CSJ - STP7808-2021

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

Magistrado Ponente STP7808-2021 Radicación n° 116957 Acta 155. Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). ASUNTO La Sala decide la impugnación interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y AFP Protección S.A., frente al fallo proferido el pasado 24 de marzo por la Sala de Casación Laboral , a través de la cual amparó los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, acceso a la administración de justicia y debido proceso de Kristhian Alfredo Saravia Zamudio, presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Al trámite fueron vinculados el Juzgado 34 Laboral del Circuito de esa ciudad, las recurrentes y demandadas en el proceso ordinario laboral cuestionado.Tutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 2 HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Fueron reseñados por la Sala de Casación Laboral de la siguiente forma: El accionante, en síntesis, fundamentó el mecanismo de amparo en que dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra las mencionadas Administradoras de Fondos de Pensiones y Colpensiones, el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 8 de febrero de 2019, declaró la nulidad de su traslado al fondo privado, ordenó la devolución de

Colpensiones, el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 8 de febrero de 2019, declaró la nulidad de su traslado al fondo privado, ordenó la devolución de los aportes, bonos pensionales, rendimientos financieros e intereses generados en la cuenta de ahorro individual y disp uso su afiliación al régimen de fondo común, decisión que , apelada, fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad mediante sentencia de 20 de marzo de 2019. Afirmó que interpuso recurso extraordinario de casación y mientras se decidía su admisión por esta Corporación, presentó acción de tutela contra el citado Tribunal con el objeto de que se dejara sin efectos la providencia de 20 de marzo de 2019 y, como pretensión subsidiaria, que esta sala «declarara que los recursos de casación relacionados con procesos en donde se discutía la ineficacia del traslado pensional fueran tramitados preferentemente, de acuerdo con el artículo 63A de la Ley Estatutaria 270 de 1996» , radicada inicialmente ante esta sala con el número interno 60346, que por auto del 26 de agosto de 2020 la remitió por competencia a la Sala de Casación Penal, dado que se hacía extensiva a esa Sala especializada. La homóloga Penal, por fallo CSJ STP9070-2020 de 24 de septiembre de 2020, declaró improcedente la tutela por encontrarse en trámite la resolución ese medio de impugnación,

septiembre de 2020, declaró improcedente la tutela por encontrarse en trámite la resolución ese medio de impugnación, decisión que fue confirmada el 25 de enero de 2021 por la Sala de Casación Civil. En vista de lo sucedido, el 15 de febrero de 2021 presentó desistimiento del recurso de casación, lo que fue aceptado por esta sala en auto CSJ AL611-2021 del 24 de febrero de 2021. Alegó que el ad quem incurrió en vía de hecho por haberse apartado de los lineamientos legales y jurisprudenciales que tratan el tema y, en particular, porque « la carga de la prueba acerca del cumplimiento del deber de información recae en el fondoTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 3 de pensiones, no en el afiliado; la firma de un formulario de afiliación no demuestra el cumplimiento del deber de información; y para la procedencia de la pretensión de ineficacia del traslado, no es necesario tener un derecho consolidado o ser beneficiario del régimen de transición». Indicó que actualmente tiene 65 años, su esposa es quien sufraga todos los gastos de su núcleo familiar y desde el mismo momento en que fue notificado de la sentencia del Tribunal «hizo lo que en ley me correspondía, interponer el recurso de casación e intentar aprovisionarse de los necesario para poder sobrevivir mientras la justicia decidía [su] causa. Sin embargo he encontrado todas las trabas del mundo; primero, no se le reconoció la pensión, y cuando

