CSJ - STP1498-2026

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente STP1498-2026 Radicación n°. 151774 Acta No. 028 Bogotá, D.C., diez (10) de febrero dos mil veintiséis (2026).

I. ASUNTO

1. Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por el apoderado de ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO, contra el fallo de tutela proferido el 25 de noviembre de 2025, por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, mediante el cual negó el amparo contra los

JUZGADOS 37 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE

CONTROL DE GARANTÍAS y 26 PENAL DEL CIRCUITO deCUI 11001220400020250500701

Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 2 esta ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad personal y dignidad humana. A la actuación se vinculó a todas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicación No. 110016000101201900507.

II. ANTECEDENTES

2. Fueron resumidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de la siguiente forma: ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO, es procesada en el trámite penal con CUI 11001600010120190050701, que cursa

2. Fueron resumidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de la siguiente forma: ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO, es procesada en el trámite penal con CUI 11001600010120190050701, que cursa en el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de esta ciudad.

Agregó que, los días 10 a 16 de diciembre de 2024, el Juzgado Once Penal Municipal con Función de Control de Garantías presidió las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra de la accionante, José Huber Araujo Nieto y Edgar Eduardo Santacruz Morales e impuso detención preventiva de los dos primeros. Decisión respecto de la cual, la defensa de la imputada interpuso el recurso de apelación. […] La decisión de segunda instancia se emitió los días 8 y 21 de julio de 2025, […] se confirmó el proveído recurrido. Así las cosas, el 5 de agosto de 2025, la parte actora solicitó, por segunda vez, la revocatoria de la medida de aseguramiento ante el JUZGADO TREINTA Y SIETE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS, el cual, en la misma oportunidad negó el pedimento, por lo que, el defensor interpuso recurso de apelación que resolvió el JUZGADO VEINTISÉISCUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774

ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO

3 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, el 10 de octubre de 2025,

Impugnación tutela Rad. 151774

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3 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, el 10 de octubre de 2025, que confirmó la determinación de primera instancia. […] […] alegó que los autos censurados carecen de motivos que los sustenten y comportan la violación directa de la constitución, puesto que los juzgadores se apartaron de las reglas procesales previstas legalmente para resolver la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento. En este sentido, luego de referir los hechos jurídicamente relevantes del proceso penal, aseveró que, en la diligencia del 5 de agosto de 2025, presentó medios de conocimiento nuevos con los que la inferencia razonable que sustentó la medida se debilitó de forma sustancial al demostrarse que: (i) la señora Ángela Bautista Grimaldo no intervino en el direccionamiento contractual que dio origen a la imputación; (ii) su rol se circunscribió a una evaluación jurídica estándar ya consolidada en la entidad; y (iii) ingresó al trámite cuando éste ya había mutado de licitación pública a selección abreviada, sin haber participado en la estructuración del pliego ni en acuerdos espurios con el contratista.

Al respecto, reprochó que los funcionarios judiciales demandados se limitaron a fórmulas genéricas, tales como afirmar que los nuevos elementos “deben ser debatidos en juicio” o que “no tienen entidad” para derruir la inferencia razonable, sin

demandados se limitaron a fórmulas genéricas, tales como afirmar que los nuevos elementos “deben ser debatidos en juicio” o que “no tienen entidad” para derruir la inferencia razonable, sin explicar: (i) cuál era, en concreto, la inferencia previa que justificó la medida; (ii) de qué manera los nuevos elementos fueron valorados; y (iii) por qué, pese a su contenido, subsiste el juicio de probabilidad en contra de la procesada. Esta ausencia de contraste y de justificación detallada desatiende, según el actor, el deber reforzado de motivación cuando se trata de decisiones que restringen el derecho fundamental a la libertad. Por otro lado, indicó que, en la sentencia STP8965-2025, radicado 143912, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia analizó un caso de contornos similares, en el que concluyó que se configuró la motivación incompleta, debido a que el juzgado omitió el análisis de los medios de prueba que presentó la defensa. En relación con la violación directa de la Constitución, el libelista sostiene que los jueces accionados alteraron las formas propiasCUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 4 del juicio previstas en la Ley 906 de 2004, al introducir exigencias no contempladas por el legislador para la procedencia de la revocatoria, como la carga de identificar y refutar uno a uno los elementos probatorios que sustentaron la medida originaria

