EJ RODRIGO LARA B - Sistema de seg social en salud

EscJuuedliac ial "RodLraiBrgoaon illa" SISTEDMEAS EGURIDAD SOCIAELNS ALUD RepúbdleCi oclao mbia

PROGRAMA DE FORMACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA

PARA EL ÁREA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

P L A N N A C I O N A L D E F O R M A C I Ó N D E L A R A M A J U D I C I A L C O N S E J O S U P E R I O R D E L A J U D I C A T U R A S A L A A D M I N I S T R A T I V A

HERNANDO TORRES CORREDOR

Presidente

LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN

Vicepresidenta

CARLOS ENRIQUE MARÍN VÉLEZ

FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ

JESAEL ANTONIO GIRALDO CASTAÑO

JOSÉ ALFREDO ESCOBAR ARAÚJO

Magistrados

ESCUELA JUDICIAL

“ RODRIGO LARA BONILLA ”

GLADYS VIRGINIA GUEVARA PUENTES

Directora ALEJANDRO PASTRANA ORTIZ Coordinador Académico ConsSupejeori orde la Judicatura SalaA dministrativa EscuJeuldai cial UNNERSIDAD -==:::::J•" RodLriagroBa o nilla" SERGAIROB OLEDA

NELSON TIRADO DÍAZ

PROGRAMA DE FORMACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA

PARA EL ÁREA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA ADMINISTRATIVA

ESCUELA JUDICIAL “ RODRIGO LARA BONILLA”

ISBN 978-958-8331-30-0

NELSON TIRADO DÍAZ, 2007

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2007

Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra Calle 85 No. 11 - 96 pisos 6 y 7

www.ramajudicial.gov.co Primera edición: Diciembre de 2007 Con un tiraje de 1000 ejemplares Asesoría Pedagógica y Metodológica: Carmen Lucía Gordillo Guerrero

Diseño editorial: Grafi-Impacto Ltda.

Impresión: Grafi-Impacto Ltda.

Impreso en Colombia Printed in Colombia

PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN

ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS

MÓDULOS DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO PARA EL

PROGRAMA DE FORMACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA EN EL ÁREA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL El Plan Integral de Formación Especializada para la Implementación de los Módulos de Aprendizaje Autodirigido en el Programa de Formación Judicial Especializada para el Área Laboral y de la Seguridad Social, construido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, de conformidad con su modelo educativo y su enfoque curricular integrado e integrador de casos reales de la práctica judicial, constituye el resultado del esfuerzo articulado entre Magistradas, Magistrados, Jueces, Juezas, Empleadas y Empleados incorporados al Área de Derecho Laboral, la Red de Formadores y Formadoras Judiciales, el Comité Nacional Coordinador, los Grupos Seccionales de Apoyo y cuyo autor Nelson Tirado Díaz, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, quien con su gran compromiso y voluntad, se propuso responder a las necesidades de formación planteadas para el Programa de Formación Judicial Especializada en el Área Laboral y de la Seguridad Social.

El módulo Sistema de Seguridad Social en Salud que se presenta a continuación, responde a la modalidad de aprendizaje autodirigido orientado a la aplicación en la práctica judicial, con absoluto respeto por la Independencia del Juez o Jueza. La construcción del módulo responde a las distintas evaluaciones que se hicieron con Magistrados, Magistradas, Jueces, Juezas, Empleados y Empleadas, con la finalidad de detectar las principales áreas problemáticas de la implementación del Programa, alrededor de las cuales se integraron los objetivos, temas y subtemas de los distintos microcurrículos como apoyo a los funcionarios, funcionarias, empleadas y empleados de la Rama Judicial. Los conversatorios organizados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” sirvieron para determinar los problemas jurídicos más delicados y ahondar en su tratamiento en los módulos. Posteriormente, el texto entregado por el autor, fue enviado para su revisión por los Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas que participaron en el proceso, quienes leyeron los textos e hicieron observaciones para su mejoramiento. Una vez escuchadas dichas reflexiones, el autor complementó su trabajo para presentar un texto que respondiera a las necesidades de formación jurídica especializada para los Jueces y Juezas Colombianos. Se mantiene la concepción de la Escuela Judicial en el sentido de que todos los módulos, como expresión de la construcción colectiva, democrática y solidaria de conocimiento en la Rama Judicial, están sujetos a un permanente proceso de retroalimentación y actualización, especialmente ante el control que ejercen las Cortes.