ley me correspondía, interponer el recurso de casación e intentar aprovisionarse de los necesario para poder sobrevivir mientras la justicia decidía [su] causa. Sin embargo he encontrado todas las trabas del mundo; primero, no se le reconoció la pensión, y cuando intenté la acción de tutela que tantos otros han intentado sin siquiera haber formulado recurso de casación, me la negaron, justamente porque debía esperar la resolución de mi recurso de casación». Con apoyo en los hechos descritos solicitó la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad. En consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia dentro del referido proceso, para que, en su lugar, se le ordene al Tribunal accionado proferir otro fallo que «acatando el precedente judicial». FALLO RECURRIDO El A quo constitucional, en providencia de 24 de marzo de 2021,1 por decisión mayoritaria,2 amparó las prerrogativas constitucionales a la igualdad, seguridad social, acceso a la administración de justicia y debido proceso de Kristhian Alfredo Saravia Zamudio, al paso que dispuso la siguiente: SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 20 de marzo de 2019, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral n.º 2017-546, para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una 1 Magistrado ponente: Doctor Luis Benedicto Herrera Díaz. 2 Magistrado disidente: Doctor Jorge Luis Quiroz Alemán.Tutela 2a Instancia No. 116957

partir de la notificación de la presente providencia, profiera una 1 Magistrado ponente: Doctor Luis Benedicto Herrera Díaz. 2 Magistrado disidente: Doctor Jorge Luis Quiroz Alemán.Tutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 4 nueva decisión teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: EXHORTAR a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que en lo sucesivo acate el precedente judicial emanado de esta Corporación y, de considerar imperioso separarse de él, cumpla de manera rigurosa el deber de transparencia y carga argumentativa suficiente.

Lo anterior, tras considerar que los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez, por la falta de agotamiento del recurso extraordinario de casación y el ejercicio tardío de la demanda amparo, deben flexibilizarse dada la trascendencia de los derechos fundamentales involucrados. El A quo constitucional advirtió que la Sala Laboral d el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá sí se apartó del precedente judicial que el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral ha consolidado sobre la ineficacia de traslado de régimen pensional, entre otras, en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008 y CSJ SL4426-2019; y en los cuales ha definido en qué consiste el deber de información que tienen las administradoras de fondos de pensiones respecto de sus afiliados y el derecho correlativo de estos a manifestar un consentimiento informado. Igualmente, indicó que «la tesis edificada en que la falta

información que tienen las administradoras de fondos de pensiones respecto de sus afiliados y el derecho correlativo de estos a manifestar un consentimiento informado. Igualmente, indicó que «la tesis edificada en que la falta de pertenencia del afiliado al régimen de transición se erigía en obstáculo para tornar en ineficaz el traslado de régimen pensional», es equivocada. Pues, ni la legislación ni la jurisprudencia tienen establecido que, para la procedencia de la ineficacia del traslado, es necesario que el afiliado, al momento del traslado, haya «reunido los requisitos paraTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 5 acceder a la pensión» en el régimen anterior al que estuviese afiliado. Destacó el deber procesal de «los jueces de observar la jurisprudencia unificada de las Cortes de cierre de las distintas jurisdicciones; y la necesidad de que su apartamiento de aquella se produzca sobre razonamientos válidos, expresos y explícitos, pues no de otra manera se preserva por éstos el bien superior de la seguridad jurídica» y se permite a «las Cortes someter a su estudio esos nuevos razonamientos.» Finalmente, explicó: Y es que afirmaciones como que la consecuencia jurídica de sostener en la demanda que la información recibida fue nula o lo fue pero no en el grado de suficiencia, para los efectos perseguidos

Finalmente, explicó: Y es que afirmaciones como que la consecuencia jurídica de sostener en la demanda que la información recibida fue nula o lo fue pero no en el grado de suficiencia, para los efectos perseguidos debe leerse en perjuicio del afiliado, no guarda simetría con el deber de información y carga de su prueba que a ese respecto compete asumir a la administradora de riesgos; o la de que el artículo 1604 del Código Civil no es susceptible de un juicio de adecuación a la posición del afiliado en frente de la dicha administradora cuando ésta logra el traslado de régimen pensional que perjudica a la postre los intereses de aquél, porque no se está ante una simple y horizontal relación contractual, cuando quiera que la relación jurídica de afiliación es precisamente creadora de una situación jurídica de la cual es que se derivan --en conjunto con la relación jurídica de cotización-- las obligaciones del sistema ante la ocurrencia de las diversas contingencias causa material del derecho pensional; o la de que el principio de la realidad sobre las formas no resulta aplicable a la suscripción de los formularios de afiliación, por cuanto la mera suscripción del documento es reflejo de un consentimiento pleno y eficazmente informado, cuando el dicho principio nutre toda la teleología de relaciones de subordinación o adhesión como las del trabajo y de la seguridad social, no pueden tener cabida para derruir la premisa del derecho social de que todo lo que sea contrario a la normativa deviene en ineficaz.Tutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302

