CSJ - STP1874-2021

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente STP1874-2021 Radicación n.° 114806 (Aprobación Acta No.38) Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021) VISTOS Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por LUZ ADRIANA MONTOYA PATIÑO , contra el fallo de tutela proferido el 3 de diciembre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que declaró improcedente el amparo invocado contra el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Barranquilla y la Fiscalía 32 Seccional de Barranquilla.Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación

ANTECEDENTES

Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Fueron recogidos en la decisión de primera instancia en los siguientes términos: Se duele la actora de lo de las dilaciones acaecidas dentro del proceso con SPOA 760016000193201509812, dentro del cual ostenta la calidad de víctima, investigación que se adelanta

contra el GRUPO CONSTRUCTORES ALIADAS S.A.S, con NIT

90635366-0, REPRESENTANTE LEGAL KIMBERLY HUTCHINSON VARGAS y otros ADONYS ANTONIO BRUGES HERRERA, representante legal del GLOBAL BROKERS ASOCIADOS S.A Que la denuncia data del 14 de marzo de 2015, habiendo transcurrido a la fecha 68 meses, sin haberse emitido decisión de

representante legal del GLOBAL BROKERS ASOCIADOS S.A Que la denuncia data del 14 de marzo de 2015, habiendo transcurrido a la fecha 68 meses, sin haberse emitido decisión de fondo, pudiendo prescribir varios de los delitos denunciados. Aduce que, durante ese tiempo, su economía y vida familiar se han visto, no solo material si no también emocional y psicológicamente. Sostiene que es madre cabeza de familia, con un hijo de veintitrés años que debi interrumpir sus estudios deó́ derecho cuando cursaba cuarto semestre en la universidad San Buenaventura de Cali, debido a su precario estado económico. Afirma la tutelante que ha debido laborar arduamente para pagar sus obligaciones bancarias, y una hipoteca de gran cuantía que asumi con ocasión de la estafa de laó́ CONSTRUCTORA GRUPO ALIADOS SAS; por ello insiste en la mora en la que ha incurrido el JUZGADO 9o PENAL DEL

CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE

2Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación BARRANQUILLA, FISCALIA 32 SECCIONAL BARRANQUILLA Y FISCALIA 37 SELECCIONAL DE CALI , han permitido que los delincuentes de dicha organización tengan todo a favor, vencimiento de términos , detención domiciliaria, muerte y hasta la oportunidad de fuga como ocurri con ADONYS ANTONIOó́

delincuentes de dicha organización tengan todo a favor, vencimiento de términos , detención domiciliaria, muerte y hasta la oportunidad de fuga como ocurri con ADONYS ANTONIOó́ BRUGES HERRERA, representante legal de GLOBAL BROKERS ASOCIADOS S.A Que de la referida organización, figuran al menos como 500 víctimas en el Atlántico y en otras ciudades, por la masiva estafa de la firma GLOBAL BROKERS, en la que el gancho de los “remates inmobiliarios” surti un efecto abismal; sociedad sólida,ó́ con cámara de comercio activa en Barranquilla, con capital activo de $11.106 millones 608 mil pesos constituida con veinte objetos sociales entre ellos inversión inmobiliaria, sección de derechos de crédito, negociaciones con deudores hipotecarios tal como aparecía en su página web, dejo en entre dicho su misión por cuenta de las innumerables denuncias por sus estafas de las que la fiscalía tenía conocimiento desde el año 2012 por captación ilegal de dinero, falsedad en documento público , concierto para delinquir, estafa agravada. Bajo este panorama, aduce que lo procedente seria analizar de fondo el asunto sometido a consideración del juez constitucional, no solo por la mora de las autoridades si no hacer un análisis completo de la situación que presenta dilataciones injustificadas en la administración de justicia. EL FALLO IMPUGNADO La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró improcedente el amparo

completo de la situación que presenta dilataciones injustificadas en la administración de justicia. EL FALLO IMPUGNADO La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró improcedente el amparo deprecado, al considerar que no cumple a cabalidad con los 3Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, más específicamente, con el de subsidiariedad. Aseveró que, la parte actora cuenta con los instrumentos establecidos dentro del procedimiento penal para el ejercicio de los derechos que considera vulnerados. Agregó que, actualmente el proceso penal 2015-09706 donde funge como denunciante la señora LUZ ADRIANA MONTOYA PATIÑO, se encuentra en fase de juicio oral en periodo probatorio de la Fiscalía, además, no es posible afirmar que exista mora judicial en el presente asunto, puesto que, las diligencias al interior del proceso se han venido surtiendo, e inclusive se ha procedido por algunos a aceptarse lo cargos enrostrados, decretándose en consecuencia la ruptura de la unidad procesal. LA IMPUGNACIÓN La señora LUZ ADRIANA MONTOYA PATIÑO impugnó el fallo proferido en primera instancia, sin determinar las razones de su inconformidad. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto LUZ

CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto LUZ ADRIANA MONTOYA PATIÑO, contra el fallo de tutela proferido el 3 de diciembre de 2020 por la Sala Penal del 4Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que declaró improcedente el amparo invocado contra el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Barranquilla y la Fiscalía 32 Seccional de Barranquilla. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1. La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término

consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término 1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 5Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2 f. Que no se trate de sentencias de tutela. Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 2 Ibídem 6Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

