DEJUSTICIA - Elogio a la bulla Protesta y democracia en Colombia

| Elogioa la bulla Protesta y democracia en Colombia Sebastián Lalinde Ordóñez | NOT "

DOCUMENTOS 49

SebaStián LaLinde Ordóñez Abogado de la Universidad EAFIT (Colombia), especialista en Gestión Pública de la Universidad de los Andes (Colombia), magíster en Sociología del London School of Economics and Political Science (Reino Unido) y magíster en Derecho Público de la Universidad de los Andes (Colombia). Fue investigador en el área de Sistema Judicial del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Entre sus publicaciones se encuentran: Sistema de justicia territorial para la paz (con Carolina Villadiego, 2017); Lecciones sobre cómo no hacer una reforma constitucional (con Rodrigo Uprimny, 2016); Requisas, ¿a discreción? Una tensión entre seguridad e intimidad (2015); Hacia un diseño que garantice en grado adecuado la independencia de la rama judicial y la mejor fórmula de selección de magistrados de altas cortes (2014); y Ante la justicia: necesidades jurídicas y acceso a la justicia en Colombia (con varios autores, 2014). Elogio a la bulla Protesta y democracia en Colombia Sebastián Lalinde Ordóñez Documentos Dejusticia 49 ELOGIO A LA BULLA. Protesta y democracia en Colombia

ISBN: 978-958-5441-86-6 Versión digital 978-958-5441-85-9 Versión impresa

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Revisión de textos: María José Díaz Granados

Preprensa: Marta Rojas

Cubierta: Alejandro Ospina

Impresión: Ediciones Antropos Ltda.

Bogotá, junio de 2019 Contenido Agradecimientos .......................................................................9 Introducción .............................................................................11 Metodología .............................................................................15 Estructura del texto ................................................................18

CAPÍTULO 1

LA PROTESTA SOCIAL Y SU VALOR EN UNA DEMOCRACIA ......21

Relevancia democrática de la protesta .............................23 Justicia constitucional y protesta social ............................28

CAPÍTULO 2

NORMAS JURÍDICAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA LA PROTESTA ....................................................35

La protesta social en el Código Penal ................................36 Regulación de la protesta en el Código de Policía ..........44 Inteligencia y contrainteligencia que inhiben la protesta ..........................................................66 Prohibición de huelgas en servicios públicos esenciales .................................................................................72 Prevención y efectividad de las protestas sociales .........76

CAPÍTULO 3

PATRULLANDO LA PROTESTA SOCIAL .............................................79

Uso de la fuerza .......................................................................79 Aprehensiones con fines judiciales .....................................84 Traslado por protección .........................................................88

CAPÍTULO 4

LA PROTESTA SOCIAL Y EL SISTEMA JUDICIAL PENAL ............91

Limitaciones del ejercicio cuantitativo .............................91 Noticias criminales a nivel nacional ...................................94 Noticias criminales a nivel departamental ........................99

Avance de los procesos penales ........................................102 Sanciones penales y medidas de aseguramiento .........107

CAPÍTULO 5

LA PROTESTA REGISTRADA

POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN .........................................109

Legitimidad social de la protesta ......................................116 Libertad de expresión y libertad de prensa frente al derecho a la protesta ...........................................117

CAPÍTULO 6

EXCESOS EN LA PROTESTA Y EN EL CONTROL POLICIAL .......119

Limitaciones del ejercicio cuantitativo ............................119 Abusos policiales ..................................................................121 Desconfianza recíproca entre policías y manifestantes .....................................................................137

CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES ...................................................................................151

CAPÍTULO 8

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA ..............................159

Dimensión normativa ...........................................................160 Dimensión policiva ................................................................163 Dimensión judicial ................................................................164 Dimensión mediática ...........................................................164 Dimensión de abusos recíprocos .......................................165 En fin… .....................................................................................167

