DEJUSTICIA - La desigualdad vista desde los entornos escolares de los niños y niñas Wayúu

Julián Gutiérrez-Martínez Ana María Narváez Olaya Johnattan García Ruiz Diana Guarnizo Peralta

DOCUMENTOS 67

Julián Gutiérrez Martínez Abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido integrante de diversos grupos de investigación y cuenta con experiencia en temas de desigualdad y exigibilidad de los DESCA, como los derechos la alimentación, salud y agua potable, así como derechos bioculturales y de los pueblos indígenas. Actualmente es investigador del área de Justicia Económica. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6771-1267 Ana María Narváez Olaya Abogada de la Universidad Libre de Colombia y Magíster en Política Alimentaria de la City University of London. En Reino Unido perteneció a la red de investigadores IFSTAL y trabajó en varios proyectos sobre sistemas alimentarios sostenibles urbanos como Calthorpe Project y Cultivating Chelsington & Chelsea. Se desempeñó como coordinadora de investigación en el área de Justicia Económica en

Dejusticia. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-02831751

Johnattan García Ruiz Abogado de la Universidad de los Andes y Magíster en Salud Pública con énfasis en Salud Global de la Universidad de Harvard. Es Profesor de Cátedra en Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Rosario, así como Investigador Visitante en la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de Harvard. Actualmente es investigador principal en el área de Justicia Económica. Orcid: https://orcid. org/0000-0002-7179-128X Diana Guarnizo Peralta PhD en Derecho y LLM en Derecho Internacional de

los Derechos Humanos de la Universidad de Essex. Abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en investigación, litigio y protección de derechos socioeconómicos, particularmente el derecho a la salud y a la alimentación. Actualmente se desempeña como directora del área de Justicia Económica. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7615-7475

Territorio wayuu: entre distancias y ausencias Pobreza alimentaria, malnutrición y acceso a agua potable en los entornos escolares de Uribia

Julián Gutiérrez Martínez Ana María Narváez Olaya Johnattan García Ruiz Diana Guarnizo Peralta

IGUALDAD

DERECHOS

SOCIO HUMANOS ECONÓMICA documentos/ al rop Gutiérrez Martínez, Julián.

Territorio wayuu: entre distancias y ausencias. Pobreza alimentaria, malnutrición y acceso a agua potable en los entornos escolares de

Uribia / Julián Gutiérrez Martínez, Ana María Narváez Olaya, Johnattan García Ruíz, Diana Guarnizo Peralta. -- Bogotá: Editorial Dejusticia, 2021. 138 páginas; gráficas; ilustraciones; 24 cm. -- (Documentos; 67) ISBN 978-958-5597-80-8 1.Desigualdad 2. Alimentación 3. Agua potable 4. Wayuu 5. Uribia.

I. Tít. II. Serie.

Documentos Dejusticia 67

TERRITORIO WAYUU: ENTRE DISTANCIAS Y AUSENCIAS

Pobreza alimentaria, malnutrición y acceso a agua potable en los entornos escolares de Uribia

ISBN: 978-958-5597-81-5 Versión digital

ISBN: 978-958-5597-80-8 Versión impresa

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia Calle 35 Nº 24-31, Bogotá, D.C.

Teléfono: (57 1) 608 3605

info@dejusticia.org https://www.dejusticia.org Este texto puede ser descargado gratuitamente en https://www.dejusticia.org Licencia Creative Commons 4.0 Internacional Atribución - No Comercial - Compartir Igual Revisión de textos: María José Díaz Granados Ilustración y diseño de cubierta: Elizabeth Builes

Ilustraciones interiores: Geison Castaneda Perico y Luisa Cruz

Preprensa: Diego Alberto Valencia

Impresión: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S.