exigencias no contempladas por el legislador para la procedencia de la revocatoria, como la carga de identificar y refutar uno a uno los elementos probatorios que sustentaron la medida originaria —que, por lo demás, no siempre se enuncian con precisión en las decisiones iniciales— y la prohibición de examinar en sede de revocatoria la solidez de la inferencia razonable de autoría. Tales restricciones, argumenta, desbordan lo previsto en los artículos 308 y 318 del Código de Procedimiento Penal y dejan sin contenido el derecho de defensa y el principio de libertad como regla, en abierta contradicción con los artículos 28 y 29 de la Constitución Política. Con base en lo anterior, el extremo demandante solicita el amparo de los derechos fundamentales, y, en consecuencia, se dejen sin efectos los autos del 5 de agosto y del 10 de octubre de 2025, se disponga la libertad inmediata de la actora o, subsidiariamente, declare la nulidad de las providencias.

III. EL FALLO IMPUGNADO

3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de examinar los autos atacados, mediante fallo del 25 de noviembre de 2025 negó el amparo pedido al estimar que, contrario a lo expuesto por el accionante, las providencias censuradas sí examinaron las pruebas traídas por la defensa y explicaron por qué con ellas no se desvirtuaba la inferencia razonable de autoría o participación. 3.1. Agregó que la observación del Juez, en cuento el peticionario debía referirse a los medios de prueba que

y explicaron por qué con ellas no se desvirtuaba la inferencia razonable de autoría o participación. 3.1. Agregó que la observación del Juez, en cuento el peticionario debía referirse a los medios de prueba que sustentaron los razonamientos para imponer la medida restrictiva, no era desproporcionada ya que « los jueces de control de garantías, no conocen los pormenores de cada una de las actuaciones procesales previas, de ahí que, por lo menos, debía contextualizarse a las autoridades judiciales a efectos de que, conCUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 5 base en toda la información relevante, puedan analizar si es cierto que, los fundamentos que se tuvieron para adoptar la medida sufrieron alguna modificación en los términos exigidos por el artículo 308 de la Ley 906 de 2004». 3.2. También se refirió a la imposibilidad de que el Juez de tutela realice un análisis sobre la validez de la inferencia razonable de autoría o participación, pues ello implicaría una injerencia indebida en la competencia del juez natural. 3.3. Finalmente consideró que la sentencia CSJ STP8965-2025, radicado 143912, citada por el accionante no se asimilaba al presente caso, por lo que no era aplicable para su solución.

IV. LA IMPUGNACIÓN

4. Fue presentada por el apoderado de ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO, en un extenso texto en el

para su solución.

IV. LA IMPUGNACIÓN

4. Fue presentada por el apoderado de ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO, en un extenso texto en el que se mostró en desacuerdo con la primera instancia, pues estimó que el fallo impugnado solo trató la temática de la debida motivación de las decisiones cuestionadas, a pesar de que, aseguró, la demanda constitucional presentó

básicamente tres cargos: (i) la motivación insuficiente en decisiones que restringen derechos fundamentales, particularmente la libertad; (ii) la creación judicial de cargas procesales no previstas en los artículos 308 y 318 del Código de Procedimiento Penal, con afectación directa de las formas propias del proceso penal; y (iii)CUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 6 la alteración de la audiencia de revocatoria, mediante una reinterpretación judicial que desnaturaliza su ámbito normativo. 4.1. Luego aseveró que se confundió la motivación formal, con la suficiente, que en este caso no se dio, ya que lo que se alegó fue la motivación incompleta por parte de los jueces de garantías por «la falta de un examen estructurado que permita verificar si la inferencia razonable inicial se mantiene frente a los elementos introducidos en la revocatoria », por lo que no acepta que se diga que dichos elementos se deben estudiar en el juicio penal, agregó:

