CSJ - STP7336-2023

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente STP7336-2023 Radicación n.° 131901 (Aprobación Acta No.138) Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023)

I. ASUNTO

1. Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por JAVIER EDUARDO ALDANA VEGA contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, con ocasión al proceso penal 11001600000020170228900 (en adelante, 2017-02289).

2. Fueron vinculados como terceros con interés legítimo en el presente asunto todas las partes e intervinientes en el proceso penal 201702289.

II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓNCUI 11001020400020230136200

Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela

3. JAVIER EDUARDO ALDANA VEGA solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad y presunción de inocencia, los cuales considera vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio , con ocasión a la sentencia emitida en su contra dentro del proceso penal 2017-02289.

4. Del escrito de tutela y documentos aportados al expediente se tiene que, el 31 de mayo de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio condenó al accionante como autor

4. Del escrito de tutela y documentos aportados al expediente se tiene que, el 31 de mayo de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio condenó al accionante como autor penalmente responsable de los delitos de prevaricato por acción en concurso con cohecho propio, a la pena principal de 94 meses de prisión, así como a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 102 meses. Asimismo, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria; por consiguiente, dispuso librar orden de captura en su contra.

5. Frente a esta determinación, fue interpuesto y sustentado el recurso de impugnación especial, por lo cual, el 27 de junio de la presente anualidad, las diligencias fueron remitidas a esta Sala de Casación Penal.

6. Resaltó el accionante que, “[la] sala en audiencia de lectura de sentido de fallo, así como en la lectura de fallo se limitó a leer lo redactado en la sentencia adjunta como prueba. Allí, solo puede vislumbrarse la delimitación de los extremos punitivos, un análisis precario sobre las medidas sustitutivas de la pena limitándolas al análisis de la prohibición d ellos subrogados penales sin realizar un análisis de la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la pena que es exigido por la honorable sala de la Corte Suprema de Justicia”.1 1 Expediente digital: “0002Demanda.pdf”, folio 8.

2CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega

pena que es exigido por la honorable sala de la Corte Suprema de Justicia”.1 1 Expediente digital: “0002Demanda.pdf”, folio 8. 2CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela

7. Agregó que, “(…) pese a existir distintas jurisprudencias orientadoras y una normativa clara en relación a la obligación del fallador de argumentar las razones de la captura, esto no se presentó.”2

8. Acude al presente trámite constitucional con la finalidad que se amparen sus garantías fundamentales y “(…) se ordene [su] libertad con el fin de garantizar su derecho al debido proceso, a la libertad y a la presunción de inocencia.”

III. TRÁMITE Y RESPUESTAS DE LA AUTORIDAD

ACCIONADA Y VINCULADOS

9. Mediante auto de 11 de julio de 2023, esta Sala avocó el conocimiento y ordenó correr traslado de la demanda a la accionada y vinculados, a efectos de garantizar su derecho de defensa y contradicción.

10. La Magistrada Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio manifestó que, ese Despacho no quebrantó ninguna garantía fundamental del accionante, ya que se tomó una decisión con base en el material probatorio allegado al expediente, en la normativa legal y la jurisprudencia que gobierna el tema. 10.1. Aseveró que, el ahora tutelante, tiene a su alcance los mecanismos de defensa judicial establecidos en la ley, esto es, el recurso

la normativa legal y la jurisprudencia que gobierna el tema. 10.1. Aseveró que, el ahora tutelante, tiene a su alcance los mecanismos de defensa judicial establecidos en la ley, esto es, el recurso de impugnación especial, al cual acudió y se encuentra en curso para su resolución.

11. La Fiscalía 34 Delegada ante el Tribunal manifestó que, la providencia atacada fue proferida con absoluta legalidad y ajustada 2 Expediente digital: “0002Demanda.pdf”, folio 11.

3CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela plenamente al ordenamiento jurídico; por lo tanto, no puede pretender la parte accionante convertir la acción de tutela en una instancia adicional para reabrir debates concluidos.

12. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, en su calidad de víctima, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

13. De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5º del precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 , esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por JAVIER

EDUARDO ALDANA VEGA contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

14. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

EDUARDO ALDANA VEGA contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

14. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 14.1. La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional3. 14.2. La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: 3 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006.

4CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados

que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible4. f. Que no se trate de sentencias de tutela. 14.3. Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: 4 Ibídem. 5CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales 5 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los

un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado6. 5 Sentencia T-522 de 2001. 6 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 6CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela viii) Violación directa de la Constitución. 14.4. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “(…)

T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “(…) si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta.” -C-590 de 2005-.

15. Análisis del caso concreto: 15.1. La presente acción de tutela se centra en determinar si respecto a la decisión emitida el 31 de mayo de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, con ocasión del proceso penal 2017-02289 que cursa en contra de JAVIER EDUARDO ALDANA VEGA, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe concederse el amparo. 15.2. Para resolver el problema jurídico planteado en precedencia, se analizará i) la línea jurisprudencial que respecto de la procedencia de la acción de tutela frente a procesos en curso ha establecido la Corte Constitucional y ii) el núcleo esencial de la dignidad humana y la necesaria intervención del juez constitucional para su protección.

7CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela 15.3. En sentencia T-335 de 2018, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional señaló:

Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela 15.3. En sentencia T-335 de 2018, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional señaló: “3.1.4.1. La acción de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso.