Bogotá, D.C., julio de 2021 Contenido

POBREZA Y DESIGUALDAD

SOCIOECONÓMICA EN COLOMBIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS ....................................................................9

Vivian Newman Pont Diana E. Guzmán Rodríguez INTRODUCCIÓN .............................................................................25

1. MARCO TEÓRICO ..................................................................31 1.1 Pobreza alimentaria, seguridad alimentaria y calidad del alimento .........................................................31 1.2 Entornos alimentarios y la importancia de los entornos escolares .............................38 1.3 Desigualdad económico-geográfica, pobreza y acceso a alimentos de calidad .........................40

2. DISEÑO METODOLÓGICO .....................................................45

3. EL PUEBLO WAYUU Y LA EXTREMA DESIGUALDAD

EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA ...............................52 3.1 El pueblo indígena wayuu: un contexto general ............................................................52 3.2 Cifras de pobreza, acceso a agua potable e inseguridad alimentaria .....................................55

4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO ............................68 4.1 Observación en territorio: contexto local y escolar indígena ......................................68 4.2 Entrevistas semiestructuradas ..................................74

Documentos Dejusticia 67 7

5. DISCUSIÓN ............................................................................91 5.1 Desigualdad económico-geográfica en el territorio wayuu ...........................................................91 5.2 Desigualdad y seguridad alimentaria en los entornos escolares de Uribia ..................................94 5.3 Desigualdad y acceso a agua potable en los entornos escolares de Uribia ...............................102 5.4 Desigualdad, pobreza alimentaria y double-duty actions ........................................................105

CONCLUSIONES ..........................................................................110

REFERENCIAS ..............................................................................117 8 Territorio wayuu: entre distancias y ausencias

POBREZA Y DESIGUALDAD

SOCIOECONÓMICA EN COLOMBIA

DESDE UNA PERSPECTIVA DE

DERECHOS HUMANOS

COLECCIÓN DEJUSTICIA 2021

Vivian Newman Pont1 Diana E. Guzmán Rodríguez2 “La gente se cansó de morirse de hambre”, “porque en estos barrios la gente almuerza, pero no cena”, por eso, hoy salen a protestar como un ejercicio de dignidad y solidaridad… Así describen Efraín y Julián las movilizaciones de Puerto Resistencia, ese espacio entre barrios en Cali en el que convergen personas diversas, especialmente jóvenes, en una lucha

colectiva contra las injusticias que perciben. María Camila, otra de las manifestantes, habla además de la falta de oportunidades, de educación de calidad y de empleo como factores fundamentales para entender las movilizaciones (Caracol Radio, 2021). Estos son algunos de los elementos comunes a las protestas que se tomaron Colombia desde el 28 de abril de 2021 y que a junio de 2021, cuando esta colección entró a imprenta, se convirtieron en un escenario de represión policial, que creó una crisis caracterizada por violaciones graves de los derechos humanos, decenas de muertos, más de cien desaparecidos y miles de heridos (Defensoría del Pueblo, 2021). Los reclamos de quienes protestan son múltiples, pero la pobreza y la desigualdad socioeconómica son protagonistas ineludibles del descontento social de la gente en las calles. La pobreza y la desigualdad no son fenómenos nuevos en el país. Por el contrario, son problemas estructurales. En los últimos 30 años, Colombia ha sido uno de los países más desiguales de América Latina y el mundo

1. Directora de Dejusticia.

2. Subdirectora de Dejusticia y Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia.

Documentos Dejusticia 67 9 (Cepal, 2019, p. 22). Esto se ve reflejado, entre otros, en que el ingreso per capita promedio en el decil más pobre de la población es de 54 mil pesos (15 dólares aprox.) y en el decil más rico es de 2.6 millones de pesos (694 dólares aprox). Esta desigualdad, como desarrollaremos más adelante,

