FLIP - A la orilla de la censura - Extractivismo, cambio climático y libertad de expresión en la cuenca del río Cauca

A LA ORILLA DE LA CENSURA: Extractivismo y libertad de expresión enla cuenca del río CaucaA LA ORILLA DE LA CENSURA: Extractivismo y libertad de expresión enla cuenca del río CaucaCOORDINACIÓN

Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez

INVESTIGACIÓN Y TEXTOS

Esteban Sánchez Molina Juan Diego Cárdenas Castillo Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez

EDICIÓN

Juan Diego Cárdenas Castillo César Paredes Peña

FOTOGRAFÍAS

Esteban Sánchez Molina Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez Gabriel Linares

CORRECCIÓN DE ESTILO

Ángela María Agudelo Urrego

DIAGRAMACIÓN

Nel Torres

Behance: /neltorres

IMPRESO POR

PLG Publicidad y digital SAS

A LA ORILLA DE LA CENSURA:

EXTRACTIVISMO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO CAUCA Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 2025 ©Licencia Creative Commons. Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional Esta publicación se realizó con el apoyo de07 Introducción 09 Sombras verdes: la libertad de expresión en medio de la presencia de Smurfit Westrock en Cajibío 20 El precio del cobre: presión e intimidación ante la defensa del territorio 30 El silencio dorado: el relato protagónico del oro en el Bajo Cauca antioqueño 39 Acceso a información un camino atropellado

42 La libertad de expresión frente al poder extractivo 45 Referencias bibliográficasA LA ORILLA DE LA CENSURA: Extractivismo y libertad de expresión enla cuenca del río Cauca7 El extractivismo no se limita a extraer minerales o a ampliar monocultivos: también extrae voces, relatos y memorias e impone lógicas que rompen tejidos comunitarios y moldean el debate público desde intereses contrarios a las comunidades. El río Cauca atraviesa montañas, valles y llanuras como una columna vertebral que sostiene las memorias de los pueblos que han crecido a sus orillas. En sus cauces se reflejan las tensiones de un país que aún no resuelve la contradicción entre la promesa de la modernidad y el peso de un modelo económico que, en nombre del progreso, ha dejado cicatrices profundas en la tierra y en la palabra. Allí, donde el rumor del agua se confunde con el ruido de las máquinas y de los discursos oficiales, se libra una disputa persistente: la de poder contar lo que significa vivir bajo el dominio del extractivismo. En Jericó, un municipio ubicado en el suroriente antioqueño, el aire de montaña todavía conserva la riqueza de una tierra húmeda, pero sobre las laderas se cierne la amenaza de la minería metálica. Los campesinos, que por generaciones han cultivado una memoria agrícola que se ha expandido y hace parte de la identidad de este territorio, ven cómo sus relatos

