CSJ - STP3219-2026

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO Magistrado ponente STP3219-2026 Radicación n.º 152563 (Acta n.° 062) Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

I. ASUNTO

1. La Sala decide sobre la impugnación interpuesta por Aleyda López, quien actúa como persona de apoyo de su hija LUZ ÁNGELA ESCOBAR LÓPEZ1 , contra el fallo de tutela dictado el 27 de enero de 2026 por la Sala de Decisión de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Con aquel amparó el derecho fundamental al debido proceso de esta última, posiblemente vulnerado por la Fiscalía 50 Especializada de Extinción de

Dominio de Bogotá.

1 En sentencia del 15 de noviembre de 2001, el Juzgado 2° de Familia de Palmira (Valle del Cauca) declaró la interdicción indefinida por causa de demencia de Luz Ángela Escobar López. En grado de consulta, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga la confirmó.11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 2

2. En el trámite constitucional se vinculó a la Fiscalía 28 Especializada de Bogotá y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación.

II. HECHOS

3. Se expusieron en el fallo de tutela de primera instancia, en los siguientes términos: De los hechos expuestos en la demanda y los elementos de

la Nación.

II. HECHOS

3. Se expusieron en el fallo de tutela de primera instancia, en los siguientes términos: De los hechos expuestos en la demanda y los elementos de prueba allegados, se tiene que mediante resolución núm. 1487 del 11 de junio de 2009 la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos asignó por reparto, a la Fiscalía 28 adscrita a esa unidad, el proceso núm. 8816.

Autoridad que el 12 de marzo de 20121 dictó resolución de inicio en la cual se impusieron medidas cautelares sobre 42 bienes inmuebles y 2 vehículos, acto administrativo adicionado el 26 de marzo de 2012 respecto 8 inmuebles a los que se extendieron las cautelas. Apenas el 22 de octubre del año próximo, se emitieron órdenes de notificación a los afectados Ayda López, Luz Ángela Escobar López y Clara Sofía Escobar López, entre otras, siendo ordenado su emplazamiento el 25 de noviembre de 2025, herederos y terceros indeterminados. El 10 de febrero de 2017, producto de un proceso de restructuración interna, el proceso fue avocado por la Fiscalía 50 Especializada de Extinción de Dominio, la cual el 5 de agosto de 2022 decretó pruebas de conformidad con el numeral 6° del artículo 13 de la Ley 793 de 2002, entre ellas nueve declaraciones y el estudio patrimonial y financiero sobre los recursos que dieron lugar a la afectación

el 5 de agosto de 2022 decretó pruebas de conformidad con el numeral 6° del artículo 13 de la Ley 793 de 2002, entre ellas nueve declaraciones y el estudio patrimonial y financiero sobre los recursos que dieron lugar a la afectación de los bienes de propiedad de Jaime Escobar Echeverri. Mediante escrito del 12 de agosto de 2022 el precitado solicitó pruebas. El 20 de noviembre de 2024 se recibió la declaración de Jaime Rodrigo Escobar López, que se suspendió sin que al11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 3 momento hubiere culminado. La última actuación se realizó el 3 de marzo de 2025 se corrió traslado de un informe de policía judicial del 15 de noviembre de 2024, llevando así 14 años el proceso sin decisión de fondo, lo que, según la accionante, afecta los derechos de su hija, pues su estadía en el centro especializado en el que se encuentra depende de los bienes heredados por su padre y que son objeto del proceso extintivo. Con fundamento en los hechos jurídicamente relevantes, Aleyda López como curadora general de Luz Ángela Escobar López solicitó que: Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de su hija; que, en procura de estas; se ordene a la Fiscalía 50 Especializada contra la Extinción de Dominio y a la Dirección Nacional de Fiscalías de esa especialidad que dentro de tres meses recaude las pruebas

acceso a la administración de justicia de su hija; que, en procura de estas; se ordene a la Fiscalía 50 Especializada contra la Extinción de Dominio y a la Dirección Nacional de Fiscalías de esa especialidad que dentro de tres meses recaude las pruebas decretadas y emita la resolución de procedencia o improcedencia dentro del proceso núm. 008816 E.D. se advierta a las autoridades el deber de informar el cumplimiento del fallo so pena de incurrir en las sanciones de que trata el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