tiene consecuencias negativas en múltiples niveles. Por ejemplo, genera mayor polarización y afecta tanto la cohesión social como las tasas de crecimiento (Ostry y Berg, 2011). Esta enorme desigualdad resulta aún más problemática en un contexto como el colombiano, en el que los índices de pobreza son muy elevados. A 2019, el 35,7 % de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 9,6 % estaban en la extrema pobreza (DANE, 2021), es decir, que no podían, entre otros, consumir las calorías necesarias para tener buenas condiciones de salud. La crisis generada por el coronavirus en 2020-21 ha expuesto e incluso profundizado estos dos fenómenos. A pesar de los programas sociales desarrollados por el gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria del covid-19, en 2020 la pobreza monetaria aumentó 6,8 puntos porcentuales en relación con el año anterior, llegando al 42,5% de los colombianos (DANE, 2021). Además, un 30 % está en riesgo de caer en la pobreza. Hoy, 21,02 millones de personas viven en condiciones de pobreza y de ellas 7,47 en extrema pobreza. Además, Colombia aumentó su coeficiente de Gini para el total nacional de 0,526 en 2019 a 0,544 en el 2020 (DANE, 2021). Las razones que han llevado a la profundización de la pobreza y la desigualdad durante la pandemia son múltiples. Medidas de confinamiento y otras restricciones a la movilidad hicieron que los hogares que dependían de la economía informal (que representaban más del 60 % de los trabajadores) enfrentaran profundas restricciones para salir a trabajar, y que la clase vulnerable, es decir, aquella en riesgo de caer en pobreza monetaria, perdiera el empleo (DANE, 2021). En contraste, mientras miles de negocios cierran y se empobrecen, sin ahorros ni acceso a crédito o a capital humano, el proceso de acumulación de riqueza en las manos de una pequeña élite económica parece haberse fortalecido (World Economic Forum, 2020). Más allá de estas razones coyunturales, de fondo subyace la incapacidad que ha tenido nuestro Estado para redistribuir la riqueza. Esto se debe, entre otros factores, a la ausencia de suficientes redes de protección social del Estado central (v. gr. pensiones y prestaciones por desempleo) en una economía de altísima informalidad laboral, bajos niveles de gasto social, en especial en las regiones apartadas, y un gran fracaso 10 Territorio wayuu: entre distancias y ausencias en la recolección y la distribución de impuestos (Busso y Messina, 2020). De hecho, las políticas del Estado no han permitido lograr caídas en la desigualdad, pues se han basado principalmente en impuestos indirectos, que son regresivos, y menos en un gasto social que permita redistribuir la riqueza (Monitor Fiscal, 2017). ¿Pueden los derechos humanos ayudar a enfrentar la pobreza y la desigualdad socioeconómica y mitigar sus efectos? Esta colección de textos, diversos tanto en sus temáticas como en sus metodologías, se articula en torno a la idea de que los derechos humanos tienen un potencial importante para pensar la transformación de una realidad social profundamente marcada por la pobreza y la desigualdad. Además de ofrecer una poderosa narrativa que contribuye a que distintos grupos sociales se articulen en torno al cambio y la justicia social, los derechos humanos brindan una perspectiva analítica que permite profundizar diversas dimensiones de estos fenómenos que suelen ser ignoradas en los análisis economicistas que dominan las políticas públicas en estos temas. Además, esperamos que estas reflexiones contribuyan a la transformación y la ampliación de las herramientas de derechos humanos para enfrentar la pobreza y la desigualdad de manera integral y efectiva. En este prólogo explicamos algunos de los presupuestos conceptuales que orientan los distintos estudios de esta colección. Así, luego de introducir brevemente cómo entendemos la pobreza y la desigualdad socioeconómica en la primera parte, en la segunda sección nos concentramos en la pregunta sobre por qué resulta importante para una sociedad enfrentar estos dos fenómenos. En la tercera parte explicamos por qué abordarlos desde los derechos humanos. Finalmente, la cuarta sección presenta los estudios que conforman la colección. 1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pobreza y desigualdad socioeconómica? La pobreza y la desigualdad socioeconómica son fenómenos complejos y profundamente relacionados, aunque conceptualmente diferenciables. La aproximación tradicional a la pobreza la entiende y mide a partir del nivel de ingresos. Sin embargo, aunque la dimensión monetaria de la pobreza es necesaria para entender el fenómeno, resulta insuficiente, pues,