Enfoque pedagógico de la Escuela Judicial La Escuela Judicial como Centro de Formación Judicial Inicial y Continuada de la Rama Judicial presenta un modelo pedagógico que se caracteriza por ser participativo, integral, sistémico y constructivista; se fundamenta en el respeto a la dignidad del ser humano, a la independencia del Juez y la Jueza, el pluralismo y la multiculturalidad, y se orienta hacia el mejoramiento del servicio. Es participativo, más de mil Magistrados, Magistradas, Jueces, Juezas, Empleadas y Empleados judiciales participan como formadores y formadoras, generando una amplia dinámica de reflexión sobre la calidad y pertinencia de los planes educativos, módulos de aprendizaje autodirigido y los materiales utilizados en los procesos de formación que se promueven. Igualmente, se manifiesta en los procesos de evaluación y seguimiento de las actividades de formación que se adelantan, tanto en los procesos de ingreso, como de cualificación de los servidores y las servidoras públicos. Es integral en la medida en que los temas que se tratan en los módulos resultan recíprocamente articulados y dotados de potencialidad sinérgica y promueven las complementariedades y los refuerzos de todos los participantes y las participantes. Es sistémico porque invita a comprender cualquier proceso desde una visión integradora y holista, que reconoce el ejercicio judicial como un agregado de procesos, que actúa de manera interdependiente, y que, a su vez, resulta afectado por el entorno en que tienen lugar las actuaciones judiciales. El modelo se basa en el respeto a la dignidad humana. El sistema de justicia representa uno de los pilares del sistema social de cualquier comunidad, representa la

capacidad que la sociedad tiene para dirimir los conflictos que surgen entre sus integrantes y entre algunos de sus miembros y la sociedad en general. De ahí que el modelo educativo fundamenta sus estrategias en el principio del respeto a la dignidad humana y a los derechos individuales y colectivos de las personas. El modelo se orienta al mejoramiento del servicio pues las acciones que se adelanten para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y bienestar de las personas que hacen parte de la Rama Judicial, se hacen teniendo en la mira un mejoramiento sostenido del servicio que se le presta a la comunidad. Lo anterior, en el marco de las políticas de calidad y eficiencia establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Plan Sectorial de Desarrollo, con la convicción de que todo proceso de modernización judicial ya sea originado en la implantación de nuevos esquemas jurídicos o de gestión, o de ambos, implica una transformación cultural y el fortalecimiento de los fundamentos conceptuales, las habilidades y las competencias de los y las administradoras de justicia, fiscales y procuradores, quienes requieren ser apoyados a través de los procesos de formación. En este sentido, se desarrollan procesos formativos sistemáticos y de largo aliento orientados a la cualificación de los servidores y servidoras del sector, dentro de criterios de profesionalismo y formación integral, que redundan, en últimas, en un mejoramiento de la atención de los ciudadanos y ciudadanas, cuando se ven precisados a acudir a las instancias judiciales para ejercer o demandar sus derechos o para dirimir conflictos de carácter individual o colectivo. Aprendizaje activo Este modelo educativo implica un aprendizaje activo diseñado y aplicado desde la práctica judicial para mejorar la organización; es decir, a partir de

