CSJ - STP4786-2023

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente STP4786-2023 Radicación n.° 130178 (Aprobación Acta No.087) Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

I. VISTOS Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por el apoderado de la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- , contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación , con ocasión al proceso ordinario laboral 110013105010201700798 (en adelante, proceso ordinario laboral 201700798). Fueron vinculados como terceros con interés legítimo en el presente asunto a: Martha Cecilia infante Niño, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de la misma ciudad y todas las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral 2017-00798.CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela

II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN La UGPP solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, con ocasión a la providencia emitida al interior del proceso ordinario laboral 2017-00798.

el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, con ocasión a la providencia emitida al interior del proceso ordinario laboral 2017-00798. Del escrito de tutela y documentos aportados al expediente tutelar, se tiene que, la señora Martha Cecilia Infante Niño presentó demanda ordinaria laboral contra la UGPP, con la finalidad que se condenara a esa entidad a reliquidar el mayor valor de la pensión de jubilación que se encontraba a su cargo. Además, solicitó que se reconociera: la mesada 14, la devolución de unos aportes en salud, la corrección monetaria de las acreencias adeudadas con base en el IPC -desde que la obligación se hizo exigible y hasta que se efectuara el pago- , los intereses moratorios sobre los valores adeudados y las costas del proceso. El asunto correspondió en primera instancia, al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia del 22 de febrero de 2019, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra. Esta decisión fue impugnada por la parte demandante y, mediante sentencia de segundo grado del 5 de febrero de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, resolvió: “PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral primero de la sentencia apelada, para CONDENAR a la UGPP a reconocer y pagar a Martha Cecilia Infante Niño la mesada catorce a partir del 27 de julio de 2013, en cuantía

2CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela equivalente al valor total de la mesada de la pensión convencional reconocida por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, indexando el retroactivo causado al momento de su pago, con arreglo a lo expresado en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad a 27 de julio de 2013.

TERCERO: AUTORIZAR a la UGPP a descontar el valor correspondiente a los aportes en salud. CONFIRMAR la sentencia en lo demás. Costas de primer grado a cargo de la entidad demandada. No se causan en esta instancia.” En virtud de esto, mediante apoderado, la señora Infante Niño interpuso recurso extraordinario de casación y, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión CSJ SL3492-2022, resolvió no casar el fallo de segundo grado dentro del proceso ordinario laboral 2017-00798.

Alegó la parte accionante que, con las decisiones objeto de reproche, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto material o sustantivo y en el desconocimiento del precedente jurisprudencial. Respecto al defecto material o sustantivo indicó que, “(…) los Despachos accionados aplicaron de manera incorrecta lo regulado en el Acto Legislativo 01 de 2005 para otorgarle a la señora MARTHA CECILIA INFANTE NIÑO una prestación que no le asiste, en razón a que no cumple los requisitos mínimos

Legislativo 01 de 2005 para otorgarle a la señora MARTHA CECILIA INFANTE NIÑO una prestación que no le asiste, en razón a que no cumple los requisitos mínimos exigidos en dicha reforma constitucional, esto es que a la fecha de causación del derecho, el 30 de agosto de 2007, su mesada sea igual o inferior a 3 SMLMV, lo que no ocurre ya que la suma a ella reconocida excedió el tope establecido en la norma superior, configurándose claramente este defecto.” Agregó, frente al desconocimiento del precedente jurisprudencial que, “(…) los estrados judiciales accionados incurren en este defecto por el total desconocimiento de lo resuelto en las sentencias C-168 de 1995, C596 de 1997, C-242 de 2009 y SU 555 DE 2014, en el entendido de que estas sentencias fijaron precedente vinculante y de obligatorio cumplimiento en cuanto a que un derecho pensional se CAUSA, sí y solo sí se han reunido todos los requisitos que contempla la norma que 3CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela contiene tal reconocimiento, lo que implica que la señora MARTHA CECILIA INFANTE NIÑO causó su derecho pensional el 30 de agosto de 2009 al cumplir con los dos requisitos establecidos en la convención colectiva Caja Agraria 1998-1999 y no en el año 1999 como erradamente lo indican los accionados y que corresponde al año en que reunió tan solo el tiempo de servicio y estaba a la espera de cumplir la edad.” Por estos motivos, acude a la vía constitucional para tutelar los

