FLIP - Bajo todos los fuegos periodismo y nuevas guerras en Colombia
Fundación para la Libertad de Prensa
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- Título
- FLIP - Bajo todos los fuegos periodismo y nuevas guerras en Colombia
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- Fundación para la Libertad de Prensa
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- Doctrina
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- Libertad de Prensa
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Elizabeth Lozano, periodista local, creció en las riveras del río Cauca en épocas en las que "los peces llovían como tornado". Su historia reciente cuenta cómo hacen monitoreo comunitario para proteger los espejos de agua de la minería, en el Bajo Cauca Antioqueño.
FOTO: Gabriel Linares04
©Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO: Ana Cristina Restrepo•DIRECTOR EJECUTIVO: Jonathan Bock Ruiz SUBDIRECTOR PROGRAMÁTICO: César Paredes•ASESOR DE DIRECCIÓN: Daniel Chaparro Díaz COORDINADORA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Natalia Borrero Morales ASESORA DE DIRECCIÓN PARA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DIGITAL: Luisa Fernanda Isaza ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mireya Luque Triana•Daniela Rosero Prieto•Diana Herrera Rodríguez•Diana Carolina Pinto Michael Alvarado González•Nubia Cárdenas•ÁREA DE PROYECTOS: Diana Santos Cubides•Cinthya Osorio Ortiz CENTRO DE ESTUDIOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Juan Pablo Madrid-Malo•Alexandra Molina Trujillo Esteban Sánchez Molina•José Alberto Cubillos•Juan Diego Cárdenas•Sofía Luna Siachoque CONSONANTE: Ángela Martin•Isabela Porras Alzate•Alejandra Duque•Angy Alvarado•Camila Bolívar Manzano Gabriel Linares López•Hugo Cárdenas González•Ivonne Arroyo Mercado•Laura Vanesa Barrera•Lorena Sánchez Contreras
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DÉCIMA EDICIÓN
Febrero 2025 Bogotá D.C. Jonathan Bock Ruiz César Paredes Daniel Chaparro Díaz Juan Pablo Madrid-Malo María Cristina Hernández Capdevilla Natalia Borrero Morales Ángela María Agudelo Urrego César Paredes Cristian Mora Jiménez Daniel Chaparro Díaz Daniela Ospina Noriega Felipe Rojas Riaño Ingrid Ramírez Fuquen Jonathan Bock Ruiz Juan Diego Cárdenas César Rojas Ángel Jonathan Bock Ruiz Ángela María Agudelo Urrego Cristian Mora Jiménez María Cristina Hernández Capdevilla Mónica Alejandra Leguizamón Isabella Londoño Rowena Neme Laura Merchán Calderón Luisa Burgos Marín PLG Publicidad y Digital SAS
CONCEPTUALIZACIÓN
Y COORDINACIÓN EDITORIAL
INVESTIGACIÓN Y TEXTOS
INVITADO
EDICIÓN
CORRECCIÓN DE ESTILO
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ILUSTRACIONES
DISEÑO, DIAGRAMACIÓN
Y APOYO GRÁFICO
IMPRESIÓN
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FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA (FLIP), 2025
www.flip.org.co Contenido
EN PORTADA:
Isabella Londoño @isabellalondono.art La censura de la nueva guerra | pág. 04 Disparos de silencio por muchos frentes | pág. 12 El laberinto de la desprotección y una nueva guerra | pág. 18 Violencia contra periodistas en el 2024: un año letal y el más crítico de la última década | pág. 22
Asesinatos a periodistas: el retorno de la censura del fuego | pág. 28
Un campo que amanece sin la voz de Mardonio | pág. 29 Una muerte, muchos silencios: el asesinato de Jaime Vásquez | pág. 32
Jorge Méndez: la imagen diferente que amordazaron en La Gabarra | pág. 35
22 VERSIÓN DIGITAL Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Reporteros Sin Fronteras y Luminate. Los contenidos de este material son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de estas organizaciones. 18 28Bajo todos los fuegos 4 5 PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN || PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN La censura nueva guerra El periodismo en Colombia enfrenta uno de sus momentos de mayor riesgo. Las cifras muestran el escenario más violento desde los años previos a la