2 Ibídem 6Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. 3 Sentencia T-522 de 2001

para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. 3 Sentencia T-522 de 2001 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 7Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La impugnación se centra en un punto específico: determinar si efectivamente existe una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso de la señora LUZ

-C-590 de 2005-. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La impugnación se centra en un punto específico: determinar si efectivamente existe una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso de la señora LUZ ADRIANA MONTOYA PATIÑO , por parte del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Barranquilla y la Fiscalía 32 Seccional de Barranquilla. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica y reiterada en señalar que los principios de celeridad, eficiencia y efectividad deben orientar el curso de toda actuación procesal, so pena que su desconocimiento injustificado devenga en una clara afectación al derecho en la modalidad de acceso a la administración de justicia, 8Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación sabiendo que no basta con que se ponga en marcha el aparato jurisdiccional del Estado, sino que éste, a su vez, debe responder a tal petición de manera ágil y oportuna, (CC T-173-1993). Según lo anterior, esa prerrogativa implica un deber correlativo del Estado de promover las condiciones para que el acceso de los particulares a la administración de justicia sea efectivo, comprometiéndose a hacer realidad los fines que le asigna la Constitución. Esta teleología constitucional debe ser el punto de partida y el criterio de valoración de la regulación legal sobre las cuestiones que atañen el derecho de acceso y la correspondiente función de administración de justicia. Ahora, respecto del incumplimiento y la inejecución, sin razón válida de una actuación procesal, ha precisado

regulación legal sobre las cuestiones que atañen el derecho de acceso y la correspondiente función de administración de justicia. Ahora, respecto del incumplimiento y la inejecución, sin razón válida de una actuación procesal, ha precisado que la mora en la adopción de decisiones judiciales, además de desconocer el artículo 228 de la Carta, a cuyo tenor «los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado», repercute en la transgresión del derecho de acceso a la administración de justicia, en cuanto impide que sea efectivamente impartida y, en consecuencia, el canon 29 superior, pues «el acceso a la administración de justicia es inescindible del debido proceso y únicamente dentro de él se realiza con certeza» (CC T-173-19/ 93, CC T 431-1992 y CC T-3991993). De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en los casos en que se presenta un incumplimiento en los 9Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación términos procesales, más allá que se acredite la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial, la prosperidad del amparo se somete a lo siguiente: (i) que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada; y (ii) se esté ante la posibilidad de que se materialice un daño y la generación de un perjuicio que no pueda ser subsanado (CC T-230-2013). Es así como a partir de la intervención del Despacho accionado, se establece que no se puede determinar la tardanza alegada, para resolver de fondo el asunto dentro

Es así como a partir de la intervención del Despacho accionado, se establece que no se puede determinar la tardanza alegada, para resolver de fondo el asunto dentro del proceso penal 2015-09796, ya que se han surtido las diligencias pertinentes dentro del trámite procesal; además, por las condiciones especiales del caso, se deben resolver minuciosamente las solicitudes de las 500 víctimas dentro de los hechos que dieron lugar a los delitos por los que se encuentran hoy procesados 12 directivos, representantes y empleados del Grupo Constructores Aliadas S.A.S. y Global Brokers Asociados S.A. Adicionalmente, ha explicado la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad que son predicables de la acción de protección constitucional, disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello además de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política. 10Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo

este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas. Así las cosas, mientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar al interior del trámite el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela5. En este caso, la parte actora se encuentra a la espera que sea resuelto el recurso de reposición interpuesto; así mismo, tendrá la oportunidad de presentar los recursos a los que haya lugar, en caso de ser las decisiones contrarias a sus intereses. Siendo así, el accionante no puede solicitar la protección constitucional, pues ello atenta contra los principios de residualidad y subsidiariedad que caracterizan este instrumento, según los cuales «esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 5 Cfr. Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399,

32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. 11Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación defensa judicial» (artículo 86 Constitucional), precepto que es reafirmado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al decir que «la acción de tutela no procederá: 1.  Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales». En ese sentido, es preciso recordarle a la parte actora que, al interior de los procesos ordinarios laborales, existen eficaces mecanismos de defensa para el restablecimiento de los derechos presuntamente lesionados. Por lo anterior, no puede el juez constitucional entrometerse en los asuntos que son propios del juez natural, cuando aún el accionante tienen la posibilidad de reclamar lo alegado ante el juez competente, pues de lo contrario, se desbordarían los principios de subsidiariedad y residualidad que rigen este trámite constitucional tan exclusivo. Al respecto, el máximo órgano constitucional ha señalado que «la acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene

exclusivo. Al respecto, el máximo órgano constitucional ha señalado que «la acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección de los derechos y las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la figura de la acción de tutela. (CC T-1343/01). De otra parte, el accionante no se encuentra amparado por alguna situación excepcional de la cual se derive un perjuicio irremediable, que amerite un trato preferente a su asunto. 12Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE

ACCIONES DE TUTELA No. 1 , administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuestas. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito. TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

13Rad. 114806 Luz Adriana Montoya Patiño Impugnación

MARTHA LILIANA TRIANA SUÁREZ

Secretaria (e) 14