se quieren diluir bajo la narrativa del progreso minero impulsada por la empresa sudafricana AngloGold Ashanti y su filial Quebradona S.A. En el Bajo Cauca, subregión situada entre Antioquia, Córdoba y Bolívar, la fiebre del oro brilla menos que el mercurio que envenena los ríos. Los humedales y cauces que antes sostenían la vida son hoy terrenos degradados tras décadas de explotación por parte de Mineros S.A. Allí, la violencia armada ejercida en función de intereses de actores ilegales se revuelve con la captura de la palabra: se ha instalado la voz empresarial mientras las voces críticas se encuentran bajo la presión de la estigmatización. En Cajibío, Cauca, los monocultivos de pino y eucalipto se extienden como un manto verde y uniforme que riñe con comunidades indígenas y campesinas. Bajo la presencia de la multinacional papelera Smurfit Westrock y sus empresas filiales, son ellos quienes imponen un lenguaje en donde la tierra se reduce a cifras de productividad por encima de la riqueza de las demandas comunitarias sobre soberanía alimentaria, autonomía territorial y cuidado. Tres geografías distintas comparten una misma herida: la imposición de un modelo extractivo que no solo transforma el paisaje físico, sino también el simbólico. En estos escenarios, la libertad de expresión no es un derecho abstracto sino un recurso vital en disputa. Allí donde se restringe la palabra, se debilita la capacidad de las comunidades para resistir y para imaginar futuros distintos. El extractivismo no se limita a extraer minerales o a amcurso vital en disputa. Allí donde se restringe la palabra, se debilita la capacidad de las comunidades para resistir y para imaginar futuros distintos. El extractivismo no se limita a extraer minerales o a ampliar monocultivos: también extrae voces, relatos y memorias e impone lógicas que rompen tejidos comunitarios y moldean el debate público desde intereses contrarios a las comunidades. El telón de fondo de estas disputas es la crisis climática global. La cuenca del Cauca, con su riqueza hídrica y su biodiversidad, debe ser un espacio de resiliencia. Sin embargo, la deforestación, la contaminación de los ríos y la degradación de los suelos la vuelven cada vez más vulnerable. La paradoja es evidente: mientras los informes internacionales llaman a proteger ecosistemas estratégicos, en estos municipios avanzan8 proyectos que, incluso instrumentalizando conceptos como la conservación y la transición energética, reproducen viejas formas de despojo. Los términos se renuevan entre la “energía limpia” , la “modernización productiva” y el “desarrollo forestal” , pero las consecuencias siguen siendo las mismas: la exclusión de las comunidades de las decisiones que afectan su territorio. La pregunta que atraviesa estos procesos es inevitable: ¿desarrollo para quién? En este contexto, la información se convierte en un recurso tan estratégico como el agua o la tierra. Los conflictos ambientales no se libran únicamente en los territorios físicos, sino también en el espacio comunicativo. En los tres casos, las empresas despliegan campañas de legitimación que presentan sus proyectos como inevitables y necesarios. Frente a ello las

ambientales no se libran únicamente en los territorios físicos, sino también en el espacio comunicativo. En los tres casos, las empresas despliegan campañas de legitimación que presentan sus proyectos como inevitables y necesarios. Frente a ello las comunidades intentan sostener un relato propio en medio de un entorno hostil marcado por la desinformación, la censura y la estigmatización. La contaminación informativa se convierte en una forma de violencia simbólica: distorsiona el debate pú- blico, invisibiliza los impactos negativos y limita la circulación de información veraz. En Jericó, los líderes que defienden el agua y la tierra son señalados como enemigos del progreso; en el Bajo Cauca, quienes buscan contar los impactos de la minería multinacional se enfrentan a la sanción social que los obligan al silencio; y en Cajibío, los relatos campesinos e indígenas pierden terreno frente a discursos empresariales que reducen la tierra a recurso de explotación. Estos ejemplos revelan que el derecho a la libertad de expresión no es un privilegio, sino una condición indispensable para la defensa del territorio. Allí donde se desalienta el disenso, se impone un modelo que no admite preguntas. La investigación que aquí se presenta busca tejer estas historias locales con un análisis más amplio sobre la relación entre el extractivismo, la libertad de expresión y el progresivo cierre del espacio cívico. No se trata de documentar los comprobados impactos ambientales o económicos, sino de examinar cómo las dinámicas globales del modelo extractivista se refleja en los territorios, cómo las narrativas empresariales imponen su sentido de lo público frente a los relatos comunitarios y cómo

bados impactos ambientales o económicos, sino de examinar cómo las dinámicas globales del modelo extractivista se refleja en los territorios, cómo las narrativas empresariales imponen su sentido de lo público frente a los relatos comunitarios y cómo la defensa de la libertad de expresión es instrumento esencial para exigir justicia ambiental y social. En última instancia, lo que emerge de estos territorios es una pregunta que atraviesa no solo a la cuenca del Cauca, sino a todo el país: ¿quién tiene derecho a definir el futuro? Las comunidades locales reclaman ese derecho, no sólo como víctimas del modelo extractivo, sino como actores capaces de pensar en alternativas y de sostenerlas, entre otras cosas, a través de la comunicación local. Frente a la contaminación de los ríos y de la información, ante la imposición de proyectos que se presentan como inevitables, la libertad de expresión se reafirma como un acto de resistencia y ejercicio de ciudadanía. En esa defensa se juega no solo la protección del territorio, sino también la posibilidad de una democracia más abierta, capaz de escuchar y reconocer las voces que se resisten en medio del ruido de dragas, motosierras y perforadoras.la libertad de expresión en medio de la presencia de Smurfit Westrock en