no en el año 1999 como erradamente lo indican los accionados y que corresponde al año en que reunió tan solo el tiempo de servicio y estaba a la espera de cumplir la edad.” Por estos motivos, acude a la vía constitucional para tutelar los derechos fundamentales antes señalados, y solicita que, se deje sin ningún valor ni efecto la sentencia de 31 de agosto de 2022, proferida dentro del proceso ordinario laboral de referencia por la autoridad judicial accionada. En este orden, solicita que se disponga: “(…) dictar nueva sentencia ajustada a derecho, en la cual se modifique la decisión de primera instancia dictada en proceso laboral ordinario No. 11001310501020170079800 por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN LABORAL, para en su lugar negar el reconocimiento de la mesada 14 por encontrar demostrado que la señora MARTHA CECILIA INFANTE NIÑO no reunió la totalidad de los requisitos señalados el Acto Legislativo 01 del 2005 para ser acreedora de dicha mesada adicional.”

III. RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 1.- El Magistrado Ponente Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifestó que, la sentencia atacada en sede constitucional no incurrió en algún defecto susceptible de ser amparado por este medio, se ajustó a los precedentes de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación y aplicó los principios y normas constitucionales y legales vigentes para su expedición.

Resaltó lo siguiente: “(…) la discusión se centró, como es obvio, en las

de esta Corporación y aplicó los principios y normas constitucionales y legales vigentes para su expedición.

Resaltó lo siguiente: “(…) la discusión se centró, como es obvio, en las censuras presentadas por la demandante, que fue la única que acudió al recurso extraordinario de casación para discutir la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá y, por ende, como quiera que ella no plantó discusión alguna con respecto al

4CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela reconocimiento de la mesada 14, este Colegiado no estaba llamado a su análisis, por ser inequívoco que la impugnación es una carga de la parte y el juzgador está atado al objeto perseguido por éste en el recurso extraordinario. Así las cosas, se resalta que la aquí accionante debió presentar el recurso extraordinario de casación para que se analizaran los argumentos que ahora sustentan su inconformidad con la sentencia de segundo grado, en otras palabras, la entidad convocante omitió hacer uso de los mecanismos que el mismo proceso ordinario le brindaba para hacer valer sus derechos si es que los consideraba conculcados, pues era, sin duda, el instrumento idóneo y que legalmente resultaba procedente para que los reclamos realizados frente al proceso ordinario hubiesen sido analizados por el juez natural de la causa.” 2.- La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario laboral de referencia. 3.- El apoderado de Martha Cecilia Infante Niño manifestó que,

2.- La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario laboral de referencia. 3.- El apoderado de Martha Cecilia Infante Niño manifestó que, “(…) pretender la ABOLICIÓN DE LA MESADA CATORCE, en la PENSION DE JUBILACION CONVENCIONAL, que le corresponde a la señora MARTHA CECILIA INFANTE NIÑO, se constituye en violación a los principios de favorabilidad, condición más beneficiosa e in dubio pro operario, principio de legitima confianza en los actos administrativos y sentencias judiciales (T508 de 2013), también habría violación al derecho fundamental de igualdad y debido proceso”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por el apoderado

de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- , contra la Sala de Casación Laboral 5CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela de esta Corporación. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1. La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. 1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006. 6CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2 f. Que no se trate de sentencias de tutela.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2 f. Que no se trate de sentencias de tutela. Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales 3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; 2 Ibídem. 3 Sentencia T-522 de 2001. 7CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa

toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.

pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001. 8CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela

V. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La presente acción de tutela se centra en un punto específico: determinar si la solicitud de amparo interpuesta por la UGPP contra la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, al interior del proceso ordinario laboral 2017-00798, cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Al examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jurídico aplicable, la Sala considera que se debe declarar improcedente la solicitud de amparo invocada, comoquiera que la presente no cumple el requisito general de subsidiariedad, esto es, «que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada». En lo que atañe al requisito de subsidiariedad, evidencia esta Sala que, la UGPP no agotó los mecanismos idóneos de defensa para el cumplimiento de sus pretensiones, esto es, no interpuso el recurso