REFERENCIAS ......................................................................................169

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO Agradecimientos Un borrador inicial de este texto fue discutido con varias personas, quienes me brindaron valiosos aportes que ayudaron a enriquecer la versión final. Agradezco especialmente a los investigadores de Dejusticia Vivian Newman, César Augusto Valderrama, Rodrigo Uprimny, César Rodrí- guez Garavito, Diana Rodríguez, Mauricio García Villegas, Isabel Pereira, Hobeth Martínez, Diana Isabel Güiza, Juan Sebastián Hernández, Mauricio Albarracín, Claret Vargas, Ana Jimena Bautista, María Adelaida Ceballos, Diana Guarnizo, Krizna Gómez, Daniel Marín, Margarita Martínez, Ana María Ramírez, Carlos Andrés Baquero, Carolina Gutiérrez, Alejandro Jiménez, Irina Junieles, Andrés Castro, María Ximena Dávila, Camila Bustos y Luis Felipe Cruz. Mención especial merece Carolina Villadiego, quien con paciencia leyó varias versiones de este libro y, después de cada lectura, me hizo importantes comentarios que me evitaron muchas equivocaciones e imprecisiones y me ayudaron a fortalecer las ideas. Los errores son terquedad mía. Al equipo administrativo de Dejusticia, que hace posible el trabajo investigativo, muchas gracias. En este sentido, agradezco el apoyo de Elvia Sáenz, Isabel de Brigard, Carolina Reyes, Claudia Ximena Gómez, Yaneth Vargas, Lucía Albarracín, Alexander Rojas, William Morales, Jazmín Mejía, Ady Luz Ruiz y Néstor Benavides. Finalmente, le doy las gracias a todas las personas a quienes entrevisté, que me atendieron con generosidad y me contaron sus experiencias, que son una parte fundamental de este libro. Documentos Dejusticia 49 9 VOLVER A TABLA DE CONTENIDO Introducción La evidencia cuantitativa recogida en este libro indica que el 2013 fue un año hito en la protesta social en Colombia. Según los registros del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) (2014, p. 5) sobre el nú- mero de protestas que tuvieron lugar entre 1975 y 2013, este último año fue el de mayor cantidad de protestas en el país. Asimismo, entre 2012 y

2016, el 2013 fue un año pico en las entradas de noticias criminales a la Fiscalía General de la Nación por los delitos de asonada, perturbación en servicio de transporte y obstrucción de vías públicas, delitos susceptibles de ser cometidos en el marco de la protesta social, a pesar de que los datos estadísticos consultados para esta investigación no permiten saber si estas entradas a la Fiscalía efectivamente se dieron en el contexto de manifestaciones públicas. En el mismo periodo transcurrido entre 2012 y 2016, el 2013 fue el año en el que la Policía Nacional realizó más capturas o aprehensiones con fines judiciales por estos mismos tres delitos. Acá me refiero a la sumatoria de las capturas o aprehensiones por los tres delitos en conjunto, y no a las capturas o aprehensiones por cada delito individualmente considerado. Además, 2013 es el año en el que la Policía más dinero gastó en comprar elementos para contener y controlar protestas sociales, como gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Sumado a lo anterior, el 2013 fue cuando la Defensoría del Pueblo recibió más quejas en contra del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), unidad de la Policía encargada de atender la protesta social. También en este mismo año se presentó un incremento significativo en relación con los demás años en el inicio de investigaciones disciplinarias en contra de agentes del Esmad por parte de los funcionarios de control interno de la Policía. La evidencia cualitativa, por su parte, coincide con estos hallazgos.

Miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Documentos Dejusticia 49 11 Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos entrevistados para esta investigación señalaron al 2013 como el año en que más detenciones y judicializaciones sufrieron como consecuencia de las movilizaciones sociales que se dieron para la superación de los problemas históricos que resisten las comunidades negras, indígenas y campesinas. ¿Qué características tuvo la protesta social en el 2013? En primer lugar, los trabajadores asalariados fueron los participantes en el 17 % de las manifestaciones; los estudiantes, en el 13 %; los campesinos, en el 12 %, y los trabajadores independientes, en el 11 %. Asimismo, los participantes fueron, en casi un tercio de las protestas de ese año, pobladores urbanos (Cinep, 2014b, pp. 6-7). En segundo lugar, las causas principales que activaron las protestas sociales durante el 2013, según la clasificación del Cinep, fueron las políticas públicas, en el 19 % de los casos; los servicios sociales de educación, salud, seguridad ciudadana, entre otros, en el 16 % de las protestas; los derechos humanos, en el 15 %; el incumplimiento de convenciones colectivas, pactos colectivos, leyes y acuerdos con los que se puso fin a protestas anteriores, en el 15 % de las manifestaciones, y aspectos relacionados con el hábitat, como tierra, vivienda, servicios públicos domiciliarios, infraestructura física y asuntos ambientales, en el 23 % de los casos (pp. 7-8). En tercer lugar, Bogotá y las capitales departamentales fueron las ubicaciones geográficas predominantes de las protestas. También fueron visibles “zonas con un tradicional conflicto agrario y de reciente apertura de actividades extractivas agropecuarias o minero-energéticas” (p. 8). A su vez, en el 2013 tuvo lugar el paro agrario, movilización que se desarrolló en varios departamentos del país –el cual incluyó la solidaridad urbana con los campesinos y condujo a protestas en ciudades–, que llevó a serios desabastecimientos de alimentos y a cierre de vías, y que produjo muertos, heridos y detenidos.1 Esta movilización fue liderada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, movimiento conformado por la unión de once organizaciones, tales como la ONIC, el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica. Entre sus peticiones resaltan un nuevo ordenamiento territorial y una reforma agraria integral; el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y negra para garantizar la soberanía alimentaria; un nuevo modelo minero-energético; el desmonte de la polí- tica contra las drogas y la represión contra los cultivos de coca, marihuana 1 Al respecto, ver Revista Semana (2013). 12 Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia y amapola; la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral; la garantía de los derechos sociales; la eliminación de las barreras entre ciudad y campo, y la solución política del conflicto.2 Estos datos me llevan a la siguiente discusión. Cualquier esfuerzo