“diferentes personas pueden tener muy diferentes oportunidades de convertir el ingreso y otros bienes primarios en característica de la buena vida Documentos Dejusticia 67 11 y en el tipo de libertad valorada en la vida humana” (Sen, 2010). En los últimos años se ha introducido la noción de pobreza multidimensional, la cual permite dar cuenta de las múltiples desventajas que enfrentan quienes viven en la pobreza (Red de Pobreza Multidimensional, 2021) y que impiden que puedan satisfacer sus necesidades humanas básicas. La desigualdad, por su parte, es un concepto fundamentalmente relacional, pues parte de la comparación de los niveles de acceso a la satisfacción de necesidades, así como a bienes y servicios, entre dos o más personas o grupos de personas. En Colombia, siguiendo la tendencia internacional, la desigualdad socioeconómica ha sido analizada a través de la desigualdad en el ingreso, la concentración de la riqueza y activos como la tierra, y se ha medido a través del coeficiente de Gini (DANE, 2019; Ibáñez y Muñoz, 2011; Bonet y Meisel, 2009). Estos estudios, aunque claves para entender la extensión y las dinámicas de la desigualdad socioeconómica, suelen desconocer otras de sus dimensiones. Esta colección entiende pobreza y desigualdad socioeconómica como fenómenos multidimensionales. Siguiendo al nobel de economía Amartya Sen, sostenemos que los estudios tanto de la pobreza (Sen, 2010) como de la desigualdad socioeconómica deben ir más allá de la carencia de y de las disparidades en el ingreso, pues concentrarse solo en su dimensión monetaria omite las diferencias estructurales que puede haber por las características propias de cada individuo. Por ejemplo, no tiene sentido luchar por que dos personas tengan el mismo ingreso si una de ellas tiene una enfermedad que le representa un gasto superior. Así, entendemos pobreza como la “privación de capacidades básicas”, no solo como privación relativa de ingresos (Sen, 2000), y asumimos la desigualdad socioeconómica como las disparidades entre individuos (o grupos) en lo que respecta a las oportunidades de vida, la cobertura de las necesidades básicas, los mínimos recursos para acceder a bienes y servicios deseables y las capacidades y poder (Sen, 1997). Este concepto de desigualdad socioeconómica incluye disparidades de ingreso, consumo, riqueza, educación, salud, poder económico, entre otros (Sen, 1997). Se trata, entonces, de dos conceptos multidimensionales y diferenciables que parten de la ausencia de oportunidades o de acceso a unos mínimos de “capacidades” necesarios para el desarrollo de cada persona. Con el fin de profundizar nuestros análisis sobre la desigualdad socioeconómica, incluimos una perspectiva adicional, que es la diferencia entre la desigualdad vertical y la horizontal. Mientras que la vertical se 12 Territorio wayuu: entre distancias y ausencias refiere a la desigualdad entre individuos u hogares (Steward et al., 2009), como la distribución de riqueza o ingresos, la horizontal consiste en disparidades severas entre grupos culturalmente diferenciados (Stewart, 2005). Aunque la mayoría de los estudios en esta colección analizan pobreza y desigualdades verticales, en algunos casos exploran también la horizontal. Algunas de nuestras investigaciones incluyen, además, una perspectiva interseccional. Así, estos estudios exploran las profundas y complejas interrelaciones que existen entre la desigualdad económica y otras desigualdades sociales y culturales como las de género, etnia y raza, por ejemplo. 2. ¿Por qué nos concentramos en pobreza y desigualdad socioeconómica? La pobreza es identificada como un problema central de la agenda de la mayoría de los países alrededor del mundo. De hecho, el primero de los objetivos del desarrollo del milenio (ODM) es erradicar la pobreza extrema y el hambre (PNUD, 2021). Esto no es menor, pues los ODM fueron acordados por los 192 miembros de Naciones Unidas y algunas organizaciones internacionales, lo cual refleja la existencia de cierto consenso global en torno a la importancia de reducir la pobreza. Este consenso ha sido posible en virtud del reconocimiento de los efectos devastadores que esta tiene tanto para las personas que la padecen de manera directa, como para las sociedades y economías nacionales. La pobreza está asociada a una experiencia de profundo sufrimiento humano (Farmer, 1996) y a la imposibilidad de gozar de las libertades que permitan la realización de las personas (Sen, 2000). La pobreza, entonces, imposibilita la vida digna y el desarrollo de las capacidades humanas, lo cual justifica por qué es fundamental entenderla, enfrentarla y eliminarla. En contraste con el consenso en torno a la erradicación de la pobreza, al menos la extrema, la desigualdad socioeconómica suele ser asumida en debates públicos como el resultado de decisiones individuales o de capacidades diferenciadas. Sin embargo, esta colección parte de la idea de que la desigualdad socioeconómica debe ser también enfrentada y reducida, pues se trata de un fenómeno con impactos negativos en la economía, las sociedades e incluso en el sistema político. De hecho, la desigualdad económica es, junto con el cambio climático, uno de los grandes problemas sociales de nuestra época (Wilkinson y Pickett, 2010). Documentos Dejusticia 67 13 Primero, la desigualdad socioeconómica tiene un efecto negativo en el crecimiento económico. La relación entre desigualdad y crecimiento ha sido tema ampliamente analizado en la economía del desarrollo, con conclusiones divergentes. Mientras que la perspectiva clásica sostenía que la desigualdad era positiva para el crecimiento (Kaldor, 1955) y la neoclásica la consideraba irrelevante para producir o inhibir el crecimiento (Kuznets, 1955), la perspectiva moderna resalta el efecto adverso de la desigualdad sobre el proceso de desarrollo (Barro, 1999). Múltiples estudios que hacen parte de esta perspectiva moderna han desafiado los postulados de Kuznets que influenciaron de manera significativa el debate económico desde mediados del siglo XX. La curva de Kuznets sugería que la relación entre desigualdad y desarrollo podría ser descrita con una U inversa, pues a medida que los países se desarrollan se profundiza la desigualdad, pero