La censura nueva guerra El periodismo en Colombia enfrenta uno de sus momentos de mayor riesgo. Las cifras muestran el escenario más violento desde los años previos a la firma del Acuerdo de Paz en 2016. La emergencia de nuevos grupos armados ilegales y la consecuente reconfiguración del conflicto ha intensificado la violencia contra periodistas, quienes en 2024 fueron objeto de amenazas, desplazamientos, extorsiones y asesinatos, entre otras agresiones. En el año que pasó aumentaron en más del 50% los ataques contra la prensa perpetrados por actores ilegales. Este artículo analiza la gravedad del asunto en cinco departamentos clave, donde ejercer el periodismo se ha convertido en una labor de altísimo riesgo y la libertad de expresión está profundamente comprometida. E l recrudecimiento de la guerra en Colombia ha vuelto a poner al periodismo en el medio de la confrontación armada. Los grupos ilegales han buscado hacer de la información un botín de guerra a través de viejas estrategias que fueron utilizadas en otras etapas del conflicto en Colombia. Asesinatos, desplazamientos, amenazas, extorsiones, secuestros, entre otras formas de violencia, hacen parte del intento por controlar la información, posicionar su propaganda y, en últimas, demostrar su poderío frente a grupos rivales o frente a la misma población civil. Los casos documentados por la FLIP durante el 2024 dan cuenta de un aumento de las cifras que deja el panorama más violento contra el periodismo en la última década. Tres periodistas fueron asesinados como represalia por su trabajo: Jaime Vásquez, veedor ciudadano y
dan cuenta de un aumento de las cifras que deja el panorama más violento contra el periodismo en la última década. Tres periodistas fueron asesinados como represalia por su trabajo: Jaime Vásquez, veedor ciudadano y periodista de la ciudad de Cúcuta asesinado en abril pasado en una coyuntura criminal altamente atomizada, y Mardonio Mejía, un veterano periodista que durante décadas fue la voz más relevante del norte de Sucre.
BAJO TODOS LOS FUEGOS: LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN EN MEDIO DE UN NUEVO
CAPÍTULO DE LA GUERRA EN COLOMBIA de la
Por: Juan Diego Cárdenas
y César Paredes, FLIP.
Ilustraciones: Isabella Londoño.Bajo todos los fuegos
6 7 PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN || PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Los ataques contra la prensa, que antes seguían esquemas de control más centralizados, han dado lugar a métodos de violencia más diversificados e impredecibles. Esta metamorfosis del conflicto no solo incrementa los riesgos para las y los comunicadores desde múltiples flancos, también amplifica el impacto sobre la sociedad: las comunidades quedan silenciadas, desprovistas de información sobre los problemas que las aquejan y se aleja la posibilidad de construir una ciudadanía territorial fuerte. De acuerdo con Fernando Ramírez, editor de noticias de La Patria y expresidente del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta atomización de la guerra no está caracterizada por motivaciones o tácticas necesariamente nuevas. Más bien, responde a la proyección de nuevos conflictos regionales y sus
jo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta atomización de la guerra no está caracterizada por motivaciones o tácticas necesariamente nuevas. Más bien, responde a la proyección de nuevos conflictos regionales y sus características propias. “Antes, cuando había un grupo dominante, los periodistas más o menos aprendían a sobrevivir y a casi que caminar sobre cáscaras de huevo para tratar de hacer el mejor periodismo en ese escenario. Pero cuando hay varios grupos, cuando hay tantos elementos, esto complica la vida para el periodista porque es más difícil saber cómo proceder” , dice Ramírez. Norte de Santander, Arauca, Huila, Caquetá y Putumayo son los cinco departamentos donde las agresiones contra los periodistas documentadas en 2024 alcanzaron niveles críticos. En este recorrido, examinamos las distintas formas que ha tomado la violencia contra la prensa y profundizamos en sus impactos sobre la libertad de expresión.