que, la UGPP no agotó los mecanismos idóneos de defensa para el cumplimiento de sus pretensiones, esto es, no interpuso el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de 5 de febrero de 2020 emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; instrumento que era adecuado para analizar las censuras que actualmente presenta la parte actora, sin establecer razones suficientes que permitan a la Sala flexibilizar este requisito. Se indica que, si bien el accionante ataca la sentencia de 31 de agosto de 2022, la misma se profirió en virtud de la demanda de casación interpuesta por la señora Infante Niño, frente a la cual, la UGPP tampoco se pronunció en término en calidad de no recurrente. 9CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela Aunado a lo anterior, la UGPP no interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la última providencia atacada y objeto de su acción; mecanismo previsto en los artículos 20 de la Ley 797 de 2003 y 6-6 del Decreto 575 de 2013. En ese sentido se pronunció el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, en la sentencia T397 de 2018, al reiterar su propia jurisprudencia: “No obstante, se ha reconocido que existen ciertos eventos en los que, a pesar de la existencia de mecanismos ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela, los cuales han sido

jurisprudencia: “No obstante, se ha reconocido que existen ciertos eventos en los que, a pesar de la existencia de mecanismos ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i) cuando se acredita que a través de estos es imposible obtener un amparo integral de los derechos fundamentales del actor, esto es, en los eventos en los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria para otorgar la protección de él requerida, y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la litis planteada; hipótesis dentro de las que se encuentran inmersas las situaciones en las cuales la persona que solicita el amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y, por ello, su situación requiere de una particular consideración por parte del juez de tutela; y (ii) cuando se evidencia que la protección a través de los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración de un perjuicio de carácter irremediable , evento en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a proferir una orden que permita la protección provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural.

Sobre el primero de los eventos anteriormente mencionados, esta

acción de amparo se encuentra compelido a proferir una orden que permita la protección provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural.

Sobre el primero de los eventos anteriormente mencionados, esta Corporación indicó en la Sentencia SU-772 de 2014, que para 10CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela determinar la idoneidad y eficacia del mecanismo ordinario es necesario que el juez constitucional valore: “i) que el tiempo de trámite no sea desproporcionado frente a las consecuencias de la decisión (…); ii) que las exigencias procesales no sean excesivas, dada la situación en que se encuentra el afectado (…); iii) que el remedio que puede ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho de que se trate, por ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de restablecimiento del derecho; y iv) cuando el otro mecanismo no permita atender las particularidades de los sujetos, como cuando la resolución del problema (…) dependa estrictamente de criterios legales ajenos a las condiciones particulares y especiales de vulnerabilidad en que se encuentre una persona.”

(...) Respecto del segundo de ellos, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda tildarse de irremediable.

Entre ellos se encuentran: que (i) se esté ante un daño inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto

Entre ellos se encuentran: que (i) se esté ante un daño inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) de ocurrir, no existiría forma de repararlo, esto es, que resulta irreparable; (iii) debe ser grave y que, por tanto, conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica que se estima como altamente significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes para superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”

11CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela Aunque la parte accionante expuso que no ha agotado el recurso extraordinario de revisión al considerar que no es el mecanismo idóneo y eficaz para obtener sus pretensiones, lo cierto es que no aportó los elementos de convencimiento suficientes que permitan llegar a esta conclusión; además, si a su criterio considera que está siendo afectado por un error dentro del proceso ordinario laboral, existen otros mecanismos distintos a la acción de tutela -como los indicadospara perseguir este objetivo.

un error dentro del proceso ordinario laboral, existen otros mecanismos distintos a la acción de tutela -como los indicadospara perseguir este objetivo. Debe recordarse que la acción de tutela contra decisiones judiciales se condiciona al despliegue diligente y leal de los derechos y deberes de las partes en una actuación. Por lo anterior, y como la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del Juez Constitucional, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo invocada, pero aclarará el sentido, pues denegar y declarar improcedente son determinaciones diferentes, conforme fue explicado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-883 de 2008: Denegar la acción implica un análisis de fondo, mientras que la improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración. En este orden de ideas, ante la ausencia de un requisito lógico-jurídico esencial para que la relación procesal pudiera constituirse, el juez de instancia debió haber declarado improcedente la acción (…). (Resalta la Sala) En este caso el amparo debe declararse improcedente, dado que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 12CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela contra decisiones judiciales, por lo cual no se puede realizar un estudio de

se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 12CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela contra decisiones judiciales, por lo cual no se puede realizar un estudio de fondo de las razones de inconformidad que planteó la parte accionante con relación a las decisiones objeto de la presente solicitud de amparo. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA N° 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

VI. RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el apoderado de la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, por las razones expuestas. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación. TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

13CUI 11001020400020230072200 Rad. 130178 UGPP Acción de tutela

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 14