III. EL FALLO IMPUGNADO

4. El Tribunal advirtió que en el proceso de extinción del derecho de dominio radicado n.° 8816 se dictó resolución de inicio el 12 de marzo de 2012. Que, a la fecha del fallo, la actuación permanece en etapa probatoria a cargo de la Fiscalía. Señaló que han transcurrido más de trece (13) años sin que se haya adoptado decisión de procedencia o improcedencia. 4.1. El a quo examinó la secuencia procesal y concluyó que la tardanza es imputable a la Fiscalía. Destacó que, tras11001222000020260001201

Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 4 la resolución de inicio y su adición en marzo de 2012, transcurrieron cerca de cinco (5) años hasta que la Fiscalía

50 Especializada asumió el conocimiento del asunto el 10 de febrero de 2017. Posteriormente, el decreto de pruebas tuvo lugar el 5 de agosto de 2022 y sólo hasta el 20 de noviembre de 2024 se practicó la declaración de Jaime Rodrigo Escobar López, la cual quedó inconclusa, sin que se adviertan otras actuaciones decisivas. 4.2. Si bien el proceso involucra numerosos bienes afectados (50 inmuebles y 2 vehículos), el Tribunal consideró que la complejidad no justifica que la fase inicial supere los trece (13) años. No se acreditaron circunstancias estructurales que expliquen la prolongación del trámite, más allá de la congestión del despacho fiscal. 4.3. En ese contexto, concluyó que el tiempo empleado por la Fiscalía excede el plazo razonable. Aunque la Ley 793 de 2002 prevé un término de treinta (30) días para la práctica de pruebas, el trámite se ha prolongado por más de una década, con periodos de inactividad entre dos (2) y cinco (5) años. 4.4. Por lo anterior, el Tribunal tuteló el derecho fundamental al debido proceso de L UZ ÁNGELA ESCOBAR LÓPEZ, representada por su personal de apoyo. En consecuencia, ordenó a la Fiscalía 50 Especializada ED que, en un plazo no mayor de un (1) año, culmine la etapa

probatoria en el proceso de extinción de dominio n.° 8816.11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 5

IV. IMPUGNACIÓN

5. Inconforme con el sentido del fallo, Aleyda López, quien actúa como persona de apoyo de su hija LUZ ÁNGELA ESCOBAR LÓPEZ lo impugnó. Señaló que, el término concedido a la fiscalía accionada «es demasiado extenso» frente a las circunstancias del caso. 5.1. Expuso que en menos de un mes cumplirá ochenta y ocho (88) años y que padece diversos quebrantos de salud.

Indicó, además, que es la única persona encargada de velar por los derechos de su hija, quien, por su condición, es titular de una protección constitucional reforzada. 5.2. En consecuencia, solicitó que se modifique la decisión de primera instancia y, en su lugar, se conceda a la fiscalía un término máximo de seis (6) meses para el cumplimiento de lo ordenado.

VI. CONSIDERACIONES

a. Competencia

6. La Sala es competente para conocer la impugnación, pues la decisión de primera instancia es de la Sala de Decisión de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá frente a la cual esta Corporación es superior funcional. Tal atribución se la11001222000020260001201

Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 6 confiere los artículos 86 de la Constitución Nacional y 32 del

Corporación es superior funcional. Tal atribución se la11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 6 confiere los artículos 86 de la Constitución Nacional y 32 del Decreto 2591 de 1991.

7. El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Procede cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que la ley contempla. El amparo es viable si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Eso lo reitera el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991.

8. Para resolver la impugnación, el juez constitucional debe examinar su contenido, el acervo probatorio y el fallo. Si la sentencia carece de fundamento, la revocará. Si lo tiene, la confirmará, como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, que regula el trámite constitucional.

9. La Sala, antes de plantear el problema jurídico a resolverse en la acción de tutela, estudiará temes relevantes

para resolver la impugnación presentada. A saber:

1. La condición de sujeto de especial protección constitucional por tratarse de una persona adulta mayor (madre) y una persona en situación de discapacidad (hija);

1. La condición de sujeto de especial protección constitucional por tratarse de una persona adulta mayor (madre) y una persona en situación de discapacidad (hija); ii. La figura de mora judicial;11001222000020260001201

Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 7 iii. La regulación del trámite de extinción de dominio conforme al régimen 793 de 2002; iv. El alcance del plazo razonable en los procesos de extinción de dominio.