CÚCUTA: LA INFORMACIÓN BAJO EL FUEGO DE LA FRONTERA La mañana del domingo 14 de abril de 2024, Jaime Vásquez salió de su casa en el barrio La Ceiba, en Cúcuta, Norte de Santander. Desde allí, se dirigió a una iglesia cercana. Atendió a la eucaristía y posteriormente caminó hasta un local de venta de pasteles en La Riviera, a poca distancia de donde se encontraba. Minutos después, dos sicarios en moto que le habían seguido la pista, llegaron hasta el establecimiento y dispararon contra él, acabando con su vida en cuestión de segundos.
Previo a su asesinato, Vásquez se había conse encontraba. Minutos después, dos sicarios en moto que le habían seguido la pista, llegaron hasta el establecimiento y dispararon contra él, acabando con su vida en cuestión de segundos. Previo a su asesinato, Vásquez se había convertido en uno de los investigadores y veedores de mayor importancia en la ciudad. A través de sus páginas de X (antes Twitter) y Facebook, en la que contaba con más de 72 mil seguidores, Vásquez informaba sobre asuntos de interés público relacionados con el desfalco del erario y la corrupción en la administración municipal de Cúcuta. Su labor ya le había costado el perfilamiento y las amenazas de parte de actores ilegales, un hecho que Además, Jorge Méndez, periodista comunitario del Catatumbo, Norte de Santander, también fue asesinado. Aunque la investigación sobre su muerte está en una fase preliminar, la hipótesis principal es que el crimen estuvo motivado por su trabajo. El aumento del desplazamiento forzado también es un síntoma de la violencia contra los y las periodistas en el país. Mientras que en 2023 la FLIP documentó 2 casos de este tipo, en 2024 esta cifra subió a 20, aumentando un 900%. Este es el contexto de territorios como Caquetá y Arauca, donde el incremento de las confrontaciones entre dos o más grupos han provocado tácticas de violencia en las que los actores armados muestran con mano dura las consecuencias de no acogerse a las reglas de control sobre la información que se han levantado en medio de los conflictos regionales. En ese mismo contexto, los grupos armade violencia en las que los actores armados muestran con mano dura las consecuencias de no acogerse a las reglas de control sobre la información que se han levantado en medio de los conflictos regionales. En ese mismo contexto, los grupos armados ilegales también han intensificado sus amenazas en contra de las y los periodistas. En 2023, estos actores fueron los responsables de 64 hechos de ese tipo en el país, cifra que aumentó a 122 en 2024, lo que representa un aumento del 90.62% frente al año anterior. Departamentos como Norte de Santander, Huila y Putumayo se han convertido en el epicentro de estas agresiones en donde los grupos armados emplean tácticas más directas contra la prensa. Este escenario evidencia no solo un creciente desdén hacia las posibles consecuencias de sus acciones, sino también la limitada capacidad del Estado para responder de manera efectiva. catalogado de ser “jefes de prensa” de parte de estos grupos, aumentando el riesgo sobre su oficio y su vida. Por otro lado, según comentaron los dos periodistas a la FLIP, los grupos criminales también han establecido restricciones sobre los temas que pueden ser cubiertos por la prensa. Las organizaciones criminales han vetado la realización de reportajes o contenidos sobre cárceles, economías ilícitas y seguridad, lo que ha limitado el ejercicio periodístico para informar sobre asuntos de urgencia en la ciudad. La situación ha obligado a muchos comunicadores a enfocarse en temas considerados menos riesgosos, transformando por completo la agenda local. El periodista Cristian Herrera resume el impacto de estas
urgencia en la ciudad. La situación ha obligado a muchos comunicadores a enfocarse en temas considerados menos riesgosos, transformando por completo la agenda local. El periodista Cristian Herrera resume el impacto de estas dinámicas al reflexionar sobre el asesinato de Vásquez: “ahora hablamos de temas de barrio o que el alcalde no arregla una cancha” , con lo que da a entender que el costo es muy alto y lo que deja la muerte de un periodista es el silencio. Por otro lado, la reciente terminación de la tregua entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las extintas Farc en la región del Catatumbo ha intensificado la violencia en esta zona, desencadenando una crisis humanitaria que, según la Defensoría del Pueblo, habría dejado aproximadamente 80 muertos al cierre de este texto, incluidos cuatro excombatientes de las Farc, y más de 36.000 personas desplazadas. Esta escalada no solo pone en riesgo a la población civil, sino que también asfixia la libertad de expresión. Con los periodistas atrapados entre las confrontaciones y las amenazas, se extiende el vacío informativo en la región.
