FLIP - Ciclo de violencia e impunidad en casos de violencia letal contra periodistas

Noviembre 2026 Lo que falta por esclarecer Análisis del ciclo de violencia e impunidad en casos de violencia letal contra periodistas y comunicadores en Colombia Contenido: 05 Marco de análisis de la violencia letal contra periodistas en Colombia 11 Cómo avanzan los procesos penales de los 12 homicidios en los que la FLIP participa 28 Ciclo de impunidad y mecanismos que obstaculizan los procesos de justicia 3GFLPAÑOS 40 RecomendacionesFUNDACIÓN PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A. M. Lo que falta por esclarecer :

análisis del ciclo de violencia e impunidad en casos de violencia letal contra periodistas y comunicadores en Colombia La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, es una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados. Bajo ese mandato, la Fundación representa y/o acompaña ante instancias de justicia nacionales e internacionales a periodistas y sus familias víctimas, en casos considerados especialmente graves por las afectaciones al derecho a la libertad de expresión y de la prensa y por ser consideradas graves violaciones a los derechos humanos. Los homicidios de periodistas y comunicadores por razón de su oficio o trabajo no constituyen hechos aislados, ni buscan únicamente afectar la integridad de oficio o trabajo no constituyen hechos aislados, ni buscan únicamente afectar la integridad de una persona. Estos crímenes se inscriben en un ciclo histórico de violencia e impunidad contra la prensa que busca impedir la difusión de información de interés público, alterar la agenda informativa, provocar autocensura y enviar un mensaje intimidatorio a los medios y a las comunidades que dependen de su trabajo. Igualmente, este ciclo de violencia perpetúa la impunidad de los determinadores y máximos responsables y vulnera los derechos de la sociedad y las víctimas a la justicia, a la verdad y a las garantías de no repetición. las víctimas a la justicia, a la verdad y a las garantías de no repetición. La violencia ejercida contra periodistas demanda una respuesta estatal diferenciada que responda al deber de protección reforzada por los riesgos inherentes a su labor. Asimismo, implica un cumplimiento particular de las obligaciones estatales en materia de prevención, protección, investigación y sanción de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra periodistas y comunicadores sociales. La impunidad en casos de homicidios contra periodistas y comunicadores es inaceptable conforme al derecho internacional y deben ser considerados como hechos imprescriptibles. Además, dada la magnitud de estas situaciones, y deben ser considerados como hechos imprescriptibles. Además, dada la magnitud de estas situaciones, se genera la obligación del Estado de i) adoptar medidas para prevenir que se concreten los riesgos derivados del oficio periodístico, ii) proteger a quienes lo ejercen mediante medidas de protección diferenciales, suficientes y adecuadas e iii) investigar, juzgar y sancionar judicialmente con enfoque de censura a todos los responsables, particularmente a quienes ordenaron el crimen o son considerados los máximos responsables. De igual forma, le corresponde2

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A.

M. al Estado iv) garantizar el derecho a la verdad de la sociedad y las víctimas, v) una reparación integral a las familias víctimas