legítimo e ilegítimo encaminado a contener la protesta plantea muchas preguntas y debe ser analizado con cuidado en la medida en que Colombia es un país comprometido normativamente con el respeto a la protesta social, como lo ordenan la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y pronunciamientos de organismos internacionales que han delineado guías y criterios para interpretar estas normas de derecho internacional. A esto se agrega que la protesta social cumple una función primordial en una democracia deliberativa gracias a su estrecho vínculo con el pluralismo, el disenso y la libertad de expresión. Simultáneamente, la protesta cumple un papel esencial en el control del poder político y puede ser un motor de cambio y transformaciones sociales. Como escribí en otro lugar (Lalinde, 2016), en una de sus crónicas reunidas en el libro Cristo con un fusil al hombro, Kapuściński (1975, pp. 109-110) recuerda que el silencio no presagia nada bueno. Así como una madre se preocupa cuando no escucha ningún ruido en la habitación de su hijo, la sociedad se debería preocupar cuando no escucha bulla en las calles. La razón es muy simple: los tiranos necesitan del silencio para que su actuación pase inadvertida; no les gusta que ninguna voz de protesta turbe su tranquilidad. De suerte que el poco o mucho respeto que tengan un Estado y una sociedad por la protesta social desnuda su talante autoritario o democrático. En un escenario en el que la protesta goza de una protección normativa importante, y en el que tiene tantas potencialidades de robustecer la democracia, causa perplejidad que en ciertas circunstancias llegue a ser objeto de un control excesivo, a juzgar por la coincidencia en el 2013 entre crecimiento de la protesta, por un lado, e incremento de su contención, por el otro. Aunque, como se verá en el desarrollo del texto, los datos cuantitativos tienen serias limitaciones que impiden alcanzar conclusiones fuera de toda duda razonable, al menos dan algunos indicios 2 Cumbre Agraria. Pliego de exigencias: mandatos para el buen-vivir, la democracia y la paz. Recuperado de http://www.cumbreagraria.org/web/ wp-content/uploads/2016/10/PLIEGO-CUMBRE-AGRARIA-FINAL.pdf Documentos Dejusticia 49 13 que se refuerzan con los hallazgos cualitativos. En esta investigación me pregunto, entonces, cómo se contiene o controla la protesta social en Colombia, cómo se abusa de este poder en algunos casos y, de manera importante, cómo este ciclo se refuerza debido a los excesos de algunos manifestantes, asuntos que en mayor o menor medida y apelando a distintas metodologías han sido tratados por la literatura revisada, pero que acá intento abordar de manera sistemática y más actualizada recurriendo a otras fuentes de información. Si bien es verdad que el control más visible de la protesta social se da en las calles cuando la Policía entra en acción con sus gases lacrimógenos y sus tanquetas, esta no es la única forma de contener y, a la postre, de desalentar la protesta. Hay otras, como la vigilancia electrónica, el uso de