1. La condición de sujeto de especial protección constitucional por tratarse de una persona adulta mayor y una persona en situación de discapacidad.

10. La Corte Constitucional ha reiterado que determinados grupos poblacionales son titulares de una protección constitucional reforzada, en atención a condiciones de vulnerabilidad que históricamente han limitado el ejercicio pleno de sus derechos. Dentro de ellos se encuentran las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad.

11. En relación con los adultos mayores, la jurisprudencia ha señalado que lo son quienes superan los sesenta (60) años. Del mismo modo quienes, sin alcanzar esa edad, presentan condiciones de desgaste físico, vital o psicológico que así lo determinen para efectos de acceder a determinados programas sociales. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política y a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, este grupo poblacional es sujeto de especial protección

determinados programas sociales. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política y a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, este grupo poblacional es sujeto de especial protección constitucional. Este rasgo impone al Estado el deber de adoptar medidas positivas orientadas a garantizar la11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 8 igualdad material y la efectividad de sus derechos (CC T-570 de 2023).

12. La protección reforzada obedece a que el envejecimiento puede implicar un incremento en los riesgos de afectación a la salud, una progresiva disminución de la autonomía y mayores barreras para el acceso efectivo a la administración de justicia. Esas circunstancias exigen un trato preferente por parte de las autoridades.

13. Por su parte, las personas en situación de discapacidad también son titulares de un mandato constitucional de protección reforzada (artículos 13 y 47

Constitución Política). La jurisprudencia ha sostenido que esta garantía no se agota en la prohibición de discriminación, sino que comprende la adopción de medidas dirigidas a asegurar su participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de igualdad y dignidad.

14. En ese sentido, la Corte ha precisado que la protección especial cobija, entre otros, el acceso a la administración de justicia, a la salud, a la educación y al

condiciones de igualdad y dignidad.

14. En ese sentido, la Corte ha precisado que la protección especial cobija, entre otros, el acceso a la administración de justicia, a la salud, a la educación y al trabajo, así como el deber estatal de eliminar barreras físicas, comunicativas, actitudinales y normativas (CC T-511 de 2024). Esto se armoniza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones y obliga a los Estados a proveer los apoyos necesarios para su ejercicio.

15. En consecuencia, cuando las autoridades judiciales11001222000020260001201

Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 9 conozcan asuntos que involucren adultos mayores o en situación de discapacidad, el examen debe realizarse bajo un estándar de protección reforzada. Ello implica verificar que los mecanismos ordinarios de defensa judicial sean realmente idóneos y eficaces en el caso en concreto y que, las decisiones adoptadas no desconozcan sus condiciones de vulnerabilidad. ii. Mora judicial.

16. La Corte Constitucional ha señalado que las autoridades judiciales tienen el deber de adelantar y resolver las actuaciones a su cargo con diligencia y dentro de un término razonable. Esta exigencia se deriva de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y se concreta en la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.

término razonable. Esta exigencia se deriva de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y se concreta en la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.

17. La inobservancia injustificada de los términos procesales o la prolongación excesiva de las actuaciones judiciales compromete tales garantías, en la medida en que priva a los interesados obtener una respuesta oportuna y de fondo frente a las controversias planteadas en la jurisdicción.

18. La jurisprudencia ha destacado que el derecho al debido proceso no se satisface únicamente con la posibilidad formal de acudir ante un juez, sino que comprende la garantía de obtener una decisión motivada y adoptada dentro de un plazo razonable.11001222000020260001201

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19. En este contexto, la mora judicial ha sido entendida como la dilación injustificada en la adopción de decisiones o en el impulso de las actuaciones procesales. Desde la perspectiva jurisprudencial, puede obedecer a dos

escenarios:

1. Por un lado el capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de adoptar las providencias,

(ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos.

20. A partir de lo anterior, la Corte ha distinguido entre

de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos.

20. A partir de lo anterior, la Corte ha distinguido entre la mora judicial justificada, la cual se genera por sobrecarga laboral y congestión judicial. Y, por otra parte, la injustificada causada por la arbitrariedad de las autoridades judiciales.