(comunidades étnicas), así como garantías de no repetición de las atrocidades cometidas. En el año 2024, la FLIP elaboró un índice cuantitativo para medir la impunidad en los casos de homicidio contra periodistas . A través de indicadores que evalúan el avance de las investigaciones, la judicialización y las decisiones judiciales adoptadas, este ejercicio permitió dimensionar las de las investigaciones, la judicialización y las decisiones judiciales adoptadas, este ejercicio permitió dimensionar las limitaciones de la respuesta penal. Asimismo, evidenció los persistentes vacíos en el esclarecimiento de la responsabilidad individual, especialmente respecto a quienes son considerados máximos responsables o quienes ordenaron el homicidio, quienes permanecen en la impunidad en la mayoría de los casos. Para una interpretación integral del índice de impunidad en los procesos penales por homicidios de periodistas, la FLIP considera indispensable realizar un análisis cualitativo complementario que caracterice las dinámicas judiciales e identifique los obstáculos que impiden su avance. En este sentido, una causa penal judiciales e identifique los obstáculos que impiden su avance. En este sentido, una causa penal puede figurar formalmente activa durante años sin registrar progresos sustanciales, una condena puede limitarse a sancionar a los autores materiales dejando impunes a los determinadores, o un avance procesal puede verse desvirtuado por la exclusión de las víctimas. Por esta razón, se propone evaluar datos cuantitativos y caracterizar la conducción misma de las investigaciones y juicios, con el fin de visibilizar las oportunidades de esclarecimiento penal que el sistema de justicia omite aprovechar. En este contexto, la FLIP presenta el primer informe de una serie de justicia omite aprovechar. En este contexto, la FLIP presenta el primer informe de una serie de análisis de tipo cualitativo sobre la dinámica de los procesos judiciales a cargo de la justicia penal colombiana en casos de violencia letal contra periodistas y comunicadores. El estudio analiza 12 casos de periodistas asesinados entre 1991 y 2026, casos en los que la FLIP actúa como representante de las víctimas, monitorea la etapa de juicio o brinda acompañamiento a las familias víctimas tras el homicidio o asesoría técnica. Para el análisis se realiza una descripción de los hechos y el estado judicial del proceso penal de cada se realiza una descripción de los hechos y el estado judicial del proceso penal de cada uno de los 12 casos, identificando los obstáculos que frenan el avance del proceso judicial. También se describen los avances observados en los procesos por decisiones judiciales y se hacen recomendaciones concretas a la Fiscalía General de la Nación (en adelante Fiscalía) y a la Unidad Nacional de Protección (en adelante UNP), orientadas a fortalecer la respuesta penal y garantizar plenamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Los casos objeto de análisis corresponden a los homicidios integral y la no repetición. Los casos objeto de análisis corresponden a los homicidios de los periodistas y comunicadores representados judicialmente por la

FLIP:

Edison Molina, Luis Antonio3

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A. M. Peralta, Rafael Moreno, Abelardo Liz, Mardonio Mejía, Marcos Efraín Montalvo, Julio Daniel Chaparro, Jorge Torres, Elizabeth Obando, Cristian Herrera, Mateo Pérez Rueda y el equipo periodístico del diario El Comercio de

Ecuador:

Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Por su parte, en el caso de

Ecuador:

Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Por su parte, en el caso de Wilder Córdoba, aunque la representación legal de las víctimas está a cargo de un apoderado de confianza, la FLIP ha realizado el seguimiento al proceso penal en calidad de observadora del juicio oral, brindando además el acompañamiento y la asistencia técnica requeridos. - 4

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A. M. Marco de análisis de la violencia letal contra periodistas en Colombia

Antecedentes:

Índice de impunidad de 2024 En de la violencia letal contra periodistas en Colombia

Antecedentes:

Índice de impunidad de 2024 En el año 2024, la FLIP elaboró el Índice de Impunidad en Asesinatos a Periodistas para caracterizar la respuesta del sistema penal frente a estos crímenes. El ejercicio analizó los homicidios de 17 periodistas ocurridos entre 2014 y 2024 mediante once indicadores sobre investigación, judicialización, decisiones judiciales y esclarecimiento de responsabilidades. Su metodología partió de que la justicia debe alcanzar a toda la cadena criminal y esclarecer las razones vinculadas al oficio que motivaron el asesinato. Los resultados evidenciaron que ninguno de los 17 homicidios había que motivaron el asesinato. Los resultados evidenciaron que ninguno de los 17 homicidios había alcanzado el esclarecimiento total. Siete (41,1 %) registraban condenas contra autores materiales, uno (5,8 %) contaba con condena contra un determinador y nueve (52,9 %) se encontraban en la categoría de impunidad prejudicial, es decir, sin vinculación formal de un presunto responsable según la definición adoptada. Sin embargo, estas cifras corresponden al contexto de observación del índice, no a la situación actual de los procesos. El principal hallazgo fue la concentración de los avances en los eslabones de ejecución, mientras persistían vacíos sobre quiénes concentración de los avances en los eslabones de ejecución, mientras persistían vacíos sobre quiénes ordenaron los crímenes y sus motivaciones. Incluso la condena de un determinador podía dejar preguntas pendientes sobre otros intereses y responsabilidades. El índice también advirtió que mantener investigaciones activas no permitía concluir que existieran estrategias suficientes para esclarecer los hechos. Esta limitación abrió la necesidad de profundizar en la calidad de la respuesta estatal. Que la Fiscalía mencionara el ejercicio periodístico como hipótesis no demostraba que dicha premisa se aplicara en las diligencias o actividades de investigación, así como la existencia de un expediente abierto no en las diligencias o actividades de investigación, así como la existencia de un expediente abierto no informaba sobre su actividad efectiva. El índice de 2024 permitió dimensionar los niveles de impunidad en los procesos penales de homicidios contra periodistas y evidenció la necesidad de realizar un estudio complementario, como el que se realiza en este informe, el cual analiza los obstáculos en concreto dentro de cada caso que impiden la materialización de la justicia. - 5