agentes provocadores, el acoso físico, los arrestos masivos, la prohibición política, la tortura, los asesinatos selectivos, el genocidio, la estigmatización y la infiltración (Davenport, 2010, p. 75; Tilly y Tarrow, 2015, pp. 37-38). En esta línea de argumentación, mi tesis es que en Colombia existe un conjunto de herramientas para controlar la protesta que van más allá de la contención policial y que pasan por una contención normativa (conjunto de normas e instituciones jurídicas), judicial (prácticas de fiscales y jueces) y mediática (manera en la que los medios reportan), herramientas que podrían ser poco favorables a la protesta y que, eventualmente, podrían desalentarla.3 Esta investigación es especialmente sensible y actual en Colombia por al menos tres razones. La primera es que el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz que pone fin a una guerra de más de 50 años. Es posible que el fin de la guerra con este grupo guerrillero lleve a un incremento de la protesta social, como en efecto ha sucedido, según cálculos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2017), quienes hacen un seguimiento de prensa a manifestaciones de acción colectiva entre el 2013 y el primer semestre de 2017. En las 3 No conozco textos que examinen estas formas de contención a nivel comparado, de manera que pueda decirse que Colombia es un caso típico o un caso excepcional. Tampoco es la pretensión de este libro hacer un trabajo comparado. Sin embargo, Calderón (2012) muestra los niveles de

conflictividad social y de radicalización de las acciones de la protesta en algunos países de América Latina haciendo cruces por distribución del ingreso, por orientación ideológica de los países, entre otras variables, de manera que allí puede verse el comportamiento de Colombia con respecto a otros países. 14 Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia VOLVER A TABLA DE CONTENIDO últimas décadas, buena parte de los conflictos sociales se han expresado por la vía armada y, con el fin de la guerra, las reivindicaciones sociales deberían manifestarse por vías democráticas, siendo una de ellas la protesta social. La segunda es que la ampliación democrática y la revisión del marco normativo y las garantías para la manifestación pública son propó- sitos expresos del acuerdo de paz firmado con las FARC. De manera que entender el tratamiento que hoy recibe la protesta social en Colombia y la forma como debería ser regulada es esencial para el cumplimiento de los compromisos de paz. Además, en desarrollo del acuerdo de paz con las FARC se aprobó la Ley 1820 de 2016, que contempla amnistías, indultos, excarcelamientos y otros beneficios penales a favor de personas que hayan cometido delitos en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social. La tercera es que la declaratoria de inexequibilidad de todo el capítulo del Código de Policía sobre protesta social, en la Sentencia C-223 de 2017, abre una oportunidad para regular de manera más acertada y balanceada este derecho, lo cual es difícil no solo porque su ejercicio suele afectar gravemente a terceras personas que no participan en las manifestaciones (por los bloqueos de vías, por ejemplo), sino también porque la dinámica de la protesta en Colombia es muy compleja, pues

tanto el Estado como los manifestantes algunas veces incurren en abusos y excesos, lo que exige algún grado de control. A lo anterior se agrega que en el plano internacional la protesta social se ha vuelto muy valiosa actualmente tras la aparición de muchos gobiernos autoritarios. Tan es así que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual monitorea la implementación del PIDCP, decidió que su próxima observación general recaería sobre el artículo 21 del Pacto, relacionado con el derecho de reunión pacífica (United Nations Humans Rights, 2018). Metodología Esta investigación apela a la triangulación, combinando métodos cuantitativos y cualitativos con el fin de compensar mutuamente sus debilidades y reforzar los hallazgos. Así, la metodología tuvo esencialmente tres componentes. En primer lugar, se hizo un barrido documental por la literatura sobre protesta social; esto incluyó la revisión de estudios académicos nacionales e internacionales y el análisis de las normas jurídicas pertinentes. Adicionalmente, este ejercicio documental se nutrió de información recogida a través de peticiones formuladas a la Policía Nacional, el Ejército Documentos Dejusticia 49 15 Nacional, la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de Bogotá. La base de datos que mayoritariamente utilizo en el análisis sobre número de protestas sociales en Colombia es la del Cinep, debido a su robustez temporal al tener información desde 1975 hasta 2013. Otras

