CSJ - STP13845-2023

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente STP13845-2023 Radicación n°. 134529 Acta 236 Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

I. VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela instaurada por FRANKLIN OVIEDO PORTELA, a través de apoderado, contra la

SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL NO. 3. DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA , la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ y TCC S.A.S., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y la administración de justicia, que le fueron presuntamente conculcados por las accionadas.CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA Al trámite se vinculó a las autoridades, partes e intervinientes relacionadas con el proceso ordinario laboral con el radicado 73001-31-05004-2017-00415-00.

II. ANTECEDENTES

1. FRANKLIN OVIEDO PORTELA acudió a la acción de tutela en procura del amparo de sus derechos fundamentales, que le fueron presuntamente conculcados con la emisión de la sentencia CSJ SL21912023 del 13 de septiembre de 2023, que resolvió no casar la de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, del

presuntamente conculcados con la emisión de la sentencia CSJ SL21912023 del 13 de septiembre de 2023, que resolvió no casar la de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, del 23 de junio de 2022, que revocó la dictada el 16 de enero de 2020, por el Juzgado 4 Laboral del circuito de esa misma ciudad.

2. Los fundamentos fácticos que dieron origen al proceso ordinario,

fueron descritos por la Homóloga Laboral, así: [el actor]se vinculó a la demandada el 3 de abril de 2003, con un contrato de trabajo a término indefinido, fecha en la cual se encontraba en perfectas condiciones de salud para ejercer la actividad de estibador, que consistía en cargar y descargar tractomulas, contenedores, cargue de rutas urbanas, entre otras funciones. Anotó que desde 2006 «padece CONTUSIÓN DE LA RODILLA con dolor que limita movimientos», como fue registrado en la ARL. Adujo que ejerció la actividad hasta el 2008 en la sede de la empresa en Bogotá DC., con un horario de 15 horas diarias, teniendo que manejar cargas que variaban de 5 a 80kg y bultos de tela de hasta 100 kg. Dijo que, a mediados de 2008, fue trasladado a Ibagué y allí, en 2016, fue

despedido … 2CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA Apuntó que el traslado a Ibagué le dificultó aún más sus servicios, porque no contaba con muelle de cargue y descargue, causándose así el desgaste de todos los trabajadores al laborar en unas instalaciones no adecuadas, sin medidas de protección, lo que condujo a padecer una hernia inguinal. Expresó que durante los años de estadía en la empresa, sufrió varios accidentes de trabajo, que fueron reportados a la ARL SURA. (…) Aseveró que padecía 10 enfermedades, originadas en accidentes de trabajo, sin concepto de recuperación favorable, lo cual desvirtuaba lo dicho por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) que sirvió de sustento al empleador para poner fin al contrato.

3. Acude a la demanda de amparo al considerar que las decisiones de instancia no acreditaron la existencia de un derecho a la estabilidad laboral reforzado aunque, a su juicio, cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU 049/2017 en esta materia. 3.1. En lo sustancial, luego de citar apartes de la jurisprudencia constitucional, señaló que … padezco DEBILIDAD MANIFIESTA desde antes de que la empresa TCC SAS decidiera terminar sin justa causa mi contrato de trabajo el día el 28 de octubre de 2016 y luego de 13 a ños al servicio de TCC SAS, en puestos de trabajo de manejo y levantamiento diario y constante de cargas

TCC SAS decidiera terminar sin justa causa mi contrato de trabajo el día el 28 de octubre de 2016 y luego de 13 a ños al servicio de TCC SAS, en puestos de trabajo de manejo y levantamiento diario y constante de cargas y peso, en la entrega de mercanc ías por correspondencia, pese a que mi historia clínica y el examen de egreso ocupaci ón (sic) ordenado por la misma empleadora, le hicieron conocer de mi complejo estado de salud al haber sido diagnosticado y en tratamiento m édico a la fecha del despido de las siguientes enfermedades, esta ha sido renuente en garantizar mi derecho fundamental a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA: 3CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia

FRANKLIN OVIEDO PORTELA

•ARTROSIS ACROMIOCLAVICULAR CON PINZAMIENTO.

•SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO BILATERAL DERECHO

MODERADO FASE 2 IZQUIERDO LEVE FASE 1. •HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL

•DISCOPATÍA LUMBAR L4 L5 Y L5 S1

•DISCOPATÍA CON COMPLEJO DISCO OSTEOFITARIO C5 Y C5 C6,

DIAGNÓSTICO NEUROCIRUGÍA MÉDICA DEL 6 DE ABRIL DE

2018. •ESCLEROSIS SUBCONDRAL FACETARIA BILATERAL L4 L5 L5

S1. •ESPONDILOSIS LUMBAR

•QUISTE TIROGLOSO.

•BOCIO DIFUSO BILATERAL. •HERNIA INGUINAL DERECHA.

S1. •ESPONDILOSIS LUMBAR

•QUISTE TIROGLOSO. •BOCIO DIFUSO BILATERAL. •HERNIA INGUINAL DERECHA. 3.2. Además, adujo que se trata de un grupo de especial protección constitucional por su nivel de pobreza, acreditado por pertenecer al grupo B2 del SISBEN. 3.3. Señaló que su empleador vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada pues su despido fue discriminatorio «al notar las limitaciones en mi salud,» y, además, por no haber solicitado permiso previo del Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 3.4. Agregó que padece un perjuicio irremediable desde el año 2016 cuando se dio el despido pese a sus enfermedades, pues «me han impedido trabajar o ser contratado por otras empresas». 3.5. Informó que acudió a la jurisdicción ordinaria para que se reconociera su derecho a la estabilidad laboral e hizo un recuento procesal de las decisiones de instancia, las cuales, en primer grado, accedieron a las pretensiones de la demanda; no obstante, el Tribunal de Ibagué, luego de 4CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA desatar el recurso de apelación elevado por el apoderado de la sociedad TCC SAS, revocó la decisión del a quo, al considerar que « para la fecha del despido estuviere padeciendo limitaciones en mi salud ocupacional que me impidieran laborar en condiciones regulares y que además de ello el

TCC SAS, revocó la decisión del a quo, al considerar que « para la fecha del despido estuviere padeciendo limitaciones en mi salud ocupacional que me impidieran laborar en condiciones regulares y que además de ello el empleador demandado no conocía de las enfermedades padecidas». 3.6. Adicionalmente, destacó que el Tribunal Superior de Ibagué desconoció: La fuerza vinculante del precedente judicial horizontal y vertical de la Sentencia UNIFICADORA SU049 del 02 DE FEBRERO 2017 dentro del proceso ordinario laboral Rad 73001-31-05-004-2017-00415-00, pues no aplicó de manera general el contexto de los lineamientos y requisitos allí ordenados para mi estabilidad laboral reforzada y contrario a dicha unificación y fuerza vinculante, me exigió requisitos legales que dicha jurisprudencia dice que no se me debían exigir para amparar mi derecho al reintegro laboral por mis varias enfermedades médicas y limitación en mi salud al momento del despidió por parte de TCC SAS … 3.7. Idéntico reproche hizo frente a la sentencia CSJ SL2191-2023 del 13 de septiembre de 2023, pues confirmó la de segundo grado. Sobre ella, agregó: … se limitaron a hacer comentarios y lecturas incompletas y superficiales de algunos apartes de dicha sentencia unificadora, es decir que su análisis no fue hecho de manera general y sustancial a mi caso de despido discriminatorio, y ello para mantener su postura de exigirme como requisito el haber contado con una calificación de PCL con fecha anterior a mi despido, carga que el sistema de seguridad social colombiano no le cumple a ningún trabajador ante sus acostumbradas demoras, cuyo