ARAUCA: EL PERIODISMO EN UN DEPARTAMENTO EN VILO A finales de enero de 2022, el comienzo de una nueva guerra llegaba a Arauca, un departamento ubicado al oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela. La tregua que por varios años había mantenido a raya el conflicto entre el Frente de Guerra Oriende una nueva guerra llegaba a Arauca, un departamento ubicado al oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela. La tregua que por varios años había mantenido a raya el conflicto entre el Frente de Guerra Oriental (FGO) del ELN y los frentes 10 y 28 de la Farc—ahora bajo la sombrilla del Comando Vásquez también había denunciado y que, además de contar con un esquema de protección, no evitó que fuera asesinado.
En 2024, Norte de Santander fue el departamento más peligroso para ser periodista en Colombia. En ese periodo se registraron 59 agresiones contra la prensa, lo que representó un aumento del 229% en comparación con 2023, cuando se documentaron 17 casos. De estos casos, 52 ocurrieron en Cúcuta, lo que la convierte en la más peligrosa de las ciudades intermedias del país, seguida por Medellín con 14 casos y superada solo por Bogotá, la capital, con 120. En particular, 18 de los ataques en Cúcuta fueron perpetrados por actores criminales en un contexto marcado por la presencia de al menos 20 estructuras que operan en la ciudad. Además del asesinato de Vásquez, varios grupos y líderes criminales han incurrido en otras formas de violencia con el interés de hacer cumplir sus demandas a los periodistas. Según un comunicador local que pidió la reserva de su nombre para preservar su seguridad, organizaciones como AK-47, Los Porras y Los Manzaneros tienen especial interés en instrumentalizar a los medios para que sirvan de cajas de resonancia de su actividad ilícita. Estas disputas convierten a los mebre para preservar su seguridad, organizaciones como AK-47, Los Porras y Los Manzaneros tienen especial interés en instrumentalizar a los medios para que sirvan de cajas de resonancia de su actividad ilícita. Estas disputas convierten a los medios en otro campo de batalla en la lucha por el control de las rentas ilegales en la ciudad. “Les gusta entregarnos muchos videos donde envían amenazas a otros grupos. Nos presionan si no los publicamos” , dijo. Así mismo, de acuerdo con el reporte de dos periodistas que decidieron permanecer anónimos por las amenazas en su contra, líderes de grupos criminales se han aproximado a los medios locales con el interés de utilizarlos como una plataforma para limpiar su nombre o enviar amenazas a otros grupos. Un ejemplo de esto fue el caso de Jayson Omar Pabón Garavito, alias ‘Pepino’ y presunto líder de Los Manzaneros, quien solicitó ser entrevistado a un medio local con la finalidad de aclarar su participación en la organización y su confrontación con una estructura rival, Los Porras. Esta presión no solo pone en riesgo a las y los periodistas sino a la independencia del ejercicio periodístico, pues la agenda informativa está sujeta a los intereses de estas organizaciones, que suelen estar en oposición entre sí. Como resultado, grupos como Los Porras han difundido planes de asesinato donde declaran a varios reporteros como objetivo militar por la publicación de este tipo de contenidos, lo que ha provocado un ambiente de autocensura y ha obligado a varios comunicadores a desplazarse de manera forzada. De la misma manera, esto les ha puesto bajo la estigmatización de las autoridades de policía que, según
contenidos, lo que ha provocado un ambiente de autocensura y ha obligado a varios comunicadores a desplazarse de manera forzada. De la misma manera, esto les ha puesto bajo la estigmatización de las autoridades de policía que, según comentaron varios periodistas a la FLIP, les han
LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES HAN VETADO LA
REALIZACIÓN DE REPORTAJES
O CONTENIDOS SOBRE