permita verificar si la inferencia razonable inicial se mantiene frente a los elementos introducidos en la revocatoria », por lo que no acepta que se diga que dichos elementos se deben estudiar en el juicio penal, agregó: La motivación para negar o conceder la revocatoria de la medida de aseguramiento exige un contraste racional entre tres componentes: i) la inferencia previa de autoría o participación; ii) los elementos nuevos introducidos, y iii)) la justificación de por qué estos no modifican la inferencia inicial. 4.2. Tarea que aseguró no fue asumida por los accionados. 4.3. Como segundo aspecto se refirió a la exigencia del juez de garantías para revocar la medida de aseguramiento en cuanto era necesaria « la identificación exhaustiva de todos los elementos que sustentaron la medida inicial y a una refutación puntual de cada uno de ellos mediante elementos nuevos», lo cual afirmó no está estipulado en los art. 308 y 318 del C.P.P., añadió: La defensa sí realizó un ejercicio de contextualización de la inferencia razonable inicial: expuso los elementos valorados por los jueces al momento de imponer la medida. Lo que no hizo, ni estaba obligada a hacer, fue reconstruir exhaustivamente cada elemento probatorio o documental previo , porque esaCUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 7 labor no está contemplada en ninguna disposición del ordenamiento. (Negrillas fuera del texto original). 4.4. En tercer lugar, aseguró que el Tribunal a quo

ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 7 labor no está contemplada en ninguna disposición del ordenamiento. (Negrillas fuera del texto original). 4.4. En tercer lugar, aseguró que el Tribunal a quo afirmó la imposibilidad de revisar la inferencia razonable de autoría o participación en la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, lo que desconoce las reglas del art. 319 de la Ley 906 de 2004. 4.5. Otro aspecto abordado fue la capacidad del juez de tutela para analizar a fondo si la negativa de revocatoria estuvo debidamente fundamentada, lo que no equivale a fungir, en su criterio, como una tercera instancia, incurriendo de paso el Tribunal Superior de Bogotá en una “falacia de petición de principio”, ya que sobre la falta de capacidad persuasiva de los nuevos elementos presentados «ratifica dicha conclusión porque el juez así lo afirmó». 4.6. Enseguida se refirió a los elementos presentados por la defensa en la audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento, la valoración realizada por el juez de garantías de segunda instancia, los que aseveró, fueron acogidos por el a quo constitucional sin análisis crítico:

1. El Acta de Verificación. La decisión afirma que no es un elemento nuevo porque ya sustentó la imputación. Esta afirmación evade la cuestión planteada: el análisis no consiste en verificar su novedad, sino en examinar si las inconsistencias expuestas por la defensa debilitan la inferencia inicial. El

afirmación evade la cuestión planteada: el análisis no consiste en verificar su novedad, sino en examinar si las inconsistencias expuestas por la defensa debilitan la inferencia inicial. El Tribunal no revisa este punto, pese a que la defensa no cuestionó la existencia del acta, sino el alcance lógico de sus contenidos.CUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774

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2. Los otros contratos firmados con el mismo formato. La providencia descarta su relevancia indicando que repetir un esquema no neutraliza la posible tipicidad. Pero esa afirmación no analiza el argumento de fondo, ya que, la defensa alegó que el patrón contractual contextualiza el funcionamiento administrativo y evidencia la falta de tipicidad subjetiva.

3. La declaración del exalcalde. La providencia afirma que es un testimonio de descargo destinado al juicio y que no tiene fuerza para derruir la inferencia. Esta afirmación no desarrolla un razonamiento: no explica qué partes del testimonio se consideraron, cuál es su alcance, ni por qué no afecta la inferencia razonable de la comisión del punible atribuida a la procesada.

