DEJUSTICIA - El Estado en la periferia Historias locales de debilidad institucional

El Estado en la periferia Historias locales de debilidad institucional Javier Revelo Rebolledo Mauricio García Villegas (directores) Colección Dejusticia

EL ESTADO EN LA PERIFERIA

HISTORIAS LOCALES DE DEBILIDAD INSTITUCIONAL El Estado en la periferia Historias locales de debilidad institucional Javier Revelo Rebolledo Mauricio García Villegas (Directores) Javier Revelo Rebolledo, Mauricio García Villegas (Directores) El Estado en la periferia. Historias locales de debilidad institucional.

Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2018 248 p; 15 x 24 cm (Colección Dejusticia)

ISBN 978-958-5441-49-1 versión digital 978-958-5441-48-4 versión impresa

1. Colombia 2. Municipios 3. Estado 4. Descentralización 5. Capacidad estatal 6. Burocracia 7. Justicia 8. Conflicto armado 9. Construcción de paz 10. Estudios de caso

ISBN 978-958-5441-49-1 versión digital 978-958-5441-48-4 versión impresa Preparación editorial Marta Rojas Revisión de textos María José Díaz Granados Cubierta Alejandro Ospina Impresión Ediciones Antropos Ltda. Primera edición Bogotá, D.C., septiembre de 2018 Este texto puede ser descargado gratuitamente en http://www.dejusticia.org Creative Commons Licence 2.5 Atribución – No comercial – Compartir igual Dejusticia, 2018 Carrera 24 Nº 34-61, Bogotá D. C.

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www.dejusticia.org Agradecimientos Agradecemos a nuestros amigos y colegas en Dejusticia por su apoyo en la realización de este libro. Recibimos ayuda particularmente valiosa de Carolina Villadiego, Sebastián Lalinde, Sergio Chaparro, Laura Gutiérrez y Luis Felipe Cruz, con quienes elaboramos algunas de las ideas centrales que aquí desarrollamos. También agradecemos a María Adelaida Ceballos, quien no solo participó en la construcción de estas ideas, sino que nos ayudó en la edición final de varios capítulos. Los equipos de investigación y administración en su conjunto, y en particular César Rodríguez y Rodrigo Uprimny, nos ayudaron con valiosos comentarios hechos a los borradores del libro. A Ana María Arjona, Francisco Gutiérrez, Fernán Gonzá- lez, Teófilo Vásquez, Andrés Vargas, Juan Diego Restrepo, Clara Aramburo, Víctor Barrera, Andrés Aponte, Camila Carvajal, Roberto Ramírez, Samuel García y John Betancourt muchas gracias por ayudarnos a comprender las complejidades del Estado colombiano en las regiones seleccionadas. Finalmente, en los seis municipios visitados les damos las gracias a quienes nos recibieron y nos compartieron sus experiencias. Esperamos que, a pesar de la incertidumbre actual, se logre consolidar la calma que se vivía cuando hicimos el trabajo de campo. Por seguridad, obviamos sus nombres. Los errores los asumimos con humildad y con muestra mejor voluntad para aprender y mejorar. Contenido Agradecimientos 5 Introducción 10 Mauricio García Villegas, Javier Revelo Rebolledo

Capítulo 1 Estudio preliminar 26 Javier Revelo Rebolledo, Mauricio García Villegas La debilidad del Estado local 28 Tipología de municipios 29 Las trayectorias históricas de los municipios estudiados 36 - Trayectoria 1 (San Vicente del Caguán y Gaitania) 37 - Trayectoria 2 (Puerto Asís) 38 - Trayectoria 3 (Tarazá) 39 - Trayectoria 4 (Turbo) 40 - Trayectoria 5 (San Jacinto) 40 Las dimensiones del Estado en los municipios estudiados 41 La construcción del Estado local 42 Capítulo 2 San Vicente del Caguán: la estabilidad del orden paralelo 50 Javier Revelo Rebolledo Aspectos generales de San Vicente del Caguán 51 San Vicente del Caguán durante la zona de distensión 55 - El Estado que llega, se va y se queda 55 - La gente que llega, se va y se queda 57 - El orden social y político durante el despeje 59 San Vicente del Caguán después de la zona de distensión (2004-2016) 63 - De la retoma a la seguridad democrática 63 - Una nueva distensión gracias a los diálogos de paz 67 Conclusión 75 Capítulo 3 Gaitania: el orden paralelo en lo rural 80 Nicolás Torres Echeverry Sociedad, economía y conflicto en Gaitania 81 - Una tierra fértil de indígenas y campesinos 81 - La hegemonía guerrillera (1992-2003) 84 - Entre el ejército y la guerrilla (2004-2010) 88 - Los diálogos y la firma del acuerdo