la observación directa del problema, de la propia realidad, de los hechos que impiden el avance de la organización y la distancian de su misión y de sus usuarios y usuarias; que invita a compartir y generalizar las experiencias y aprendizajes obtenidos, sin excepción, por todas las y los administradores de justicia a partir de una dinámica de reflexión, investigación, evaluación, propuesta de acciones de cambio y ejecución oportuna, e integración de sus conocimientos y experiencia para organizar equipos de estudio, compartir con sus colegas, debatir constructivamente los hallazgos y aplicar lo aprendido dentro de su propio contexto. Crea escenarios propicios para la multiplicación de las dinámicas formativas, para responder a los retos del Estado y en particular de la Rama Judicial, para focalizar los esfuerzos en su actividad central; desarrollar y mantener un ambiente de trabajo dinámico y favorable para la actuación de todos los servidores y servidoras; aprovechar y desarrollar en forma efectiva sus cualidades y capacidades; lograr estándares de rendimiento que permiten calificar la prestación pronta y oportuna del servicio en ámbitos locales e internacionales complejos y cambiantes; crear relaciones estratégicas comprometidas con los “usuarios” clave del servicio público; usar efectivamente la tecnología; desarrollar buenas comunicaciones, y aprender e interiorizar conceptos organizativos para promover el cambio. Así, los Jueces, Juezas y demás servidores y servidoras no son simples animadores del aprendizaje, sino gestores y gestoras de una realidad que les es propia, y en la cual construyen complejas interacciones con los usuarios y usuarias de esas unidades organizacionales. Aprendizaje social En el contexto andragógico de esta formación, se dota de significado el mismo

decurso del aprendizaje centrándose en procesos de aprendizaje social como eje de una estrategia orientada hacia la construcción de condiciones que permitan la transformación de las organizaciones. Es este proceso el que lleva al desarrollo de lo que en la reciente literatura sobre el conocimiento y desarrollo se denomina como la promoción de sociedades del aprendizaje “learning societies”, organizaciones que aprenden “learning organizations”, y redes de aprendizaje “learning networks”.1 Esto conduce a una concepción dinámica de la relación entre lo que se quiere conocer, el sujeto que conoce y el entorno en el cual él actúa. Es así que el conocimiento hace posible que los miembros de una sociedad construyan su futuro, y por lo tanto incidan en el devenir histórico de la misma, independientemente del sector en que se ubiquen. Los procesos de aprendizaje evolucionan hacia los cuatro niveles definidos en el esquema mencionado: (a) nivel individual, (b) nivel organizacional, (c) nivel sectorial o nivel de las instituciones sociales, y (d) nivel de la sociedad. Los procesos de apropiación de conocimientos y saberes son de complejidad creciente al pasar del uno al otro. En síntesis, se trata de una formación que a partir del desarrollo de la creatividad y el espíritu innovador de cada uno de los y las participantes, busca convertir esa información y conocimiento personal, en conocimiento corporativo útil que incremente la efectividad y la capacidad de desarrollo y cambio de la organizacional en la Rama Judicial, trasciende al nivel sectorial y de las instituciones sociales contribuyendo al proceso de creación de “lo público” a 1 Teaching and Learning: Towards the Learning Society; Bruselas, Comisión Europea, 1997.

través de la apropiación social del mismo, para, finalmente, en un cuarto nivel, propiciar procesos de aprendizaje social que pueden involucrar cambios en los valores y las actitudes que caracterizan la sociedad, o conllevar acciones orientadas a desarrollar una capacidad para controlar conflictos y para lograr mayores niveles de convivencia. Currículo integrado-integrador En la búsqueda de nuevas alternativas para el diseño de los currículos se requiere partir de la construcción de núcleos temáticos y problemáticos, producto de la investigación y evaluación permanentes. Estos núcleos temáticos y problemáticos no son la unión de asignaturas, sino el resultado de la integración de diferentes disciplinas académicas y no académicas (cotidianidad, escenarios de socialización, hogar) que alrededor de problemas detectados, garantizan y aportan a la solución de los mismos. Antes que contenidos, la estrategia de integración curricular, exige una mirada crítica de la realidad. La implementación de un currículo integrado-integrador implica que la “enseñanza dialogante” se base en la convicción de que el discurso del formador o formadora, será formativo solamente en el caso de que el o la participante, a medida que reciba los mensajes magistrales, los reconstruya y los integre, a través de una actividad, en sus propias estructuras y necesidades mentales. Es un diálogo profundo que comporta participación e interacción. En este punto, con dos centros de iniciativas donde cada uno (formador, formadora y participante) es el interlocutor del otro, la síntesis pedagógica no puede realizarse más que en la interacciónde sus actividades orientadas hacia una meta común: la adquisición, producción o renovación de conocimientos.

