CSJ - STP14969-2024

HUGO QUINTERO BERNATE Magistrado ponente STP14969-2024 Radicación No. 138516 Aprobado acta No.173 Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veinticuatro (2024). VISTOS Resuelve la Sala las impugnaciones presentadas por Rodrigo Mesa Mena y Paola Tatiana Hurtado, en condición de vinculados, contra la sentencia de tutela proferida el 12 de junio de 2024, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que concedió el amparo de su derecho fundamental al debido proceso a IDELIZA GIL MURILLO, presuntamente vulnerados por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Buenaventura, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Al tramite se vinculó a través de la Alcaldía Distrital de Buenaventura a Rodrigo Mesa Mena, Efraín Olarte Agudelo, James David Gallego Mosquera, Yazira Estupiñán Caicedo y Néstor Alfredo Aragón González, quienes actuaron en calidad de accionantes dentro del trámite constitucional adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura. Asimismo, por intermedio de la Comisión Nacional delC.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia

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2 Servicio Civil a quienes superaron las etapas del concurso de méritos del proceso de selección N° 947 de 2018 y que conformaron la lista de

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2 Servicio Civil a quienes superaron las etapas del concurso de méritos del proceso de selección N° 947 de 2018 y que conformaron la lista de elegibles adoptada mediante Resolución N° 10635 del 22 de agosto de 2023 respecto al empleo denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 3, identificado con el Código OPEC N° 5628, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Buenaventura.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. Así los expuso la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga: «2.1. La demanda. Refirió la accionante que laboraba en la Alcaldía Distrital de Buenaventura desempeñando el cargo Profesional Universitario, Código 219, Grado 03, con nombramiento provisional a través del Decreto N° 412 del 30 de septiembre de 2008. Precisó que al momento de su vinculación, presentaba restricciones y recomendaciones del médico laboral por presentar “síndrome del túnel del carpo”.

El Distrito Especial de Buenaventura y la Comisión Nacional del Servicio Civil, suscribieron el acuerdo N° 20181000008766 del 18 de diciembre de 2018, por el cual se establecieron las reglas para el concurso de méritos en aras de proveer de manera definitiva los empleos vacantes pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, mediante el proceso de selección N° 947 Municipios Priorizados para el Post-Conflicto.

empleos vacantes pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, mediante el proceso de selección N° 947 Municipios Priorizados para el Post-Conflicto. Sostuvo la actora que mediante Decreto N° 0358 del 8 de noviembre de 2023 fue desvinculada del cargo que ostentaba en provisionalidad, decisión motivada en la Sentencia de tutela N° 031 del 14 de agosto de 2023 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura con ocasión a la acción constitucional incoada por el señor Rodrigo Mesa Mena. Adujo que debió ser vinculada a dicho trámite constitucional, así como las demás personas nombradas en provisionalidad en la Alcaldía de Buenaventura, para así garantizar el derecho a la defensa, sin embargo, la autoridad judicial obvió garantizar el derecho a la defensa y contradicción.C.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia

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3 Aseveró que la Comisión Nacional del Servicio Civil profirió la lista de elegibles para el empleo Profesional Universitario, código 219 Grado 03, en cumplimiento de la orden proferida en el trámite constitucional ya referido y en su condición de garante dentro del proceso de selección omitió solicitarle al juzgado accionado y a la Alcaldía de Buenaventura notificara a las personas que estaban ejerciendo el cargo en provisionalidad, para así garantizar la

en su condición de garante dentro del proceso de selección omitió solicitarle al juzgado accionado y a la Alcaldía de Buenaventura notificara a las personas que estaban ejerciendo el cargo en provisionalidad, para así garantizar la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, demostrar sus condiciones de vulnerabilidad y los argumentos jurídicos conforme a la controversia allí suscitada».

