CSJ - STP7947-2023

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente STP7947-2023 Radicación N.° 132110 Acta 150 Bogotá D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

VISTOS

1. Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por el apoderado de ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROJAS frente al fallo de tutela proferido el 7 de julio de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto , mediante el cual negó el amparo solicitado en contra del Juzgado 4° Penal del Circuito de Pasto.

Al trámite constitucional fueron vinculados los Juzgados 1° Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías, 6° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y la Fiscalía 15 Seccional CAIVAS, todos de Pasto.CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

2. Así los expuso la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto: “Comentó el accionante que en el mes de enero de 2023, su poderdante tuvo conocimiento de la existencia de un proceso penal que existía en su contra, el cual estaba siendo seguido por la Fiscalía 60 Seccional de la ciudad de Pasto (N), razón por la cual y debido a que ella reside fuera del país en la ciudad de Barcelona (España), contrató los servicios de un abogado y radicó ante la Fiscalía General un memorial poder y su voluntad de presentarse de manera voluntaria al proceso, el cual se identifica bajo el SPOA

520016000485201403399.

ante la Fiscalía General un memorial poder y su voluntad de presentarse de manera voluntaria al proceso, el cual se identifica bajo el SPOA 520016000485201403399. Relató que la Fiscalía realizó solicitud de audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, la cual correspondió al Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto; audiencias que se llevaron a cabo los días 15 de marzo y 10 de abril del 2023. Manifestó que, el citado Juzgado de control de garantías negó dicha solicitud por no encontrar acreditada la inferencia razonable de autoría o participación de los delitos imputados en su contra; decisión frente a la cual, la Fiscalía General de la Nación presentó y sustentó recurso de apelación, el cual una vez realizado el correspondiente reparto correspondió al Juzgado 04 Penal del Circuito de la ciudad de Pasto. Acto seguido, el día 21 de abril de 2023, se realizó audiencia de adición y aclaración a la imputación, ante el Juzgado 01 Penal Ambulante con Función de Control de Garantías de Pasto (N); audiencia en la cual la Fiscalía modificó y aclaró los hechos imputados; razón por la cual, a través de correo electrónico se informó de la modificación a la imputación realizada por el ente acusador al Juzgado 04 Penal del Circuito de Pasto, esto en razón a que los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron el recurso habían sido modificados. Afirmó que el Juzgado accionado desató el recurso de apelación y resolvió

que los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron el recurso habían sido modificados. Afirmó que el Juzgado accionado desató el recurso de apelación y resolvió revocar la decisión de primera instancia, decretando la medida de aseguramiento privativa de la libertad, por encontrar acreditada la inferencia razonable de autoría y participación en los hechos materia de investigación; sin embargo, considera que los argumentos utilizados por el Juzgado nunca tuvieron en cuenta en primera medida la modificación y adición realizada por la Fiscalía a la imputación, como tampoco analizó los requisitos exigidos por el legislador en su artículo 308 del C.P.P., esto en cuanto solo se analizó la inferencia razonable de autoría o participación, mas no los fines constitucionales establecidos. Aunado a lo anterior, esgrimió que el Juzgado de Segunda Instancia nunca valoró de manera expresa las pruebas aportadas por la defensa, las cuales no 2CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia solamente se sustentaron como no recurrente dentro de la apelación, sino que también fueron verbalizadas y aportadas dentro de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, lo que imposibilita volver a presentarlas en otra audiencia.”.

EL FALLO IMPUGNADO

3. El 7 de julio de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto negó la solicitud de amparo promovida por el accionante. Para efectos de adoptar dicha decisión, planteó como problema jurídico el siguiente: “¿Resulta procedente la acción de tutela presentada por la señora ANA