de paz (2010-) 91 El orden paralelo en Gaitania 93 - Impuestos, seguridad y justicia durante la hegemonía guerrillera 94 - El tránsito hacia el Estado Constitucional 97 Conclusión 99 Capítulo 4 Puerto Asís: la disputa de largo aliento 102 Javier Revelo Rebolledo Puerto Asís antes de la coca 103 La coca, las FARC y el Estado 105 Los paramilitares y el Estado (1997-2006) 109 - La estrategia contrainsurgente 109 - La política antidrogas y el petróleo 113 Puerto Asís después de las AUC (2006-2015) 116 - Conflicto, economía y sociedad 116 - El Estado local en Puerto Asís 119 Conclusión 127 Capítulo 5 Tarazá: entre la disputa y la cooptación 132 Natalia Duarte Mayorga Sociedad, mercado y conflicto en Tarazá 134 - El conflicto social y el poder guerrillero 134 - Del dominio guerrillero al dominio paramilitar 137 - La desmovilización paramilitar 142 El Estado local en Tarazá 143 - Del abandono a la violencia política (1970-1995) 143 - Orden, política antidrogas e influencia paramilitar (1995-2008) 145 - El Estado después de la desmovilización paramilitar (2008-2015) 147 Conclusiones 159 Capítulo 6 Turbo: estabilidad y cambio de la cooptación 164 Juliana Poveda Clavijo Entre el abandono y la parcialidad del Estado 166 La represión estatal en las décadas de los setenta y ochenta 169 La guerra de “todos contra todos” 171

La hegemonía paramilitar (2000-2006) 179 Los grupos posdesmovilización y el Estado en Turbo 185 - El poder y la riqueza “sin mucho ruido” 185 - El Estado en Turbo: entre la complicidad y la incapacidad 189 Conclusiones 192 Capítulo 7 San Jacinto: abandono estatal en tiempos de paz 200 Natalia Duarte Mayorga San Jacinto antes de las guerrillas (1930-1985) 202 San Jacinto durante el predominio guerrillero (1985-1995) 204 San Jacinto entre las AUC y las FARC (1995-2008) 208 El fin de la confrontación (2008-2016) 213 - Pacificación 213 - Los problemas del Estado 215 Conclusiones 225 Epílogo Rasgos sociojurídicos del Estado local 232 Mauricio García Villegas, Javier Revelo Rebolledo Según la relación del Estado con los poderes ilegales 236 - Competencia 236 - Colaboración 237 - Coincidencia 238 - Sustitución 238 - Subordinación 239 - Neutralización 240 Según el tipo de presencia estatal 240 - Intermitencia 241 - Segmentación 241 Según la capacidad estatal 241 - Impotencia 242 - Adaptación 242 - Ineficiencia 243 Autores 248

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Introducción Mauricio García Villegas Javier Revelo Rebolledo 11 nóiccudortnI Los enfrentamientos violentos, desplazamientos masivos y asesinatos de líderes sociales ocurridos después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)