2. Con fundamento en lo antes expuesto, el propósito perseguido por la accionante es obtener la reparación del derecho fundamental invocado

y, como consecuencia de ello, que se ordene: (i) Se deje sin efectos el fallo de tutela N° 031 del 14 de agosto de 2023, proferido por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Buenaventura con el propósito de rehacer el trámite constitucional garantizando su intervención dentro del mismo. (ii) Se deje sin efectos la resolución N° 10635 del 22 de agosto de 2023 emanada de la Comisión Nacional del Servicio Civil por la cual se conformó la lista de elegibles para proveer tres vacantes en el empleo Profesional Universitario, Código 219, Grado 03 identificado con la OPEC N° 5628 y el decreto N° 0358 del 08 de noviembre de 2023 por medio del cual la Alcaldía Distrital de Buenaventura nombró en periodo de prueba al señor Rodrigo Mesa Mena en dicho cargo. (iii) La Alcaldía Distrital de Buenaventura proceda a restablecer la situación laboral que presentaba al momento de la desvinculación del cargo Profesional Universitario, Código 219, Grado 03 dentro de la planta global de empleos en provisionalidad.

(iii) La Alcaldía Distrital de Buenaventura proceda a restablecer la situación laboral que presentaba al momento de la desvinculación del cargo Profesional Universitario, Código 219, Grado 03 dentro de la planta global de empleos en provisionalidad.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIAC.U.I. 76111220400220240029701

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3. Mediante auto del 28 de mayo de la presente anualidad, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga avocó el conocimiento de la demanda y dispuso correr traslado a las autoridades mencionadas, para que ejercieran sus derechos de contradicción y defensa.

4. La Comisión Nacional del Servicio Civil advirtió que existe una ausencia de legitimación en la causa por pasiva, dado que no es esa entidad la llamada a resolver la pretensión de la accionante.

Ahora bien, frente al objeto de reproche indicó que al consultar el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO-, se evidenció que la Alcaldía de Buenaventura ofertó tres (3) vacantes en el empleo identificado con el Código OPEC No. 5628, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 3, en la cual agotadas las fases del concurso, mediante Resolución No. 10635 del 22 de agosto de 2023, se conformó la lista de elegibles para proveer los cargos vacantes, la cual fue publicada el día 22 de agosto de 2023. Así pues, señaló que IDELIZA GIL MURILLO no se inscribió en

2023, se conformó la lista de elegibles para proveer los cargos vacantes, la cual fue publicada el día 22 de agosto de 2023. Así pues, señaló que IDELIZA GIL MURILLO no se inscribió en dicho empleo, por tanto, los llamados a proveer las vacantes, son los elegibles, pues ostentan mejor derecho que la accionante, por lo que a juicio de esa entidad, no era necesario que la tutelante en calidad de empleada provisional en el empleo que se ofertó dentro del concurso de méritos, haya debido ser vinculada al trámite de tutela que derivó la publicación de la lista de elegibles de la OPEC No. 5629, pues el proceso de selección de municipios priorizados para el postconflicto fue debidamente divulgado y publicado.C.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia

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5 Asimismo, afirmó que la falta de vinculación en ningún momento debe prevalecer sobre la carrera administrativa, específicamente, sobre los derechos de carrera que tiene una persona que ocupa posición meritoria en una lista de elegibles publicada por esa Comisión, de manera que la vinculación a un empleo de carrera administrativa mediante nombramiento en provisionalidad, no le otorga al servidor público el derecho a desempeñarlo indefinidamente, pues ese nombramiento tiene carácter eminentemente temporal. Por lo anterior, recalcó que la accionante en calidad de empleada provisional, debe ceder la plaza a quien ocupe posición meritoria en la lista de elegibles del empleo con código OPEC No. 5628, para el caso concreto,

eminentemente temporal. Por lo anterior, recalcó que la accionante en calidad de empleada provisional, debe ceder la plaza a quien ocupe posición meritoria en la lista de elegibles del empleo con código OPEC No. 5628, para el caso concreto, al señor Rodrigo Mesa Mena, quien cuenta con posición de mérito, lo que lo llevó a ser nombrado en el cargo por la Alcaldía de Buenaventura. Por otro lado, frente a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos a través de los cuales la Alcaldía Distrital de Buenaventura ajustó el Manual de Funciones de su planta de personal pretendida por la accionante, contrario a lo señalado por ésta, manifestó que para esa entidad el proceso de selección No. 947 de 2018 no se encuentra permeado por vicio alguno, pues los acuerdos que regulan el proceso, además de presumirse legales, fueron expedidos con anterioridad al fallo proferido por el Juzgado 2° Administrativo Oral de Buenaventura.