requisito el haber contado con una calificación de PCL con fecha anterior a mi despido, carga que el sistema de seguridad social colombiano no le cumple a ningún trabajador ante sus acostumbradas demoras, cuyo fenómeno es aprovechado por algunos empleadores para despedir a trabajadores como yo luego de haber laborado por más de 13 años a su servicio en puestos de trabajo de permanente manejo de cargas y pesos 5CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA que trajeron consigo las enfermedades que padezco en mi columna vertebral, en mis hombros, en mis manos o brazos y en mis oídos. 3.8. Adicionalmente, adujo que las sentencias negaron el derecho por considerar que la empresa no conocía su estado de salud al momento del despido, lo cual no es exigido por la jurisprudencia constitucional y, además, no resulta acertado, pues la empresa era quien le otorgaba los permisos para acudir a las citas de valoración médica. 3.9. Remarcó que la Corte Constitucional en la referida sentencia de unificación no incluyó la cuantificación de la incapacidad como un factor para reconocer la estabilidad laboral, lo cual no fue considerado por las sentencias refutadas.

4. Por todo lo anterior, solicita: 1) Que se ampare mi derecho fundamental a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA a mi favor vulnerado por parte de la empresa TCC S.A.S NIT. 860.016.640-4 al haber sido despedido estando

LABORAL REFORZADA a mi favor vulnerado por parte de la empresa TCC S.A.S NIT. 860.016.640-4 al haber sido despedido estando discapacitado medicamente el día el 28 de octubre de 2016. 2) Que se ordene a la empresa TCC S.A.S NIT. 860.016.640-4, efectuar dentro del término de las 48 horas siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, el REINTEGRO LABORAL del suscrito FRANKLIN OVIEDO PORTELA al cargo que venía desempeñando o a uno de la misma categoría que sea acorde con mi estado de salud, junto con el pago de todas los salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar por causa del despido. 3) Subsidiaria las anteriores peticiones: Que se ampare mi derecho fundamental a la ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA a mi favor, vulnerado por parte de la SALA DE CASACIÓN LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en la sentencia de fecha 13/09/2023 y

por parte del TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE

6CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA IBAGUÉ – SALA LABORAL en la sentencia de fecha 23 de junio de 2022 y consecuentemente se dejen sin efectos tales sentencias y consecuentemente se ordene mi REINTEGRO LABORAL del suscrito FRANKLIN OVIEDO PORTELA en TCC S.A.S., al cargo que venía

consecuentemente se ordene mi REINTEGRO LABORAL del suscrito FRANKLIN OVIEDO PORTELA en TCC S.A.S., al cargo que venía desempeñando o a uno de la misma categoría que sea acorde con mi estado de salud, junto con el pago de todas los salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar.

III. TRÁMITE Y RESPUESTA

DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS

5. Mediante auto del veintitrés (23) de noviembre de 2023, esta Sala avocó el conocimiento y ordenó correr traslado de la demanda a los accionados y vinculados, a efectos de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. 5.1. La Magistrada ponente de la Sala Homóloga Laboral de

Descongestión No. 3. se opuso a las pretensiones de la demanda, pues los argumentos de la sentencia «se encuentran ajustados al derecho constitucional del debido proceso, a las reglas procedimentales generales y especiales que son de obligatorio cumplimiento para esta jurisdicción y al precedente jurisprudencial que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1781 de 2016, el Acuerdo 980 de 2017 y la sentencia CC C-154-2016, debe ser respetado por esta Sala de Descongestión». Destacó que con la sentencia refutada no se vulneraron los derechos del accionante, toda vez que no se acreditaron los yerros fácticos o jurídicos alegados por el actor, lo cual obliga a mantener incólume la presunción de acierto y legalidad de la misma.

del accionante, toda vez que no se acreditaron los yerros fácticos o jurídicos alegados por el actor, lo cual obliga a mantener incólume la presunción de acierto y legalidad de la misma. 7CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA Acto seguido, transcribió las consideraciones del fallo frente a cada uno de los dos cargos estudiados al desatar el recurso de casación, anotando, además que … cuando de la senda fáctica se trata, los recurrentes deben emprender un proceso demostrativo de los yerros, que implica confrontar la prueba con la sentencia, para que emerja un dislate, que debe ser ostensible, manifiesto y protuberante (CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148CSJ; y CSJ SL2814-2019). Se itera, en el asunto se confirma que el impugnante no cumplió la carga de acreditar los yerros fácticos que atribuyó al Colegiado, los que, de conformidad con lo previsto en el art. 7 de la Ley 16 de 1969, no pueden ser cualquier yerro sino que, deben ser ostensibles, protuberantes, evidentes, siendo así, las conclusiones probatorias y el fallo debían mantenerse intactos. Por lo tanto, solicita denegar el amparo invocado. 5.2. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Ibagué indicó los principales hitos procesales adelantados dentro del asunto y adujo que « en el trámite adelantado por el Juzgado no se incurrió en vulneración de

