DEJUSTICIA - Pandemia y género

DEL MIEDO

A LA

ACCIÓN

JENNY MÉNDEZ,

MARÍA XIMENA DÁVILA,

SANTIAGO CARVAJAL

Y NINA CHAPARRO

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE DE 2020

010#

PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ

ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES

PARA PROTEGER A LAS MUJERES

Y A LAS PERSONAS LGBT?

Editorial 1073-1172

NSSI del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES

PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS LGBT?

INTRODUCCIÓN 3

1. PRECARIZACIÓN DE TRABAJOS FEMINIZADOS 4

2. SOBRECARGA DE TRABAJO DE CUIDADO 8

3. AUMENTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Y VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 9

4. POLÍTICAS FOCALIZADAS EN LA POBLACIÓN LGBT 13

5. CONCLUSIONES 15

6. REFERENCIAS 17

7. AGRADECIMIENTOS 21

8. TABLA 22 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES

PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS LGBT?

Pandemia y género: ¿qué están haciendo los países para proteger a las mujeres y a las personas lgbt?

Jenny Méndez, María Ximena Dávila, Santiago Carvajal y Nina Chaparro INTRODUCCIÓN Las estadísticas muestran que los hombres son las principales víctimas mortales a

causa de la pandemia de covid-19 (1). Sin embargo, las noticias diarias también nos cuentan que esta pandemia no solo ataca la salud física de las personas, sino que recrudece las violencias en contra de las mujeres y las personas lgbt, y deja sin amparo económico a miles de familias, la mayoría compuestas por mujeres cabeza de hogar. En Colombia, por ejemplo, desde la implementación de las medidas de cuarentena obligatoria, en algunas ciudades se ha reportado un aumento de cerca del 200 % en las llamadas de denuncias de violencias de género (2), creció más el índice de desempleo de las mujeres (21,4), en comparación con el de los hombres (15,2)1 (3), y, del 90 % de trabajadoras domésticas que se encuentran en sus casas confinadas, la mitad no recibe ninguna remuneración2. Ante este panorama —que tristemente profundiza la crisis y aumenta las víctimas mortales de la actual pandemia—, los gobiernos de todo el mundo han empezado a diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en proteger a las mujeres y las personas lgbt. Ver la 1 Según el Dane, esta es la tasa de desempleo del mes de mayo de 2020 para mujeres y hombres. Hay una diferencia entre ambos géneros de 6,2 puntos porcentuales. 2 Encuesta realizada a 678 trabajadoras domésticas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena en el contexto de la pandemia (4). 3 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS LGBT? crisis desde el género, la sexualidad y las corrientes feministas ayuda a entender que

estas dos poblaciones están expuestas a riesgos particulares, no solo en esta, sino en cualquier situación de emergencia. En este breve documento, mostramos algunas políticas públicas novedosas que se han impulsado desde distintos gobiernos para responder a los retos que aquejan a las mujeres y a las personas lgbt durante la crisis actual. A grandes rasgos, las polí- ticas que mostramos en este documento buscan responder a cuatro grandes retos revelados por la pandemia: i) la precarización de trabajos feminizados y la afectación económica particular que viven las mujeres cabeza de familia; ii) la sobrecarga de trabajo de cuidado; iii) el recrudecimiento de la violencia doméstica y las violencias basadas en género; y iv) las afectaciones específicas a la población lgbt. Somos conscientes de que los problemas que afectan a las mujeres y a las personas lgbt no se limitan a los apremios que acá presentamos, sino que transitan en un espectro mucho más amplio. Por esa razón, nuestro análisis pretende dar respuesta únicamente a las problemáticas aquí estudiadas, sin desconocer que existen muchas otras que también necesitan respuestas de los gobiernos. Adicionalmente, este documento tiene un enfoque descriptivo y no pretende realizar una evaluación de las políticas que presenta. Nuestro objetivo es brindar un panorama sobre las iniciativas que los gobiernos están impulsando para responder a algunas de las necesidades de las mujeres y de las personas lgbt durante la emergencia de salud pública. Así, consideramos que este texto se aparta de la tendencia mayoritaria en los estudios sobre género y covid-19, los cuales han estado enfocados principalmente en realizar diagnósticos y visibilizar los efectos de la emergencia sanitaria. Este documento, por el contrario, presenta un mapeo que responde a la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo los gobiernos por proteger a las mujeres y a las personas lgbt en el contexto de la pandemia? Esperamos que las ideas que presentamos en estas páginas puedan ser una guía para la construcción e implementación de políticas enfocadas en la evidencia, situadas en las necesidades de cada contexto y, sobre todo, tendientes a beneficiar a estos dos grupos.