5. La Alcaldía del Distrito de Buenaventura se opuso a las pretensiones de la tutelante, pues a su juicio no se generó vulneración alguna a los derechos invocados, aunado a que en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto que existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción administrativa.C.U.I. 76111220400220240029701

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6. La Dirección Administrativa de Recursos Humanos y Servicios Básicos del Distrito de Buenaventura enfatizó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, pues la administración territorial distrital nombró y posesionó al señor Rodrigo Mesa Mena en cumplimiento a una orden judicial.

Así las cosas, sostuvo que la señora Ideliza Gil Murillo tenía la posibilidad, en el momento en el que se le comunicó su desvinculación del cargo, esto es, 12 de abril de 2024, de hacer uso de las actuaciones administrativas y/o recursos y medios de control que le brinda el ordenamiento jurídico, razón por la cual solicita se niegue el amparo.

7. El Juzgado 2° Penal del Circuito de Buenaventura manifestó que la presente acción de tutela no tiene vocación de prosperar, pues no se advierte ningún acto fraudulento en el trámite tutelar que desvinculó a la ciudadana IDELIZA GIL MURILLO, máxime que el despacho ordenó que se publicara la lista de elegibles y, como consecuencia, proveer el cargo según la posición de los participantes. Por ende, la accionante no debía ser vinculada, ya que lo que allí se ventilaba no le incumbía, toda vez, que no estaba en la lista de elegibles, por lo que solicita se declare improcedente el amparo.

8. El señor Rodrigo Mesa Mena, en su condición de vinculado, expresó cuales hechos daba por ciertos y cuales no, advirtiendo que, en el presente asunto, no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la

el amparo.

8. El señor Rodrigo Mesa Mena, en su condición de vinculado, expresó cuales hechos daba por ciertos y cuales no, advirtiendo que, en el presente asunto, no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la tutelante dispone de los medios de control establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA) para reclamar sus derechos, además, de solicitar dentro del mismo las medidas cautelares concernientes, motivo por el cual se debe declarar improcedente la acción de tutela.C.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia

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9. Los señores James David Gallego Mosquera, Néstor Alfredo Aragón González y Yazira Estupiñán Caicedo, en calidad de vinculados, en escrito separado, realizaron un recuento del proceso por el cual fueron nombrados por mérito en la Alcaldía Distrital de Buenaventura.

Posteriormente, afirmaron que la accionante está incurriendo en una actuación temeraria pues, en razón a los mismos hechos, ha instaurado dos acciones constitucionales; una ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, siendo negada en primera y segunda instancia; y, la otra la que aquí se resuelve.

10. La señora Paola Tatiana Hurtado en condición de vinculada

solicitó proteger su derecho al acceso a la carrera administrativa por meritocracia y derecho al trabajo en condiciones dignas.

EL FALLO IMPUGNADO

11. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

solicitó proteger su derecho al acceso a la carrera administrativa por meritocracia y derecho al trabajo en condiciones dignas.

EL FALLO IMPUGNADO

11. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 12 de junio de 2024, concedió el amparo deprecado.

En primer lugar, señaló que la regla de la no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza no es absoluta, pues en ciertas circunstancias, cuando se encuentran de por medio garantías fundamentales, como el debido proceso, es procedente el trámite constitucional. Así las cosas, indicó que en el presente asunto constató que el juzgado accionado en el desarrollo del trámite constitucional censurado ordenó la vinculación de las personas que conformaban la lista de elegiblesC.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia IDELIZA GIL MURILLO 8 del concurso de méritos; sin embargo, al revisar las actuaciones dentro del expediente de tutela bajo el radicado No. 2023-00041, dicha autoridad judicial no realizó las vinculaciones relacionadas con la provisión del cargo “Profesional Universitario, Código 219, Grado 3 ” que ocupaba en provisionalidad la señora IDELIZA GIL MURILLO, situación por la cual resulta imperioso acudir a la nulidad del asunto, por la vulneración al debido proceso. En atención a lo antes expuesto, manifestó que los actos administrativos proferidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil y