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediableun mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico.” 15.4. Justamente, ha explicado la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad que son predicables de la acción de protección constitucional, disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello además de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política. 15.5. Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos

la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política. 15.5. Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas. 8CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela 15.6. Así las cosas, mientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar al interior del trámite el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela7. 15.7. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el expediente, la Sala pudo evidenciar que el proceso penal 2017-02289, se encuentra en curso. Lo anterior, teniendo en cuenta que, tal como fue expuesto por el accionante, las autoridades vinculadas al presente trámite tutelar y, una vez revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se evidencia que, dentro del proceso, la defensa de ALDANA VEGA presentó recurso de impugnación especial, el cual se encuentra en la Sala de Casación Penal de esta Corporación para su respectiva resolución. 15.8. En ese orden, al encontrarse en curso el proceso penal, no puede la parte accionante solicitar la protección constitucional, pues ello

impugnación especial, el cual se encuentra en la Sala de Casación Penal de esta Corporación para su respectiva resolución. 15.8. En ese orden, al encontrarse en curso el proceso penal, no puede la parte accionante solicitar la protección constitucional, pues ello atenta contra los principios de residualidad y subsidiariedad que caracterizan este instrumento, según los cuales “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” (artículo 86 Constitucional), precepto que es reafirmado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al decir que “la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales”. 15.9. En ese sentido, es preciso recordarle a la parte actora que, al interior de los procesos ordinarios, existen eficaces mecanismos de defensa para el restablecimiento de los derechos presuntamente lesionados. 7 Cfr. Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de

2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145,

68.727, 69.938 y 70.488. 9CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela 15.10. Por lo anterior, no puede el juez constitucional entrometerse en los asuntos que son propios del juez natural, cuando aún el accionante tiene la posibilidad de reclamar lo alegado ante el juez competente, pues de lo contrario, se desbordarían los principios de subsidiariedad y residualidad que rigen este trámite constitucional tan exclusivo. 15.11. Al respecto, el máximo órgano constitucional ha señalado que “la acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección de los derechos y las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la figura de la acción de tutela”. (CC T-1343/01). 15.12. Entonces, al contar con otros medios de defensa judicial al interior del proceso penal 2017-02289, la petición de amparo propuesta por el accionante, está destinada a fracasar por improcedente. 15.13. Por otra parte, frente a la censura elevada por la parte actora con ocasión a la orden de captura librada en su contra, se precisa que, el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal 8 establece que, si al momento de anunciar el sentido del fallo, el acusado declarado culpable

con ocasión a la orden de captura librada en su contra, se precisa que, el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal 8 establece que, si al momento de anunciar el sentido del fallo, el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el Juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. No obstante, el inciso segundo de esa norma también determina que, si lo considera necesario, el Juez decretará la detención y librará de manera inmediata la orden de encarcelamiento. 8 “Artículo 450. Acusado no privado de su libertad. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. // Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.”. 10CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela 15.14. La anterior normativa fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-342 de 2017; pronunciamiento de constitucionalidad -con efectos erga omnesen el cual se advirtió que la orden de encarcelamiento establecida por el artículo precitado respeta las garantías que la Constitución ha dispuesto en favor del derecho al debido proceso y no viola el principio de presunción de inocencia9. 15.15. De otra parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema

garantías que la Constitución ha dispuesto en favor del derecho al debido proceso y no viola el principio de presunción de inocencia9. 15.15. De otra parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia CSJ AP 30 de enero de 2008, Rad. 28.918, expuso lo siguiente: “Por mandato del anterior precepto se hace necesario que los jueces observen que en los términos de la Ley 906 de 2004 la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem. Excepcionalmente el juez podrá abstenerse de ordenar la captura inmediata. En este caso recae sobre el servidor judicial una carga argumentativa conforme la cual debe justificar amplia, razonada y razonablemente, conforme lo cual debe quedar suficientemente explicado el por qué le resulta innecesaria la orden de detención 9 Sentencia C-342 de 2017.

razonablemente, conforme lo cual debe quedar suficientemente explicado el por qué le resulta innecesaria la orden de detención 9 Sentencia C-342 de 2017. 11CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela inmediata. Esto podría presentarse, por ejemplo, cuando aparece debidamente demostrado que el acusado padece de una grave enfermedad (…)” 15.16. Finalmente, si bien el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal10 establece que la apelación de la sentencia condenatoria se concede en el efecto suspensivo, la misma norma señala el alcance de dicho efecto, esto es, que suspende únicamente la competencia de quien profirió la decisión, pero no su contenido. 15.17. En ese entendido, no encuentra la Sala irregularidad alguna en torno a la materialización de la captura dispuesta en contra de ALDANA VEGA. Es claro que esa medida se adoptó por razón de la orden emitida por la autoridad judicial competente, es decir, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, autoridad que estaba habilitada para librarla cuando profirió sentencia de carácter condenatorio, habida consideración que esa es la regla general, y la excepción es que el juez, motivadamente, se abstenga de dictarla. 15.18. Luego, como se anticipó, la acción de tutela resulta

excepción es que el juez, motivadamente, se abstenga de dictarla. 15.18. Luego, como se anticipó, la acción de tutela resulta improcedente frente a los aspectos planteados, por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES 10 ARTÍCULO 177. EFECTOS. Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 1142 de 2007. La apelación se concederá: En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva:1. La sentencia condenatoria o absolutoria (…). 12CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

V. RESUELVE: PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por JAVIER EDUARDO ALDANA VEGA contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, por las razones expuestas.

SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación. TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

13CUI 11001020400020230136200 Rad. 131901 Javier Eduardo Aldana Vega Acción de tutela

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 14