entregaran las armas en varias regiones del país son una prueba de que enfrentar la violencia no solo depende de la implementación de los acuerdos de paz, sino también del fortalecimiento del Estado local. La paz negociada es una condición necesaria, pero insuficiente, para conseguir la paz en general. La otra condición (también necesaria e insuficiente) es la presencia del Estado. En la mitad del territorio nacional hay un Estado que solo existe en la letra de la ley, en el discurso político o en la nómina oficial. Un Estado al que nadie le cree, ni siquiera los funcionarios públicos, o los políticos que viven de él. Mientras no exista un Estado eficaz en los territorios, la violencia –incluso la violencia política– seguirá presente. La razón es esta: sin eso (un Estado eficaz) todos los demás atributos del Estado, en particular la legitimidad, se vienen al piso. La eficacia y la legitimidad del Estado son cosas distintas: puede haber instituciones eficaces que no son legítimas y viceversa. Pero eso solo pasa en la teoría jurídica; en la práctica, en cambio, ambas cosas se consiguen juntas y también se pierden juntas. Un Estado que se impone por medio de la fuerza, sin conseguir la adhesión de la población, termina por perder la capacidad que tenía para imponerse. Y un Estado legítimo que no logra imponer el orden o someter a las organizaciones ilegales termina con una población que le pierde el respeto. En la periferia de Colombia hay mucho de estas dos situaciones anómalas. La primera (eficacia sin legitimidad) ha sido

promovida por una política pública fundada en la idea de que la 12 odellobeR oleveR reivaJ ,sagelliV aícraG oiciruaM construcción del Estado local se consigue enviando a las fuerzas armadas para que combatan a los violentos. Esta política ha fracasado, bien porque esas fuerzas no consiguen acabar con esos violentos o, peor aún, porque terminan, en medio del conflicto, aliándose con alguno de ellos. En muchas oportunidades el Estado propicia la violencia que él mismo combate, sin éxito. La segunda (legitimidad sin eficacia) ha estado amparada en una política según la cual, en los territorios, el Estado local se consolida con la organización de elecciones, el fomento de la participación, la descentralización del poder o la entrega de subsidios. Los recientes homicidios de defensores de derechos humanos son una expresión clara de esta segunda situación, y ponen en evidencia los riesgos de esta práctica. Estas dos situaciones han producido la desafección de la gente. Un Estado que abusa de su poder para gobernar es tan poco digno como un Estado que no tiene poder para hacerlo. Pero en Colombia muchos suelen creer que lo único que importa es la legitimidad. Si el Gobierno es legítimo, se piensa, lo demás viene por añadidura: paz, progreso y justicia social. Tal vez por eso Colombia tiene una tradición política que se escandaliza con la tiranía y se desentiende de la anomia. Pero la falta de orden es una fuente de problemas tan grande o mayor que el despotismo (García Villegas, 2017). Un Estado legítimo que no es capaz de

imponer el orden es un Estado que se pervierte, entre otras cosas, porque termina capturado por esas organizaciones y, por esa vía, pierde la legitimidad inicial que tenía. No solo eso, es un Estado que alimenta a su propia competencia, y crea incentivos econó- micos y políticos para que otros hagan lo que él no hace: cobrar impuestos, impartir justicia, etc. El Estado colombiano no es igual en todas partes. Cambia según la geografía, las poblaciones, los recursos y la herencia social e institucional. En todos los territorios se encuentran alcaldías, juzgados, concejos municipales y personerías, pero eso no significa que cada una de esas entidades del Estado cumpla las funciones que la ley contempla para ellas. Es muy frecuente encontrar que detrás de la fachada institucional no hay nada, o casi nada; solo se halla el caparazón institucional, representado en sus formas, sus rutinas institucionales: se expiden decretos, se producen sentencias, se hacen diligencias, se presentan informes, 13 nóiccudortnI y hasta se captura a presuntos delincuentes. Pero detrás de esas rutinas no hay un Estado que haga cumplir la ley, que lleve los cometidos legales a la práctica. Dicho en otros términos: en buena parte de los municipios existe una disparidad entre las instituciones y las prácticas sociales. Hay una institucionalidad moderna (descentralización política y administrativa, jueces municipales, democracia representativa, etc.) que convive, en la práctica, con poderes locales (terratenientes, políticos clientelistas, paramilitares, narcotraficantes, etc.) que operan en contravía de esa institucionalidad, y afectan, neutralizan o anulan los propósitos contemplados en la Constitución y la ley. Con el fin de comprender las complejidades de esta brecha entre instituciones y prácticas sociales, así como sus diferentes manifestaciones en el territorio, en Dejusticia, desde hace una dé- cada, se viene impulsando una serie de proyectos de investigación atados por un mismo objetivo: entender el funcionamiento del Estado realmente existente en la periferia del país con el fin de presentar propuestas que contribuyan a su fortalecimiento. El primero de ellos estuvo destinado a estudiar la administración de justicia en zonas de conflicto armado, proyecto que buscó entrevistar a jueces que habían trabajado en regiones gravemente afectadas por la guerra, y a estudiar los datos de que dispone la justicia sobre el trabajo de esos funcionarios. De allí surgió el libro Jueces sin Estado, publicado en 2008, que llenó un vacío importante (relativo al funcionamiento de la justicia) en la literatura nacional sobre las dinámicas regionales del conflicto (García Villegas, 2008).1 La conclusión de ese libro es que la existencia de la justicia presupone la capacidad estatal. No basta con tener juzgados para tener justicia y para que todos los actores sociales estén sometidos a la ley. Se requiere, ante todo, de un Estado detrás de ellos, y de un Estado con ellos. Una parte importante de los jueces colombianos no cuenta con este presupuesto, es decir, con ese Estado fuerte que los respalde y los acompañe. 1 Al respecto ver, entre otros, Duncan (2006); Echandía (1999);