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A. M. Caracterización del

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A. M. Caracterización del ciclo de violencia e impunidad En el marco de las violaciones graves a los derechos humanos, actualmente se reconoce de manera amplia que el concepto de impunidad trasciende la mera ausencia de castigo. Para comprender su verdadero alcance, es necesario integrar las dimensiones que comprenden la impunidad y el marco de obligaciones internacionales que imponen a los Estados el deber de combatirla. De esta forma, de acuerdo con el derecho internacional, la impunidad no solo existe cuando el proceso penal omite investigar y sancionar a la totalidad de impunidad no solo existe cuando el proceso penal omite investigar y sancionar a la totalidad de los responsables, sino que se manifiesta en tres dimensiones adicionales. Así, en primer lugar, se presenta la impunidad cuando se vulnera el derecho a la verdad, impidiendo que la sociedad y las familias conozcan la magnitud y los móviles de los crímenes. En segundo lugar, se configura cuando las víctimas no acceden a una reparación integral. Finalmente, persiste cuando el Estado omite adoptar las medidas preventivas y las garantías de no repetición necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Esta concepción ha sido respaldada necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Esta concepción ha sido respaldada por diversas instancias internacionales, como la de la Organización de las Naciones

Unidas:

La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores —especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas—, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de la Organización de las Naciones Unidas. A partir de esta delimitación conceptual, se reconoce que las obligaciones del Estado en la lucha contra la impunidad se fundamentan en el deber general de respetar y garantizar los derechos humanos. Esta obligación general exige el cumplimiento de tres deberes específicos:

1. prevenir la ocurrencia de abusos; ii) investigar, el cumplimiento de tres deberes

específicos:

1. prevenir la ocurrencia de abusos; ii) investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos; y iii) reconocer y garantizar los derechos irrenunciables de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

- 6

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A. M. Dada la especificidad que comprende la violencia contra los comunicadores, la acción de la justicia exige un tratamiento especializado. Las conductas punibles ejercidas los comunicadores, la acción de la justicia exige un tratamiento especializado. Las conductas punibles ejercidas en su contra no representan eventos independientes ni agresiones estrictamente personales. Por el contrario, responden a un patrón histórico de violencia orientado a censurar la información de interés general, manipular la agenda mediática, cohibir el ejercicio del oficio y menoscabar el derecho de la ciudadanía a estar informada 1 . Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la falta de castigo por la violencia contra periodistas crea un ciclo perjudicial. Cuando los crímenes quedan impunes, se promueve la repetición de ataques. Por eso, la CIDH sostiene crímenes quedan impunes, se promueve la repetición de ataques. Por eso, la CIDH sostiene que los países deben reconocer este círculo vicioso y tomar medidas concretas. Una de las más importantes es garantizar que los equipos de investigación, fiscales y jueces estén bien entrenados para que las indagaciones sobre crímenes contra la libertad de expresión sean completas y minuciosas 2 . Este patrón de agresión se enmarca en un ciclo de violencia e impunidad que suele iniciar cuando el periodista ejerce un rol de control social y cuestiona los poderes y autoridades establecidas. Posteriormente, escala hacia amenazas dirigidas a forzar la cuestiona los poderes y autoridades establecidas. Posteriormente, escala hacia amenazas dirigidas a forzar la autocensura del comunicador y sus colegas, agravadas por la ausencia de medidas oportunas o suficientes de prevención y protección por parte de las autoridades competentes. A pesar de que las autoridades conocen la inminencia de la amenaza —evidenciada en múltiples denuncias penales, acciones preventivas policiales o esquemas asignados por la UNP—, la respuesta institucional resulta insuficiente para salvaguardar la vida. Más adelante, se recurre a alianzas con estructuras criminales para realizar labores de seguimiento y amedrentamiento, desembocando en secuestros, torturas, desplazamientos criminales para realizar labores de seguimiento y amedrentamiento, desembocando en secuestros, torturas, desplazamientos forzados, exilios, violencia sexual o homicidios. El ciclo de violencia e impunidad no concluye con la agresión física o la muerte del periodista, sino que continúa con la prolongación indefinida de los procesos judiciales, la omisión en la sanción de los autores intelectuales y el desconocimiento de 2 OEA. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría especial para la libertad de expresión. Zonas silenciadas:

Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión.

OEA/Ser.L/V/II.

CIDH/RELE/INF.16/17. 15 de marzo de 201 1 la libertad de expresión.

OEA/Ser.L/V/II.

CIDH/RELE/INF.16/17. 15 de marzo de 201 1 Tal como lo dispuso la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia en el caso del asesinado del periodista Luis Antonio Peralta en la sentencia SP1775-2025 del caso con radio No. 18247600054920150002601 , el patrón lo delimitaron la ONU en el Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, los órganos de la OEA en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y en las condenas a Colombia en los casos de Cepeda Vargas, Vélez Restrepo y Familiares, Carvajal condenas a Colombia en los casos de Cepeda Vargas, Vélez Restrepo y Familiares, Carvajal Carvajal y Bedoya Lima, y las altas cortes colombianas, como en el caso de José Orlando Sierra Hernández. - 7

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A.

M. los derechos a la verdad, la reparación integral y la no repetición.

Esta inacción estatal consolida un escenario de impunidad que no solo perpetúa el silencio y la censura, sino que retroalimenta el ciclo violento, permitiendo su reproducción indefinida contra la prensa y sino que retroalimenta el ciclo violento, permitiendo su reproducción indefinida contra la prensa y la sociedad. El paso del tiempo agrava estas dificultades:

los testimonios pierden fuerza, las fuentes desaparecen y ciertos elementos probatorios se vuelven irrecuperables. Además, un factor recurrente que afecta el desarrollo de las investigaciones es la falta de consideración de la relación entre el crimen y el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, lo cual impide que las hipótesis procesales se orienten adecuadamente. En ese sentido, suele omitirse la condición de periodista de la víctima, el vínculo directo entre el delito y su omitirse la condición de periodista de la víctima, el vínculo directo entre el delito y su labor informativa, así como la identificación de los intereses afectados por sus publicaciones. A estas deficiencias se suman constantes interrupciones en el trámite judicial, tales como la postergación reiterada de audiencias y la falta de preparación y coordinación en su realización, entre otras barreras documentadas en este informe. Aunque en ocasiones se logra judicializar a los autores materiales —con frecuencia jóvenes vulnerables o menores de edad que reciben penas severas—, el delito suele quedar impune, pues no se identifican a los determinadores o máximos el delito suele quedar impune, pues no se identifican a los determinadores o máximos responsables de los crímenes. Esta inactividad estatal vulnera los derechos a la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición, lo que perpetúa la violencia e impone un ciclo de agresiones contra la prensa y la libertad de expresión. - 8

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A. M. Enfoque de censura:

una protección reforzada para quienes ejercen el periodismo El enfoque de censura es una pauta de análisis reforzada para quienes ejercen el periodismo El enfoque de censura es una pauta de análisis judicial que exige a las autoridades estatales brindar una protección reforzada de rango constitucional cuando los hechos de un proceso se relacionan con daños sufridos por una persona a causa de su labor periodística. Esta medida implica que los operadores de justicia, en vez de examinar las agresiones como delitos aislados o comunes, deben incorporar en sus decisiones una evaluación diferencial sobre el patrón histórico de violencia e impunidad contra la prensa. Desde esta perspectiva, la censura no se limita a la prohibición formal o previa de contenidos, esta perspectiva, la censura no se limita a la prohibición formal o previa de contenidos, sino que alcanza su manifestación más extrema en la combinación de actos violentos e impunidad, la cual genera ambientes de autocensura y silenciamiento que privan a toda la sociedad de acceder a información de interés público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha aplicado este enfoque evaluando los contextos de riesgo, la inacción del Estado y la relación directa entre el ejercicio de la comunicación y los ataques sufridos por las víctimas. En el caso9

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP INFORME víctimas. En el caso9

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A.