negó la solicitud de amparo promovida por el accionante. Para efectos de adoptar dicha decisión, planteó como problema jurídico el siguiente: “¿Resulta procedente la acción de tutela presentada por la señora ANA MARÍA HERNÁNDEZ, a través de apoderado judicial, en contra del JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PASTO, a través de la cual busca dejar sin efectos el auto fechado el 29 de mayo del año que corre, que resolvió revocar la determinación adoptada el 10 de abril del 2023 e imponer en su contra medida de aseguramiento intracarcelaria, dentro del asunto penal No 520016000485201403399?” Con fundamento en lo anterior, efectuó la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, determinando que estos se concretaban en su integridad. Posteriormente, desarrolló el concepto de “vías de hecho” y se pronunció frente a la posibilidad con la que se cuenta para interponer acciones de tutela contra providencias judiciales. Por tanto, al resolver de fondo el asunto señaló que: “[E]n efecto el JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO DE PASTO, desató el recurso de alzada interpuesto por la Fiscalía 15 Seccional de Pasto en contra del auto del 10 de abril pasado, proferido por el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Pasto, que resolvió abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra de ANA MARÍA

Municipal con funciones de control de garantías de Pasto, que resolvió abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra de ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROJAS, resolviendo revocar dicha terminación e imponiéndole medida privativa de la libertad, pues -en síntesisprecisó que el punto de discusión se centraba en establecer si se hallaba o no acreditada la inferencia razonable de autoría y participación de la citada ciudadana en los hechos 3CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia materia de investigación y, contrario a lo advertido por la primera instancia, encontró que de los elementos materiales probatorios, tales como, la entrevista de la menor, sí lograba arribarse a dicha inferencia, considerando procedente la medida intracarcelaria al tratarse además de una menor de 14 años para la fecha de los hechos, víctima de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Como se ve, emerge nítido que ninguna actividad irregular ha sucedido en la adopción de la determinación que resolvió imponer en contra de la ahora ciudadana actora, medida de aseguramiento intramural, toda vez que para arribar a dicha conclusión se efectuó un estudio de los requisitos normativos y jurisprudenciales que rigen la materia, de tal manera que no se avizora que la misma haya sido fruto del capricho o la arbitrariedad del funcionario judicial demandado.”. Así pues, se refirió a los argumentos esbozados por el juzgado accionado al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto

la misma haya sido fruto del capricho o la arbitrariedad del funcionario judicial demandado.”. Así pues, se refirió a los argumentos esbozados por el juzgado accionado al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 10 de abril de 2023, indicando que: “[N]o se avizora la existencia de un defecto fáctico ni probatorio –como lacónicamente lo indica el accionanteporque, de un lado, la autoridad accionada aplicó el contenido normativo dispuesto en los artículos 306 y siguientes de la Ley 906 del 2004, en concordancia con lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006; así como también tuvo en cuenta los elementos materiales de prueba que fueron debidamente allegados a la actuación, efectuando la valoración correspondiente de las pruebas que se allegaron al expediente penal.” Como consecuencia de lo anterior, expresó el tribunal de primera instancia que: “[L]o que se presenta aquí es una simple y llana disparidad de criterios, entre lo que según la actora debió fallar el Juzgado accionado y los argumentos jurídicos y probatorios bajo los cuales se fundó la providencia arriba reseñada, lo cual no constituye un fundamento válido para pretender el amparo de los derechos fundamentales mediante este trámite constitucional, pues ya la jurisprudencia constitucional ha precisado que aquella no se estructura con la simple diferencia de razonamientos respecto a la interpretación o aplicación normativa, o frente a la ponderación probatoria que efectúen los funcionarios judiciales dentro de los lineamientos de la sana

estructura con la simple diferencia de razonamientos respecto a la interpretación o aplicación normativa, o frente a la ponderación probatoria que efectúen los funcionarios judiciales dentro de los lineamientos de la sana crítica. Además, no puede perderse de vista que el Juez Constitucional NO puede intervenir en la autonomía que ostenta el Juez ordinario en el proceso de valoración de las evidencias o elementos de prueba allegados en el caso concreto, argumento adicional para denegar la pretensión elevada dentro de este trámite constitucional.” (Subraya incluida en el texto original). 4CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia Por tanto, dado que no advirtió vulneración a los derechos fundamentales de la actora, negó la solicitud de amparo presentada.