González, Bolívar y Vásquez (2002); Rangel (1999); Sánchez (2006). Los estudios sobre el funcionamiento de la justicia en zonas de conflicto armado eran excepcionales (Gaviria, 2000; Cárdenas y Steiner, 1998; Comisión Colombiana de Juristas, 1992, 2005; Montenegro, Posada y Piraquive, 2000; Uprimny y García-Villegas, 1999; Rubio, 1996, 1999). 14 odellobeR oleveR reivaJ ,sagelliV aícraG oiciruaM El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas que tuvo lugar durante la presidencia de Álvaro Uribe trajo una serie de ventajas militares debido al repliegue de las guerrillas y al aseguramiento de ciertas zonas que estaban en manos del crimen organizado. Sin embargo, la política de seguridad democrática tuvo grandes costos institucionales: por un lado, causó un deterioro del equilibrio constitucional de los poderes públicos2 y, por el otro, fomentó un tipo de clientelismo político apoyado en estructuras mafiosas y paramilitares de poder, lo cual fue conocido como “parapolítica”. A estos costos institucionales se sumaron las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas o por alianzas entre ellas y los grupos paramilitares (entre muchos otros, véase Gutiérrez, 2014). Muchas de las publicaciones académicas sobre el conflicto de esos años intentaron comprender y denunciar esas alianzas entre élites políticas y económicas, por un lado, y grupos paramilitares, por el otro (Garay, León-Beltrán, Salcedo-Albarán y

Guerrero, 2008; García, 2010; López, 2010; López y Sevillano, 2008; Sevillano, 2010; Valencia, 2007). Con la idea de dialogar y hacer avanzar esa literatura, en Dejusticia se estudiaron algunos problemas institucionales que habían facilitado esa influencia de los grupos paramilitares en el Estado y, más concretamente, se analizó el funcionamiento de las entidades estatales que debían haber frenado ese ascenso: jueces, fiscales y las entidades de la organización electoral. El libro Estado alterado (2010), presentó los principales resultados de este trabajo. Con este mismo enfoque también se participó en las investigaciones que se hicieron para el libro editado por Claudia López, Y refundaron la patria (2010). El gobierno de Uribe terminó en el año 2010 como consecuencia de una sentencia de la Corte Constitucional que prohibió una nueva reelección presidencial inmediata. En ese momento ya se sabía que la influencia de los paramilitares había seguido una lógica ascendente que arrancaba en el nivel local, para luego intentar llegar al Estado central. Decía alias El Alemán, por ejemplo, que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) primero 2 En el libro Mayorías sin democracia (2009) se muestra cómo el expresidente Uribe fue capaz de influir en buena parte de las entidades del Estado que estaban llamadas a controlarlo. 15 nóiccudortnI buscaron influir en las alcaldías y los concejos municipales, porque este nivel era “la base de la democracia” (Verdad Abierta, 2009, 11 de mayo). Por eso, el equipo de trabajo de Dejusticia empezó a estudiar el tema de la descentralización política, fiscal y administrativa. Fue así como, para comprender el funcionamiento real del Estado local y las consecuencias de la descentralización en la periferia, Dejusticia empezó a construir una base de datos con información oficial tanto de la administración de justicia como de las administraciones locales. Del análisis de esos datos surgió el libro Los Estados del país (2011), que propuso algunos indicadores de capacidad estatal y presentó algunas correlaciones. Pero quizás el principal producto de este esfuerzo de tipo cuantitativo se publicó en el año 2013, con el libro El Derecho al Estado, que mejoró los indicadores y sostuvo que en el país existía una violación masiva del derecho fundamental a tener Estado (un Estado legal y legítimo, por supuesto) y vivir en condiciones de orden y seguridad. En esos años otros investigadores, con enfoques teóricos y metodológicos muy diferentes, también publicaron importantes trabajos en donde se enfatizaba la enorme diversidad regional del conflicto armado, así como la gran disparidad de la presencia estatal en el tiempo y en el espacio (ver, entre muchos otros, Aguilera, 2014; González, 2008, 2014; Grupo de Memoria Histó- rica, 2013; Torres Bustamante, 2011). Todos estos trabajos sirvieron para construir un consenso básico que puede ser sintetizado en los siguientes términos: la consolidación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia depende, en buena medida, de la construcción de estados locales, legítimos y participativos en la periferia del país (una promesa incumplida por más de dos