Cajibío Sombras verdes: :10

De este entorno el mayor beneficiario es Smurfit, que ha impulsado discretamente una agenda favorable a su presencia en el territorio, mientras que, indirectamente ha generado condiciones que limitan la libertad de expresión. En la carretera que conecta el casco urbano de Cajibío — un municipio ubicado en el centro del departamento del Cauca,

favorable a su presencia en el territorio, mientras que, indirectamente ha generado condiciones que limitan la libertad de expresión. En la carretera que conecta el casco urbano de Cajibío — un municipio ubicado en el centro del departamento del Cauca, en el suroriente colombiano— con el corregimiento de La Capilla, se pueden leer grandes vallas publicitarias con mensajes a favor de la empresa multinacional Smurfit Westrock. Antes conocida bajo el nombre Smurfit Kappa y mayormente asociada a nivel local como Cartón de Colombia, esta compañía se ha consolidado como el gigante detrás del cartón, el papel y otros derivados en el país. En Cajibío, su presencia se percibe en todas partes. Se estima que la empresa ha acumulado la tenencia de al menos 2.900 hectáreas en este municipio y tiene derechos sobre cientos más a través de figuras de arrendamiento que le permiten explotar un total que supera las 3.000 hectáreas de las 54.700 que conforman el municipio. Además de las vallas, el paisaje imponente cargado de pinos pátula y eucaliptos rosados —especies que la empresa utiliza para la producción de papel y sus derivados y que no son nativas de la región— evidencia el poder que la empresa ostenta localmente. Un poder que no solamente se revela a través de su presencia física, sino de su papel discursivo en el conflicto derivado de su actividad en el municipio. En una orilla se encuentra la empresa, que ha movilizado una narrativa a favor de su presencia en el territorio, con el argumento de que promueve el desarrollo económico a través de proyectos de emprendimiento local, entre otras estrategias. En la otra, se encuentran en su mayoría organizaciones sociales