1. PRECARIZACIÓN DE TRABAJOS FEMINIZADOS PROBLEMÁTICA El brote de covid-19 ha hecho explícita la cruda situación del sector informal de la economía y la vulnerabilidad de quienes viven del día a día o no tienen seguridad la4 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS LGBT? boral. Ante las medidas de aislamiento obligatorio, muchas de estas personas están perdiendo la posibilidad de tener un sustento diario y, con eso, garantizar su mínimo vital. En este escenario, un gran número de mujeres que realiza trabajos precarizados, como el trabajo doméstico, y que en muchos casos tienen a cargo la jefatura del hogar, se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad.

En ese contexto, por ejemplo, el mínimo vital de esta población de mujeres se encuentra en riesgo. Sindicatos de trabajadoras domésticas como la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (utrasd) y organizaciones como la

Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado han denunciado que las trabajadoras domésticas se enfrentan a un “despido disfrazado” (4), pues sus empleadores no están solicitando sus servicios y tampoco les pagan. Según una encuesta de la Escuela Nacional Sindical (ens), “cerca del 90 % de las mujeres [trabajadoras domésticas] se encuentran en sus casas confinadas y, de ellas, alrededor del 50 % no reciben salario” (5). En este momento hay aproximadamente 687.716 trabajadoras domésticas sin garantías para la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional (6), pues no tienen seguridad social ni recursos para asumir obligaciones económicas como pago de arriendos, servicios y sostenimiento familiar. Es importante tener en cuenta que quienes ejercen este trabajo son mayoritariamente mujeres en estado de vulnerabilidad y la mitad de ellas son madres cabeza de familia (5). Como lo muestran los datos de la Gran Encuesta General de Hogares, el 4,9 % no tiene ningún nivel educativo, el 38,6 % terminó la primaria y el 22,5 % terminó el bachillerato. Adicionalmente, muchas de ellas son víctimas de la violencia armada y el desplazamiento (7). En la práctica, además, el trabajo doméstico está marcado por profundas brechas de desigualdad. A pesar de que existen leyes que garantizan el pago de seguridad social y la prima3, en realidad las trabajadoras están sumidas en una grave situación de precariedad socioeconómica. Según una investigación de la Escuela Nacional Sindical, el 61 % de las trabajadoras domésticas gana menos de un salario mínimo, el 77 % recibe alimentos como parte del pago en especie y el 99 % no recibe pago por horas extras (5). Asimismo, en 2016 se calculó que el 88,6 % de las relaciones laborales de servicio doméstico aún se realizaban mediante contrato verbal y únicamente alrededor de 66.000 trabajadoras contaban con un 3 Ver: Congreso de la República. Ley 1595 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011”; Congreso de la República. Ley 1788 de 2016 “Por medio de la cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para los trabajadores y trabajadoras domésticos”. 5 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS LGBT? contrato escrito. Finalmente, solo el 13 % de las trabajadoras domésticas en Colombia cotizan al sistema de salud y solo el 12 % cotizan al sistema de pensión (5). POLÍTICAS PÚBLICAS QUE RESPONDEN A LA PROBLEMÁTICA Renta básica La renta básica es una idea largamente discutida por distintos académicos y académicas de distintas disciplinas,4 así como por el movimiento feminista.5 En términos generales, la idea de la renta básica se ha discutido bajo la universalidad y la