CÁRCELES, ECONOMÍAS ILÍCITAS Y SEGURIDAD Este contexto ha conducido a los actores ilegales a configurarse como uno de los protagonistas en la violencia contra la prensa, doblando su participación frente a periodos pasados. En 2023, la FLIP contabilizó 470 agresiones en contra de periodistas en todo el país. De ese número, 81 fueron cometidas por actores al margen de la ley: delincuentes comunes, bandas criminales y actores postparamilitares, disidencias y guerrilleros. En 2024, la cifra ascendió a 530 agresiones, de las cuales 122 fueron cometidas por grupos criminales o delincuenciales, lo que representó un aumento del 51.8% en la participación de estos actores en la violencia contra la prensa con respecto al 2023. F echa de corte: 23 de enero de 2025.Bajo todos los fuegos 8 9 PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN || PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Conjunto del Oriente (CCO) del EMC—, llegaba a su fin. Con la reactivación de la disputa, cada ejército empezó a movilizar sus estrategias. Entre ellas, los medios locales
Conjunto del Oriente (CCO) del EMC—, llegaba a su fin. Con la reactivación de la disputa, cada ejército empezó a movilizar sus estrategias. Entre ellas, los medios locales les resultaron atractivos para poner en marcha su agenda de guerra. El mensaje era claro: colaborar o morir. Ante el inminente riesgo, cuatro periodistas se vieron obligados a desplazarse a Bogotá, lo que apuntaló un nuevo episodio de la violencia contra la libertad de prensa en Arauca. Según Emiro Goyeneche, un periodista local que ha sido blanco de amenazas y de desplazamiento, cada uno de los actores ha escogido un repertorio de violencia contra la prensa en medio del conflicto. El ELN recurre principalmente a la estigmatización y a imponer lineamientos para la cobertura informativa. Esto es una muestra del control que han consolidado sobre el EMC en municipios como Saravena, Arauca y Arauquita. Por otro lado, las disidencias emplean tácticas más agresivas, como amenazas directas, y buscan instrumentalizar a los medios para promover su narrativa de control territorial y social. Según los testimonios que la FLIP ha documentado en el departamento, este grupo armado también se propone ejercer una forma de control social y enviar el mensaje de que puede disputarle su lugar al ELN. En este contexto, la FLIP registró 16 amenazas cometidas por las disidencias en contextos de cubrimiento sobre la situación de seguridad en el departamento, donde los agresores señalaban a los periodistas de ser colaboradores del ELN.
tró 16 amenazas cometidas por las disidencias en contextos de cubrimiento sobre la situación de seguridad en el departamento, donde los agresores señalaban a los periodistas de ser colaboradores del ELN. “Las [disidencias de las] Farc nos amenazan porque responde a una pérdida de control político y territorial en Arauca. Quieren hacerse sentir” , dijo un periodista del departamento que habló bajo condición de anonimato. “Nadie publica algo de las [disidencias de las] Farc a menos de que lo amenacen, pero eso nos pone bajo la mira del ELN” , añadió. En 2024, de las 45 agresiones a la prensa registradas en el departamento, 22 fueron atribuidas por alguno de los dos actores armados que tienen presencia en Arauca. Al igual que en Norte de Santander, la presión sobre el ecosistema mediático le quita oxígeno a la independencia de los medios locales, que cada vez informan menos sobre la situación en el departamento. Por otra parte, estos desplazamientos generan impactos emocionales que son pasados por alto la mayoría de las veces. Producto de estas heridas, algunas voces de los periodistas se silencian, otros tienen que buscar estrategias para poder contar lo que ocurre, pero en todo caso, la libertad de expresión se reduce. Actualmente, aunque el ELN anunció la reactivación de las negociaciones de paz con el gobierno en noviembre de 2024, tras la suspensión de los diálogos por un atentado de la guerrilla en ese departamento, aún no se ha establecido una nueva mesa de conversación. Mientras tanto, ni el EMC ni el gobierno han planteado medidas para
bierno en noviembre de 2024, tras la suspensión de los diálogos por un atentado de la guerrilla en ese departamento, aún no se ha establecido una nueva mesa de conversación. Mientras tanto, ni el EMC ni el gobierno han planteado medidas para un acercamiento entre las partes.
