FLIP - El Estado ante la violencia de la prensa

El Estado ante la violencia contra la prensa Respuesta de la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación ante situaciones de riesgo y violencia

EL ESTADO ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA:

RESPUESTA DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ANTE

SITUACIONES DE RIESGO Y VIOLENCIA

Este documento presenta dos informes:

1. El primero, realizado con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de USAID y de International Media Support - IMS, se enfoca en exponer algunas deficiencias del sistema de protección de la Unidad Nacional de Protección y en hacer algunas recomendaciones de cara a la reingeniería anunciada por la entidad.

2. El segundo, realizado con el apoyo del Programa de Derechos Humanos USAID, expone algunas buenas prácticas para la investigación de las agresiones contra la prensa.

Para dar contexto a ambos informes, en una primera parte este documento se exponen los tipos de agresiones documentadas por la FLIP y se hace un análisis de las tendencias en los ataques.

CON EL APOYO DE: Esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos de este documento son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.

• 3EL

ESTADO

ANTE LA

VIOLENCIA

CONTRA

LA PRENSA Presentación La Fundación para la Libertad de Prensa realizó el siguiente informe con dos objetivos principales. El primero es brindar un diagnóstico técnico a la

Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en Colombia y poner en conocimiento algunas preocupaciones sobre la manera en la que la entidad asigna, ajusta y retira medidas de seguridad a los beneficiarios del programa. El segundo, que surge a partir de la experiencia de litigio estratégico de la Fundación, es identificar buenas prácticas a favor de la consecución de la justicia que se pudiesen replicar en la Fiscalía General de la Nación (FGN) en la investigación de casos de violencia contra periodistas. En ambas partes se presentarán recomendaciones a ambas entidades. El presente informe se divide en tres partes. En la primera se presenta un breve contexto sobre los tipos de agresiones contra la prensa que la FLIP registra. En la segunda parte, se expondrán las problemáticas identificadas por la fundación respecto a la protección a periodistas desde la UNP y se hacen recomendaciones. En la tercera parte, se mencionarán las buenas prácticas para la investigación de casos de violencia contra la prensa. Para esta elaboración, la FLIP sostuvo una reunión con la UNP y accedió a información brindada por la misma entidad a través de derechos de petición, con el fin de dar a conocer el objetivo del contenido y obtener datos actualizados que aporten a la realización. Además, la FLIP entrevistó a algunos periodistas a quienes les fue ajustado o retirado su esquema de seguridad a partir de la reducción en sus matrices de riesgo, producto de la reevaluación anual que hace la entidad para cada uno de los protegidos. En los casos estudiados la FLIP identificó que, pese a que hay un soporte técnico de la decisión, la situación de riesgo de los reporteros no cambió

sustancialmente y era preciso analizar la determinación de la entidad. Con el propósito de salvaguardar la identidad y seguridad de los periodistas, la Fundación se referirá a ellos con otros nombres.

ASNERP

AL

ARTNOC

AICNELOIV

AL ETNA ODATSE LE Por otro lado, en este documento se presentan las cifras de ataques a la prensa que se han registrado en el 2018 y hasta el 30 de noviembre del 2019, con el fin de hacer un análisis de las principales situaciones de riesgo que enfrenta la prensa en el país. Para la presentación de estos datos se tuvo en cuenta el tipo de agresión, los presuntos agresores, las zonas de mayor riesgo y los temas abordados por los periodistas que afectaron los intereses de los actores presuntamente responsables de estas violencias. La FLIP también convocó a Reporteros Sin Fronteras, la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y periodistas adscritos y relacionados con los procesos de asignación, ajuste y desmontaje de esquema de seguridad a una reunión donde se aportaron sugerencias y observaciones, tanto individuales como conjuntas en el marco de la reingeniería de la UNP. En dicha reunión se discutieron los principales objetivos para el proceso y desarrollo de reforma de la UNP con base en el documento publicado por la entidad. En una segunda reunión la FLIP convocó a Somos Defensores, Afrodes y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organizaciones de la sociedad civil que también han tenido relación con el sistema de protección de la UNP. Los principales puntos del diagnóstico colectivo construido en estas reuniones y las recomendaciones que allí surgieron se incluyen también en el contenido de este documento. En la tercera parte de este informe se presentarán los criterios recopilados por la FLIP, que se consideran deben tenerse presentes en las investigaciones realizadas por la Fiscalía para aportar al esclarecimiento y sanción de los hechos. Para esto se hizo una revisión bibliográfica de archivos y documentos de diversas organizaciones y entidades de otros países que acompañan casos de violaciones a los derechos humanos y tienen experiencia en litigio. Esta última parte desarrollará elementos particulares sobre criterios del buen avance de las investigaciones, a partir de los efectos de la violencia contra la prensa y a partir del estado de impunidad del caso emblemático de Edison Molina, asesinado el 11 de septiembre de 2013. Sin embargo, también se tendrán en cuenta otros acontecimientos que representan fuertes violaciones a los derechos humanos de periodistas en el país por el desarrollo de la labor informativa. Para la elaboración de esta sección del informe se realizaron entrevistas abiertas a diferentes actores que juegan un papel determinante en el diagnóstico y la construcción de memoria sobre la violencia histórica contra la prensa en Colombia.