focalización. Es así como una Renta Básica Universal (rbu) se refiere a “un ingreso garantizado por el Estado en tanto derecho de las y los ciudadanos para poder acceder a una canasta de bienes mínima que les permita subsistir” (8). Es decir, se trata de un ingreso mínimo encaminado a la protección de los derechos, la dignidad y el mínimo vital de todos los ciudadanos. En contraste, una renta básica focalizada es un ingreso mínimo para un grupo especialmente vulnerable. Dentro de algunas corrientes feministas, se ha defendido la idea de la renta básica universal e individual6, principalmente por cuatro razones: i) se cree que promueve la independencia económica de las mujeres (9); ii) se trata de un ingreso que puede ayudar a las mujeres a separarse de sus agresores (10); iii) contribuye a que las mujeres tengan un margen de negociación frente a sus parejas y jefes; y iv) beneficia directamente a las mujeres desempleadas, pobres y con trabajos precarizados (11). Sin embargo, las posiciones feministas también han señalado que la renta básica únicamente ayuda a las mujeres si reconoce y redistribuye equitativamente los trabajos reproductivos y de cuidado7. 4 Académicos como Erik Olin Wright, Augustin Cournot y el Keynesiano James Tobin fueron algunos de los pioneros contemporáneos en el tema del ingreso básico universal. 5 Feministas como Ailsa McKay, Ruth Lister y Carmen Castro García y organizaciones feministas como la Red de Renta Básica en España, presentaron el manifiesto a favor de la renta básica universal. Disponible en: https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/manifiesto-feministas-por-la-renta-basica

6 Una renta básica individual se refiere a que el ingreso es para cada persona y no está condicionado a un hogar o núcleo familiar. Varias feministas han defendido que la renta básica será para cada mujer, porque así no dependen de su esposo/compañero. También han defendido una renta básica universal porque acogería a las mujeres víctimas de violencia, quienes, en una renta básica focalizada, podrían quedar por fuera. 7 Algunas corrientes feministas critican la renta básica porque, si bien intentan mejorar las condiciones materiales de las mujeres, estas medidas no cuestionan la división sexual del trabajo, lo cual puede ahondar las desigualdades de género ya existentes, porque podrían concentrar aún más las labores de cuidado, en vez de distribuirlas. Por ello, se cuestiona que la renta básica pueda lograr un real empoderamiento y real autonomía de las mujeres, en términos de ingresos propios suficientes y uso del tiempo. Por ello, para 6 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES

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En el contexto de la pandemia de covid-19, la renta básica se ha convertido, al menos en el debate público, en una de las soluciones más discutidas para paliar los efectos de la crisis económica y de salud pública. En los últimos meses, ha resurgido en la agenda global y ha sido ampliamente discutida tanto en foros institucionales —como el parlamento británico (14)—, como en foros populares —como es evidente en los reclamos de movimientos sociales en el Sur y en el Norte Global8—. Actualmente, la discusión sobre renta básica ha llevado a que se aprueben ingresos mínimos vitales en dos países: Brasil y España. Por un lado, mediante el Real Decreto-ley 20/2020, el gobierno español aprobó el ingreso mínimo vital (imv), un monto de 440 euros dirigido a los hogares en situación de “pobreza severa”, que constituyen al menos un 20 % del total en ese país. Este ingreso mínimo vital tiene un enfoque directo sobre las mujeres más vulnerables. En sus Artículos 4, 5 y 7 flexibilizó los requisitos que deben cumplir las mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata y explotación sexual para acceder a este beneficio. Adicionalmente, el decreto estableció una prestación adicional del 22 % del imv para familias monoparentales que son constituidas mayoritariamente por mujeres (16). En Brasil, por otro lado, el Senado aprobó una renta básica de 600 reales (115 dólares) para ayudar a las familias con bajos ingresos ante la crisis económica provocada por la pandemia actual (17). Este subsidio aumenta al doble (1200 reales o 231 dólares) cuando la familia, por ejemplo, está constituida por madres cabeza de familia. La diferencia entre los dos países es que la renta básica de Brasil es una medida de emergencia temporal (solo por tres meses), mientras que la de España se proyecta a largo plazo. Estos dos países tienen en común que la renta básica es focalizada y no universal, es decir, se concentra únicamente en los sectores más vulnerables. Por otro lado, en países de África como Togo y Burkina Fasso han implementado