CITADOS A DECLARAR: EL PASO DE LA GUERRA EN HUILA A finales de 2023, nueve periodistas en Algeciras, Huila, un departamento ubicado entre la región andina y el suroriente, recibieron un mensaje. Todos tenían la misma instrucción: debían presentarse ante miembros del Bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura disidente del Estado Mayor de Bloques (EMB) al mando de Alexander Díaz, alias ‘Calarcá Córdoba’ , con la finalidad de discutir el papel que estaban desempeñando como periodistas. De no cumplir con la cita, se convertirían en objetivo militar.
El escenario no solo provocó que los periodistas suspendieran el cubrimiento de temas locales, sino que impulsó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, a través de la Resolución 88 del 4 de enero de 2024, otorgó medidas cautelares a los nueve periodistas afectados y ordenó al Estado colombiano a poner en marcha una estrategia para proteger la vida de los comunicadores. Sin embargo, la violencia no ha dado tregua. En 2024, los y las periodistas de este departamento sufrieron nueve agresiones en el departamento. Siete
LAS DISIDENCIAS EMPLEAN
TÁCTICAS MÁS AGRESIVAS,
COMO AMENAZAS DIRECTAS, Y
los y las periodistas de este departamento sufrieron nueve agresiones en el departamento. Siete
LAS DISIDENCIAS EMPLEAN
TÁCTICAS MÁS AGRESIVAS,
COMO AMENAZAS DIRECTAS, Y
BUSCAN INSTRUMENTALIZAR A
LOS MEDIOS PARA PROMOVER
SU NARRATIVA DE
CONTROL TERRITORIAL
Y SOCIAL.
En 2024, de las 45 agresiones a la prensa registradas en el departamento, 29 fueron atribuidas por alguno de los dos actores armados que tienen presencia en el departamento. fueron cometidas por actores identificados como miembros de diferentes frentes de las disidencias. El interés de los disidentes por el departamento proviene de la importancia estratégica que representa, pues conecta a los departamentos de Cauca y Caquetá, que el año pasado registraron 31.844 y 6.590 hectáreas de arbusto de coca cultivadas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El Huila hace parte de una de las principales rutas para el trasiego de cocaína por el Pacífico y la Amazonía. En este contexto, el EMB ha intentado reafirmar su poder tras imponerse militarmente sobre la Segunda Marquetalia, otro grupo disidente que hace presencia a través de la Columna Móvil Teó - filo Forero y que mantiene diálogos con el gobierno desde junio de 2024, según reportó el centro de investigación sobre conflicto Conflict Responses (CORE). De acuerdo con un reporte de esta organización, el EMB aprovechó los mecanismos de gobernanza que las Juntas de Acción Comunal (JAC)
investigación sobre conflicto Conflict Responses (CORE). De acuerdo con un reporte de esta organización, el EMB aprovechó los mecanismos de gobernanza que las Juntas de Acción Comunal (JAC) habían establecido tras la salida de las extintas Farc y, bajo la amenaza de las armas, sometieron a la sociedad civil a nuevos mecanismos de control. Aunque el EMB empezó su hostigamiento contra la prensa a través de mensajes, no terminó ahí. Este fue el caso de un periodista que prefirió no dar su nombre por razones de seguridad y quien reportó haber sido secuestrado tras negarse a asistir a las reuniones de los disidentes. Durante su cautiverio, hombres armados lo amenazaron e hicieron preguntas sobre su trabajo, además de indicarle algunas normas sobre la línea narrativa que debía manejar. De acuerdo con él, otros de sus colegas que accedieron a la fuerza a reunirse con los disidentes recibieron un decálogo con instrucciones para elaborar un cubrimiento adecuado a noticias relacionadas con el conflicto en el departamento. Así se prohibió que se publicara información vinculada con combates y capturas, mientras que se permitió que se informara sobre atentados y otros hechos cometidos por la disidencia en contra de las autoridades. El periodista, así como sus compañeros, posteriormente fueron dejados en libertad, pero los disidentes les advirtieron lo que podría sucederles si no atendían sus peticiones. Por eso se vieron forzados a desplazarse. La reconfiguración de la actividad delictiva en departamentos como Huila representa nuevos riesgos para las y los periodistas, pues los actores ilegales operan bajo lógicas locales y descentraforzados a desplazarse. La reconfiguración de la actividad delictiva en departamentos como Huila representa nuevos riesgos para las y los periodistas, pues los actores ilegales operan bajo lógicas locales y descentralizadas sin control de una estructura nacional, como ocurría con las extintas Farc. Esa fragmentación de las estructuras armadas hace impredecibles sus actuaciones. “En cualquier caso, la gente tiene mucho miedo y eso ha llevado a la censura o a que nos sigan utilizando como carne de cañón", afirmó otro periodista que prefirió permanecer en el anonimato.