siglos de vida republicana), lo cual, a su turno, necesita del reconocimiento de las particularidades de las regiones que han sido gravemente afectadas por el conflicto armado. En el 2013, con el avance de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, el Gobierno planteó la necesidad de construir una “paz territorial”, que en buena medida recogía este consenso académico y social sobre la construcción del Estado local.3 Los 3 Según Sergio Jaramillo, exalto comisionado para la Paz, la “paz territorial” busca construir instituciones para garantizar los derechos 16 odellobeR oleveR reivaJ ,sagelliV aícraG oiciruaM avances en las negociaciones de paz le dieron un nuevo impulso a esta agenda de investigación. Al interés inicial, sobre todo descriptivo, destinado a comprender la situación de los municipios en la periferia, se sumó el debate de política pública sobre los mecanismos necesarios para construir estados locales capaces de sustentar una paz estable hacia el futuro. En este contexto, el equipo de investigación de Dejusticia se dio a la tarea de repensar los hallazgos, mejorar los indicadores y actualizar las bases de datos para proponer una priorización de municipios y estrategias para la construcción de Estado en municipios claves para la paz.4 El sentido de la priorización que se propuso, como era de esperarse, giró en torno al funcionamiento de la justicia, en particular, y del aparato burocrático del Estado, en general. El principal resultado de este esfuerzo fue publicado en el libro Los territorios de la paz (2016). Todas estas investigaciones son importantes, pero tienen limitaciones que, en buena medida, se originan no solo en la precariedad de la información oficial disponible (lo cual es el primer indicio de la debilidad estatal), sino también en el tipo de información. Con las bases de datos cuantitativas es muy difícil mostrar diferencias territoriales y variaciones contextuales a través del territorio. Por ejemplo, las bases de datos son incapaces de reflejar problemas tan complejos como la cooptación institucional por parte de los grupos ilegales, y ello debido a la naturaleza clandestina del fenómeno. Las bases de datos tampoco permiten comprender las razones que explican la baja capacidad institucional, ni la complejidad de las interacciones entre el Estado y los poderes ilegales. Todo parece sugerir que los estudios de tipo cualitativo están mejor posicionados para comprender algunas especificidades locales, y entre ellas los mecanismos concretos de las personas en territorios que han sido duramente afectadas por el conflicto armado. “Para avanzar en esta dirección, hay que complementar el enfoque de los derechos con el enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr sino se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz” (Jaramillo, 2014). 4 Muchos otros investigadores han hecho ejercicios similares. Al respecto ver: González, Castañeda y Barrera (2017); González, Guzmán y Barrera (2015); Reyes Posada (2016); Valencia y Ávila (2016); Vélez (2015); Ávila y Londoño (2017). 17 nóiccudortnI que articulan las variables de interés, es decir, las relaciones entre