organizaciones, como la Defensoría del Pueblo y la FIP se han sumado más recientemente a este esfuerzo de contabilizar las manifestaciones en el país. Aunque tienen información más actual, pues el Cinep no ha publicado cifras posteriores al 2013, sus diferencias metodológicas impiden completar la información faltante de una base de datos con otra. Al respecto es elocuente el hecho de que el Cinep (2014, p. 5) reporta 1027 protestas en el 2013, mientras que la FIP (2017, p. 9) contabiliza 294 en el mismo año. A fin de tener un marco temporal suficientemente amplio para hacer comparaciones, la información cuantitativa que solicité en ejercicio del derecho de petición a la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de Bogotá corresponde al periodo entre 2012 y 2016. Sin embargo, no siempre estas entidades cuentan con información para dicho periodo de tiempo. En estos casos analizo la información de los años para los que pude conseguir cifras. Los datos que utilizo de la Fiscalía General de la Nación son aquellos publicados en el Sistema de Estadísticas en Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho, y que cubren desde el 2012 hasta el 4 de octubre de 2016. Los datos del Inpec que muestro provienen de la repuesta a una petición que Dejusticia había presentado antes para otra investigación y corresponden a cifras de los años 2010 a 2015. Si bien una posible limitación de esta investigación es que las cifras no están actualizadas, las normas referidas a la

protesta que tienen relación con estos datos no han cambiado, luego las tendencias que estas cifras muestran sobre la actuación de agentes del Estado en el contexto de manifestaciones públicas podrían mantenerse hasta hoy y, en caso de no mantenerse, la permanencia de la misma regulación hace que tal actuación estatal sea susceptible de volverse a presentar en cualquier momento hasta tanto no haya un cambio normativo significativo. El análisis de los datos cuantitativos es descriptivo en la medida en que resume las características de la información obtenida y apunta a representar tendencias generales. De manera que no se realizan ejercicios 16 Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia estadísticos más sofisticados que permitan identificar asociaciones entre variables y realizar predicciones. En segundo lugar, y tratando de cubrir varios actores involucrados en la protesta social, llevé a cabo entrevistas a expertos académicos,4 a un líder social,5 a miembros de organizaciones sociales,6 a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, a funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Cauca, a policías del Cauca, a funcionarios del Grupo para el Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de Derechos (GAEPVD) de la Personería de Bogotá, y a una persona experta en libertad de prensa y en medios de comunicación.7 En total, fueron 21 entrevistas semiestructuradas realizadas a lo largo del año 2017, algunas de las cuales fueron anónimas por razones metodológicas. Dado que en el análisis de las fuentes cuantitativas que se muestran en este texto el 2013 sobresale como un hito en la protesta social, muchas

de las entrevistas se realizaron en el Cauca, pues en este departamento confluyeron la minga indígena y el paro agrario, quizás los dos episodios de protesta más destacados de este año (Cinep, 2014, p. 12). Sumado a lo anterior, el Cauca ha sido un referente histórico de la protesta social en Colombia. Asimismo, Bogotá ocupa un lugar importante en la metodología de esta investigación y allí se realizaron varias entrevistas. La razón es que la protesta social, al menos cuando busca llamar la atención de las autoridades públicas, “privilegia las inmediaciones de los lugares de poder” (Fillieule y Tartakowsky, 2015, p. 25). En este sentido, la capital del país es epicentro de la mayoría de las manifestaciones que se realizan en Colombia. Así lo confirma el Cinep (2014, p. 8), quien señala que en Bogotá se realizaron la mayor cantidad de manifestaciones que tuvieron lugar en el país en el 2013. Según datos de la Defensoría del Pueblo recabados a través del ejercicio del derecho de petición, la mayoría de protestas realizadas en Colombia entre el 1 de enero de 2015 y el 16 de febrero de 2017 tuvieron lugar en Bogotá. 4 Martha Cecilia García y Víctor Andrés Barrera, investigadores del Cinep. 5 Feliciano Valencia, líder indígena nasa. Esta entrevista fue realizada conjuntamente con Natalia Arenas, periodista de La Silla Vacía, así que apartes de esta conversación fueron publicados en este portal. 6 ONIC, Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica.