una vez el desarrollo avanza la desigualdad se nivela. Acemoglu y Robinson (2002), por ejemplo, sostienen que esta curva no permite describir procesos de desarrollo más allá de Europa (como en el desastre autocrá- tico de América Latina y el milagro asiático) y que, por el contrario, lo que realmente determina la relación entre desigualdad y desarrollo son factores políticos. Aunque los estudios que hacen parte de esta perspectiva moderna no coinciden con cuál es el mecanismo que explica el efecto negativo de la desigualdad en el crecimiento, sí han producido evidencia empírica que enfatiza dicho efecto negativo.3 Segundo, la desigualdad socioeconómica tiene profundos efectos en el bienestar común e individual. Por ejemplo, genera menos movilidad social (Krueger, 2012), lo cual puede crear frustración y problemas sociales posteriores. Además, de acuerdo con el análisis de Wilkinson y Pickett (2010), la desigualdad socioeconómica genera resultados que hacen a los países socialmente disfuncionales. Por ejemplo, las sociedades

3. Al respecto, Stiglitz identifica tres mecanismos: primero, las personas que se encuentran en la parte baja de la distribución de ingresos no pueden explotar todo su potencial producto de la falta de acceso a oportunidades, lo que no permite maximizar el desarrollo de su capital humano, lo cual afecta el crecimiento económico futuro. Segundo, los Estados muy desiguales suelen invertir menos en bienes públicos que estimulan la productividad, tales como educación, infraestructura, transporte público o tecnología.

Tercero, la desigualdad, junto a una política monetaria relajada y una regulación débil, se convierten en burbujas en mercados las cuales resultan en recesiones (Stiglitz, 2016). Una revisión de los distintos mecanismos identificados en la literatura se puede encontrar en Galdor (2009). 14 Territorio wayuu: entre distancias y ausencias más desiguales tienen peores índices de salud y mayores tasas de deserción escolar. Asimismo, la desigualdad socioeconómica debilita el capital humano, fomenta la desconfianza social, menoscaba la solidaridad entre los ciudadanos, aumenta los niveles de violencia y genera mayor encarcelamiento. Al comparar los niveles de bienestar entre los países más ricos (y entre los cincuenta estados de Estados Unidos), los autores encuentran que los países más desiguales tienen peores indicadores de bienestar social, por lo cual, el gran problema contemporáneo de nuestras sociedades (y economías) no sería asegurar el crecimiento económico, sino reducir las brechas materiales entre las personas. Contrario a la creencia de que una mayor igualdad beneficiaría solamente a las personas más pobres dentro de una sociedad, este estudio asegura que beneficiaría a toda la sociedad, por ejemplo, a través de menores índices de violencia y mayor confianza social. Finalmente, la desigualdad socioeconómica puede afectar el Estado de derecho y la estabilidad del régimen político. Análisis conceptuales han sugerido, por ejemplo, que la desigualdad es un obstáculo para la consolidación del Estado de derecho y que, incluso, puede erosionar su integridad. Esto debido a que la desigualdad tiende a crear la invisibilidad del sufrimiento de amplios sectores de la sociedad, mientras promueve