5.2. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Ibagué indicó los principales hitos procesales adelantados dentro del asunto y adujo que « en el trámite adelantado por el Juzgado no se incurrió en vulneración de derechos fundamentales de las partes, pues el mismo se siguió con la observancia del debido proceso y con respeto de los derechos de defensa y contradicción. La sentencia y demás providencias emitidas por este Despacho ha sido debidamente sustentadas por quienes fungían como titulares del Juzgado en las fechas correspondientes.» 5.3. Seguros Generales Suramericana S.A., se pronunció sobre el asunto, indicando que no se evidencia un yerro en las decisiones de instancia, pues efectivamente se dio aplicación a los parámetros señalados 8CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA por la Corte Constitucional, tanto en la sentencia SU 049 de 2017, como en la SU 040 de 2018. Por el contrario, « El Tribunal dentro de los criterios que encontró probados para concluir que el demandante no se encontraba ni en la situación planteada por la línea jurisprudencial de esta sala, ni tampoco acreditó que se encontrará en una afectación a su salud de tal naturaleza que le impidiera o dificultara sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones normales»; sobre este punto, hizo mención a los hechos probados de las sentencias. En suma, para la entidad no se acreditó un defecto sustantivo o material relacionado con el desconocimiento del precedente judicial, pues las

en condiciones normales»; sobre este punto, hizo mención a los hechos probados de las sentencias. En suma, para la entidad no se acreditó un defecto sustantivo o material relacionado con el desconocimiento del precedente judicial, pues las decisiones refutadas « hicieron especial mención, análisis y aplicación de las sentencia de unificación de la Corte Constitucional, además porque la Sala de Casación Laboral adecuó su línea jurisprudencial en lo que refiere al fuero de salud a lo dispuesto por las decisiones de la Corte Constitucional y en aplicación del bloque de convencionalidad a lo dispuesto por la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad a partir del fallo SL1181-2023». Por lo tanto, pide que se niegue el amparo solicitado. 5.4. La empresa TCC SAS se pronunció en igual sentido que las demás entidades accionadas, al considerar que i) no ha vulnerado los derechos del actor, pues no lo despidió estando amparado por un fuero de estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud; ii) las sentencias no 9CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA desconocieron el precedente jurisprudencial de la SU 049 de 2017; iii) no se desconocieron los derechos del trabajador. Señaló además que «el accionante no cumple con la carga de demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que hagan procedente la acción de tutela; toda vez que su despido se realizó hace más de cuatro

Señaló además que «el accionante no cumple con la carga de demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que hagan procedente la acción de tutela; toda vez que su despido se realizó hace más de cuatro meses, siguiendo los lineamientos legales y sin que existiera la acreditación de circunstancias de debilidad manifiesta.». Adujo, además, que la tutela no es un mecanismo idóneo para pronunciarse sobre solicitudes de reintegro, al existir mecanismos judiciales ordinarios para desatar estas controversias. Por todo lo anterior, destaca que la tutela debe negarse y declararse improcedente y pide su desvinculación del trámite constitucional. 5.5. La Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué concedió acceso digital al expediente. La Sala no recibió respuestas de los demás vinculados y accionados dentro del término establecido.

CONSIDERACIONES

Competencia.

6. De conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de

10CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA 2017, concordante con el artículo 1º del Acuerdo número 001 del 15 de marzo de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corporación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela formulada por FRANKLIN OVIEDO PORTELA. Precisión inicial.

7. Comoquiera que el actor también promueve la acción

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela formulada por FRANKLIN OVIEDO PORTELA. Precisión inicial.

