CSJ - STP2809-2021

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente STP2809-2021 Radicación n.° 115326 (Aprobación Acta No.63) Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021) VISTOS Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por PEDRO PASCASIO ARANGO ARANGO y CLAUDIA LIDUMER HENAO ISAZA , contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, el Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Fiscalía 158 Local y la Fiscalía 44 Seccional, todas de la ciudad de Medellín, con ocasión al proceso penal 050016000206201607346 (en adelante, proceso penal 2016-07346).Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela

ANTECEDENTES

Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN PEDRO PASCASIO ARANGO ARANGO y CLAUDIA LIDUMER HENAO ISAZA solicitan el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por las autoridades accionadas , con ocasión a la sentencia emitida en segunda instancia dentro del proceso penal 2016-07346. Narraron que, fueron condenados a través de sentencia anticipada por allanamiento de cargos, emitida

emitida en segunda instancia dentro del proceso penal 2016-07346. Narraron que, fueron condenados a través de sentencia anticipada por allanamiento de cargos, emitida por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, a la pena principal de 32.66 meses de prisión y multa de 142 salarios mínimos legales vigentes, como coautores responsables de los delitos de estafa agravada y constreñimiento ilegal; además, en el numeral tercero de este fallo, se denegó a los accionantes la suspensión condicional de la pena y el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria. Esta decisión fue impugnada, y mediante sentencia de segunda instancia del 14 de diciembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la decisión del a quo. En virtud de esto, fue interpuesto recurso 2Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela extraordinario de casación en contra de la decisión proferida el 14 de diciembre de 2020 por el Tribunal Accionado, por lo tanto, a partir del 27 de enero de 2021, empezó a correr el término de 30 días hábiles para sustentar el mencionado recurso. Así las cosas, el accionante acude al presente trámite constitucional, al considerar que se presentaron muchas

empezó a correr el término de 30 días hábiles para sustentar el mencionado recurso. Así las cosas, el accionante acude al presente trámite constitucional, al considerar que se presentaron muchas irregularidades por parte del ente acusador y las autoridades judiciales accionadas en las sentencias emitidas dentro del proceso penal 2016-07346, como el hecho de haberse negado el beneficio de subrogados penales, lo cual ocasionó la vulneración de sus derechos fundamentales.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

ACCIONADAS Y VINCULADAS 1.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín aseveró que, el ahora tutelante hizo uso de los mecanismos de defensa judicial establecidos en la Ley, esto es, el recurso extraordinario de casación; por lo tanto, la solicitud de amparo constitucional, se torna improcedente. 2.- El Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías solicitó su desvinculación del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva. 3Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela 3.- La Fiscalía 44 Seccional de Medellín solicitó la improcedencia de la presente acción constitucional, teniendo en cuenta que, la actuación procesal ordinaria a cargo de ese Despacho, se llevó a cabo en garantía de los derechos de las partes y con base en el material probatorio

improcedencia de la presente acción constitucional, teniendo en cuenta que, la actuación procesal ordinaria a cargo de ese Despacho, se llevó a cabo en garantía de los derechos de las partes y con base en el material probatorio anexado al expediente. Agregó que, la demanda de tutela ataca principalmente el hecho de no haberse concedido subrogados penales dentro del proceso penal de referencia, lo cual es competencia exclusiva del Juez 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por PEDRO PASCASIO ARANGO ARANGO y CLAUDIA LIDUMER HENAO ISAZA, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, el Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Fiscalía 158 Local y la Fiscalía 44 Seccional, todas de la ciudad de Medellín. 4Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

ciudad de Medellín. 4Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1. La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a 1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 5Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable

5Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2 f. Que no se trate de sentencias de tutela. Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; 2 Ibídem 3 Sentencia T-522 de 2001 6Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos

Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de

reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 7Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta ». -C-590 de 2005-. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La presente acción de tutela se centra en un punto específico: determinar si con las decisiones emitidas por las autoridades judiciales accionada con ocasión del proceso penal 2016-07346, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe concederse el amparo. Para resolver el problema jurídico planteado en precedencia, se analizará i) la línea jurisprudencial que respecto de la procedencia de la acción de tutela frente a procesos en curso ha establecido la Corte Constitucional y ii) el núcleo esencial de la dignidad humana y la necesaria intervención del juez constitucional para su protección.

respecto de la procedencia de la acción de tutela frente a procesos en curso ha establecido la Corte Constitucional y ii) el núcleo esencial de la dignidad humana y la necesaria intervención del juez constitucional para su protección. En sentencia T-335 de 2018, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional señaló: «3.1.4.1. La acción de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso.

8Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediableun mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico.» Justamente, ha explicado la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad que son predicables de la acción de protección constitucional, disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite,

disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello además de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política. Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente 9Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela viciadas. Así las cosas, mientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar al interior del trámite el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela5. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el expediente, la Sala pudo evidenciar que el proceso penal 2016-07346, se encuentran en curso. Lo anterior, teniendo en cuenta que, tal como se expuso anteriormente, fue interpuesto recurso extraordinario de casación frente a la sentencia de segunda

Sala pudo evidenciar que el proceso penal 2016-07346, se encuentran en curso. Lo anterior, teniendo en cuenta que, tal como se expuso anteriormente, fue interpuesto recurso extraordinario de casación frente a la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. En ese orden, al haberse acudido al recurso extraordinario de casación, con ocasión a la sentencia de segunda instancia dentro del proceso penal 2016-07346, no pueden los accionantes solicitar la protección constitucional, pues ello atenta contra los principios de residualidad y subsidiariedad que caracterizan este instrumento, según los cuales «esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» (artículo 86 Constitucional), precepto que es reafirmado por el 5 Cfr. Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. 10Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza

70.488. 10Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al decir que «la acción de tutela no procederá: 1.  Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales». En ese sentido, es preciso recordarle a la parte actora que, al interior de los procesos ordinarios, existen eficaces mecanismos de defensa para el restablecimiento de los derechos presuntamente lesionados. Por lo anterior, no puede el juez constitucional entrometerse en los asuntos que son propios del juez natural, cuando aún los accionantes tienen la posibilidad de reclamar lo alegado ante el juez competente, pues de lo contrario, se desbordarían los principios de subsidiariedad y residualidad que rigen este trámite constitucional tan exclusivo. Al respecto, el máximo órgano constitucional ha señalado que «la acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección de los derechos y las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la figura de la acción de tutela. (CC T-1343/01). Entonces, al contar con otros medios de defensa judicial al interior del proceso penal 2016-07346, la petición

la figura de la acción de tutela. (CC T-1343/01). Entonces, al contar con otros medios de defensa judicial al interior del proceso penal 2016-07346, la petición de amparo propuesta por PEDRO PASCASIO ARANGO

ARANGO y CLAUDIA LIDUMER HENAO ISAZA , está

11Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela destinada a fracasar por improcedente. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE

ACCIONES DE TUTELA No. 1 , administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por PEDRO PASCASIO ARANGO ARANGO y CLAUDIA LIDUMER HENAO ISAZA , contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, el Juzgado 2 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la Fiscalía 158 Local y la Fiscalía 44 Seccional, todas de la ciudad de Medellín, por las razones expuestas. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación. TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la

medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación. TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

12Rad. 115326 Pedro Pascasio Arango Arango y Claudia Lidumer Henao Isaza Acción de tutela

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 13