M. de

Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (2010) , el tribunal determinó que el asesinato del congresista y comunicador no constituyó un hecho aislado, valorando las amenazas previas y la falta intencional de protección estatal para reconocer la vulneración de sus derechos. Posteriormente, en el caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia (2012) , la Corte IDH aplicó el enfoque de censura al establecer, mediante pruebas indiciarias e inferencias lógicas, la aplicó el enfoque de censura al establecer, mediante pruebas indiciarias e inferencias lógicas, la conexión entre la agresión sufrida por un camarógrafo a manos de militares, el intento de arrebatarle su material grabado y las posteriores amenazas e intento de secuestro que lo llevaron al exilio. El tribunal enfatizó que la inactividad investigativa del Estado, más el incremento de los hostigamientos en los periodos de denuncia y la falta de una hipótesis alternativa por parte de las autoridades, permitía inferir que los ataques buscaban silenciar la difusión de la información y garantizar la impunidad de los agresores iniciales. También, en el de la información y garantizar la impunidad de los agresores iniciales. También, en el caso Carvajal Carvajal vs. Colombia (2018) , la Corte IDH consolidó este enfoque al vincular la violencia contra los periodistas con la inoperancia de las investigaciones judiciales. En este caso, el tribunal concluyó que un homicidio que permaneció en la impunidad durante dos décadas constituye una forma extrema de censura, pues debilita la democracia y priva a la ciudadanía de la información que necesita para ejercer control social sobre asuntos como la corrupción. A nivel nacional, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia corrupción. A nivel nacional, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la obligación de aplicar el enfoque de censura como parte de una regla jurisprudencial, mediante la Sentencia SP1775-2025 del 6 de agosto de 2025 (Rad. 60554), la cual se consolida como un hito jurisprudencial para la investigación y juzgamiento de crímenes contra la prensa. En el marco del proceso por el homicidio del periodista Luis Antonio Peralta —ocurrido en El Doncello, Caquetá, en 2015—, la Corte restableció la circunstancia de agravación punitiva derivada de su actividad informativa y exigió la aplicación rigurosa la circunstancia de agravación punitiva derivada de su actividad informativa y exigió la aplicación rigurosa de la perspectiva de censura en todas las actuaciones investigativas y judiciales. Esta doctrina reconoce el riesgo reforzado que enfrentan los comunicadores y fija deberes específicos e irrenunciables para los operadores de justicia. Así, impone a la Fiscalía la recopilación exhaustiva de evidencia, el análisis de contexto para identificar tanto a autores materiales como a determinadores, y la protección de testigos y familiares. Igualmente, obliga a los jueces a verificar objetivamente la condición periodística de la víctima, valorar el contexto de los jueces a verificar objetivamente la condición periodística de la víctima, valorar el contexto de agresión, determinar el móvil a través de prueba indiciaria y aplicar la agravante penal correspondiente. Todo ello con el propósito de sancionar proporcionalmente a los responsables, dignificar la memoria de10

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A.

M. la víctima, garantizando los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y reafirmar el compromiso institucional con la libertad de prensa.

Para la aplicación repetición, y reafirmar el compromiso institucional con la libertad de prensa. Para la aplicación práctica de esta perspectiva, la Corte Suprema de Justicia estableció como regla de la experiencia que, siempre o casi siempre, un periodista que ejerce control social o denuncia los abusos del poder público, y es víctima de un atentado bajo circunstancias que descartan móviles personales o económicos, debe asumirse razonablemente que el crimen responde al propósito deliberado de intimidarle o silenciar su labor. Ante la negativa a suspender su trabajo, la violencia se escala mediante atentados contra su integridad, libertad o vida —frecuentemente trabajo, la violencia se escala mediante atentados contra su integridad, libertad o vida —frecuentemente ejecutados en alianza con grupos al margen de la ley—, los cuales culminan en el homicidio o el exilio del comunicador y se consolidan bajo un patrón de impunidad respecto de los verdaderos responsables. - 11