fondos y transferencias monetarias a las personas y familias que dependen del sector informal. Estas transferencias no necesariamente constituyen una renta básica, pero vale la pena resaltarlas por la priorización que tienen sobre las mujeres. Por un lado, el Gobierno de Togo ha establecido el esquema de transferencia de efectivo “novissi” para las personas que trabajan en el sector informal que hayan perdido o se encuentren en riesgo de perder sus ingresos por la crisis por covid-19. Estas transfeCarmen Castro García la renta básica debe estar acompañada por servicios públicos de cuidado y prestaciones de tiempo para el cuidado infantil. Para ahondar en las críticas, ver el trabajo de Anca Gheaus (12) y el de Carmen Castro García (13). 8 El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete económico de 2 billones, que busca ayudar a las empresas privadas y a los norteamericanos empobrecidos por la pandemia. Para ello, el secretario del tesoro Steven Mnuchin planteó girar cheques a las familias norteamericanas (15). 7 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS LGBT? rencias son mayores para las mujeres (12.250 fcfa o 21,7 dólares) en comparación con los hombres (10.500 fcfa o 18,06 dólares), y han beneficiado mayoritariamente a la población femenina (370.654), en comparación con la población masculina (196.348) (18). El Gobierno de Burkina Faso, por su parte, creó un fondo de solidaridad para beneficiar a las personas que trabajan en el sector informal y se le dio prioridad a las mujeres. Actualmente, el fondo de solidaridad asciende a 5 mil millones de fca (8.599.270 dólares) (19).

2. SOBRECARGA DE TRABAJO DE CUIDADO PROBLEMÁTICA Situaciones extraordinarias como una pandemia obligan a las familias a confinarse, dejando en manos de las madres y padres las labores de educación, cuidado y entretención de niños, niñas, personas mayores y personas en situación de discapacidad. Durante la vigencia de las medidas de aislamiento es inminente el aumento de las tareas de reproducción de la vida cotidiana (como lavar, planchar, cocinar, limpiar o mantener el entretenimiento y la salud mental de las familias). Esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres, pues son a quienes históricamente se les ha asignado este trabajo. En el caso de Colombia, como lo muestra la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Dane, las mujeres ocupan más de siete horas diarias en labores de cuidado no remunerado, mientras que los hombres ocupan menos de tres horas (20).

A la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado se suman las labores remuneradas que deben cumplir las mujeres que trabajan. La suma de trabajos remunerados y no remunerados genera la agudización de dobles y hasta triples jornadas en las que las mujeres deben hacerse responsables de la provisión económica, la estabilidad de los hogares y el cuidado de estos. Estas extenuantes jornadas de trabajo pueden afectar la salud mental de las mujeres, al quitarles tiempo para el esparcimiento

y el cuidado personal. El panorama se complica aún más si se piensa en las mujeres solteras que son jefes de hogar, pues no cuentan con un apoyo en la redistribución de ningún tipo de labor. A nivel nacional, según cifras del Dane, la jefatura de hogar a cargo de mujeres solteras alcanza un porcentaje del 40,7 % que puede acentuarse o atenuarse según la región: por ejemplo, en Cundinamarca el promedio ronda alrededor de 70 % a 75 %, mientras que en Nariño es mayor al 80 % (20). 8 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES

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POLÍTICAS PÚBLICAS QUE RESPONDEN A LA PROBLEMÁTICA Flexibilización, disminución o supresión de jornada laboral Distintos países han optado por la creación de políticas nacionales que flexibilizan, disminuyen o suprimen la jornada laboral para que las personas puedan dedicar parte de su tiempo al cuidado de sí mismas o de otras personas a cargo. Por ejemplo, en Bélgica, aquellas personas trabajadoras que acrediten deberes de cuidado respecto de su pareja o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, tienen derecho a acceder a la adaptación o reducción de su jornada laboral de acuerdo con sus necesidades (21). En Nueva Zelanda, crearon una licencia remunerada pagada por el Estado para aquellas personas trabajadoras que no pueden trabajar, ya sea por razones de salud, personales o porque deben cuidar de alguna persona (22). Finalmente, en Italia, quienes tienen hijos a cargo pueden acceder a permisos laborales o,

en el caso de que no sea posible la modalidad de teletrabajo, acceder a un subsidio para contratar a una persona cuidadora (23).

3. AUMENTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Y VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PROBLEMÁTICA Como lo hemos mostrado hasta ahora, la pandemia ha destapado las desigualdades más estructurales, las de más largo aliento. Y el caso de las familias y de las violencias que allí se producen no es la excepción. En Colombia, desde que empezó el confinamiento, hemos visto que los casos de violencia dentro de los hogares han tenido un aumento considerable y las principales víctimas han sido las mujeres, pues históricamente son quienes más se ven afectadas por este tipo de violencia. Según cifras del Instituto Nacional de Salud (ins), en 2020 se han reportado 48.345 casos de violencia intrafamiliar y violencias de género en Colombia, aproximadamente 10.000 casos más que lo esperado según las cifras (2). En Bogotá, por ejemplo, la Secretaría Distrital de la Mujer reportó que, durante el periodo de aislamiento, las llamadas que recibe la línea púrpura aumentaron en un 200 %. Desde el 20 de marzo hasta el 7 de mayo, esta Secretaría reporta haber atendido más de 8200 llamadas relacionadas con violencia de género en sus diferentes canales de atención. Según sus datos, la mayoría de llamadas tenían que ver con episodios de violencia psicológica y violencia física. Otras ciudades como Valledupar, Ibagué, Barranquilla o Cúcuta han reportado un panorama muy similar en términos de aumento de la violencia en los hogares (25). 9

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Las medidas de aislamiento generan la congregación permanente y cotidiana de los miembros del hogar. Y aunque esto puede dar la sensación de seguridad, lo cierto es que en muchos casos es todo lo contrario. Las cifras de Medicina Legal9muestran que, regularmente, la mayoría de casos de violencia entre miembros de la familia se presenta dentro de las viviendas, en horarios de la noche o los fines de semana, es decir, en momentos de reunión dentro del hogar. El hecho de que los espacios laborales, los colegios o las universidades estén cerrados y los miembros del hogar deban compartir el mismo espacio durante toda la jornada, sin ninguna vía de escape, afecta directamente a quienes viven con sus agresores y aumenta la posibilidad de que se presenten episodios de violencia. A este contexto se suman las condiciones particulares de las crisis de salud y orden público. Experiencias anteriores, como el brote del Zika o del Ébola, muestran que la inseguridad alimentaria, la precariedad económica y las sobrecargas de cuidado en hombros de las mujeres pueden aumentar sus riesgos de ser víctimas de violencia (26). POLÍTICAS PÚBLICAS QUE RESPONDEN A LA PROBLEMÁTICA Fortalecimiento y apertura de canales de denuncia y atención de casos de violencia doméstica y violencias basadas en género Durante la vigencia de la contingencia sanitaria, los Estados se han concentrado, ante todo, en garantizar que las víctimas de violencia cuenten con los canales necesarios para denunciar o encontrar asesoría legal o psicológica. Aunque este tipo de medidas ya existían como parte de la infraestructura de justicia, el aumento en las cifras de violencia hizo que los gobiernos tuvieran que fortalecer los medios ya existentes y ofrecer alternativas de denuncia que respondieran a las particularidades del nuevo contexto. En ese sentido, no solo se han robustecido los equipos que atienden las llamadas y denuncias personales, sino que también se han abierto nuevos mecanismos de atención para las víctimas. Así, además de garantizar atención y asesoría gratuita y continua (las 24 horas del día y los 7 días de la semana) por medios virtuales, telefónicos y físicos, se han habilitado canales que permiten denunciar o requerir asistencia inmediata sin tener que hacer llamadas telefónicas y sin acudir directamente a los centros de denuncia. Estas medidas se hacen necesarias debido a 9 Nos basamos en los datos de la Revista Forensis de 2018, la edición más actualizada hasta ahora. Las cifras que citamos pertenecen a los apartados sobre violencia de pareja y violencia intrafamiliar (entre mayores de 18 años). Esta edición puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www. medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779e7b5e3962d60 10 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS LGBT? que muchas mujeres viven con sus agresores, son vigiladas por ellos y, debido a las