Planes de Estudio Los planes de estudio se diseñaron de manera coherente con el modelo educativo presentado y en esta labor participó el grupo de pedagogos y pedagogas vinculados al proyecto, expertos y expertas en procesos formativos para adultos, con conocimientos especializados y experiencia. Así mismo, participó la Red de Formadores y Formadoras Judiciales constituida por Magistrados, Magistradas, Jueces, Juezas, Empleados y Empleadas, quienes con profundo compromiso y motivación exclusiva por su vocación de servicio, se prepararon a lo largo de varios meses en la Escuela Judicial tanto en la metodología como en los contenidos del programa con el propósito de acompañar y facilitar el proceso de aprendizaje que ahora se invita a desarrollar a través de las siguientes fases: Fase I. Reunión inicial. Presentación de los objetivos y estructura del programa; afianzamiento de las metodologías del aprendizaje autodirigido; conformación de los subgrupos de estudio con sus coordinadores y coordinadoras, y distribución de los temas que profundizará cada subgrupo. Fase II. Estudio y Aná1isis Individual. Interiorización por cada participante de los contenidos del programa mediante el análisis, desarrollo de casos y ejercicios propuestos en el módulo, consulta de jurisprudencia y doctrina adicional a la incluida en los materiales educativos. Así mismo, elaboración y envío de un informe individual con el fin de establecer los intereses de los participantes y las participantes para garantizar que las actividades presenciales respondan a éstos. Fase III. Investigación en Subgrupo. Profundización colectiva del conocimiento sobre los temas y subtemas acordados en la reunión inicial y preparación de una presentación breve y concisa (10 minutos) para la mesa de estudios o

conversatorio junto con un resumen ejecutivo y la selección de casos reales para enriquecer las discusiones en el programa. Fase IV. Mesa de estudios o Conversatorio. Construcción de conocimiento a través del intercambio de experiencias y saberes y el desarrollo o fortalecimiento de competencias en argumentación, interpretación, decisión, dirección, etc., alrededor de las presentaciones de los subgrupos, el estudio de nuevos casos de la práctica judicial previamente seleccionados y estructurados por los formadores con el apoyo de los expertos, así como la simulación de audiencias. Identificación de los momentos e instrumentos de aplicación a la práctica judicial y a partir de éstos, generación de compromisos concretos de mejoramiento de la función judicial y de estrategias de seguimiento, monitoreo y apoyo en este proceso. Fase V. Pasantías. Son experiencias concretas de aprendizaje, dirigidas a confrontar los conocimientos adquiridos, con la realidad que se presenta en los despachos y actuaciones judiciales (sean escritas u orales), mediante el contacto directo de los discentes y las discentes (pasantes), con las situaciones vividas en la práctica judicial, en las diferentes áreas (civil, penal, laboral, administrativo, etc.) bajo la orientación y evaluación de los Magistrados y Magistradas Jueces, Juezas, titulares de los respectivos cargos. Fase VI. Aplicación a la práctica judicial. Incorporación de los elementos del programa académico como herramienta o instrumento de apoyo en el desempeño laboral mediante la utilización del conocimiento construido en la gestión judicial. Elaboración y envío del informe individual sobre esta experiencia y reporte de los resultados del seguimiento de esta fase en los subgrupos.