el Estado, entendido como organización y como norma jurídica, y los poderes ilegales que actúan a nivel local. La mayoría de los estudios regionales que se han hecho en el país se concentran en el análisis de las dinámicas de la confrontación armada, de la movilización social, del desarrollo regional o de la propiedad de la tierra. Son pocos los estudios regionales que utilizan un enfoque institucional, y menos aun los que ponen el acento en el rol de la administración de justicia y del aparato burocrático. Este libro intenta hacer justamente eso, y lo hace bajo el supuesto de que muchos de los problemas sociales que enfrentan los municipios, tales como el conflicto social (y armado), las movilizaciones campesinas, los conflictos de tierra, la minería ilegal, la corrupción, están originados en la presencia simplemente nominal del Estado (O’Donnell, 1993). Conscientes de este y otros problemas, se decidió llevar a cabo estudios detallados de casos municipales dispersos por el territorio nacional. Este libro, al igual que Los territorios de la paz, es el resultado de este nuevo proyecto. Fueron seleccionados seis municipios con trayectorias de conflicto armado muy diferentes, a pesar de que todos, según los indicadores de capacidad institucional utilizados en libros anteriores, tenían en el 2015 una baja capacidad estatal.5 Uno de esos municipios no tiene grupos armados ilegales, aunque en el pasado sí los tuvo (San Jacinto), otro tiene presencia simultánea de diferentes grupos armados ilegales (Puerto Asís), y otros cuatro tienen o tuvieron hasta hace poco presencia predominante, mas no exclusiva, de uno u otro actor:

Tarazá y Turbo en el caso de los grupos paramilitares y grupos posdesmovilización,6 y San Vicente del Caguán y Gaitania en el caso de las FARC (el Mapa 1 ilustra la ubicación geográfica de estos seis municipios). 5 En especial, ver los anexos 3, 4, 5 y 6 del libro Los territorios de la paz, que explican las características centrales de los indicadores y presentan un listado de 137 municipios con capacidad local crítica. 6 Este libro habla de grupos posdesmovilización para hacer referencia a los grupos armados que surgieron luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pues las alternativas existentes (bandas criminales, paramilitares o neoparamilitares) tienen una fuerte carga valorativa. Al respecto ver Centro Nacional de Memoria Histórica (2016). 18 odellobeR oleveR reivaJ ,sagelliV aícraG oiciruaM En este libro no se busca proponer una teoría general sobre la capacidad del Estado local, sino más bien comprender el impacto de las trayectorias históricas municipales ligadas al conflicto armado en el funcionamiento institucional y las complejidades cotidianas de dicho funcionamiento. El objetivo es ilustrar la gran diversidad de problemas (económicos, sociales, políticos y administrativos) relacionados con la debilidad institucional, todo ello a partir de una muestra de municipios que representa buena parte de la periferia y de las regiones que han sido gravemente afectadas por el conflicto armado (sur del Tolima, Bajo Cauca, Montes de María, Urabá y piedemonte amazónico). La selección de casos

no se hizo para comprobar una teoría previamente elaborada de forma deductiva, sino para representar la diversidad del país y avanzar en la elaboración de un marco analítico que pueda ser sometido a prueba en el futuro (Gerring, 2007). Para la elaboración de los estudios de caso se utilizaron fuentes secundarias, notas de prensa y bases de datos, todo lo cual fue complementado con entrevistas en profundidad que se hicieron en cada uno de los municipios estudiados. Cada municipio fue visitado en, como mínimo, dos ocasiones de aproximadamente una semana cada una.7 Todas las visitas de campo se hicieron entre el segundo semestre de 2015 y el segundo de 2016. En esa época ya había sido decretado un cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las FARC, pero el grupo guerrillero no se había dirigido a los lugares de concentración ni había dejado las armas. Tanto las historias municipales como la propuesta analítica fueron pensadas para ese momento específico. De ahí que la utilidad del libro no está en su valor periodístico, es decir, en la información detallada de los hechos de la historia reciente de cada uno de los seis municipios seleccionados. Los casos estudiados son fotografías de un momento que sirven para articular una explicación sobre el tipo de presencia estatal en estos municipios y sus relaciones con los pobladores. Así pues, el libro está compuesto por una serie de estudios etnográficos, pausados y sistemáticos, acompañados de una reflexión teórica (en 7 A cada municipio asistieron en promedio cuatro personas de distintas líneas temáticas de Dejusticia.

