CSJ - STP4603-2021

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente STP4603-2021 Radicación No. 115889 (Aprobado Acta No.97) Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021) VISTOS Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado de JUAN DIEGO OSPINA BARAYA , contra el fallo de tutela proferido el 16 de marzo de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que negó por improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra la Fiscalía 74 Seccional de Medellín y la Fiscalía 14 Seccional de Santa Marta.Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación

ANTECEDENTES

Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Fueron recogidos en la decisión de primera instancia, en los siguientes términos: Manifestó el apoderado judicial del accionante que el 20 de junio de 1994 el ciudadano Pedro Manuel Dávila Jimeno presentó denuncia en la Inspección Central Permanente de Policía del Distrito Judicial de Santa Marta por el hurto de unos objetos, entre ellos un cuadro del pintor David Manzur denominado “Virgen del Carmen”; el 21 de junio de 2010 Dávila Jimeno instauró denuncia en la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos; actuación asignada a la Fiscalía 14 Local de

instauró denuncia en la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos; actuación asignada a la Fiscalía 14 Local de Santa Marta con el radicado 89098, quien dispuso iniciar investigación conforme lo dispuesto por el artículo 322 de la Ley 600 de 2000, posteriormente ordenó a la policía verificar los hechos denunciados y establecer las circunstancias de tiempo modo y lugar de su ocurrencia. Siendo remitido en razón de la cuantía a la unidad seccional de Fiscalías, correspondiéndole por reparto a la Fiscalía 14 Seccional de la misma ciudad. Agregó que la obra fue incautada el 28 de julio de 2010 por el grupo de patrimonio cultural de la DIJIN, acto de investigación realizado dentro del radicado 050016000206201037883 conocido por la Fiscalía 74 Seccional de Medellín por el delito de receptación; despacho que dispuso la entrega provisional de la mencionada obra a Francisco Alejandro Escobar Mejía representante legal de Agrícolas S.A. El 13 de diciembre de 2010, la Fiscalía 14 Seccional de Santa Marta solicitó a la Fiscalía 74 Seccional de esta ciudad dejar a disposición la obra de arte a efecto de hacerle entrega al denunciante dentro de la investigación 89098. El 3 de marzo de 2011 la Fiscalía 74 Seccional dispuso la entrega del elemento

disposición la obra de arte a efecto de hacerle entrega al denunciante dentro de la investigación 89098. El 3 de marzo de 2011 la Fiscalía 74 Seccional dispuso la entrega del elemento incautado y comunicó dicha decisión a su depositario. Luego la Fiscalía 14 emitió resolución el 8 del mismo mes y año ordenando la entrega definitiva de la obra de arte a Pedro Manuel Dávila Jimeno al considerarlo el legítimo propietario, decisión reiterada el 18 siguiente. El 17 de septiembre de 2020, esta misma Sala en fallo constitucional ordenó a la Fiscalía 25 Seccional de Santa Marta con funciones de Coordinador de la Unidad Seccional de Descongestión de Ley 600, que en forma inmediata a la 2Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación notificación del fallo, realice la actividad necesaria al interior de la entidad para hacer cumplir la orden judicial emitidas el 8 y 18 de marzo de 2011 por la Fiscalía 14 Seccional, en punto a materializar la entrega de la obra de arte a Pedro Manuel Dávila Jimeno. De esta manera y en cumplimiento a lo dispuesto por este Tribunal el 28 de septiembre de 2020, la Fiscalía emitió resolución en la que dispuso perfeccionar la entrega de la obra de arte.