21. La jurisprudencia constitucional fijó las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada. En primer lugar, cuando se presente un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial. En segundo término, cuando no exista un motivo razonable que justifique dicha demora como la congestión judicial o el volumen de trabajo.

Por último, cuando la tardanza sea imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 11 autoridad judicial. ii. Regulación del trámite de extinción de dominio conforme al régimen 793 de 2002.

22. La Ley 793 de 2002 desarrolla la acción pública de extinción del derecho de dominio prevista en el artículo 34 de la Constitución Política. Su objeto no regula la estructura general ni los principios reguladores de ningún derecho fundamental.

23. Si bien la aplicación de esta normativa puede incidir en garantías fundamentales, como el debido proceso, el derecho de defensa y acceso a la administración de justicia,

general ni los principios reguladores de ningún derecho fundamental.

23. Si bien la aplicación de esta normativa puede incidir en garantías fundamentales, como el debido proceso, el derecho de defensa y acceso a la administración de justicia, su esencia está dirigida a reglamentar la acción pública de extinción del derecho de dominio. En ese sentido, la ley determina las causales que dan lugar a su ejercicio, asigna la competencia para su conocimiento y fija las reglas procedimentales que orientan su trámite.

24. Bajo la Ley 793 de 2002, el procedimiento de extinción de dominio se estructura en tres etapas:

(i) Fase inicial o prejudicial, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en la cual se adelantan labores de investigación orientadas a identificar los bienes sobre los cuales eventualmente recaería la acción. En esta etapa pueden decretarse medidas cautelares y ejercerse facultades de administración sobre los bienes afectados.11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 12

(ii) Fase segunda, que inicia con la decisión de la Fiscalía de promover formalmente la acción respecto de

bienes determinados. En esta etapa se notifica al Ministerio Público y a los posibles afectados, se decretan y practican pruebas por el término de 30 días. También se corre traslado para presentar alegatos de conclusión y se adopta la decisión sobre la procedencia o improcedencia de la extinción. Posteriormente, se remite lo actuado al juez competente. (iii) Fase final o judicial , que se surte ante el juez de conocimiento, quien, previa oportunidad para alegatos de conclusión dicta sentencia. Esta decisión es susceptible de apelación o el grado jurisdiccional de consulta, según el caso. iii. Plazo razonable en actuaciones judiciales como elemento al debido proceso.

25. El derecho fundamental al debido proceso es un conjunto amplio de garantas constitucionales que deben observarse en toda actuación administrativa y judicial. Entre sus elementos estructurales se encuentra la exigencia de que las decisiones se adopten dentro de los términos legales o, en todo caso, dentro de un plazo razonable. En ese sentido, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a un proceso público «sin dilaciones injustificadas».

26. Así, cuando una autoridad judicial asume el conocimiento de un asunto que implica la definición de11001222000020260001201

Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 13 derechos u obligaciones, debe conducir el trámite con diligencia, evitando retardos que desborden los límites de razonabilidad. Esta exigencia se intensifica cuando el

13 derechos u obligaciones, debe conducir el trámite con diligencia, evitando retardos que desborden los límites de razonabilidad. Esta exigencia se intensifica cuando el proceso incide de manera significativa en la esfera jurídica de los interesados o cuando concurren circunstancias subjetivas que demandan una respuesta pronta y eficaz.

27. Si bien el concepto de plazo razonable no está definido de manera taxativa por el constituyente, la jurisprudencia ha precisado que se trata de un criterio determinable a partir de las particularidades de cada caso en particular. Su análisis exige valorar, entre otros aspectos, la complejidad del asunto, la conducta de las partes, la actuación de la autoridad competente y la relevancia del litigio para los interesados.

28. El órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional ha indicado que, para establecer la configuración de una mora judicial injustificada, el juez de tutela debe verificar: i) la inobservancia de los plazos señalados en la ley para adelantar la actuación judicial; ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora; y iii) la determinación de que la tardanza sea imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del funcionario judicial.11001222000020260001201

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29. No obstante, la Corte también ha señalado que

deberes por parte del funcionario judicial.11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 14

29. No obstante, la Corte también ha señalado que pueden presentarse casos en los cuales, a pesar de no advertirse mora judicial injustificada –en tanto la dilación o parálisis no es atribuible a una conducta negligente del funcionario–, el juez evidencie un plazo desproporcionado.