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A. M. Cómo avanzan los procesos penales de los 12 homicidios en los que la FLIP participa Actualmente, la FLIP participa como representante judicial, acompañante de las víctimas u FLIP participa Actualmente, la FLIP participa como representante judicial, acompañante de las víctimas u observadora en 12 casos:

todos son procesos penales por homicidio, investigados por la Fiscalía General de la Nación y conocidos por los jueces penales. Por razones metodológicas, los casos se agrupan según el presunto actor responsable. Esto se establece a partir de los autores identificados en las investigaciones y decisiones judiciales o, cuando estos no existen, con base en la información pública y del material probatorio no reservado, que permitan señalar a un probable autor. Esta clasificación no constituye una determinación definitiva sobre la responsabilidad a un probable autor. Esta clasificación no constituye una determinación definitiva sobre la responsabilidad penal y deja abierta la probabilidad de que otros actores hayan participado en los hechos, ya sea como autores o como partícipes. Guerrillas y disidencias La presencia de grupos armados organizados y la consolidación o disputa de su control territorial —en particular de las guerrillas tradicionales (FARC-EP y ELN) y sus estructuras disidentes— han constituido una de las mayores amenazas para el ejercicio periodístico en Colombia. Mediante amenazas, secuestros, tortura, homicidios y la prohibición de circular medios o de cierta información, estas organizaciones armadas imponen y la prohibición de circular medios o de cierta información, estas organizaciones armadas imponen regímenes de censura en las regiones. Elizabeth Obando Elizabeth Obando Murcia era una mujer campesina comerciante en el municipio de Roncesvalles, Tolima. En el centro del municipio tenía un almacén en el que exhibía y vendía las prendas que elaboraba y, además, comercializaba ejemplares de El Nuevo Día , uno de los medios regionales de mayor circulación e influencia en el departamento. Además, el periódico era crítico frente al actuar de Frente 21 ‘Cacica la Gaitana’ del Comando Conjunto Central de las antiguas

FARC-EP.

Aunque Elizabeth no 21 ‘Cacica la Gaitana’ del Comando Conjunto Central de las antiguas

FARC-EP.

Aunque Elizabeth no hacía parte de la redacción del periódico ni participaba en la elaboración de sus contenidos, su actividad como vendedora y comunicadora del periódico la convirtió en blanco de la guerrilla. Durante los primeros meses de 2002, El Nuevo Día publicó investigaciones y denuncias sobre hechos cometidos por las FARC contra habitantes del Tolima, entre ellos el reclutamiento de menores de edad, las extorsiones y los crímenes y los ultrajes contra las mujeres. En respuesta a estas publicaciones, alias ‘Donald’, en ese entonces12

-FUNDACIÓN

PARA LA En respuesta a estas publicaciones, alias ‘Donald’, en ese entonces12

-FUNDACIÓN

PARA LA

LIBERTAD

DE

PRENSA,

FLIP

INFORME

BAJO

EMBARGO

HASTA EL

JUEVES

5 DE

NOVIEMBRE

A LAS 8:00 A.

M. comandante de las FARC, comenzó a amenazar a Elizabeth, acusándola de filtrar información al periódico.

Ante las amenazas, el 3 de marzo de 2002 escribió al supervisor del departamento de circulación de El Nuevo Día para informarle que el comandante guerrillero había prohibido la venta del periódico en Roncesvalles. La persecución también alcanzó a sus hermanos. Uno de ellos fue hostigado por las FARC debido a su alcanzó a sus hermanos. Uno de ellos fue hostigado por las FARC debido a su trabajo como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Carmen. En una ocasión, Elizabeth, y sus hermanos fueron obligados por la guerrilla a trasladarse a un lugar apartado, donde fueron amordazados y amenazados de muerte. La presión de la guerrilla llevó a que El Nuevo Día dejara de circular en Roncesvalles. El 11 de julio de 2002, Elizabeth regresaba de Ibagué cuando fue interceptada en un retén ilegal instalado por las FARC en el sector de Playa Rica, Tolima. Fue obligada a bajar del instalado por las FARC en el sector de Playa Rica, Tolima. Fue obligada a bajar del bus en el que viajaba junto con Ángela Yesenia Bríñez, personera del municipio, y recibió