resulta imperioso acudir a la nulidad del asunto, por la vulneración al debido proceso. En atención a lo antes expuesto, manifestó que los actos administrativos proferidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía Distrital de Buenaventura, como consecuencia de la orden de tutela cuestionada, debían igualmente considerarse nulos, pues todo lo derivado de la sentencia allí emitida corría la misma suerte. Por lo anterior, dijo que frente a la pretensión atinente al reintegro laboral, esa Sala no emitirá pronunciamiento, pues considera que es dentro del trámite constitucional que llevará a cabo el juzgado demandado donde deben dilucidarse las pretensiones de la aquí tutelante en ejercicio de su derecho a la defensa y contradicción, así como también lo podrá hacer el señor Rodrigo Mesa Mena, quien ocupó el primer puesto dentro del concurso de méritos para el cargo en controversia. Por lo antes expuesto, resolvió: “Primero: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Ideliza Gil Murillo, vulnerado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura, conforme a lo expuesto en la parte motiva del proveído.

Segundo: Dejar sin efectos , el trámite de tutela adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura radicado bajo partida N° 7610931-04-002-2023-00041, únicamente en lo que concierne a la discusión planteada para el cargo “Profesional Universitario, Código 219, Grado 03 identificado con la OPEC N° 5628”C.U.I. 76111220400220240029701

planteada para el cargo “Profesional Universitario, Código 219, Grado 03 identificado con la OPEC N° 5628”C.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia

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Tercero: Ordenar a la Dra. Ana Jazmín Rodríguez Rodríguez, Juez Segunda Penal del Circuito de Buenaventura (o quien haga sus veces) que, dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, retome la actuación adelantada contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía Distrital de Buenaventura y resuelva lo que corresponda en razón a la discusión planteada para la provisión del cargo “Profesional Universitario, Código 219, Grado 03 identificado con la OPEC N° 5628” que ocupaba la señora Ideliza Gil Murillo y conforme al derecho al mérito reclamado por el señor Rodrigo Mesa Mena.

Para tal efecto, y con el firme propósito de evitar la proliferación de presentación de acciones de tutela por los interesados, siendo ello conocimiento del juzgado accionado, su titular deberá vincular a todos aquellos que ocupaban en provisionalidad el cargo aludido, siempre que alguno de ellos no haya promovido acción de tutela en ese sentido, igualmente a quienes aprobaron todas y cada una de las etapas para el ya reiterado cargo,

aquellos que ocupaban en provisionalidad el cargo aludido, siempre que alguno de ellos no haya promovido acción de tutela en ese sentido, igualmente a quienes aprobaron todas y cada una de las etapas para el ya reiterado cargo, en atención a que la resolución que había conformado la lista de elegibles se dejó sin efectos. Dichas vinculaciones deberá afianzarlas a través de la Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Comisión Nacional del Servicio Civil”.

LA IMPUGNACIÓN

12. Una vez notificada la decisión de primera instancia, Paola Tatiana Hurtado y Rodrigo Mesa Mena, en condición de vinculados, la impugnaron.

Paola Tatiana Hurtado, cuestionó el fallo de primera instancia, pues en su sentir: “Me deja en el limbo. Toda vez que ignoró la información aportada en la cual mencione que el Juez Segundo Oral Administrativo de Buenaventura, mediante sentencia No. 03 el día 26 de febrero de 2024 ORDENO el nombramiento en periodo de prueba, y de conformidad la Alcaldía Distrital expide la Resolución de nombramiento No. 0197 del 11 de abril en la cual no se desvincula a ninguna persona nombrada en provisionalidad puesto que de las tres vacantes ofertadas solo la 1ra vacante estaba provista por la señora IDELIZA GIL MURILLO, el cargo que ocupo actualmente fue creado con ocasión del concurso y no se desvinculo a ninguna persona en provisionalidad es por ello que expongo los argumentos que motivan la preservación de mi