No solo porque los términos legales estén superados, sino porque la no terminación del proceso pone a las personas que en él intervienen, de manera indefinida en la condición de sujetos procesados, lo que contradice el mandato constitucional de acceso a la justicia pronta y cumplida (CC SU-394-2016). Problema jurídico.

30. A la Sala le corresponde determinar si el término concedido a la Fiscalía 50 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá para cumplir la orden impartida en el fallo de primera instancia es razonable y proporcional. También, de no ser así, si debe ser reducido para garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia alegados por la impugnante.

Estudio del caso concreto.

31. La Sala evidencia que la Dirección Nacional de Fiscalías -Unidad Nacional para Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos-, mediante Resolución n.°1487 del 11 de junio de 2009, asignó conocimiento del

Fiscalías -Unidad Nacional para Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos-, mediante Resolución n.°1487 del 11 de junio de 2009, asignó conocimiento del proceso radicado n.° 8816 a la Fiscalía 28 adscrita a esa11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 15 unidad. Posteriormente, esa delegada dispuso la apertura de la fase inicial sobre los bienes de Jaime Escobar Echeverry2 .

32. La Fiscalía 28 Especializada mediante resolución del 12 de marzo de 2012, ordenó «iniciar acción de extinción del derecho de dominio sobre los inmuebles y vehículos materia de la presente investigación». Ello, sobre 42 inmuebles y 2 vehículos. Asimismo, a través del proveído del del 26 de marzo de 2012, se adicionaron ocho (8) bienes más al trámite. En dichas decisiones se decretaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre las propiedades involucradas 3 .

Determinaciones que se notificaron el 22 de octubre de 2013.

33. En resolución de 25 de noviembre de 2015, la misma delegada ordenó el emplazamiento de Aleyda López, LUZ ÁNGELA ESCOBAR LÓPEZ, Clara Sofía Escobar López y Berta Luz Bermúdez Pérez, en calidad de terceros indeterminados, por ser las herederas indeterminadas de

Jaime Escobar Echeverry.

y Berta Luz Bermúdez Pérez, en calidad de terceros indeterminados, por ser las herederas indeterminadas de Jaime Escobar Echeverry.

34. El 23 de mayo de 2016 se designó curador ad-litem, quien se opuso a la pretensión de extinción del derecho de dominio respecto de los inmuebles vinculados.

35. Posteriormente, mediante resolución del 16 de

2 Esto, por su origen ilícito relacionado con actividades de narcotráfico desplegadas por Helmer Herrera Buitrago alias “Pacho Herrera”. 3 Medidas cautelares que se mantiene vigentes. Esto, porque la Fiscalía 50 Especializada las renovó a través de proveído del 2 de enero de 2026.11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 16 noviembre de 2016, la Dirección Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio reorganizó la carga laboral y reasignó el asunto a la Fiscalía 50 adscrita a dicha dirección.

36. Desde que el proceso se asumió por esta última delegada, se advierte que, en la etapa investigativa, se han

adelantado actuaciones aisladas, entre ellas:

1. El 5 de agosto de 2022 decretó la práctica de pruebas, consistentes en nueve (9) declaraciones 4 y la elaboración de un estudio patrimonial. ii. El 12 de agoto de 2022 la defensa de uno de los afectados presentó solicitudes probatorias, las cuales, están pendientes de resolverse.

la elaboración de un estudio patrimonial. ii. El 12 de agoto de 2022 la defensa de uno de los afectados presentó solicitudes probatorias, las cuales, están pendientes de resolverse. iii. El 6 de junio de 2024 reconoció personería al abogado de la parte actora. iv.El 15 de noviembre de 2024 se recibió el informe rendido por Policía Judicial correspondiente al estudio patrimonial.

1. El 20 de noviembre de 2024 se oyó la declaración de Jaime Rodrigo Escobar López, la cual fue suspendida sin que hasta la fecha haya culminado.

4 Jaime Rodrigo Escobar López, Germán Alonso Bedoya Gómez, Gabriel Ochoa Día, Jairo Pérez Vásquez, Amanda Sanz, Aleyda López, Luz Ángela, Clara Sofía Escobar López, Bertha Luz Bermúdez Pérez.11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 17 vi.El 14 de febrero de 2025 se corrió traslado del dictamen pericial. vii. El 3 de marzo de 2025 se dejó constancia del traslado del dictamen pericial a las partes.