del trabajo y de la seguridad social, no pueden tener cabida para derruir la premisa del derecho social de que todo lo que sea contrario a la normativa deviene en ineficaz.Tutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 6 IMPUGNACIÓN Fue presentada por Colpensiones y Protección S.A., quienes pidieron la revocatoria del fallo recurrido, con la finalidad que sea negada la demanda de tutela. Así, Colpensiones a dujo que fue lesionada la prerrogativa de la autonomía judicial, en tanto la Corporación accionada contaba con la posibilidad de apartarse del precedente jurisprudencial y argumentar, como en efecto sucedió, cuál era su interpretación normativa bajo la cual consideraba debía estudiarse el caso en concreto. También esgrimió que en el presente asunto no están satisfechos los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez, de tal manera que no es viable «revocar la decisión judicial» objetada, pues la pretensión de amparo debe ser declarada improcedente. Agregó que, de no haber reglas para el traslado de régimen, cualquier persona podría pedir que se efectúe su traslado «con la única justificación de no haber entendido las consecuentes» y bien, esto podría ser predicable de aquellos que se trasladaron una vez se crearon los fondos privados con ciertos requisitos. Sin embargo, no puede ser «para quienes ya conocían el funcionamiento de las AFP’S y mucho menos para quienes lo hicieron, muchos años después de su

que se trasladaron una vez se crearon los fondos privados con ciertos requisitos. Sin embargo, no puede ser «para quienes ya conocían el funcionamiento de las AFP’S y mucho menos para quienes lo hicieron, muchos años después de su creación, como ocurre en el presente caso.»Tutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 7 Arguyó que, con base en las exclusivas obligaciones de las AFP, no es dable invertir la carga de la prueba «bajo un criterio de responsabilidad objetiva, desconociendo con ello las obligaciones paralelas en cabeza del cotizante, y desplazando las propias circunstancias del caso.» Destacó que, si la demandante persigue la declaración de la nulidad de traslado de régimen, será esta quien deberá acreditar «los presupuestos que conllevan a dicha declaratoria acreditando los vicios en el consentimiento que se configuraron al momento del perfeccionamiento del negocio jurídico.» Resaltó que es el juez de conocimiento, aquel que tuvo en sus manos el expediente completo, los documentos y testimonios que obraron como prueba y el tiempo necesario para el estudio del caso, «el responsable de decidir si le asiste o no derecho a quien hoy pretende buscar su reconocimiento a través del mecanismo constitucional.» Indicó que las sentencias proferidas por los jueces naturales son intangibles, dado que gozan de cosa juzgada, respaldada por los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad. Finalmente, estimó que no existe agravio frente a los derechos del accionante, pero sí de los recursos públicos y de la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

respaldada por los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad. Finalmente, estimó que no existe agravio frente a los derechos del accionante, pero sí de los recursos públicos y de la sostenibilidad financiera del sistema pensional. De otro lado, Protección S.A. adujo que la autoridad judicial accionada no vulneró derecho fundamental alguno del memorialista, en tanto satisfizo los presupuesto para apartarse del precedente judicial, porque el caso de Kristhian Alfredo Saravia Zamudio es sustancialmenteTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 8 diferente a los estudiados por la Sala de Casación Laboral. Es decir, no son análogos. Adicionó que el demandante efectuó el traslado de manera libre, voluntaria e informada, pues sabía su futuro pensional y las diferencias entre el RAIS y el RPM, por la asesoría recibida y comprobada, según la firmada plasmada en el formulario de afiliación. Insistió en que no es aplicable el precedente judicial en comento, porque el accionante no ostenta la calidad de pensionado y tampoco se encuentra cobijado por el régimen de transición, toda vez que no acredita los requisitos de edad y semanas consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Estimó invalido declarar la ineficacia del traslado del régimen pensional, dado que han transcurrido más de 20 años desde la afiliación al RAIS, con lo cual ha prescrito su derecho a reclamar; «la variación del monto de la pensión no