MAPA 1

Ubicación geográfica de los municipios escogidos FUENTE: Límites departamentales y municipales (Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial - SIG-OT), infraestructura vial (cartografía base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC), cultivos de coca año 2015 (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - Simci), zonas microfocalizadas en 2017 (Unidad de Restitución de Tierras), ductos y pozos de hidrocarburos (Sistema Ambiental de Colombia - SIAC). Elaboró: Ing. Nicolás Herrera Vargas. 21 nóiccudortnI construcción) que puede ser útil para idear estrategias diferenciadas de construcción estatal en el mediano y en el corto plazo. El trabajo de campo fue cuidadosamente coordinado, así como el proceso de escritura y edición que llevó a las versiones finales de los distintos capítulos. Si bien aquí se publican como textos de autor, el libro es mucho más que una compilación de capítulos. En promedio fueron entrevistadas veinticinco personas en cada uno de los seis municipios, entre funcionarios pú- blicos, líderes políticos y líderes sociales de distintas tendencias políticas. La mayor parte del tiempo el equipo de investigación permaneció en la cabecera municipal, y solo en algunas ocasiones visitó la zona rural. Siempre se buscó, sin embargo, entrevistar a personas que conocieran lo que ocurría en las veredas y los corregimientos. El caso de Gaitania es una excepción debido a que el trabajo de campo se hizo directamente en el corregimiento (Gaitania es uno de los dos corregimientos que tiene el municipio de

Planadas). A pesar de esta diferencia el caso se incluyó en este libro, pues permite comprender el papel del Estado en una región donde las FARC tuvieron una presencia histórica. En la revisión de fuentes se estudiaron de manera particular los siguientes aspectos de la vida municipal: la economía, la historia, la geografía, las dinámicas de poblamiento, el funcionamiento de las alcaldías y las entidades que administran justicia a nivel local y, por supuesto, el tipo de interacciones que las entidades del Estado tenían con los grupos ilegales. Referencias Aguilera, M. (2014). Contrapoder y justicia guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente en Colombia (19522003). Bogotá: Penguin Random House y Universidad Nacional de Colombia, IEPRI. Ávila, A. y Londoño, J. E. (2017). Seguridad y justicia en tiempos de paz. Bogotá: Penguin Random House. Cárdenas, M. y Steiner (eds.) (1998). Corrupción, crimen y justicia, una perspectiva económica. Bogotá: Tercer Mundo Editores. Centro Nacional de Memoria Histórica (2016). Grupos armados posdesmovilización (2006-2015). Trayectorias, rupturas y continuidades. Bogotá: CMNH. 22 odellobeR oleveR reivaJ ,sagelliV aícraG oiciruaM Comisión Colombiana de Juristas (1992). Justicia para la justicia.

Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas.

Comisión Colombiana de Juristas (2005). Ataques contra personas relacionadas con la administración de justicia en Colombia:

2004. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas.

Duncan, G. (2006). Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Bogotá: Planeta Colombiana. Echandía, C. (1999). El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia. Tomo I. Bogotá: Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Observatorio de Violencia. Garay, L. J., León-Beltrán, I., Salcedo-Albarán, E. y Guerrero, B. (2008). La captura y reconfiguración cooptada del Estado en

Colombia. Bogotá: Fundación Método, Fundación Avina y

Transparencia por Colombia. García, M. (2010). Bajo la mira de los actores armados. Contextos violentos, participación política e intención de voto en Colombia. En A. Rettberg, Conflicto armado, seguridad y construcción de paz en Colombia: cuatro décadas de Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Bogotá: Departamento de Ciencia Política-Uniandes. García Villegas, M. (ed.) (2008). Jueces sin Estado. La justicia colombiana en zonas de conflicto armado. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Dejusticia, Fundacióon Konrad Adenauer, the John Merck Fund. García Villegas, M. (2017). El orden de la libertad. Bogotá: Fondo de Cultura Económica. García Vil