do una narrativa a favor de su presencia en el territorio, con el argumento de que promueve el desarrollo económico a través de proyectos de emprendimiento local, entre otras estrategias. En la otra, se encuentran en su mayoría organizaciones sociales compuestas por movimientos indígenas (Misak y Nasa) y campesinos, que se oponen a la acaparación de tierras por parte de Smurfit y abogan por principios como la soberanía alimentaria a través de una redistribución de la tierra. Este enfrentamiento, sin embargo, ha puesto en riesgo la libertad de expresión. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) encontró que, a través de varias estrategias, la arrolladora presencia y poderío de Smurfit Westrock en Cajibío —sumado a otros factores asociados al conflicto por la tierra y la presencia de grupos armados— ha limitado de manera drástica el ejercicio de este derecho y otros subsecuentes, como el acceso a la información y la libertad de prensa. De la misma manera, la producción de información de interés público local es limitada y existen pocas garantías para ejercer un periodismo libre. En estas condiciones, no solamente se amenaza la forma en la que estos derechos se ejercen en el territorio, sino que se socava el avance de procesos de construcción de paz territorial. En agosto de 2025, la FLIP viajó al departamento del Cauca para entrevistarse con medios locales, organizaciones sociales y otros actores de la sociedad civil con la intención de11 entender el ecosistema de la libertad de expresión en Cajibío y sus alrededores. Así mismo, envió solicitudes de información a la Corporación Autónoma Regional del Cauca ( CRC), al Minissociales y otros actores de la sociedad civil con la intención de11 entender el ecosistema de la libertad de expresión en Cajibío y sus alrededores. Así mismo, envió solicitudes de información a la Corporación Autónoma Regional del Cauca ( CRC), al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y a la misma empresa Smurfit Westrock, con la finalidad de llevar a cabo esta misión. Un gigante en una tierra en disputa Según la Corte Constitucional de Colombia, Smurfit Westrock inició operaciones en el departamento del Cauca en los años setenta. Y consolidó sus plantaciones en los años noventa, en paralelo a la expansión de otros proyectos agroindustriales como el cultivo de caña de azúcar, que han profundizado modelos que favorecen sectores extensivos del uso de la tierra en este y otros departamentos. En 1978, la empresa se estableció en el municipio de Cajibío, e inició la compra de terrenos, sobre todo en la zona oriental, considerada por los habitantes como la más fértil de la región. La compra no fue motivada por el azar. Esta área destaca por su riego con aguas del río Cauca, su ubicación en planicies y laderas bajas, así como por su proximidad a la principal vía del departamento. Según el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional ( OCA), la llegada de la empresa intensificó los conflictos territoriales entre comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, debido a las figuras de compra y arrendamiento con empresas filiales y dueños de microfundios. Actualmente, y según los pocos documentos pú- blicos a los que la FLIP pudo acceder para comprobar la tenenindígenas, campesinas y afrodescendientes, debido a las figuras de compra y arrendamiento con empresas filiales y dueños de microfundios. Actualmente, y según los pocos documentos pú- blicos a los que la FLIP pudo acceder para comprobar la tenencia de la tierra por parte de la empresa, el principal operador es su filial Reforestadora Andina, que administra 27 predios que abarcan cerca del 5 % del territorio municipal. Sin embargo, la modalidad de arrendamiento dificulta conocer con exactitud la extensión de tierra controlada por la empresa, como señalaron organizaciones campesinas que pidieron anonimato por seguridad. Este panorama ha generado tensiones sobre cómo se administra y se habita el territorio. Mientras la empresa y los actores con mayor poder de decisión priorizan criterios de rentabilidad económica, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes sostienen que los monocultivos afectan profundamente el ecosistema y alteran el vínculo vital con la tierra. En este sentido, las plantaciones forestales no solo tienen efectos ambientales, sino también culturales, especialmente en la transformación de tradiciones y formas de vida. Por su parte, la empresa siempre ha argumentado que la certificación de gestión forestal (FSC) confirma que el bosque se está gestionando de tal manera que preserva la biodiversidad y beneficia a las poblaciones y los trabajadores locales, lo que asegura al mismo tiempo su viabilidad económica. En su criterio, “[la certificación ha permitido ] proporcionar información relevante sobre nuestras operaciones forestales de manera clara, oportuna y en un lenguaje que sea comprensible para todas las partes interesadas, incluyendo las comunidades locales” ,

criterio, “[la certificación ha permitido ] proporcionar información relevante sobre nuestras operaciones forestales de manera clara, oportuna y en un lenguaje que sea comprensible para todas las partes interesadas, incluyendo las comunidades locales” , respondió Smurfit en un cuestionario enviado por la FLIP . “Este enfoque promueve la transparencia, fortalece nuestras relaciones con las comunidades y contribuye a la gestión responsablede los recursos forestales, que en uno de sus principios (acceso a la información) culturalmente apropiado” , añadió. Pero los hechos y peticiones de las comunidades apuntan en una dirección opuesta. La confrontación de estas visiones tuvo un punto crítico en julio de 2021 durante el Paro Nacional, a instancias del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Unos 150 campesinos e indígenas Misak y Nasa ingresaron a predios copados de eucaliptos y pinos para talar estas especies y establecer fincas agrícolas con el fin de negociar con la empresa. La respuesta del gobierno fue violenta y dejó como saldo el asesinato del joven campesino Samir Camayo. Sin embargo, el cubrimiento local y regional se enfocó en las afectaciones a la empresa y en la ilegalidad de la ocupación. Medios como La República hicieron eco del discurso de Smurfit, sin mencionar las denuncias por violaciones de derechos humanos que se habían presentado durante las confrontaciones con la fuerza pública. Desde entonces, las tensiones van y vienen. Campesinos e indígenas realizan talas en los predios de Smurfit y proyectos de soberanía alimentaria, mientras la fuerza pública responde con desalojos violentos. Cajibío no ha sido el único escenario de