Tribunal el 28 de septiembre de 2020, la Fiscalía emitió resolución en la que dispuso perfeccionar la entrega de la obra de arte. Es su pretensión que a través de este mecanismo constitucional se deje sin efectos las resoluciones del 8 y 18 de marzo de 2011 emitidas por la Fiscalía 14 Seccional de Santa Marta y la resolución del 28 de septiembre de 2020 emitida por la Fiscalía 25 Seccional Coordinadora de la Unidad Seccional de Descongestión de Ley 600 de la misma ciudad. EL FALLO IMPUGNADO La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín declaró improcedente el amparo invocado, al considerar que no cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, más específicamente, con el de inmediatez. Manifestó que, en el presente asunto, el accionante ataca las Resoluciones del 8 y 18 de marzo de 2011, emitidas por la Fiscalía 14 Seccional de Santa Marta, mediante las cuales se ordenó la entrega definitiva de una obra de arte al señor Dávila Jimeno. Siendo así, se acude al mecanismo constitucional casi diez (10) años después de expedidos dichos actos administrativos, por lo tanto, se desconoce uno de los presupuestos de la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, la inmediatez. 3Rad. 115889

expedidos dichos actos administrativos, por lo tanto, se desconoce uno de los presupuestos de la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, la inmediatez. 3Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación LA IMPUGNACIÓN El apoderado de JUAN DIEGO OSPINA BARAYA interpuso recurso de impugnación, y solicitó que se revocara el fallo de tutela de primera instancia, pues, a su criterio, el juez de primera instancia impone a la parte actora una carga no prevista en la ley como requisito de procedibilidad para lograr la protección de sus derechos fundamentales. Alegó que, el a quo no realizó un análisis de fondo frente a los hechos y argumentos que sustentaron la demanda constitucional. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento Interno de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación impuesto por JUAN DIEGO OSPINA BARAYA , contra el fallo de tutela proferido el 16 de marzo de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que negó por improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra la Fiscalía 74 Seccional de Medellín y la Fiscalía 14 Seccional de Santa Marta. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 4Rad. 115889

interpuesta contra la Fiscalía 74 Seccional de Medellín y la Fiscalía 14 Seccional de Santa Marta. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 4Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1. La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a

los derechos fundamentales del accionante. 1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 5Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2 f. Que no se trate de sentencias de tutela. Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto f áctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci ón del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal

2 Ibídem 3 Sentencia T-522 de 2001 6Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación fue víctima de un enga ño por parte de terceros y ese enga ño lo condujo a la toma de una decisi ón que afecta derechos fundamentales. vi) Decisi ón sin motivaci ón, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur ídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas

luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 7Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación distinguirse unos de car ácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de car ácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La impugnación se centra en un punto específico: determinar si la solicitud de amparo interpuesta por el señor JUAN DIEGO OSPINA BARAYA contra las Resoluciones del 8 y 18 de marzo de 2011, por medio de las cuales, la Fiscalía 14 Seccional de Santa Marta, dispuso la entrega definitiva de una obra de arte al señor Pedro Manuel Dávila Jimeno al considerarlo el legítimo propietario, cumple a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Manuel Dávila Jimeno al considerarlo el legítimo propietario, cumple a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Al examinar las pruebas obrantes y el marco jurídico aplicable, la Sala advierte que lo pertinente es confirmar el fallo impugnado, comoquiera que, la presente acción constitucional no cumple con el requisito general de inmediatez. Frente al requisito de inmediatez, esto es, «que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración», el artículo 86 de la Constitución Política dispone que la misma puede ser utilizada en cualquier tiempo; sin embargo, no es menos cierto que en dicha disposición se establece que la finalidad 8Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación de este mecanismo constitucional es la protección inmediata de garantías fundamentales. Por ello, la Corte Constitucional, en su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, ha reiterado en numerosas ocasiones que, si bien la acción de tutela no tiene un término de caducidad, es necesario que la misma sea impetrada en un espacio prudente de tiempo, contado a partir del hecho vulnerador de derechos fundamentales: 8.7. En tercer lugar, con el propósito de analizar la satisfacción del presupuesto de inmediatez, la Sala

fundamentales: 8.7. En tercer lugar, con el propósito de analizar la satisfacción del presupuesto de inmediatez, la Sala considera pertinente tener en cuenta que el art ículo 86 de la Carta Política dispone que la acci ón de tutela est á prevista para la  “protección inmediata”  de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o amenazados. De esta forma, el ordenamiento superior busca asegurar que el amparo sea utilizado para atender afectaciones que de manera urgente requieren de la intervención del juez constitucional.