Fase VII. Experiencias compartidas. Socialización de las experiencias reales de los y las discentes en el ejercicio de la labor judicial, con miras a confirmar el avance en los conocimientos y habilidades apropiados en el estudio del módulo. Preparación de un resumen ejecutivo con el propósito de contribuir al mejoramiento del curso y selección de casos reales para enriquecer el banco de casos de la Escuela Judicial. Fase VIII. Actividades de monitoreo y de refuerzo o complementación. De acuerdo con el resultado de la fase anterior se programan actividades complementarias de refuerzo o extensión del programa según las necesidades de los grupos en particular. Fase IX. Seguimiento y evaluación. Determinación de la consecución de los objetivos del programa por los y las participantes y el grupo mediante el análisis individual y el intercambio de experiencias en subgrupo. Los módulos Los módulos son la columna vertebral en este proceso, en la medida que presentan de manera profunda y concisa los resultados de la investigación académica realizada durante aproximadamente un año, con la participación de Magistrados y Magistradas de las Altas Cortes y de los Tribunales, de los Jueces y Juezas de la República y expertos y expertas juristas, quienes ofrecieron lo mejor de sus conocimientos y experiencia judicial, en un ejercicio pluralista de construcción de conocimiento. Se trata entonces, de valiosos textos de autoestudio divididos secuencialmente en unidades que desarrollan determinada temática, de dispositivos didácticos flexibles que permite abordar los cursos a partir de una estructura que responde a necesidades de aprendizaje previamente identificadas. Pero más allá, está el propósito final: servir de instrumento para fortalecer la práctica judicial.

Cómo abordarlos Al iniciar la lectura de cada módulo el o la participante debe tener en cuenta que se trata de un programa integral y un sistema modular coherente, por lo que para optimizar los resultados del proceso de formación autodirigida tendrá en cuenta que se encuentra inmerso en el Programa de Formación Judicial Especializada para el Área Laboral y de la Seguridad Social. A través de cada contenido, los y las discentes encontrarán referentes o remisiones a los demás módulos del Plan, que se articulan mediante diversos ejes transversales, tales como Derechos Humanos, Constitución Política de 1991, Bloque de Constitucionalidad, la Ley específica, al igual que la integración de los casos problémicos comunes que se analizan, desde diferentes perspectivas, posibilitando el enriquecimiento de los escenarios argumentativos y fortaleciendo la independencia judicial. Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta las siguientes sugerencias al abordar el estudio de cada uno de los módulos del plan especializado:

1. Consulte los temas de los otros módulos que le permitan realizar un diálogo de manera sistémica y articulada sobre los contenidos que se presentan.

2. Tenga en cuenta las guías del discente y las guías de estudio individual y de subgrupo para desarrollar cada lectura. Recuerde apoyarse en los talleres para elaborar mapas conceptuales, esquemas de valoración de argumentaciones y el taller individual de lectura del plan educativo.

3. Cada módulo presenta actividades pedagógicas y de autoevaluación que permiten al y la discente reflexionar sobre su cotidianidad profesional, la comprensión de los temas y su aplicación a la práctica. Es importante que en el proceso de lectura aborde y desarrolle con rigor dichas actividades para que

críticamente establezca la claridad con la que percibió los temas y su respectiva aplicación a su tarea judicial. Cada módulo se complementa con una bibliografía básica seleccionada, para quienes quieran profundizar en el tema, o acceder a diversas perspectivas. El Plan integral de Formación Especializada para la Implementación de los módulos de aprendizaje autodirigido en el Programa de Formación Judicial Especializada para el Área Laboral y de la Seguridad Social, que la Escuela Judicial entrega a la judicatura colombiana, acorde con su modelo educativo, es una oportunidad para que la institucionalidad colombiana, con efectiva protección de los derechos fundamentales y garantías judiciales, cierre el camino de la impunidad para el logro de una sociedad más justa. Finalmente, agradecemos el envío de todos sus aportes y sugerencias a la sede de la Escuela Judicial en la Calle 85 No. 11 — 96 piso 6 y 7, de Bogotá, o al correo electrónico escujudcendoj@.ramajudicial.gov.com, que contribuirán a la construcción colectiva del saber judicial alrededor del Programa de Formación Judicial Especializada para el Área Laboral y de la Seguridad Social.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 9

1. LA AFILIACIÓN, LOS EFECTOS DE LA AFILIACIÓN Y LA MORA 22 1.1. Introducción 22 1.2. Aspectos tecnicos necesarios 24 1.3. Efectos de la afiliacion y la mora 28 1.3.1. Afiliacion 28 1.3.2. Apoyo jurisprudencial 29 1.3.3. Marco legal de la afiliación 30 1.4. Efectos de la afiliación 36