Desde entonces, las tensiones van y vienen. Campesinos e indígenas realizan talas en los predios de Smurfit y proyectos de soberanía alimentaria, mientras la fuerza pública responde con desalojos violentos. Cajibío no ha sido el único escenario de disputa: en noviembre de 2022, en hechos que hoy son materia de investigación, un guardia de la empresa de seguridad Fortox —contratada por Smurfit — disparó y asesinó al sabedor ancestral Juvencio Cerquera. Cada vez que se llevan a cabo las “recuperaciones de tierra” —como los movimientos locales denominan las ocupaciones— la cobertura de los medios nacionales y regionales suele enfocarse en las afectaciones a la empresa. En febrero de 2024, por ejemplo, Blu Radio reportó sobre la situación, haciendo hincapié en las “pérdidas millonarias” que sufrió la empresa, además de la “manera violenta” en la que los ocupantes actuaron cuando entraron a los predios. En un marco estructural, esto deriva en mayor estigmatización contra los movimientos sociales e invisibiliza sus peticiones en medio de este conflicto. A esta tensión se suma la presencia de actores armados. Según la Comisión de la Verdad, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se asentaron en esta región a inicios de la década de los 80. Luego de su desmovilización en 2016, organizaciones disidentes de las FARC afiliadas al Bloque Occidental Jacobo Arenas, todavía hacen presencia en esta parte del Cauca junto al ELN. La presencia de estos grupos armados contribuye al auorganizaciones disidentes de las FARC afiliadas al Bloque Occidental Jacobo Arenas, todavía hacen presencia en esta parte del Cauca junto al ELN. La presencia de estos grupos armados contribuye al aumento de actos violentos, que incrementan la tensión y desvían13 la atención sobre el problema de la tierra y terminan presentándose en los medios como un problema de orden público. Con ello, se ocultan las causas estructurales: la concentración propiedad de la tierra y la exclusión de la mayoría de la población de su acceso, lo que termina por enterrar estas agendas del debate público nacional, regional y local. De acuerdo con un artículo de la Revista Raya, las relaciones políticas de la empresa a nivel local y regional le han permitido fortalecer su posición. La cercanía de Smurfit ha llegado hasta presidentes de la República, a los que han manifestado su apoyo abiertamente, como es el caso del primer periodo de Álvaro Uribe Vélez en 2002, según se lee en un archivo del perió- dico El Tiempo. Pero su influencia no acaba ahí. Según demuestra Raya, el exministro de la cartera de Minas durante el primer mandato del expresidente Uribe, Luis Ernesto Mejía Castro, ocupó un asiento en la junta directiva de Smurfit Cartón de Colombia. Este tipo de relaciones, continúa Raya, se han extendido hasta las Corporaciones Autónomas Regionales ( CAR) —que son las entidades encargadas administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables— , pues hay registros de altos ejecutivos de la empresa durante eventos sociales con directivos de esas Corporaciones, lo que constituye un posible conflicto de intereses.

ción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables— , pues hay registros de altos ejecutivos de la empresa durante eventos sociales con directivos de esas Corporaciones, lo que constituye un posible conflicto de intereses. De este entorno el mayor beneficiario es Smurfit, que ha impulsado discretamente una agenda favorable a su presencia en el territorio, mientras que, indirectamente ha generado condiciones que limitan la libertad de expresión.

Cauca: ¿una tierra de oportunidades?