régimen pensional, dado que han transcurrido más de 20 años desde la afiliación al RAIS, con lo cual ha prescrito su derecho a reclamar; «la variación del monto de la pensión no constituye vicio del consentimiento de ineficacia»; y la afectación del RPM, por la generación de «más cargas fiscales y tributarias tanto para el gobierno como para los administrados.» Exigió que, en el caso de confirmarse la sentencia impugnada, sólo se ordene la devolución de los aportes más los rendimientos financieros, pero que «en ningún caso se debe obligar a mi representada a devolver conjuntamente los rendimientos y la comisión de administración, toda vez que seTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 9 trata de prestaciones ya acaecidas, por lo que no puede desconocerse que la cuenta de ahorro individual produjo unos rendimientos gracias a la buena gestión de la AFP» , la cual a su vez cobró una comisión para hacer rentar dichos dineros. Por tanto, estimó que «son conceptos excluyentes, es decir, que no se pueden devolver los dos al afiliado (…), toda vez que se estaría desconociendo el trabajo que durante años ha realizado mi representada, vulnerándose a la AFP el derecho a las restituciones mutuas con frutos, intereses y mejoras, y la igualdad de trato en el marco de una relación contractual presidida de buena fe.» CONSIDERACIONES Conforme lo establecido en artículo 2º del Decreto 1983

derecho a las restituciones mutuas con frutos, intereses y mejoras, y la igualdad de trato en el marco de una relación contractual presidida de buena fe.» CONSIDERACIONES Conforme lo establecido en artículo 2º del Decreto 1983 de 2017, que modificó el canon 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, en concordancia con el precepto 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión adoptada en primera instancia por la Sala de Casación Laboral. El problema jurídico por resolver se contrae a determinar si el A quo constitucional acertó al amparar los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, acceso a la administración de justicia y debido proceso de Kristhian Alfredo Saravia Zamudio , al considerar que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá emitió una sentencia desconocedora del precedente judicial dictado porTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 10 la Sala de Casación Laboral, en cuanto al tópico de la ineficacia del traslado de régimen pensional por la falta información relacionada con los beneficios y desventajas de dicho acto jurídico. Esta Sala de Decisión de Tutelas ha sostenido, de manera insistente, que la demanda de amparo tiene un carácter estrictamente subsidiario y, como tal, no constituye un medio alternativo para atacar, impugnar o censurar las

manera insistente, que la demanda de amparo tiene un carácter estrictamente subsidiario y, como tal, no constituye un medio alternativo para atacar, impugnar o censurar las determinaciones expedidas dentro de un proceso judicial (ver, entre otros pronunciamientos, CSJ STP19197-2017,

CSJ STP265-2018 y CSJ STP14404-2018).

Sin embargo, también ha indicado que excepcionalmente esta herramienta puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el trámite procesal se actúa y resuelve de manera arbitraria o caprichosa. Asimismo, en aquellos eventos en los cuales es expedido un mandato judicial desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, esto es, en el evento en que se configuren las llamadas causales de procedibilidad. Por último, en el supuesto que el mecanismo pertinente, previamente establecido, sea claramente ineficaz para la defensa de las garantías constitucionales, caso en el cual procede como dispositivo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable.Tutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 11 De tal forma, la acción de tutela contra decisiones judiciales presupone la concurrencia de unos requisitos de procedibilidad que consientan su interposición: generales y especiales. Esto, con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un instrumento para discutir la disparidad de