4. El allanamiento del alcalde. La sentencia sostiene que la aceptación de responsabilidad de un tercero no excluye la participación de otros servidores. Esto es cierto como proposición abstracta, pero ese punto no fue al que hizo

aceptación de responsabilidad de un tercero no excluye la participación de otros servidores. Esto es cierto como proposición abstracta, pero ese punto no fue al que hizo referencia la defensa, sino a que el Alcalde no tenía ninguna finalidad para dar dicha declaración adicional a señalar que efectivamente Ángela Julieth no participó en el entramado de corrupción.

5. La supuesta falta de aptitud, entidad y suficiencia de los elementos introducidos. La sentencia concluye, sin análisis, que los elementos no tienen capacidad para desdibujar la inferencia.

Tal afirmación no se soporta en una estructura argumentativa ni en un contraste lógico entre los presupuestos del artículo 308 y los elementos aportados. Es una fórmula de cierre insuficiente para justificar la continuación de una medida privativa de libertad. (Negrillas fuera del texto original) 4.7. Por último, se refirió a la sentencia CSJ STP89652025, que afirmó es vinculante pues analizó un caso muy similar, pero no fue tenida en cuenta por el Tribunal Superior de Bogotá. 4.8. Como pretensiones solicitó amparar los derechos citados y, en consecuencia, dejar sin efecto las decisiones cuestionadas y ordenar la libertad inmediata de ÁNGELACUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774

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9 JULIETH BAUTISTA GRIMALDO o, en su defecto declarar la nulidad de los mencionados autos.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia.

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9 JULIETH BAUTISTA GRIMALDO o, en su defecto declarar la nulidad de los mencionados autos.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 , es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela adoptado por la Sala Penal del Tribunal

Superior de Bogotá.

6. Dispone el artículo 86 de la Constitución Política, y así lo reitera el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que la ley contempla; amparo que solo procederá si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

7. En sede de impugnación, el juez constitucional debe verificar el contenido de esta, en contraste con el acervo probatorio y el fallo, tanto que, si a su juicio la sentencia carece de fundamento, procederá a revocarla o de lo contrario la confirmará, tal como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se regula el trámite constitucional.CUI 11001220400020250500701

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2591 de 1991, por el cual se regula el trámite constitucional.CUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774

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10 Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

8. La acción constitucional de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales.

Su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad (generales y específicos), que implican una carga para la parte accionante, tanto en su planteamiento, como en su demostración. 8.1. Los primeros se contraen a que: i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; iii) se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que hubiere alegado tal circunstancia en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y; vi) no se trate de sentencias de tutela1. 8.2. Mientras que los segundos, implican la demostración de, por lo menos, uno de los siguientes vicios: i)

sido posible y; vi) no se trate de sentencias de tutela1. 8.2. Mientras que los segundos, implican la demostración de, por lo menos, uno de los siguientes vicios: i) defecto orgánico (falta de competencia del funcionario 1 CC C-590/05; T-780/06; T-332/12 -entre otras.CUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 11 judicial); ii) defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal establecido); iii) defecto fáctico (que la decisión carezca de fundamentación probatoria); iv) defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); v) error inducido (que la decisión judicial se haya adoptado con base en el engaño de un tercero); vi) decisión sin motivación (ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos en la decisión); vii) desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de interpretación de los derechos definidos por la Corte Constitucional) y viii) violación directa de la Constitución (CC C-590/05). Análisis del caso concreto.

9. El apoderado de ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO acudió a la acción de tutela en busca de la protección de sus derechos fundamentales, los que consideró vulnerados con el auto del 10 de octubre de 2025, del Juzgado 26 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que confirmó la decisión del Juzgado 37 Penal

vulnerados con el auto del 10 de octubre de 2025, del Juzgado 26 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que confirmó la decisión del Juzgado 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta ciudad del 5 de agosto de ese año, que negó la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a la accionante.

10. En el caso concreto, i) el asunto sometido a consideración de la Sala tiene relevancia constitucional en tanto involucra los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad personal y dignidad humana del actor; ii) no denuncia una irregularidad procesal con incidencia directa en la definición del proceso; iii) en el escrito de tutelaCUI 11001220400020250500701

Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 12 se identificaron plenamente los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados; iv) no se trata de una tutela contra tutela, v) la última decisión dentro del proceso atacado se profirió el 10 de octubre de 2025 y la demanda constitucional se interpuso el 6 de noviembre de ese año, es decir dentro de un plazo razonable y, v) en el mismo sentido, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues contra la decisión accionada no procede otro recurso diferente a la acción de tutela.