1.5. Mora en el pago de los aportes 40 1.6. Análisis jurisprudencial 53 1.7. Actividades pedagógicas 54 1.8. Autoevaluación 55 1.9. Bibliografía 57

2. LAS COTIZACIONES 60 2.1. Introducción 60 2.2. Aspectos tecnicos necesarios 61 2.3. Manejo práctico de las cotizaciones 63 2.5. Actividades pedagogicas 73 2.6. Autoevaluación 73 2.7. Bibliografía 74

3. SUSPENSIÓN Y DESAFILIACIÓN 76 3.1. Introducción 76 3.2. Desarrollo práctico 76 3.3. Análisis jurisprudencial 81 3.4. Actividades pedagogicas 87 3.5. Autoevaluacion 88 3.6. Bibliografía 89

4. LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA 92 4.1. Introducción 92 4.2. El derecho a la salud en la constitucion politica 93 4.3. El derecho a la salud como derecho fundamental 94

Sentencia c-177 de 1998, m.P. Alejandro martínez caballero. 97 4.4. Acceso a los servicios del plan obligatorio de salud 104 4.5. Análisis jurisprudencial 126 4.6. Actividades pedagogicas 132 4.7. Autoevaluacion 133 4.8. Bibliografía 134

CONVENCIONES

Autoevaluación Actividades pedagógicas Bibliografía Bibliografía seleccionada Objetivos específicos Objetivo general

LA AFILIACIÓN, LOS EFECTOS DE LA AFILIACIÓN Y LA MORA

1

LA AFILIACIÓN, LOS EFECTOS

Unidad DE LA AFILIACIÓN Y LA MORA La afiliación es el punto de partida en nuestra relación con el sistema. Por esa razón, conocer sus principios, fundamentos y características, constituyen la razón de ser de este módulo. No de otra manera logramos acercarnos a él y a partir de ello asumir de ser necesario posturas críticas que ayuden en su desarrollo y mejoramiento. • Lograr la familiarización con el entorno del concepto e implicancias de la afiliación. • Establecer de manera concreta las diferentes maneras de afiliación a partir de los regímenes existentes. • Conocer de manera concreta a partir de la norma los efectos que implica la mora en el pago de los aportes, pero a su vez y con fundamento en los principios, mirar la manera de lograr un acercamiento entre lo que se busca y la realidad de su manejo. 21

UNIDAD 1

1. LA AFILIACIÓN, LOS EFECTOS DE LA AFILIACIÓN Y LA MORA 1.1. INTRODUCCIÓN Con la expedición de la Ley 100 de 1993 y su posterior reglamentación y, ahora, con la reciente Ley 1122 del 9 de enero de 2007, el sistema de salud en nuestro país ha dado un giro trascendental positivo que ha permitido ir generando una cobertura más generalizada a toda la población colombiana, acompañada de un direccionamiento en su proceso de control, seguimiento y administración del sistema. El proceso en términos generales ha sido visto con optimismo, sin embargo en el escenario de lo práctico aparecen las dudas, la desconfianza, el

deseo del lucro por encima del deseo de servicio y, entonces, se hace necesario que sin perder el sentido crítico que debemos tener, debemos ayudarlo para su fortalecimiento, actuar conforme a los principios y hacer de él una realidad. El Sistema de Seguridad Social en Salud está en plena formación, tiene muchas cosas pendientes por definir y ahora con la presencia de la Ley 1122, surge la necesidad de esperar una nueva creciente regulación de temas. La realidad actual en el sistema de salud, es que los usuarios y usuarias del mismo han convertido la acción de tutela en el mecanismo real que permite al usuario o usuaria lograr que se le preste el servicio, que se le otorguen lo medicamentos, que no le cobren lo indebido, que no le suspendan las prestaciones, en fin, que lo traten tal como la ley 100 establece en el artículo 159 inciso primero “ Se garantiza a los afiliados al sistema de seguridad social en salud la debida organización y prestación del servicio público de salud” y esto a su vez se armoniza con el artículo 155 de la misma ley, referente a los fundamentos del servicio público. Las preguntas para hacernos son: ¿Qué es lo que sucede? ¿Es un problema de ley? ¿Es falta de claridad? ¿Es falta de reglamentación?, y se puede concluir en que no es la ausencia de normas y de reglamentaciones, lo que sucede es que a los diferentes actores del sistema se nos ha olvidado o tal vez nunca conocimos los principios que enmarcan la seguridad social en general y en particular el sistema de salud. La Constitución política en el artículo 22 nos habla “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Es válido cuestionarnos si desde nuestro