IDELIZA GIL MURILLO, el cargo que ocupo actualmente fue creado con ocasión del concurso y no se desvinculo a ninguna persona en provisionalidad es por ello que expongo los argumentos que motivan la preservación de mi derecho al TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS (Art. 25 C.P.), a la estabilidad laboral por méritos que fue adquirida mediante el decreto deC.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia IDELIZA GIL MURILLO 10 nombramiento 0197 del 11 de abril de 2024, de la cual gozo en este momento y que en consecuencia permite que Mis Hijos menores de edad (…) no les sean vulnerados sus derechos a la Dignidad Humana y la vida en condiciones Dignas que se adquiere con la estabilidad laboral y los salarios que se perciben con ocasión de un empleo digno. Asimismo, reiteró que en el escrito de vinculación solicitó: “Que de acuerdo con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 se declare la Temeridad por presentar, la misma acción de tutela por la misma persona accionante ante varios jueces o tribunales”. Y La señora Magistrada no hizo referencia en su fallo de dicha pretensión (…).” Por su parte, Rodrigo Mesa Mena, señaló en su escrito de impugnación que: “(i). coincido con la tutelante en que si no fue vinculada al trámite tutelar se le desconoce la garantía al debido proceso. ii) señaló que el juez constitucional no puede nulitar los actos administrativos porque invadiría la órbita del

desconoce la garantía al debido proceso. ii) señaló que el juez constitucional no puede nulitar los actos administrativos porque invadiría la órbita del Contencioso Administrativo. iii) indicó que la accionante, si padece la enfermedad laboral que refiere, no está desprotegida por el sistema de riesgos laborales, ya que, ese sistema garantiza las prestaciones médico – asistenciales y económicas, aunque se haya desvinculado. iv) expresó que la accionante ha agotado todos los recursos judiciales habidos y por haber, entre ellos acción de cumplimiento (ante el Contencioso), y ninguno le ha prosperado. Y, por último, v) manifiesto que está en riesgo la carrera administrativa pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, la sentencia no fue debidamente motivada y no tuvo en cuenta mis súplicas (…)”

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

13. De conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021, modificatorio del Decreto 1069 de 2015, la Sala es competente para desatar la alzada, por cuanto la decisión sobre la que recae fue proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga de quien es superior jerárquico.

14. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acciónC.U.I. 76111220400220240029701

Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia IDELIZA GIL MURILLO 11 de tutela es un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio

IDELIZA GIL MURILLO 11 de tutela es un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

15. En el caso examinado, observa la Sala que IDELIZA GIL MURILLO, cuestiona el fallo de tutela N° 031 del 14 de agosto de 2023 proferido por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Buenaventura al no haber sido vinculada en ese asunto, pese a tener interés directo en las resultas del proceso.

Por su parte, quienes impugnan el fallo, no están de acuerdo con la decisión que se adoptó por parte del tribunal a quo y consideran que este debe ser revocado. Dicho lo anterior, la Sala se ocupará de determinar si le asiste razón a la accionante o si por el contrario, los reparos formulados por los impugnantes tienen la entidad suficiente para derruir el fallo de primera instancia.

16. Consideraciones frente a la presunta temeridad De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la temeridad de la conducta del actor se verifica cuando se presenta identidad procesal entre dos o más solicitudes de tutela, es decir, equivalencia en (i) las partes

(accionante y accionada), (ii) la causa petendi (los hechos que motivan el amparo) y (iii) el objeto (la pretensión a la que se encamina) (Cfr. CC T – 919 de 2013 y T001 de 2016).C.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516

amparo) y (iii) el objeto (la pretensión a la que se encamina) (Cfr. CC T – 919 de 2013 y T001 de 2016).C.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia

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12 No obstante, incluso cumplidos los anteriores requisitos, no procede declarar la temeridad si existe una justificación razonable, considerándose como tales los siguientes casos1: “i) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos, ii) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, iii) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y iv) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional , [cuando el actor] en sus actuaciones siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una demanda de igual naturaleza. En este orden de ideas, la Sala concluye que la existencia de cosa juzgada constitucional sobre una materia planteada al juez de tutela y la consecuente improcedibilidad de la acción de amparo, no siempre lleva a declarar la temeridad de la actuación y a imponer las sanciones pertinentes, por cuanto esto último requiere una valoración de los elementos particulares del caso y de