LA IMPUGNACIÓN

4. Fue propuesta por el apoderado de ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROJAS, quien sostuvo que el a quo se encontraba errado por cuanto: “NUNCA se entró tan si quiera a analizar o fueron objeto de pronunciamiento las pruebas aportadas por la defensa en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, las cuales claramente iban encaminadas tanto a atacar la inferencia razonable planteada en esa oportunidad por la misma fiscalía, como los fines constitucionales de la medida.

Es por esta falta de motivación y pronunciamiento sobre las pruebas presentadas por la defensa en el momento procesal oportuno y que hacen parte dentro del expediente digital enviado al juzgado de segunda instancia para su conocimiento, que se insiste en que existe una vulneración grave al derecho de defensa, por cuanto en la decisión adoptada en sede de garantías por el

dentro del expediente digital enviado al juzgado de segunda instancia para su conocimiento, que se insiste en que existe una vulneración grave al derecho de defensa, por cuanto en la decisión adoptada en sede de garantías por el ad quem, solo se analizaron y tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por fiscalía.” Señaló, además, que lo que busca con la acción de tutela no es generar una instancia adicional, sino que por el contrario: “[L]o que se pretende es la plena garantía de los derechos que le asisten a mi clienta, a fin de que se manifieste y se motive el por qué se apartaron de los argumentos como no recurrentes o no se consideraron las pruebas presentadas por defensa al momento de tomar la decisión, esto recalcando que todas estas pruebas presentadas estaban encaminadas a este fin de no afectar con una medida de aseguramiento a mi prohijada mientras el proceso tiene su desarrollo, ya que, al no saber los argumentos o razones, no se nos sería factible atacarlos en una posible revocatoria de la medida de aseguramiento, ya que como se precisó, solo se pronunció y analizo sobre las pruebas presentadas por fiscalía.” Asimismo, advirtió que al interior del proceso penal “ no hubo tan si quiera un análisis y motivación fundada sobre el fin constitucional que se tenía en cuenta para decretar la medida de aseguramiento .”. Y por 5CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia tanto, “ al no manifestar cual es el fin constitucional que se pretende proteger con la medida de aseguramiento presentaría un defecto

Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia tanto, “ al no manifestar cual es el fin constitucional que se pretende proteger con la medida de aseguramiento presentaría un defecto procedimental en la decisión emitida y más aún afectaría a mi clienta en el entendido de que no tendríamos como defensa argumento para controvertir en una posible revocatoria de la medida de aseguramiento”.

5. Con fundamento en lo antes expuesto, solicita: “SE REVOQUE en su integridad el fallo del día 07 de julio de 2023 emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto – Sala Penal, con ponencia del Magistrado ponente Dr. SILVIO CASTRILLON PAZ y, se tengan en cuenta los argumentos presentados en este escrito como los esbozados en la tutela inicial y las pruebas allegadas a este proceso, para que se tutelen los derechos fundamentales y se accedan a las pretensiones entabladas por mi representada en búsqueda de su protección de sus derechos fundamentales”.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la impugnación instaurada por el promotor de la acción, contra el fallo de tutela que emitió

la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto.

2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando, por acción u omisión sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad o por particulares en los casos

miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando, por acción u omisión sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.

3. En el presente asunto se observa lo siguiente:

6CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia 3.1 El apoderado de HERNÁNDEZ ROJAS cuestiona que el Juzgado 4° Penal del Circuito de Pasto vulneró los derechos fundamentales de su poderdante por cuanto a través del auto de 29 de mayo de 2023, mediante el cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 15 Seccional de esa ciudad, contra el proveído de 10 de abril de los corrientes proferido por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías del mismo municipio, le impuso una medida de aseguramiento en centro de reclusión y libró orden de captura para su cumplimiento. 3.2 Con fundamento en lo anterior, esta Sala de Tutelas verificará si es procedente el amparo invocado por el accionante o si la decisión de primera instancia se encuentra ajustada a derecho. 3.3 Dicho esto, como lo que se cuestiona a través de la acción constitucional de tutela es una providencia judicial, pues el eje central de la solicitud de amparo es el auto proferido por el juzgado accionado, es