accionar más sencillo, lo único que no hacemos es promover paz, si el actor en el sistema desde la posición que le corresponda, cuando asume falsos egoísmos, orgullos innecesarios, cuando sobrepone lo estrictamente económico a esas sensaciones de humanidad, cuando me olvido del otro, cuando lo que tengo claro es la visión del negocio que solo debe rentar, cuando no promuevo habitabilidad 22 LA AFILIACIÓN, LOS EFECTOS DE LA AFILIACIÓN Y LA MORA humana, lejos estoy de actuar conforme a ese sentir y obviamente lo que logro es el conflicto, el daño que causo y la pérdida de mirada trascendente. Entonces, sin perder la conexión con el día a día, pero con mirada trascendente, lo que debemos hacer es reforzar ese sentido de lo correcto, es poder conectar con el otro, con su necesidad, con su afán, con su humildad o con su altivez, teniendo claro que en la mayoría de las veces el sistema falla es por nuestra culpa, no es porque en sentido práctico le falte, es nuestra ignorancia o es nuestra precariedad lo que hace que se genere daño en vez de ayudar a generar bienestar y felicidad aún en medio de la crisis que implica un tema tan álgido como es la salud afectada o maltrecha. La noción de servicio público nos obliga a pensar en que el mismo implica permanencia, seguimiento, eficacia y eficiencia entre otras características y, aunque el estado no preste el servicio de manera directa, las entidades privadas que lo hagan no pueden perder de vista que es lo que están haciendo y en que es que se han involucrado. La política de salud del Estado Colombiano debe como mínimo ser articulada en torno a los siguientes objetivos: Disponibilidad, Accesibilidad,

Aceptabilidad y Calidad. La Defensoría del Pueblo en su estudio denominado “El Derecho a la Salud”, nos dice lo siguiente: “Los Derechos que conforman el contenido del derecho a la salud han sido reconocidos por normas internacionales contenidas en tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Estos tratados imponen al Estado una serie de obligaciones en torno a la realización del derecho a la salud y, bajo ciertas condiciones, tienen una fuerza normativa similar a la de las normas constitucionales. De allí la importancia metodológica del concepto de “bloque de constitucionalidad” para el presente texto. El bloque de constitucionalidad es el conjunto de normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados al texto constitucional por mandato de la propia Constitución “ Finalmente en esta introducción, remitámonos a los artículos 48 de la Constitución Política y al artículo 2º de la ley 100 de 1993, literal a), que se refieren a la manera como deben ser prestados los diferentes servicios de la Seguridad Social Integral, diciendo que los criterios de ADECUADA, OPORTUNA y SUFICIENTE, ofrecen o dan a conocer el rumbo que se debe tomar. 23

UNIDAD 1

En el artículo 153 de la Ley 100, al tratar los fundamentos del Sistema de Seguridad Social en Salud en cuanto al servicio público que implica, dice que son reglas rectoras del sistema de salud, la equidad, la obligatoriedad, la protección integral, la libre escogencia, la autonomía de las instituciones, la descentralización administrativa, la participación social, la concertación y la calidad.

Respecto de la calidad, claramente se enfatiza en que el Sistema de Salud establecerá mecanismos de control a los servicios que se ofrecen, de tal modo que a los usuarios o usuarias se les garantice la atención OPORTUNA, PERSONALIZADA, HUMANIZADA, INTEGRAL, CONTINUA y de acuerdo con ESTANDARES aceptados en procedimientos y prácticas profesionales. 1.2. ASPECTOS TECNICOS NECESARIOS Recordemos... para una mejor ac