CSJ - STP5832-2021

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente STP5832-2021 Radicación n.° 116125 (Aprobación Acta No.126) Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021) VISTOS Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por JAIME RAFAEL BARRETO , contra el fallo de tutela proferido por la Sala de Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 15 de marzo de 2021, mediante el cual declaró improcedente el amparo invocado contra la Fiscalía 43 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla (Ley 600 de 2000).Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación

ANTECEDENTES

Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Fueron recogidos en el fallo de tutela de primera instancia, en los siguientes términos: Utilizando la Capacidad de Síntesis y resaltando lo realmente trascendental para la presente acción constitucional, los presuntos hechos vulneradores de la presente tutela se resumen de la siguiente manera: La Fiscalía 43 Seccional de la Unidad de Patrimonio Económico de la Dirección Seccional de Barranquilla delegada ante los Jueces Penales del Circuito, dentro de la Investigación No 317.242 de 2018 sistema de la Ley 600 de 2.000, a través de oficio No 153, el 25 de noviembre se dispuso 9 meses después colocar en conocimiento de la oficina de instrumentos públicos de Barranquilla la cancelación de la anotación No 24 de la matricula

oficio No 153, el 25 de noviembre se dispuso 9 meses después colocar en conocimiento de la oficina de instrumentos públicos de Barranquilla la cancelación de la anotación No 24 de la matricula inmobiliaria No 040-121101 contentiva de la inscripción de una demanda de pertenencia ordenada por la jurisdicción ordinaria civil dentro del proceso de pertenencia Rad 201900144, sin fundamento legal ni jurídico de ninguna especie. Que de tales hechos el accionante tuvo conocimiento el 8 de febrero de 2021 al obtener una copia de la matricula inmobiliaria, sin que fuera notificado del proveído que ordenó la cancelación de fecha 3 de marzo de 2020 y que favorecen a la Compañía Acción Sociedad Fiduciaria S.A Vocera del patrimonio autónomo fideicomiso denominado terminal logístico Barranquilla F.A 1339, Siendo la Sociedad INOS S.A.S su fideicomitente, vencida en juicio precedente reivindicatorio ocupante de facto, en pleno desacato a lo ordenado por el Juzgado 8o Civil del Circuito de Barranquilla, destruyó, desinstaló violentamente la valla judicial instalada por el accionante como parte demandante en hecho 2Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación denunciado ante las autoridades competentes . Hecho que se repitió nuevamente muy a pesar del requerimiento del Juez Competente ordenado a través auto de fecha 11 de noviembre de 2020., e intervención de la procuraduría delegada para asuntos

repitió nuevamente muy a pesar del requerimiento del Juez Competente ordenado a través auto de fecha 11 de noviembre de 2020., e intervención de la procuraduría delegada para asuntos civiles y en fin narra una serie de situaciones fácticos y jurídicas relacionadas con el proceso civil con el fin de ilustrar sobre la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y de Igualdad. EL FALLO IMPUGNADO La Sala de Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante decisión adoptada el 15 de marzo de 2021 , declaró improcedente el amparo invocado, en tanto que , la decisión proferida por la Fiscalía 43 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla, al interior del proceso penal con el radicado No. 317.242, es razonable, en la medida que obedece a la labor hermenéutica propia del juez natural. Aseveró que, no es dable recurrir al uso de este mecanismo preferente y sumario, como si se tratase de una tercera instancia, a efectos de debatir de nuevo sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, el cual, en su momento fue sometido a los ritos propios de una actuación judicial, y con el único fin de conseguir el resultado procesal que le fue esquivo en su oportunidad legal. LA IMPUGNACIÓN La parte accionante interpuso recurso de impugnación 3Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación contra el fallo de primera instancia , al alegar que, no se

LA IMPUGNACIÓN La parte accionante interpuso recurso de impugnación 3Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación contra el fallo de primera instancia , al alegar que, no se realizó por parte del a quo, una valoración a los elementos de hecho y derecho que motivaron la acción de tutela. Argumentó que, la decisión de la Fiscalía 43 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla dentro del proceso penal carece de acierto; por lo tanto, el Juez de primera instancia debió estudiar los argumentos expuestos en la demanda de tutela y pronunciarse frente a ello. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, y el artículo 44 del Reglamento interno de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por JAIME RAFAEL BARRETO, contra el fallo de tutela proferido por la Sala de Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 15 de marzo de 2021, mediante el cual declaró improcedente el amparo invocado contra la Fiscalía 43 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla (Ley 600 de 2000). Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que 4Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento

frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que 4Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1. La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido

posible.2 1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 2 Ibídem 5Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación f. Que no se trate de sentencias de tutela. Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar 3 Sentencia T-522 de 2001 6Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación

3 Sentencia T-522 de 2001 6Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.

pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 7Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO La impugnación se centra en un punto específico: determinar si con las decisiones del 3 de marzo y 20 de noviembre de 2020, emitidas por la Fiscalía 43 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla , por medio de las cuales se solicitó la cancelación de la inscripción de la demanda de pertenencia dentro del proceso ordinario 2019-00144, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe concederse el amparo. Al examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jurídico aplicable, la Sala considera que se debe confirmar el fallo de tutela de primera instancia, comoquiera que la presente solicitud de amparo incumple con el requisito general de subsidiariedad, esto es, «que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada». Adicional a lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia, que negó el amparo invocado al advertir que, la

defensa judicial al alcance de la persona afectada». Adicional a lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia, que negó el amparo invocado al advertir que, la finalidad del actor, es acudir a la acción de tutela como una vía alterna para que se brinde un concepto diferente al que dieron los órganos ordinarios competentes; la presente impugnación se torna improcedente para el estudio de la misma, dado que el proceso penal con el radicado No. 317.242 y el proceso ordinario 2019-00144, se encuentran en curso. 8Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación A partir de las alegaciones presentadas por el accionante en su recurso de i mpugnación, la Sala advierte que el fundamento de su solicitud de amparo es el desacuerdo con la determinación adoptada por la autoridad accionada, al solicitar al Juzgado 8 Civil del Circuito de Barranquilla, la cancelación de la inscripción de la demanda de pertenencia ordenada dentro del proceso ordinario 2019-00144, por existir una investigación por fraude procesal en contra del accionante, esto es, la investigación dentro del proceso penal con el radicado No. 317.242. Ahora bien, es menester indicar a la parte actora que, para ejercer el derecho de defensa y propender por las garantías judiciales, debe hacerlo dentro de la actuación ordinaria, no por vía de tutela, toda vez que ésta no puede

para ejercer el derecho de defensa y propender por las garantías judiciales, debe hacerlo dentro de la actuación ordinaria, no por vía de tutela, toda vez que ésta no puede emplearse para retrotraer las actuaciones dentro del proceso ordinario, ni como mecanismo para cuestionar los argumentos en los que el juez natural ordinario funda su decisión cuando el proceso no ha culminado. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuación son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías que conforman el debido proceso. Bueno es precisar que, mientras un proceso esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese 9Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuación penal, estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales. Se insiste en que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar la protección de los derechos que se estimen lesionados en el trámite de un proceso judicial, pues para ello el ordenamiento jurídico ha diseñado una serie de instrumentos que, precisamente, buscan garantizar la corrección de las decisiones judiciales que se adopten en su interior5.

proceso judicial, pues para ello el ordenamiento jurídico ha diseñado una serie de instrumentos que, precisamente, buscan garantizar la corrección de las decisiones judiciales que se adopten en su interior5. En sentencia T-335 de 2018, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional señaló: «3.1.4.1. La acción de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso.

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediableun mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos 5 Sentencia T-103 de 2014 10Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación en el ordenamiento jurídico.» Justamente, ha explicado la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad, que son predicables de la acción de protección constitucional, disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo, para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello, además de desnaturalizar su esencia, socava

mecanismo excepcional de amparo, para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello, además de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política. Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas. Así las cosas, se reitera, mientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar al interior del trámite el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela6. 6 Cfr. Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 11Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación Finalmente, tampoco se advierte la existencia de una situación excepcional que habilite el amparo para evitar la configuración de un perjuicio irremediable del accionante. En mérito de lo expuesto, LA SALA DE CASACIÓN

Impugnación Finalmente, tampoco se advierte la existencia de una situación excepcional que habilite el amparo para evitar la configuración de un perjuicio irremediable del accionante. En mérito de lo expuesto, LA SALA DE CASACIÓN

PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN SALA

DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 1 , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuesta. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito. TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. 12Rad. 116125 Jaime Rafael Barreto Impugnación

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 13