CAQUETÁ: ENTRA EN JUEGO LA EXTORSIÓN A LA PRENSA Hasta 2024, las agresiones contra la prensa en Caquetá se habían restringido a tácticas antes visitadas por los actores armados.
En su mayoría, se trataban de amenazas para publicar o no publicar contenido, especialmente en medio de confrontaciones armadas. En el pasado, si la guerrilla quería publicar algo, podía hacerlo a través de canales propios que había encontrado a lo largo de su actividad en el departamento. Sin embargo, en junio pasado, Ángel, un director de un medio local en Florencia, la capital de Caquetá, y a quien le hemos cambiado el nombre por seguridad, recibió un mensaje que le indicaba que tenía que pagar un cobro para seguir operando. Por primera vez, según recordó el periodista que tiene varios años de experiencia, la extorsión se convertía en una herramienta para someter a la prensa dentro de la diná - mica de la guerra en esa región. Lo mismo ocurrió con otros dos directores de medios locales que fueron notificados.
ta que tiene varios años de experiencia, la extorsión se convertía en una herramienta para someter a la prensa dentro de la diná - mica de la guerra en esa región. Lo mismo ocurrió con otros dos directores de medios locales que fueron notificados. En el departamento del Caquetá, la lucha por el poder entre los grupos disidentes —el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia— ha intensificado el conflicto en el que los métodos de financiamiento juegan un papel clave de la ecuación. En un contexto donde la extorsión a comerciantes ya se ha normalizado como un “costo” para ejercer cualquier actividad económica, la novedad es que ahora los medios de comunicación también sean blanco de estos impuestos ilegales. “Después de la pandemia se despertó el tema de la extorsión nuevamente con la actividad de las disidencias. Comenzaron los atentados, los combates, ya no entre Ejército y guerrilla, sino entre disidencias. Pero lo que más afecta a toda la sociedad y a todo nivel es la extorsión” , explicó Ángel. La negativa a pagar extorsiones no solo puso en riesgo la sostenibilidad de su medio, que al igual que otros medios semejantes enfrenta dificultades financieras y depende de la pauta comercial o institucional, sino también la seguridad de su familia. Ángel tuvo que hacer malabares para mantener su operación, mientras enfrentabaBajo todos los fuegos 10 11 PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN || PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN el constante temor a represalias. “Tuvimos que irnos desplazados de la ciudad por un
10 11 PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN || PÁGINAS PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN el constante temor a represalias. “Tuvimos que irnos desplazados de la ciudad por un tiempo, pero ante la imposibilidad de salir del país tocó volver, porque aquí está nuestra vida” , agrega. La preocupación, sigue, es que las acciones criminales se están escalando. “Que me envíen algo para presionar la publicación es la primera vez que me pasa. Lo mismo que la extorsión” , indicó. Además, como en otros territorios, los periodistas locales han denunciado que la presencia de estas nuevas estructuras disidentes, descentralizadas y divididas, dificulta el ejercicio periodístico, pues difumina la capacidad de los comunicadores para identificar cadenas de mando y realizar reportería. “Hay zonas como en San José del Fragua o hacia el Putumayo donde hay cuatro grupos armados. No hay ninguna relación con fuentes de las disidencias que puedan contar qué pasa” , afirmó Ángel. Por otra parte, los grupos también han optado por mecanismos de gobernanza criminal como el uso de carnés de identificación de la población civil. Según contó un oficial humanitario de la zona a la FLIP, estos mecanismos de vigilancia también incluyen el registro de visitas y la revisión de dispositivos celulares en puestos de control. A través de esta estrategia, los actor
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