7. Comoquiera que el actor también promueve la acción constitucional contra la empresa TCC S.A. por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la estabilidad reforzada, esta Sala advierte que ello ya fue ventilado en el trámite ordinario laboral bajo el radicado 7300131-05-004-2017-00415-00 y, por lo anterior, el presente fallo se concentrará en determinar si la decisión CSJ SL2191-2023 del 13 de septiembre de 2023 y, de contera, la de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, incurrieron en un algún defecto específico que amerite la intervención del juez constitucional y haga derruir su presunción de acierto y legalidad que las ampara.

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

8. La acción de tutela es un mecanismo de protección excepcionalísimo cuando se dirige en contra de providencias judiciales y su prosperidad va ligada al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad que esta Corporación, en posición compartida por la Corte Constitucional en fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006, entre otros, ha venido acogiendo y que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración. Para esos efectos, se han

11CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia

venido acogiendo y que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración. Para esos efectos, se han 11CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA establecido unos requisitos de carácter general, que habilitan la interposición de la acción y otros de carácter específico, relacionados con la procedencia del amparo. 8.1. Según la doctrina constitucional, los requisitos generales se contraen a que: i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; iii) se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que hubiere alegado tal circunstancia en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y; vi) no se trate de sentencias de tutela. 8.2. De otra parte, los requisitos de carácter específico implican la demostración de, por lo menos, uno de los siguientes vicios: i) defecto orgánico (falta de competencia del funcionario judicial); ii) defecto

8.2. De otra parte, los requisitos de carácter específico implican la demostración de, por lo menos, uno de los siguientes vicios: i) defecto orgánico (falta de competencia del funcionario judicial); ii) defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal establecido); iii) defecto fáctico (que la decisión carezca de fundamentación probatoria); iv) defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); v) error inducido (que la decisión judicial se haya adoptado con base en el engaño de un tercero); vi) decisión sin motivación (ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos en la decisión); vii) desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de interpretación 12CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA de los derechos definidos por la Corte Constitucional) y viii) violación directa de la Constitución (CC C-590/05). Análisis del caso concreto.

9. En el presente caso, el actor cuestiona por vía de tutela la sentencia CSJ SL2191-2023 del 13 de septiembre de 2023 y la de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, del 23 de junio de 2022, al ser constitutivas de un defecto material o sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional contenido en la sentencia CC SU 049 de 2017, el cual afecta su derecho al acceso a la administración de justicia y a la estabilidad reforzada.

desconocimiento del precedente constitucional contenido en la sentencia CC SU 049 de 2017, el cual afecta su derecho al acceso a la administración de justicia y a la estabilidad reforzada. 9.1 Sus reproches se centran, en lo fundamental, en que, a su juicio, las decisiones de instancia desconocieron que la referida sentencia de unificación no exige la existencia de una calificación previa de la incapacidad, para efectos de garantizar el fuero a la estabilidad laboral reforzada, con las consecuencias que ello implica. Además, refuta afirmaciones de las providencias en punto a la falta de conocimiento de la empresa TCC SAS sobre la situación de debilidad manifiesta en que se encontraba, así como la valoración sobre los exámenes de egreso de salud ocupacional y su consideración sobre que eran posteriores al despido. Agregó, además, la existencia de un perjuicio irremediable desde la fecha del despido que le ha impedido acceder a nuevas ofertas laborales, derivado de su condición de salud. 13CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia

FRANKLIN OVIEDO PORTELA

10. En lo que respecta a los requisitos generales para la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales, se trata de un asunto de relevancia constitucional, pues se alega la presunta afectación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y la estabilidad laboral reforzada; así mismo, el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, debido a que la decisión cuestionada por este medio se

fundamentales al acceso a la administración de justicia y la estabilidad laboral reforzada; así mismo, el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, debido a que la decisión cuestionada por este medio se profirió en sede de casación; se indicaron los fundamentos del amparo; no se cuestiona un fallo de tutela y la demanda se instauró en un tiempo razonable contado a partir de la emisión de la última providencia objeto de controversia, la cual data del 13 de septiembre del año en curso. 10.1. De esta manera se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 10.2. Al encontrarse acreditados los requisitos generales, no se hace necesario analizar el presunto perjuicio irremediable que alega el actor, pues se estudiará de fondo el amparo invocado.