37. No obstante las actuaciones relacionadas, el proceso continúa en etapa probatoria, sin que se haya

adoptado una decisión de fondo que resuelva la acción de extinción del derecho de dominio. Tampoco se ha dispuesto el cierre de tal fase o la remisión del asunto a conocimiento judicial.

38. La Sala resalta que la acción de extinción de dominio fue formalmente iniciada mediante Resolución del 12 de marzo de 2012 y que desde esa misma anualidad se decretaron medidas cautelares sobre los bienes investigados.

En consecuencia, han transcurrido más de trece (13) años sin que se haya definido la situación jurídica de los bienes afectados.

39. Si bien la Ley 793 de 2002 no establece un término perentorio para la culminación de la fase investigativa, ello no releva a la Fiscalía General de la Nación del deber constitucional de impulsar el trámite con diligencia y de adoptar una determinación dentro de un plazo razonable. La ausencia de un término legal expreso no autoriza la prolongación indefinida de la etapa inicial.11001222000020260001201

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40. Esa disposición obedece al artículo 29 de la Constitución, el cual exige que las actuaciones se desarrollen sin dilaciones injustificadas.

41. La Corte en este asunto constata que el tiempo transcurrido desde la apertura del proceso de naturaleza patrimonial desborda los criterios de mora judicial justificada. En tanto que la autoridad responsable no ha determinado el estado jurídico de los bienes afectados en el proceso n.° 08816.

patrimonial desborda los criterios de mora judicial justificada. En tanto que la autoridad responsable no ha determinado el estado jurídico de los bienes afectados en el proceso n.° 08816.

42. Si bien, se advierten actuaciones probatorias entre los años 2022 y 2025, estas se presentan de manera fragmentada y con amplios intervalos temporales entre sí, sin que se evidencie un impulso procesal continúo orientado a definir la situación jurídica de los bienes. Tanto es así, que la recepción de las declaraciones decretadas y el traslado del dictamen pericial no ha. conducido a una definición procesal.

Esto es, no se ha terminado con la etapa probatoria, ni, por tanto, se ha corrido traslado de alegatos ni emitido la resolución de archivo o de fijación provisional de la pretensión extintiva y/o demanda en el proceso de extinción de dominio con radicado n.° 08816.

43. La situación descrita constituye una dilación injustificada, más cuando con ella se ha sometido a las afectadas a un estado de incertidumbre jurídica por un tiempo prolongado. Y si bien la acción de extinción de dominio tiene naturaleza imprescriptible y autónoma, debe primar las garantías constitucionales de la actora.11001222000020260001201

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44. La Fiscalía ha invocado razones asociadas a la

primar las garantías constitucionales de la actora.11001222000020260001201 Radicado Interno 152563 Aleyda López Tutela impugnación 19

44. La Fiscalía ha invocado razones asociadas a la complejidad del trámite y a la carga laboral del despacho. Sin embargo, esos argumentos, aun cuando pueden explicar ciertas demoras, no son suficientes para justificar que, transcurridos más de trece (13) años desde el inicio formal de la acción el proceso continúe en fase inicial, sin que se defina de fondo.

45. Tampoco resulta atendible la alegada congestión laboral invocada por la Fiscalía 50 de Extinción del Derecho del Dominio de Bogotá. Esto, porque confrontado el número de expedientes que reportó asciende a la suma de 52 asuntos, cantidad que es equiparable a los demás despachos fiscales que conocen de estas actuaciones. Aunque advirtió la falta de idoneidad del personal de apoyo a la gestión, no es óbice para que adelante las gestiones correctivas que tenga a su alcance, para desarrollar las investigaciones con celeridad y eficacia en la administración de justicia.

46. Por otra parte, la complejidad propia de los procesos de extinción de dominio no puede convertirse en una justificación permanente para aplazar la adopción de decisiones. La Corte Constitucional ha señalado que, aunque la complejidad es un factor relevante en el análisis del plazo razonable, no constituye una justificación automática de retardo. Incluso en asuntos técnicamente ex