3.3 Dicho esto, como lo que se cuestiona a través de la acción constitucional de tutela es una providencia judicial, pues el eje central de la solicitud de amparo es el auto proferido por el juzgado accionado, es preciso recordar que, en múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha hecho mención a los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra tales decisiones. En relación con los primeros, estos corresponden a que: (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) el accionante 7CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi) no se trate de sentencias de tutela. De igual manera, los segundos, es decir, los específicos, han sido reiterados en pacífica jurisprudencia a partir de la sentencia C-590 de 2005 proferida por la Corte Constitucional. La procedencia del amparo se encuentra ligada a que el accionante

De igual manera, los segundos, es decir, los específicos, han sido reiterados en pacífica jurisprudencia a partir de la sentencia C-590 de 2005 proferida por la Corte Constitucional. La procedencia del amparo se encuentra ligada a que el accionante demuestre que la providencia judicial presenta al menos uno de los siguientes yerros: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y, (viii) violación directa de la Constitución. A partir de la precitada decisión de constitucionalidad, la procedencia de la tutela contra una providencia emitida por un juez de la República se habilita, únicamente, cuando superado el filtro de verificación de los requisitos generales (relevancia constitucional, inmediatez, subsidiariedad y que no se trate de sentencias emitidas en trámites de igual naturaleza), se presente al menos uno de los defectos específicos. 3.4 Dicho esto, corresponde verificar en primera medida el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. En primer lugar, la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, dado que, el accionante pone de presente la presunta vulneración de garantías constitucionales, por errores que considera, 8CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia

vulneración de garantías constitucionales, por errores que considera, 8CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia existieron en la decisión fundamento de la acción de amparo. Se cumple el requisito de la inmediatez, dado que, la providencia emitida por el Juzgado 4° Penal del Circuito de Pasto, data del 29 de mayo del año en curso. Se evidencia igualmente que el actor identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que no se cuestiona una sentencia de tutela. Ahora bien, podría pensarse que el requisito de la subsidiariedad no se cumple por cuanto según lo dispuesto en el artículo 318 de la Ley 906 de 2004 es factible solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento, sin embargo, para efectos de invocar la solicitud contenida en el artículo 318 ejusdem deben existir medios de prueba que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308 y esto en principio, no comporta nada distinto a la distribución de la carga probatoria que ha desarrollado el legislador. Con esto, advierte la Sala satisfecho el mencionado requisito, pues no puede exigirse la presentación de la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento para habilitar la intervención del juez constitucional, cuando lo que se discute es la razonabilidad de la decisión que impuso la medida restrictiva de la libertad, pues justamente la finalidad de la revocatoria, es alegar la desaparición de los requisitos del artículo 308 antes mencionado, pero no pueden ponderarse en aquel caso las

que impuso la medida restrictiva de la libertad, pues justamente la finalidad de la revocatoria, es alegar la desaparición de los requisitos del artículo 308 antes mencionado, pero no pueden ponderarse en aquel caso las razones que justificaron la imposición, en un primer momento, de la medida. Por lo anterior, se entiende superada la barrera de la subsidiariedad 9CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia y con esta, la de los requisitos generales, por lo que se continuará con el análisis de los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Para ello, la Corte recordará, en primer término, su postura frente a las reglas que el juez de control de garantías ha de aplicar en la imposición de la medida y, acto seguido, verificara si estas se satisfacen, o no, en el caso concreto, a partir de su contrastación contra la providencia emitida por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Pasto. 3.5 Las medidas de aseguramiento, ha decantado la jurisprudencia tanto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, que tienen una naturaleza eminentemente procesal y están dirigidas a preservar la prueba, proteger a la víctima y asegurar la comparecencia del imputado al proceso. Además, el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, contempla como medidas de aseguramiento privativas de la libertad la «detención preventiva en establecimiento penitenciario » y la « detención preventiva en la residencia señalada por el imputado».