condiciones de confinamiento, no pueden salir de sus hogares o únicamente pueden hacerlo para realizar actividades de abastecimiento familiar. En España, por ejemplo, el Real Decreto Ley 12/2020 contempla que todas las medidas existentes deben ser implementadas a la luz de las necesidades actuales. Por esa razón, se dispone el uso de mensajería instantánea (Whatsapp) para asistencia psicológica y el servicio de alertas con geolocalización para la comunicación de emergencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, entre otras medidas, este país reforzó la aplicación Alertcops (27), mediante la cual se pueden enviar alertas sin tener que enviar mensajes, únicamente oprimiendo un botón de emergencia. Al oprimir este botón, las autoridades y la Policía identifican la localización de las víctimas y pueden atenderlas de manera inmediata. En Argentina, a su vez, se han implementado canales alternos de denuncia, como correos electrónicos, aplicaciones y una línea de Whatsapp para aquellas personas que no puedan realizar una llamada telefónica. En la misma línea, países como Nueva Zelanda (28) han desarrollado alternativas para las mujeres que son vigiladas por sus agresores. En varias páginas web (en especial las del gobierno), las víctimas pueden encontrar un ícono en la parte superior de las pantallas. Al hacer clic en este ícono, se abre una página de ayuda inmediata y anó- nima del Women’s Refugee, en la cual las mujeres pueden buscar información, pedir ayuda o solicitar asesoría. Las consultas y denuncias realizadas por este medio son secretas y no quedan guardadas en el historial de los equipos. En países como Colombia (29), Alemania (21) o Francia (21), se han habilitado medios de denuncia en

farmacias o supermercados, con el fin de que las mujeres puedan denunciar las violencias sin tener que ir a lugares alejados, y aprovechando los pocos momentos en los que no están con sus agresores. En Colombia, particularmente, la Alcaldía de Bogotá lanzó el programa “Espacios Seguros”, una iniciativa que les permite a las mujeres víctimas de violencias denunciar ante los funcionarios de almacenes de cadena, supermercados y farmacias, con el fin de que las denuncias y la solicitud de medidas de protección se hagan llegar de forma rápida ante las autoridades competentes. Fortalecimiento de refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica El segundo grupo de medidas que se han desarrollado para proteger a las mujeres víctimas de violencia doméstica es el fortalecimiento de refugios. Como las medidas de atención y denuncia, los refugios ya eran parte de la institucionalidad de bienestar en varios países. Sin embargo, debido al creciente número de casos y denuncias, 11 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS LGBT? la infraestructura actual, en muchos casos, no da abasto para proteger a las mujeres durante la pandemia. Por esa razón, varios gobiernos han decidido fortalecer los refugios para víctimas de violencia doméstica al menos de dos maneras. Por un lado, gobiernos como España, Bélgica y Finlandia (21), entre otros, han destinado recursos para alquilar edificios enteros o cuartos de hotel que sirvan como refugios