11. Se satisfacen los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales; sin

contra la decisión accionada no procede otro recurso diferente a la acción de tutela.

11. Se satisfacen los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales; sin embargo, al examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jurídico aplicable, esta Sala anticipa que se debe confirmar el fallo de tutela de primera instancia, como quiera que lo decidido por los despachos accionados se basó en la ley y la jurisprudencia aplicable al caso puesto a su conocimiento, como pasa a verse.

12. Pues bien, escuchada la audiencia del 5 de agosto de 2025 y revisado el auto del 10 de octubre posterior, la Sala observa que se sustentan básicamente en los mismos argumentos, por lo que se examinara la última decisión tomada, esto es la del Juzgado 26 Penal del Circuito con

Función de Conocimiento de Bogotá.

13. En primer lugar, en aquella providencia el Juez dejó claro que la defensa pretendía la mencionada revocatoria con base en «la pérdida de la inferencia razonable de autoría o participación, como presupuesto que en su momento justificó laCUI 11001220400020250500701

Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 13 imposición de la medida restrictiva» por lo que el análisis giró al respecto; también que los delitos imputados eran los de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso. Los hechos jurídicamente relevantes imputados los resumió así:

respecto; también que los delitos imputados eran los de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso. Los hechos jurídicamente relevantes imputados los resumió así: […] se originaron en el proceso contractual de selección número 141 de 2018, en el cual la procesada suscribió el Acta de verificación de requisitos habilitantes de fecha 23 de octubre de 2018, en la que certificó el cumplimiento de los requisitos de experiencia específica por parte de la Unión Temporal El Faro, único proponente del contrato. Para la Fiscalía, dicha certificación contenía información contraria a la realidad, en la medida en que el contrato presentado para acreditar la experiencia había sido iniciado antes de octubre de 2008, fecha que constituía el límite temporal para acreditar la experiencia requerida. Además, se cuestionó que la propuesta acreditaba la ocupación de un cauce fluvial, y no su intervención, como exigía el pliego.

14. Luego relacionó las pruebas presentadas por la defensa para debatir como primer aspecto la inferencia razonable de autoría o participación, estos son: 14.1. Las diferentes actas de verificación de otros procesos contractuales con igual formato, metodología y sin una motivación detallada, lo que en criterio del defensor detallaba un patrón administrativo y no un comportamiento orientado a favorecer a algún postulante, se destacó del alegato que la procesada no fue redactora del pliego de condiciones, ni inició el trámite contractual, el cual ya estaba

orientado a favorecer a algún postulante, se destacó del alegato que la procesada no fue redactora del pliego de condiciones, ni inició el trámite contractual, el cual ya estaba en curso cuando asumió el cargo. 14.2. Recordó que el apoderado de la procesadaCUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 14 también aportó copia de la declaración del exalcalde de Leticia Amazonas, quien en el marco del principio de oportunidad afirmó que fue enfático en aseverar que ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO no participó ni tuvo conocimiento de los acuerdos ilícitos celebrados con el contratista, que nunca recibió órdenes para favorecerlo, que no hizo parte de las conversaciones privadas ni fue mencionada como persona clave en el direccionamiento del contrato, y que su intervención fue estrictamente jurídica. 14.3. Sobre la consideración en cuanto a la temporalidad de experiencia que se debía certificar de “ 10 años anteriores a la apertura del proceso”, el apoderado argumentaba que era una cuestión de interpretación, pues la Fiscalía sostenía que el contrato debía haberse iniciado después de octubre de 2008, al contrario, la defensa argumentaba que basta con que hubiere sido ejecutado, terminado y liquidado dentro de ese período de tiempo.