contempla como medidas de aseguramiento privativas de la libertad la «detención preventiva en establecimiento penitenciario » y la « detención preventiva en la residencia señalada por el imputado». En fallo CSJ STP7721 – 2019, reiterado en la decisión CSJ STP16280-2019, la Corte delimitó las competencias del juez de control de garantías en punto de la imposición de medidas de aseguramiento dentro del proceso penal, de la siguiente manera: “ Los arts. 306 a 316 del Código de Procedimiento Penal regulan las medidas de aseguramiento. En la audiencia que debe surtirse para decretarlas, la Fiscalía y la representación de víctimas tienen la carga de motivar su postulación para solicitarlas y el juez de control de garantías emitir su decisión, ambos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: i) La inferencia razonable de participación del imputado en la conducta. 10CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia Para tales efectos, deben presentarse y explicarse las evidencias físicas y otra información legalmente obtenida, con la que se acredite, en el nivel de conocimiento establecido en la ley, que el delito ocurrió y que el imputado es autor o partícipe. ii) La necesidad de la medida contra el imputado. Para ello, tanto el solicitante al formular la petición, como el juez al resolverla, deben evaluar los siguientes factores: a. Factores no procesales, que desarrollan los arts. 310 y 311 del Código de Procedimiento Penal, que disponen la imposición de la medida restrictiva de

al formular la petición, como el juez al resolverla, deben evaluar los siguientes factores: a. Factores no procesales, que desarrollan los arts. 310 y 311 del Código de Procedimiento Penal, que disponen la imposición de la medida restrictiva de la libertad cuando el imputado represente un peligro para la seguridad de la comunidad (posibilidad de reiteración de la conducta o comisión de otras), o pueda inferirse razonablemente que atentará contra la víctima, sus familiares o sus bienes. b. Factores procesales, previstos en los cánones 309 y 312, que disponen la procedencia de la restricción de la libertad cuando existan «motivos graves y fundados» que den cuenta de que el imputado podría no comparecer al proceso y/o afectar la actividad probatoria. iii) La elección del tipo de medida a imponer. En esta etapa, es carga de los involucrados en la diligencia indicar cuál de las medidas de aseguramiento previstas en el art. 307 del Código de Procedimiento Penal se habrá de imponer (privativa o no privativa de la libertad), y luego exponer los motivos por los que dicha medida es la procedente. Para ello, deberán tenerse en cuenta: (i) las previsiones normativas aplicables, esto es, las que permiten la imposición de medida de detención en establecimiento carcelario (como el art. 313); (ii) las que prohíben el decreto de una medida distinta a la de privación de la libertad intramuros (v. gr. el art. 199 de la Ley 1098 de 2006); y (iii) si resulta procedente una medida no privativa de la libertad, cuando la misma pueda ser suficiente para alcanzar el

de una medida distinta a la de privación de la libertad intramuros (v. gr. el art. 199 de la Ley 1098 de 2006); y (iii) si resulta procedente una medida no privativa de la libertad, cuando la misma pueda ser suficiente para alcanzar el fin perseguido (parágrafo 2º del art. 307 y art. 308). En este proceso, es necesario llevar a cabo el juicio de proporcionalidad, orientado a que se evalúe si la medida solicitada resulta adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto, a través de un balance de los intereses que se confrontan, esto es, el derecho fundamental que se afecta con la imposición de la medida y el fin constitucional que se busca proteger al decretarla (Art. 295 y 296 de la Ley 906 de 2004). Como tercer aspecto, habrán de evaluarse los problemas jurídicos atinentes a las particularidades del caso como, por ejemplo, la posibilidad de imponer una medida más o menos grave que la solicitada por la Fiscalía o la víctima.” 3.6 Para el caso que nos ocupa, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento celebrada el 10 de abril de 2023 ante el Juzgado 6° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pasto, la titular 11CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia del despacho, después de referirse a los medios de prueba aportados, y señalar que existen algunas inconsistencias en el relato de la menor involucrada, resolvió negar la petición de imposición de medida de