judiciales presupone la concurrencia de unos requisitos de procedibilidad que consientan su interposición: generales y especiales. Esto, con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales y la autoridad accionada, lo cual contrariaría su esencia, que no es distinta a denunciar la violación de los derechos fundamentales. En el caso objeto de debate, la accionante busca se deje sin efecto el fallo emitido el 20 de marzo de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, autoridad que revocó la decisión emitida por la juez de primera instancia, Así, absolvió a las demandadas frente a las pretensiones relacionadas con la declaración de ineficacia de su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad. La inconformidad del gestor radica, principalmente, en que la providencia objetada no valoró que su traslado entre regímenes estuvo antecedido por un vicio en el consentimiento y que desconoció el precedente de la Sala de Casación Laboral. Por ende, estimó al citado fallo como trasgresor de sus prerrogativas constitucionales. Sobre el particular, se anticipa que se confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá emitió dicha sentencia con

pleno desconocimiento del precedente judicial del órgano deTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 12 cierre de la jurisdicción ordinaria en materia de seguridad social en pensiones. En ese orden de ideas, se analizarán los presupuestos generales de procedibilidad de la acción, para luego exponer las razones de la configuración de la causal de procedibilidad de la acción contra sentencias judiciales aludida. Requisitos genéricos de procedibilidad de la acción. Respecto de los requisitos generales se tiene en el presente caso: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, dado que se invoca la vulneración de derechos fundamentales en la decisión adoptada por parte del Tribunal y los efectos nocivos que, según el actor, producirá esa decisión en el posterior reconocimiento de su pensión. (ii) El accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial. Pese a estar demostrado que Kristhian Alfredo Saravia Zamudio impugnó en casación la providencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y luego desistió de ese mecanismo extraordinario, se impone flexibilizar la subsidiariedad y otorgar la protección reclamada. Ello, ante la evidente concurrencia de la causal específica de procedencia del amparo relacionada con el desconocimiento del precedente, lo cual torna necesaria laTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302

específica de procedencia del amparo relacionada con el desconocimiento del precedente, lo cual torna necesaria laTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 13 intervención extraordinaria del juez constitucional a fin de hacer prevalecer la dimensión jurídica, política y social de la Constitución Política de 1991 (CSJ STP12082-2019 rad. 106180 y CSJ STP 17447 -2019 rad. 107988). Ahora bien, en relación con los argumentos presentados por la recurrente Colpensiones, ha de indicarse que la Sala de Casación Laboral, en fallo STL13133-2019, manifestó que el requisito de subsidiariedad «no es absoluto» y debe examinarse en cada caso concreto, «al punto que es posible que ceda cuando se advierte la vulneración de derechos fundamentales que no pueden ser restablecidos efectivamente mediante las vías ordinarias, pues de no concederse el amparo, se consumaría un daño irreparable». (iii) Igual juicio debe efectuarse en relación con el requisito de la inmediatez, pues, ante el flagrante desconocimiento de la línea jurisprudencial sobre la materia, se impone tornar dúctil ese ítem. En respuesta a lo esgrimido por todas las impugnantes, se afirma que sí existe perjuicio irremediable, comoquiera que la permanencia del interesado en el RAIS lesiona su sagrado derecho a la seguridad social en pensión, en tanto que, eventualmente, podría recibir una mesada sustancial y

se afirma que sí existe perjuicio irremediable, comoquiera que la permanencia del interesado en el RAIS lesiona su sagrado derecho a la seguridad social en pensión, en tanto que, eventualmente, podría recibir una mesada sustancial y significativamente menor a lo que realmente ha cotizado durante los últimos 10 años de su vida laboral. Por tanto, no es de recibo el argumento de las recurrentes, consistente en que el demandante no satisfizoTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 14 los requisitos genéricos de procedibilidad; (b) el juez natural, en sede ordinaria, es «el responsable de decidir si le asiste o no derecho a quien hoy pretende buscar su reconocimiento a través del mecanismo constitucional»; y (c) las sentencias proferidas por dichos administradores de justicia son intangibles, porque el conflicto que presenta Kristhian Alfredo Saravia Zamudio, con las AFP Protección S.A., Porvenir S.A. y Colpensiones, en cuanto a la manera inconsciente y desinformada de optar por trasladarse de régimen de pensión, trasciende más allá de esas argucias: el plan de vida de una persona próxima a llegar a la senectud, quien merece trato digno. Además, el cuerpo colegiado cuestionado desatendió el precedente judicial construido y afianzado durante años por la Sala de Casación Laboral, en cuanto a la ineficacia del traslado del régimen pensional por falta de información, 3 conforme se explicará más adelante.