la inmunidad de quienes son privilegiados frente a la ley, lo cual rompe los lazos sociales y afecta el cumplimiento de las normas (Vilhena, 2015). Otros autores resaltan que, en la medida en que el aumento de la desigualdad afecta negativamente el crecimiento económico (creando otros problemas económicos), genera riesgos para la democracia. Estos riesgos estarían relacionados tanto con el descontento social como con la desconfianza en un sistema democrático que no refleja el interés general, sino el interés de una élite económica con suficiente poder para manipular la ley a su favor (Stiglitz, 2012).

3. Desigualdad socioeconómica, pobreza y derechos humanos Si la desigualdad socioeconómica tiene efectos tan problemáticos como los descritos, ¿cómo enfrentarla y reducirla? Hasta ahora, las aproximaciones de política pública prevalecientes en Colombia y otros países han tendido a asumir la desigualdad como un asunto macroeconómico cuyas implicaciones sociales y políticas tienden a ser minimizadas. Así, las Documentos Dejusticia 67 15 conexiones entre desigualdad y derechos humanos se pierden del debate público y de los abordajes de política pública.

A pesar del escepticismo de algunos autores frente a las potencialidades del discurso y los mecanismos de derechos humanos para enfrentar la desigualdad económica (Moyn, 2018; Hopgood, 2014), los vínculos teó- ricos y empíricos entre los derechos humanos y la desigualdad son innegables. Aunque la desigualdad socioeconómica no implica una violación

directa de los derechos humanos, sí reduce los niveles de satisfacción de los derechos (Uprimny y Chaparro, 2019). Por ejemplo, países desarrollados pero desiguales como Portugal, Estados Unidos o el Reino Unido tienen peores resultados en la garantía de derechos que países desarrollados como Japón, Suecia o Noruega (Wilkinson y Pickett, 2010). Esto se manifiesta en mayores problemas en salud y deficiencias educativas que constituyen afectaciones a derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Igualmente, en la medida en que crea mayores niveles de violencia, reducción de la expectativa de vida y mayores tasas de encarcelamiento, genera violaciones de derechos civiles y políticos como la vida, la libertad y la dignidad humana. La concentración de ingresos y riqueza afecta las posibilidades de que los Estados cuenten con sistemas de tributación robustos que permitan desarrollar las condiciones institucionales para la garantía de los derechos humanos. Los ricos pueden manipular los sistemas legales a su favor y afectar la necesaria progresividad tributaria (Piketty, 2014), fundamental para la garantía de derechos, lo cual refleja problemas tanto de justicia distributiva como de justicia procedimental. Una extrema concentración de recursos es tan mala para la garantía de los DESC, como una extrema concentración de poder es dañina para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y peor aún si la concentración de recursos y de poder se refuerzan mutuamente (Uprimny y Chaparro, 2019). Además, como señala Philip Alston (2015), hay límites al grado de desigualdad que puede ser