después de octubre de 2008, al contrario, la defensa argumentaba que basta con que hubiere sido ejecutado, terminado y liquidado dentro de ese período de tiempo. 14.4. Referente a que la experiencia que debía ser de “intervención” fluvial, pero el contrato presentado hablaba de “ocupación”, alegó el defensor que también se trataba de un asunto de interpretación técnica por parte de la procesada y no de una falsedad. 14.5. Citó la exposición del apoderado de la accionante frente a las actas de verificación, en cuanto los conceptos jurídicos o valoraciones no podían considerarse “falsos” en el sentido penal del artículo 286 del Código Penal, pues la falsedad ideológica solo se configura en documentos queCUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 15 contengan certificaciones de hechos verificables y no en evaluaciones jurídicas. En este caso, la procesada no certificó hechos, sino que realizó una evaluación jurídica del cumplimiento de requisitos. 14.6. El último argumento del defensa traído a colación por el juzgado de segunda instancia consistió en que, si se aceptara que la interpretación de la acusada fue errada, la conducta no se adecuaba a los tipos penales imputados por ausencia del elemento subjetivo, pues aseguró que no se acreditó ningún interés indebido ni conocimiento del direccionamiento contractual. Adicional, a que la principal persona implicada reconoció su responsabilidad y excluyó la participación de la procesada; por lo que, en su parecer, no

acreditó ningún interés indebido ni conocimiento del direccionamiento contractual. Adicional, a que la principal persona implicada reconoció su responsabilidad y excluyó la participación de la procesada; por lo que, en su parecer, no existía prueba directa ni indirecta que indicara que ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO hubiera tenido motivación alguna para favorecer al contratista. 14.7. El auto concluyó esta relación con la idea de la defensa que la inferencia razonable de autoría o participación que sirvió de fundamento a la medida de aseguramiento había desaparecido con su argumentación, por lo que solicitó la revocatoria de la medida impuesta.

15. Enseguida recordó el Juzgado que la Fiscalía se opuso a la solicitud primero, porque la petición de revocatoria fue radicada en otro radicado diferente a aquel en el que se impuso la medida.

También que aclaró que la Fiscalía manifestó que laCUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774 ÁNGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO 16 responsabilidad atribuida a la procesada se derivaba de las funciones asignadas en el manual institucional, según el cual, en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Leticia, le correspondía dirigir y asesorar la actividad contractual y ajustar jurídicamente las condiciones de la contratación. Bajo ese marco funcional, la Fiscalía atribuyó a la procesada dos comportamientos principales: (i) avalar estudios previos direccionados y (ii) certificar falsamente el cumplimiento de requisitos de experiencia específica.

atribuyó a la procesada dos comportamientos principales: (i) avalar estudios previos direccionados y (ii) certificar falsamente el cumplimiento de requisitos de experiencia específica.

16. Antes de dar inicio a las consideraciones el Juzgado resumió los argumentos de la apelación de la defensa, en la que refirió que la tipicidad no solo debe ser estudiada en el juicio, sino también al construir la inferencia razonable de autoría o participación, por lo que el Juez de Control de Garantías habría incurrido en un error el abstenerse de analizar los argumentos al respecto.

Sobre las afirmaciones de que no se atacaron las causales del art. 308, la defensa aseveró que al excluir el análisis de tipicidad el a quo obstaculizó la labor de contradicción de la existencia de inferencia razonable, luego concluyó sobre los argumentos del apelante: Finalmente, controvirtió la tercera razón esgrimida por el juez, consistente en que no se identificaron los elementos probatorios utilizados para sustentar la medida ni se hizo un contraste con ellos. Afirmó que el juez impuso una carga adicional no contemplada en la ley, al exigir a la defensa “recrear” la estructura de la medida de aseguramiento para que el despacho pudiera entender el objeto del ataque, lo cual excede las exigencias del artículo 318 y de la jurisprudencia.CUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774

pudiera entender el objeto del ataque, lo cual excede las exigencias del artículo 318 y de la jurisprudencia.CUI 11001220400020250500701 Impugnación tutela Rad. 151774

ÁNGELA JULIETH BA