precedente judicial construido y afianzado durante años por la Sala de Casación Laboral, en cuanto a la ineficacia del traslado del régimen pensional por falta de información, 3 conforme se explicará más adelante. Por estos motivos, también se comparte la idea consistente en que deben flexibilizarse los prepuestos de la subsidiariedad e inmediatez. (iv) De otra parte, el actor identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de las garantías fundamentales cuya protección invoca, tal como quedó expuesto en el acápite de antecedentes. 3 Se refiere a las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL 1689-2019 y CSJ SL4426-2019.Tutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 15 (v) Y, finalmente, la decisión que se controvierte no es sentencia de tutela. Requisito específico de procedibilidad de la acción: Desconocimiento del precedente de la Sala de Casación Laboral. La Corte Constitucional (CC T-459 de 2017) ha puntualizado que «el desconocimiento del precedente se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a los decididos en aquellas

vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jurídicas que justifique el cambio de jurisprudencia». Asimismo, encontramos que la Corte Constitucional, en sentencia T-540 de 2017, indicó que, p or regla general, los jueces se encuentran obligados a respetar el precedente judicial cuando, al resolver el caso, encuentren similitudes fácticas y jurídicas. Esto, en virtud de principios como la igualdad de trato, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena fe depositada en la administración de justicia, dado que el precedente es considerado como las razones de derecho con base en las cuales un juez resuelve un caso particular. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el citado fallo, en sus consideraciones, expresó lo siguiente:Tutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 16 (…) el demandante se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad […] lo cual acaeció el 17 de enero de 1997; que el actor no es beneficiario del régimen de transición, porque contaba con 39 años de edad y 565.14 semanas a 31 de marzo de 1994, por lo que al 30 de junio de 1995 al ser trabajador de una entidad del orden distrital no contaba con 15 años de servicios. Cuando se trasladó al régimen de ahorro individual con

lo que al 30 de junio de 1995 al ser trabajador de una entidad del orden distrital no contaba con 15 años de servicios. Cuando se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad sometió su aspiración pensional a los requisitos y parámetro contenidos en la Ley 100 de 1993; el demandante no estaba incurso en las causales de exclusión señaladas en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, por cuanto a la entrada en vigencia del sistema no tenía 55 años de edad ni gozaba de una pensión por invalidez. El actor diligenció el formulario de solicitud de vinculación o traslado al fondo Porvenir de manera voluntaria, tal como se desprende el formulario (…). Con apoyo en esas premisas infirió que el traslado efectuado «cumplió con los presupuestos legales que regulaban el tema» , así como con las exigencias para su validez, según el artículo 11 de Decreto 692 de 1994. En ese orden de ideas, para desvirtuar la falta de asesoría de las administradoras de pensiones alegada se pronunció así: (…) se verifica desde la demanda lo cual es corroborado con el interrogatorio y el testimonio que los fondos brindaron información sobre aspectos propios de los regímenes, recuérdese que en el mismo interrogatorio la parte indica las circunstancias de modo y tiempo en que fue entregada la información, al punto que señaló que se le informó aspectos como la pensión anticipada, mayores montos, aspectos que fue corroborado con el testigo (…). En este punto, es bueno recordar que las reglas de la experiencia

tiempo en que fue entregada la información, al punto que señaló que se le informó aspectos como la pensión anticipada, mayores montos, aspectos que fue corroborado con el testigo (…). En este punto, es bueno recordar que las reglas de la experiencia y la sana crítica indica que cuando entre los particulares se suscribe diferentes negocios jurídicos en virtud de la autonomía de la voluntad, no resulta razonable que alguno de los contratantesTutela 2a Instancia No. 116957 CUI 11001020500020210035302 Kristhian Alfredo Saravia Zamudio 17 preste su consen