reconciliado con las nociones de dignidad, igualdad y compromiso con los derechos humanos para todas las personas, por lo cual la desigualdad, además de ser un asunto económico, es un tema central de tales derechos. De acuerdo con esta perspectiva, además de dar voz a quienes padecen de manera directa la desigualdad y servir de herramienta de exigibilidad a los movimientos sociales comprometidos con la lucha contra esta y por la justicia social, los derechos humanos pueden desarrollar herramientas para repensar los problemas de desigualdad del país. 16 Territorio wayuu: entre distancias y ausencias En el caso de la pobreza, las conexiones con los derechos humanos son aún más evidentes. Desde el punto de vista conceptual, la pobreza ha sido reconocida como causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, así como una condición que conduce a nuevas violaciones (OACNUDH, 2012). La pobreza vulnera el derecho a la vida digna y, a la vez, se convierte en un obstáculo para la realización efectiva de otros derechos, con lo cual profundiza la injusticia social. De allí la importancia de pensarla desde los derechos humanos y en clave de identificar mecanismos destinados a erradicarla y, por esa vía, avanzar en la garantía efectiva de derechos.

4. El contenido de la colección Esta colección está compuesta por una serie de estudios que abordan tres preguntas fundamentales: ¿cómo experimentan diversas comunidades la pobreza y la desigualdad socioeconómica en Colombia?, ¿cuáles son los efectos de la pobreza y la desigualdad socioeconómica en el goce efectivo de derechos por parte de dichas comunidades? y ¿qué pueden hacer los derechos humanos para enfrentar y reducir la desigualdad socioeconómica?

Aunque estas son las preguntas orientadoras generales de los estudios, cada texto aborda preguntas específicas que concretan nuestra aproximación conceptual. Algunas de estas aproximaciones son de carácter empírico y localizado. Por ejemplo, ¿cómo se ven reflejadas las diferencias de ingreso en la calidad del aire que respiran los habitantes de Bogotá?, ¿cómo la desigualdad alimentaria afecta los derechos de los niños y las niñas de La Guajira?, o ¿existe desigualdad hídrica en sí misma o solo en contextos específicos de escasez? Otras preguntas son normativas. Por ejemplo, ¿debería haber un derecho fundamental de acceso a internet o a un servicio público esencial, incluso si son las dos caras de una misma moneda?, o ¿cómo y por qué implementar una renta básica feminista? A partir del análisis de dichas preguntas, esta colección pretende ofrecer un marco de derechos humanos para atender el llamado urgente de la pobreza y la desigualdad socioeconómica en Colombia. A la vez, nuestra aproximación reconoce que se requieren transformaciones en los mecanismos y las prácticas de los derechos humanos para lograr políticas públicas que resulten apropiadas para enfrentar estos fenómenos. Al respecto, algunos estudios enfatizan la importancia del principio de no discriminación y la obligación de cumplir con el estándar del máximo de los recursos disponibles, siguiendo la propuesta de Saíz y Oré Aguilar Documentos Dejusticia 67 17 (2016), mientras que otros formulan propuestas de política que incorporen indicadores de derechos humanos para que el seguimiento de las

políticas permita poner la garantía efectiva de derechos en el centro del debate. Usando metodologías principalmente cualitativas, estos estudios aportan nueva evidencia empírica al debate sobre la pobreza y la desigualdad socioeconómica en el país. Esto nos permite explorar y caracterizar otras dimensiones como la desigualdad en el acceso a servicios como la educación, y la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación. Además, los estudios de esta colección hacen una apuesta por entender y profundizar la relación entre derechos humanos y desigualdad, ampliando y profundizando la literatura nacional en la materia. Agradecimientos de las editoras Desde finales del año 2019 empezamos a discutir en Dejusticia la importancia de trabajar un eje transversal temático asociado a la desigualdad socioeconómica en Colombia. Desde entonces, toda la comunidad de Dejusticia ha respondido con entusiasmo y dedicación, así como con aportes cruciales bajo diversas modalidades para poder concretar la idea de esta colección de Derechos Humanos por la Igualdad Socioeconómica que hoy presentamos. Fueron fundamentales los aportes de muchos de nuestros aliados y aliadas en las investigaciones de campo, los comentarios de todo el equipo de investigación de Dejusticia en los diferentes seminarios y cursos de discusión de los textos que componen la serie, así como el engranaje del equipo institucional. En especial, queremos agradecer a Diana León, Valentina Rozo y Alejandro Rodríguez, quienes nos