señalar que existen algunas inconsistencias en el relato de la menor involucrada, resolvió negar la petición de imposición de medida de aseguramiento intramuros postulada por la fiscalía por cuanto, en su criterio, no se cumplía con el presupuesto de inferencia razonable de autoría o participación. Así pues, se extrae del audio de la audiencia 1 lo siguiente: “Hay una duda sobre la ocurrencia de los hechos en la forma en cómo se dieron, inclusive la misma participación de la señora Ana María Hernández y en esos términos, pues hablando de la concurrencia de un presupuesto fáctico que debe ser material en cuanto a la realización de la conducta delictiva y que debe ser también particular en punto al compromiso que tenga la señora Ana María Hernández respecto de la concurrencia o comisión de la conducta o conductas delictivas endilgadas no hay claridad. Si no hay claridad, esa duda se resuelve en favor de la señora Ana María Hernández y en este momento, pues el despacho procedería a indicar que ese presupuesto de inferencia razonable de autoría o participación no se encuentra cumplido por parte de la fiscalía y con los elementos que presenta de soporte. (…) Esto entonces, haría inocuo hacer otro tipo de valoraciones respecto a la gravedad, peligrosidad de la conducta delictiva, falta de arraigo u otros presupuestos de orden también en ponderación constitucional que no vendrían al caso a atenderse dado que la estimación que hace el despacho y frente a la valoración aquí indicada frente al no cumplimiento del primero de los presupuestos se le negaría la imposición de una medida de aseguramiento.”

al caso a atenderse dado que la estimación que hace el despacho y frente a la valoración aquí indicada frente al no cumplimiento del primero de los presupuestos se le negaría la imposición de una medida de aseguramiento.” La fiscalía apeló esa decisión. Fundó su disenso en que sí se encontraba probada la inferencia razonable de autoría o participación y tal recurso fue resuelto por el juzgado 4° accionado, quien mediante auto del 29 de mayo de 2023 expuso lo siguiente: 1 Ver https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/j06pmgpas_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/ 15/stream.aspx? id=%2Fpersonal%2Fj06pmgpas%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCAR PETA%20AUDIENCIAS%20VIRTUALES%2FAUDIENCIAS%20VIRTUALES%2FCARPETAS% 20AUDIENCIAS%20A%C3%91O%202023%2FNI%2023264%20FI%20%2B%20MEDIDA%2FNI %5F%2023264%20FORMULACI%C3%93N%20DE%20IMPUTACI%C3%93N%20%2B%20MEDI DA%2D20230410%5F110436%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%201%2Em p4&ga=1 12CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia “El despacho de instancia fue desprevenido en el análisis de la entrevista de la menor, cuando ella informa llegar a la ciudad de Pasto por solicitud de su

12CUI 52001220400020230016201 Número Interno 132110 Tutela 2ª Instancia “El despacho de instancia fue desprevenido en el análisis de la entrevista de la menor, cuando ella informa llegar a la ciudad de Pasto por solicitud de su profesora, la hacen dormir junto con los adultos, es la misma profesora quien en una oportunidad le muestra un video de pornografía para luego enviarla a la tina y proceda hacerle lo mismo a su novio, la menor presentaba un cuadro de inseguridad emocional, se auto responsabilizaba o culpa de los hechos, comportamiento asumido en muchas ocasiones por los menores víctimas, incluso llegó a un estado de aceptación o normalización de la conducta, notemos cuando es llamada por el agresor mediante amenazas acude a la ciudad de Pasto para hospedarse en un hotel donde acata la orden de su victimario de despojarse de su ropa y quedar desnuda, este no es un relato oscuro o confuso como lo entiende la primera instancia antes al contrario es un hecho vivido por la menor, como así lo deja ver el funcionario de psicología de ICBF cuando la entrevista para el restablecimiento de los hechos. (…) Como se observa con los elementos materiales probatorios se encuentra acreditada la inferencia razonable de autoría y participación se demuestran los hechos y la participación de ANA MARÍA ROJAS HERNÁNDEZ, en esta etapa p