Smurfit lidera una producción constante de contenidos audiovisuales a través de los cuales presenta una idea central: que su presencia fomenta el desarrollo en el departamento del Cauca. El mensaje de fondo refuerza la idea de que se puede alcanzar el desarrollo local sin democratizar el acceso a la tierra. A través de su página de Facebook, la empresa publica con regularidad obras de su fundación homónima y alianzas con instituciones locales, como la Alcaldía Municipal de Cajibío. Este contenido destaca los proyectos de inversión en infraestructura que sirven a juntas de acción comunal, instituciones educativas, entre otras. De acuerdo con una investigadora de una organización que promueve procesos de educación comunitaria en Cajibío, y que prefirió el anonimato por seguridad, estas acciones profundizan los conflictos interétnicos. Esto se da porque la empresa asume el papel de proveedor, en medio del abandono del Estado, y termina enfrentando a quienes reciben sus beneficios con quienes piden que abandone el municipio. “Se convierte en una pelea entre ellos y la empresa, yo creo, ha aprovechado eso para también aumentar la conflictividad porque le resulta más fácil que estén entre ellos peleando, que todos juntos peleando hacia la empresa” , dijo.

“Se convierte en una pelea entre ellos y la empresa, yo creo, ha aprovechado eso para también aumentar la conflictividad porque le resulta más fácil que estén entre ellos peleando, que todos juntos peleando hacia la empresa” , dijo. En su cartilla Mitos y realidades sobre el origen y la fabricación del papel, Smurfit condensa toda su narrativa, incluyendo no solo conceptos como la sostenibilidad y el desarrollo, sino también imágenes alusivas al respeto por los ecosistemas.14 Detrás de la producción de Smurfit, reza el documento, hay un proceso con beneficios sociales, económicos y ambientales. Según la cartilla, “las plantaciones forestales comerciales, de donde proviene la madera para la producción de papel, se establecen en zonas con vocación forestal que fueron deforestadas varias generaciones atrás y han sido destinadas a usos diferentes al de su vocación” . Al respecto, Smurfit adujo que estos mensajes se integran a su estrategia de responsabilidad social, ya que la producción de información ha pasado por distintas estrategias de diálogo con los actores locales. “Con la comunidad fomentamos espacios de escucha activa con autoridades locales, colaboradores y aliados estratégicos, donde sus voces son valoradas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones. A través de canales formales de comunicación y procesos participativos, promovemos un flujo de información oportuno, claro y respetuoso” , aseguró en el cuestionario enviado por la FLIP . Sin embargo, los miembros más mayores de los movimientos campesinos e indígenas contradicen esta versión y aseguran que la actuación de la empresa se ha caracterizado por estrategias poco transparentes.

