestación de la demanda por parte de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ» (folio 275 del primer cuaderno), se precisa que tampoco existe una posible equivocación del Tribunal, comoquiera que no logran definir el grado cuantificable de discapacidad que se necesita para recibir la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sino el conocimiento que tenía el empleador acerca de la «Hipoacusia neurosensorial bilateral»

3. La Prueba testimonial – testimonio del señor PEDRO MANUEL BALDOVINO PINEDA», no es hábil para estudiarse en casación según la restricción contenida en el artículo 7 de la Ley 1969, sobre todo cuando no se acreditó previamente la comisión de algún error de hecho a partir de las pruebas que sí son admitidas en sede del recurso extraordinario.

En ese orden de ideas, estos medios tampoco permitieron conocer con certeza si el señor Vallejo López tenía un cierto grado de discapacidad, al menos moderada, durante la existencia de la relación laboral o al momento de su terminación Por lo tanto, ha de concluirse que al no haber estado probado el porcentaje de invalidez de por lo menos el 15%, resulta inconducente abordar los otros aspectos exigidos por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 para que se configure la protección de estabilidad laboral reforzada, a saber, que el empleador conociera de la discapacidad y que esta finalice el contrato de trabajo El cargo no prospera, según los razonamientos previamente expuestos”. De manera que, según se dejó consignado en el texto de la decisión

empleador conociera de la discapacidad y que esta finalice el contrato de trabajo El cargo no prospera, según los razonamientos previamente expuestos”. De manera que, según se dejó consignado en el texto de la decisión censurada, contrario al parecer de la parte actora, la Sala accionada resolvió la cuestión planteada, que en lo fundamental se remitía a defectos de carácter probatorio y no de una determinada interpretación de la Ley 361 de 1997, atendiendo lo dispuesto por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral sobre la materia. 13CUI 110010204000202202631 00

N.I.: 128208

Tutela Primera Instanc