temporales. Por otro lado, se han fortalecido los refugios ya existentes, con el fin de que cuenten con las medidas sanitarias necesarias para recibir y proteger a las mujeres y sus familias durante la pandemia. Este fortalecimiento ha implicado brindar capacitaciones a los servidores que trabajan allí y que son los encargados de atender las necesidades inmediatas de quienes son trasladadas a este tipo de espacios. Frente a las políticas de refugio, también es relevante mencionar que, en países como Francia (21) y Alemania (21), se intenta que, en lo posible, no sean las mujeres las que deban salir de sus hogares y deban refugiarse en estos lugares. Por el contrario, se busca que sea el agresor quien abandone la vivienda y que no sea la mujer la que deba cargar con este peso. Medidas enfocadas en las familias y los potenciales agresores Encontramos que varias de las medidas están enfocadas no solo en las víctimas, sino también en los potenciales agresores o en el grupo familiar. En otras palabras, estas medidas no se concentran en brindar atención inmediata a las víctimas —como en el caso de los refugios o los canales de denuncia—, sino en prevenir futuros casos de violencia. Así, estas iniciativas se destacan por construir espacios familiares más pacíficos y por abordar la dimensión emocional de los conflictos, con el fin de evitarlos. Nueva Zelanda tiene un avance importante en este tipo de programas, de los cuales se destacan dos. En primer lugar, el gobierno nacional ha impulsado la creación de Hey Bro (30), una línea telefónica a la cual pueden acudir los hombres para buscar

asesoría en momentos de exaltación, con el fin de evitar agresiones a cualquiera de los miembros de la familia. En segundo lugar, también existen líneas de ayuda (30) en las que trabajadores sociales y grupos de apoyo pueden ayudar a los hombres con el manejo de sus emociones. En Finlandia también se han promovido medidas similares que han cobrado gran importancia en el contexto actual. La Declaration of Family Peace (21), por ejemplo, es un programa permanente que busca proveer ayuda inmediata, información y sesiones de acompañamiento para construir ambientes pacíficos dentro de las familias. Mediante este programa, las personas pueden acceder a servicios como apoyo de pares y ayuda profesional (psicológica, jurídica, de otro tipo) tanto para menores de edad como para adultos. Finalmente, otra iniciativa que resulta interesante en este sentido es el “Federal working group on perpetrator 12 del miedo a la acción PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PAÍSES PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS LGBT? work” (21), una iniciativa impulsada en Alemania. Este programa tiene el propósito de hacer intervenciones específicas para los agresores, con el fin de prevenir casos de violencia doméstica o promover la no repetición. Actualmente, este grupo de trabajo reúne a más de ochenta organizaciones sociales que ofrecen sesiones individuales o grupales con los agresores o potenciales agresores de manera gratuita. Despliegue de recursos económicos para fortalecer las medidas ya existentes Finalmente, hay un grupo de medidas que, más allá de estar dirigidas a un sector específico, son transversales y están destinadas a proveer recursos a distintas iniciativas o campañas encaminadas a responder a la violencia doméstica. En este sentido, hay al menos tres formas en las que se están desplegando recursos económicos a este tipo de causas. Primero, países como Albania y España han destinado subsidios a las mujeres que se enfrentan a violencias dentro de sus hogares. En el caso de Albania (21), aquellas mujeres víctimas de violencia doméstica que tengan una orden de protección contra sus agresores se beneficiarán de un doble pago de asistencia económica durante tres meses (empezando el 1 de abril). Este doble pago también es aplicado a mujeres cabeza de familia. En segundo lugar, algunos