11. Dicho lo anterior, se deberán examinar las decisiones reprochadas, al considerarse como una unidad inescindible, para evaluar si existe un defecto específico que haga derruir la legalidad de las mismas y, por consiguiente, se habilite la intervención del juez constitucional.

12. En la sentencia CSJ SL2191-2023 del 13 de septiembre de 2023, se empezó por reproducir la jurisprudencia de esa Corporación en materia del alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, el cual aplica cuando concurren los siguientes requisitos:

14CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia

FRANKLIN OVIEDO PORTELA

sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, el cual aplica cuando concurren los siguientes requisitos: 14CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA En cuanto a las barreras, el artículo 2.5 de la Ley 1618 de 2013 señala que son «cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad». La Sala destaca que el término discapacidad empleado en este precepto debe entenderse como «algún tipo de deficiencia a mediano y largo plazo». (…) En suma, la protección de estabilidad laboral reforzada que refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la convención analizada, se determina conforme a los siguientes parámetros objetivos: a) la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Entiéndase por deficiencia, conforme a la CIF, «los problemas en las funciones o estructuras corporales tales como una desviación significativa o una pérdida». Por tanto, no cualquier contingencia de salud por sí misma puede ser considerada como discapacidad. b) la existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que, al interactuar con el entorno laboral, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás; c) que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, a menos que sean notorios para el caso.

laboral, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás; c) que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, a menos que sean notorios para el caso. Así, a juicio de la Sala, sin que esto implique un estándar probatorio, sí es conveniente anotar que al momento de evaluar la situación de discapacidad que conlleva a la protección de estabilidad laboral reforzada, es necesario establecer, por lo menos, tres aspectos: (i) la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, una limitación o discapacidad de mediano o largo plazo -factor humano-; 15CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia

FRANKLIN OVIEDO PORTELA

(ii) el análisis del cargo, sus funciones, requerimientos, exigencias, el entorno laboral y actitudinal específico -factor contextual-; y (iii) la contrastación e interacción entre estos dos factores -interacción de la deficiencia o limitación con el entorno laboral-. Si del análisis referido se concluye que el trabajador está en situación de discapacidad y la terminación del vínculo laboral no se funda en una causa objetiva o justa, tal decisión se considera discriminatoria y, por ello, es preciso declarar su ineficacia, acompañada de la orden de reintegro y el pago de salarios y demás emolumentos respectivos, junto con los ajustes razonables que se requieran y la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

13. Luego de ello, remarcó el análisis realizado por el Tribunal de

pago de salarios y demás emolumentos respectivos, junto con los ajustes razonables que se requieran y la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

13. Luego de ello, remarcó el análisis realizado por el Tribunal de segundo grado en punto de la valoración probatoria que dio lugar a la absolución, la cual se dio por i) considerar que al momento de terminar el contrato «no ostentaba un estado físico, síquico o sensorial disminuido, que le impidiera realizar su rol laboral, pues aunque de acuerdo con las historias clínicas allegadas al plenario, había padecido diversas enfermedades derivadas de accidentes laborales, según el oficio de la ARL «contaba con una calificación de secuelas del 0%»; » ii) el empleador no conocía de la eventual condición de discapacidad, iii) el actor no había informado sobre las patologías que sufría y, además, desempeñaba normalmente sus funciones, iv) el dictamen de pérdida de capacidad laboral se profirió 3 años después de la terminación del contrato.

14. A renglón seguido, analizó los elementos probatorios que dieron lugar a la absolución dictada en segundo grado.

15. Sobre este asunto, indicó que, si bien se trajeron a colación elementos de prueba que acreditan las patologías que sufrió el actor durante

16CUI 11001020400020230236800 Número Interno 134529 Tutela 1ª Instancia FRANKLIN OVIEDO PORTELA la relación laboral, «no emerge ningún error del Tribunal, pues sí rec