8.8. Ahora, si bien la Constituci ón y la ley no establecen un término expreso de caducidad, en la medida en que lo pretendido con el amparo es la protecci ón concreta y actual de un derecho fundamental, este Tribunal ha señalado que le corresponde al juez  de tutela verificar en cada caso en concreto si el plazo fue razonable, es decir, si teniendo en cuenta las circunstancias personales del actor, su diligencia y sus posibilidades reales de defensa y el surgimiento de derechos de terceros, la acci ón tutela se interpuso oportunamente[161]. Este c álculo se realiza entre el momento en que se genera la actuaci ón que causa la vulneraci ón o 9Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación amenaza del derecho y aqu él en la que el presunto afectado

en que se genera la actuaci ón que causa la vulneraci ón o 9Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación amenaza del derecho y aqu él en la que el presunto afectado acude al amparo para solicitar su protección.

8.9. Sobre el particular, como par ámetro general, en varias providencias, esta Corporación ha sostenido que ante la inexistencia de un t érmino definido, en algunos casos se ha considerado que el plazo oportuno es de seis meses, luego de lo cual podr ía declararse la improcedencia de la tutela, a menos que, atendiendo a las particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que justifiquen la inactividad del accionante. En esas hip ótesis, por ejemplo, se ha llegado a considerar que, bajo ciertos supuestos, un término de dos años puede llegar a ser considerado razonable.

8.10. En relación con el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte ha señalado que, por un lado , (i) el examen de este requisito debe ser más estricto y riguroso, pues con una eventual orden de amparo se estar ían comprometiendo el principio de seguridad jurídica, la garant ía de la cosa juzgada, as í como la presunción de acierto con la que están revestidas las providencias judiciales; y por otro lado, (ii) la carga de

la presunción de acierto con la que están revestidas las providencias judiciales; y por otro lado, (ii) la carga de argumentación en cabeza del demandante para justificar su inactividad aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que existe, entre la presentaci ón del amparo y el momento en que se consider ó que se vulner ó su derecho, ya que “el paso tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de las sentencias” (Resalta la Sala). En el asunto bajo examen, las decisiones censuradas por el accionante, fueron proferidas hace más de diez (10) años, excediendo ampliamente lo que se podría considerar 10Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación como un plazo razonable, sin establecer en su escrito alguna razón que justifique dicha tardanza. La Sala debe recordar, que la tutela es un mecanismo excepcional y su prosperidad va ligada al cumplimiento de «ciertos y rigurosos» requisitos de procedibilidad que implican una mínima carga para quien reclama el amparo, no solo en su planteamiento sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional, en cuanto, a que sólo por vulneraciones constitucionales, relativas a los derechos fundamentales, mediante acciones reflejadas en los hechos, oportuna y claramente planteados y demostrados, se puede acudir al juez constitucional para obtener el amparo. Por lo anterior, y como la parte actora no acreditó la

los hechos, oportuna y claramente planteados y demostrados, se puede acudir al juez constitucional para obtener el amparo. Por lo anterior, y como la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del Juez Constitucional, la Sala confirmará la decisión impugnada, pero aclarará el sentido, pues denegar y declarar improcedente son determinaciones diferentes, conforme fue explicado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-883 de 2008: Denegar la acción implica un análisis de fondo, mientras que la improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración. En este orden de ideas, ante la ausencia de un requisito lógico-jurídico esencial para que la relación procesal pudiera constituirse, el juez de instancia debi ó 11Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación haber declarado improcedente la acción… (Resalta la Sala). En este caso el amparo debe declararse improcedente, dado que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por lo cual no se puede realizar un estudio de fondo de las razones de inconformidad que planteó el

procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por lo cual no se puede realizar un estudio de fondo de las razones de inconformidad que planteó el accionante con relación a la decisión objeto de la presente solicitud de amparo y, tampoco, incurre en algún error el juez de tutela de primera instancia por no haber hecho un estudio de fondo. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE

ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuesta. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito. TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 12Rad. 115889 Juan Diego Ospina Baraya Impugnación

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 13