7 Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Documentos Dejusticia 49 17 VOLVER A TABLA DE CONTENIDO Para el procesamiento de la información cualitativa, las notas y transcripciones de las entrevistas fueron codificadas utilizando etiquetas que corresponden a las variables de interés de esta investigación. Con el propósito de ilustrar y complementar información y cifras que en ocasiones parecen muy abstractas, estas entrevistas son utilizadas en varias partes del texto para ejemplificar esa información y esas cifras con casos concretos y experiencias de los entrevistados En tercer lugar, en Dejusticia se realizó un seminario interno con varios investigadores con el fin de socializar y discutir un borrador preliminar de este texto. Asimismo, dos pares académicos hicieron comentarios detallados al mismo. Producto de estos debates académicos, el texto fue revisado y ajustado para incorporar muchas de las observaciones y los comentarios. En general, la unidad de análisis de este proyecto es Colombia. Por ende, la información cuantitativa obtenida es recabada mayoritariamente a nivel nacional. Sin embargo, en algunos casos los datos a los que tuve acceso permiten hacer comparaciones a nivel departamental, lo que admite análisis más pormenorizados que dan cuenta de situaciones especí- ficas que ocurren en entes territoriales concretos. En esos pocos eventos en que los datos lo permiten, la unidad de análisis son los departamentos. En otros casos, la información requerida no es recogida y sistematizada por una sola autoridad, sino que, por ejemplo, cada municipio del país tiene sus propias cifras. Dado que la envergadura de estos datos supera el

alcance de esta investigación, muestro las cifras para Bogotá, debido a la centralidad que tiene esta ciudad en la protesta social en Colombia, pero reconozco que esta información no se puede extrapolar para todo el país. Asimismo, teniendo en cuenta que las entrevistas fueron realizadas únicamente en Bogotá y en el departamento del Cauca por las razones explicadas, la generalización de estos hallazgos cualitativos debe ser interpretada con cautela. Estructura del texto Para responder a la pregunta de investigación formulada, divido este texto en ocho capítulos. En el capítulo 1 se hace una aproximación conceptual a la protesta social, resaltando, de un lado, su relevancia y utilidad en una democracia y, de otro, la importancia de su estudio en un país en el que podría creerse que ella pierde protagonismo y cede ante la solidez de la justicia constitucional. En el capítulo 2 se estudian algunas instituciones 18 Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia jurídicas que pueden tener la potencialidad de desalentar el ejercicio del derecho a la protesta; esto es lo que he llamado contención normativa. En el capítulo 3 se analiza la contención policial, esto es, el tratamiento que la protesta social recibe cuando entra en contacto con policías. En el 4 se describe la reacción de fiscales y jueces cuando personas que participan en protestas sociales son involucradas en procesos penales, es decir, la contención judicial. En el capítulo 5 se examina la contención mediática, la forma como los medios cubren los eventos de protesta social y sus repercusiones en la legitimidad social de la protesta. En el capítulo 6 se examinan los abusos que tanto el Estado como los manifestantes cometen en el marco de la protesta. El capítulo 7 recoge unas conclusiones y el 8 ofrece algunas recomendaciones de política pública. Algunos capítulos están acompañados de digresiones en forma de recuadros, que contienen relatos de personas entrevistadas para esta investigación y cuyo objeto es ejemplificar o aclarar con hallazgos cualitativos la información que se viene exponiendo. Este texto está escrito de forma que los capítulos puedan leerse de manera independiente, a pesar de dialogar entre sí y converger para integrar un argumento general. El capítulo 1 hace las veces de marco conceptual y define qué es la protesta social, por qué debe ser protegida en una democracia y su relación con la justicia constitucional. El capítulo 2 es el más jurídico, de modo que, quien conozca las normas que regulan el ejercicio del derecho a la protesta social o no esté muy interesado en ellas y en su análisis crítico, puede saltárselo. De la misma forma, el lector que solo esté atraído por alguna de las modalidades de contención enunciadas puede remitirse al capítulo correspondiente. Quien se sienta seducido por los abusos estatales y ciudadanos que se cometen durante las protestas, el capítulo 6 aborda esta problemática. Mientras que los hacedores de política pública podrían tener mayor afinidad por consultar los capítulos 7 y 8 de conclusiones y recomendaciones. Esta forma de organizar el texto explica por qué varias de las recomendaciones que simplemente se enlistan en el capítulo 8 sin mayor explicación, son sugeridas, justificadas y desarrolladas en detalle en los capítulos que diagnostican el problema que

pretende corregirse con la respectiva recomendación de política pública. Documentos Dejusticia 49 19

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CAPÍTULO 1

LA PROTESTA SOCIAL Y SU VALOR EN UNA DEMOCRACIA1

En una democracia, la movilización política y la participación en el juego político no solo transitan por los canales usuales de representación (Congreso, asambleas, concejos) y de participación directa (referendo, plebiscito, consulta popular, cabildo abierto), sino que también pueden discurrir por otras v