cuestionario enviado por la FLIP . Sin embargo, los miembros más mayores de los movimientos campesinos e indígenas contradicen esta versión y aseguran que la actuación de la empresa se ha caracterizado por estrategias poco transparentes. Jorge, un campesino que ha pertenecido a diferentes movimientos campesinos por más de 60 años, recordó que la empresa siempre ha sido confrontada por la siembra de pinos y eucaliptos en áreas que las comunidades reclaman como terrenos fértiles indispensables para sus modos de vida. “Inicialmente arrendaban fincas, pero luego iban induciendo a la gente a la venta de las fincas. De esta manera, Smurfit se apoderaba de gran parte de las tierras de esta de la meseta de Popayán, donde están las mejores tierras para la agricultura y las llenaron de pino”, relató. Los medios de comunicación nacionales refuerzan la narrativa a favor de Smurfit. Casas editoriales como El Tiempo han apoyado la producción de contenidos que destacan proyectos de reducción de emisiones de carbono, así como proyectos de ‘bioeconomía’ de un alto valor económico y supuesto beneficio ambiental. Otros de los argumentos busca desmarcar la idea de que la plantación de pinos y eucaliptos son especies invasoras que deterioran los ecosistemas. Sobre este punto, Smurfit argumenta que los efectos positivos o negativos de estas especies no dependen de su lugar de origen, sino del manejo que se les da, y se ampara en la Resolución 0067 de 2023 del MADS. Sin embargo, investigaciones como las del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional (O C A) contradicen esa versión. Según el OCA, estas plantacioampara en la Resolución 0067 de 2023 del MADS. Sin embargo, investigaciones como las del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional (O C A) contradicen esa versión. Según el OCA, estas plantaciones aceleran los procesos de erosión, dejan los suelos sin la cobertura necesaria para retener el agua de la lluvia y se vuelven propensos a avalanchas y a la pérdida de la capa superficial del suelo. Además, otros efectos como la acidificación del suelo y el agotamiento biológico, terminan produciendo la pérdida de há- bitat para especies de fauna, una situación que confirman los testimonios de las comunidades locales. “Por eso se le llama el desierto verde, porque acaba con la tierra, acaba con con el agua, acaba con todo” , dijo Marcos, uno de los voceros del Coordinador Nacional Agrario ( CNA) una organización que reúne varios movimientos compuestos por campesinos e indígenas en esta área del departamento del Cauca. Aunque la cartilla promueve la idea de que Smurfit protege y conserva bosques naturales y su fauna, el documento no15 aporta soportes científicos que corroboren sus afirmaciones, ni hace un conteo de especies de flora y fauna que habitan estas zonas. Tampoco se hace mención a si esta información es pú- blica y se encuentra desagregada por territorios. Cuando los movimientos sociales intentan acceder a información de evidente interés público, argumentan los líderes de las comunidades, se les ha negado la posibilidad de un diálogo que confronte estas versiones. Pese a las narrativas críticas, la compañía utiliza su posición privilegiada entre las autoridades locales y nacionales

los líderes de las comunidades, se les ha negado la posibilidad de un diálogo que confronte estas versiones. Pese a las narrativas críticas, la compañía utiliza su posición privilegiada entre las autoridades locales y nacionales para legitimar sus propios contenidos. En contraste, cuando los movimientos sociales intentan acceder a información de evidente interés público, argumentan los líderes de las comunidades, se les ha negado la posibilidad de un diálogo que confronte estas versiones. Pero Smurfit dice lo contrario. De acuerdo con el cuestionario enviado a la empresa, Smurfit dice contar con equipos especializados en el relacionamiento con las comunidades, llevar a cabo reuniones periódicas con líderes de juntas de acción comunal y realizar procesos de planeación participativa con actores públicos, privados, instituciones educativas y líderes comunitarios para la creación de agendas locales. Según Alberth Ochoa, representante de Derechos Humanos del CNA y miembro del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, la empresa ha negado la participación de las comunidades en distintos espacios de diálogo, al tiempo que ha invalidado sus demandas y presentación de información que contradice la narrativa oficial de la empresa. Un ejemplo es el uso de planes de manejo forestal como garantía de su compromiso con los derechos humanos y estándares de biodiversidad en instancias nacionales e internacionales. “Estos planes no son un documento cualquiera, sino la hoja de presentación de la empresa ante los gobiernos, quienes, al considerarlos una maravilla, les otorgan financiación y los proponen a nivel internacional para premios ambientales, lo que legitima su actuar” , explicó.

un documento cualquiera, sino la hoja de presentación de la empresa ante los gobiernos, quienes, al considerarlos una maravilla, les otorgan financiación y los proponen a nivel internacional para premios ambientales, lo que legitima su actuar” , explicó. “ ¿Cuál es su estrategia allí? Es básicamente una estrategia de hacer alianzas gubernamentales o acciones de intervención que favorezcan su imagen, ¿no?, con la gente, con las comunidades” , añadió la investigadora de la escuela de comunicación comunitaria. A estas dinámicas se suman los obstáculos para acceder a la información ambiental que podría poseer la empresa. Según el portal Global Biodiversity Information Facility ( GBIF), Smurfit Westrock cuenta con tres caracterizaciones biológicas en núcleos forestales ubicados en el Valle del Cauca. Sin embargo, no cuenta con información