improcedibilidad de la acción de amparo, no siempre lleva a declarar la temeridad de la actuación y a imponer las sanciones pertinentes, por cuanto esto último requiere una valoración de los elementos particulares del caso y de las condiciones y motivaciones del actor, en la que se logre acreditar, tras un ejercicio juicioso del juez de tutela, que la actuación desborda la presunción de buena fe que lo cobija. Además, la actuación temeraria sólo se predica en aquellos casos en que exista duplicidad de acciones de tutela con identidad de sujetos, hechos y pretensiones, y cuando por lo menos una de ellas haya sido resuelta de fondo por el juez constitucional configurando el fenómeno de la cosa juzgada”. Por último, el juez de tutela deberá declarar improcedente la acción, cuando encuentre que la situación bajo estudio es idéntica en su contenido mínimo a un asunto que ya ha sido fallado o cuyo fallo está pendiente, y deberá observar detenidamente la argumentación de las acciones que se cotejan, ya que habrá temeridad cuando, mediante estrategias argumentales, se busque ocultar la identidad entre ellas (Sentencia T-1104 de 2008 y T001 de 2016). 1 Sentencia T-045/14.C.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia

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13 La aplicación de dichos criterios al caso objeto de estudio, arroja como conclusión que no existe equivalencia entre la presente solicitud de amparo y la formulada en pretérita oportunidad por IDELIZA GIL

13 La aplicación de dichos criterios al caso objeto de estudio, arroja como conclusión que no existe equivalencia entre la presente solicitud de amparo y la formulada en pretérita oportunidad por IDELIZA GIL MURILLO, resuelta mediante providencia del 7 de febrero de 2024, emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al interior de la actuación constitucional con radicado No. 76111221300320240001500, mediante la cual esa autoridad resolvió negar el amparo deprecado, siendo confirmada el 20 de marzo del año en curso, por la Sala de Casación Civil de esta Corporación. Así las cosas, se establece que el reproche se dirige por la misma accionante; sin embargo, no sucede lo mismo frente al accionado toda vez que: (i) En la acción de tutela emitida al interior de la actuación con radicado No. 76111221300320240001500 se demandaba, entre otras autoridades, al Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Buenaventura por haber proferido el fallo de tutela propuesto por la señora Jadira Ibarguen Hinojosa contra la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC con radicado interno 76109311000120230014100, cuya decisión fue emitida el 24 de julio de 2023. (ii) En el presente asunto, se promueve la acción de tutela, entre otras autoridades, en contra del Juzgado 2° Penal del Circuito de Buenaventura, por haber emitido el fallo de tutela acumulada que

otras autoridades, en contra del Juzgado 2° Penal del Circuito de Buenaventura, por haber emitido el fallo de tutela acumulada que interpusieron Rodrigo Mesa Mena, Efraín Olarte Agudelo, James David Gallego Mosquera, Yazira Estupiñán Caicedo y Néstor Alfredo Aragón González contra la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC con radicado interno 76109310400220230003900, cuya decisión fue emitida el 14 de agosto de 2023.C.U.I. 76111220400220240029701 Radicado Interno 138516 Tutela de Segunda Instancia

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14 De igual forma, advierte la Sala que esas acciones de tutela fueron instauradas por existir inconformidad con las decisiones emitidas por las autoridades judiciales antes mencionadas, quienes resolvieron en sus fallos de tutela lo siguiente: (i) Frente al fallo de tutela emitido por el Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Buenaventura, la aquí accionante cuestionó no haber sido vinculada en dicho asunto constitucional en el que se resolvió: “SEGUNDO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de entenderse surtida la notificación de este proveído, realice todas las gestiones necesarias para que se publique con toda la rigurosidad del asunto, la lista le elegibles únicamente para el cargo TECNICO AREA DE SALUD,

de entenderse surtida la notificación de este proveído, realice todas las gestiones necesarias para que se publique con toda la rigurosidad del asunto, la lista le elegibles únicamente para el cargo TECNICO AREA DE SALUD, nivel técnico, grado 5, código 323, numero OPEC 21800, de la Alcaldía Distrital de Buenaventura dentro de la Convocatoria PDET No. 947 de 2018 (1ª a 4ª) categoría, aprobado mediante el acuerdo No. 20181000008766 del 2018 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.” TERCERO: ORDENAR a la ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA que una vez se encuentre en firme la lista de elegible