Las personas consultadas fueron: Jorge Cardona, editor de El Espectador; Hugo Tovar, fiscal encargado de investigar hechos delictivos contra periodistas; Diana Garzón, Directora Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y Daniel Chaparro y Luz Marina De la Pava, familiares de periodistas asesinados por el desarrollo de su oficio. La Fundación espera que estas observaciones sean tenidas en cuenta para fortalecer los procesos de investigación penal, con el fin de que avancen las sanciones contra los responsables de estas violencias. - 4 -

• 5EL

ESTADO

ANTE LA

VIOLENCIA

CONTRA

LA PRENSA Parte I Contexto de violencia contra la prensa en Colombia

1. Concepto de periodista En primer lugar, resulta útil presentar algunas definiciones de lo que constituye un periodista, a efectos de entender quiénes y, sobre todo, cuáles son los oficios que defiende la FLIP.

Periodista es aquella persona que de manera habitual se encarga de observar, describir, documentar y analizar acontecimientos que puedan afectar o interesar a la sociedad, con el fin de presentar información y opiniones. Este concepto comprende también a todas las personas que apoyan la labor informativa y desempeñan una función social a través de los medios de comunicación, incluyendo los digitales, independientes y comunitarios. Es decir, incluye a fotógrafos, videógrafos, diseñadores, productores de redes sociales, locutores, camarógrafos y asistentes de cámara. En ese orden de ideas, los periodistas generan contenido de interés público. Por eso, los formadores de opinión y veedores de asuntos colectivos se tornan en un blanco por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En el ámbito internacional y nacional se ha adoptado una definición amplia del concepto de periodista. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la “Observación general Nº 34 Sobre libertad de opinión y libertad de expresión”, expresa que dentro de la función periodística participan analistas, reporteros, profesionales de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros canales.

ASNERP

AL

ARTNOC

AICNELOIV

AL ETNA ODATSE LE También resultan valiosas las consideraciones de la Corte Constitucional sobre la protección a la actividad periodística: Así, el objeto de la protección es “la actividad periodística”, por sus funciones medulares en una democracia participativa y pluralista. Periodista es quien realiza dicha actividad de manera habitual, sin que ello excluya al periodista ocasional (…). La actividad periodística puede ser realizada por quien está vinculado a un medio de comunicación o por quien se desenvuelve de manera independiente o, en el argot, “freelance”. Los límites de dicha protección son dos: “su libertad e independencia profesional”. La protección debe estar orientada a alcanzar estos fines esenciales del sistema de libertad de expresión en una sociedad abierta y deliberativa. Existe, entonces, una conexidad estrecha y directa entre la garantía de la libertad e independencia profesional de la actividad periodística y los derechos fundamentales garantizados en el artículo 20 de la Carta. Frente a esto, la FLIP resalta la inclusión de ese estándar funcional en la definición de periodista adoptada por la FGN en la Directiva No. 0007, por medio de la cual se establecen pautas para la citación de periodistas a rendir entrevista o testimonio dentro de una investigación y/o un proceso penal. No obstante, la Fundación considera necesario que las entidades del Estado, como la FGN y la UNP, capaciten a sus funcionarios en torno al concepto de periodista, ya que en la práctica es común encontrar discordancias sobre el alcance y la aplicación de la definición funcional de periodista entre los distintos funcionarios de las entidades.

Entonces, resulta necesario que las entidades estatales tomen en consideración la diversificación y proliferación de nuevas formas de ejercer el periodismo a través de medios de comunicación alternativos. Tal sería el caso de bloggeros, periodistas comunitarios, youtubers y en general periodistas de medios alternativos o universitarios. Elementos a tener en cuenta para determinar la calidad de periodista y cuándo se considera agresión con razón del oficio De acuerdo con la experiencia de la FLIP, en varias entidades del Estado, incluyendo la FGN, hay deficiencias a la hora de sistematizar y clasificar las agresiones contra periodistas como crímenes contra la libertad de expresión. Es así como en bases de datos o documentos remitidos a la FLIP por distintas direcciones de la Fiscalía se evidencia que no se considera el criterio funcional al momento de calificar la agresión, sino que se incluye el delito por el solo hecho de que la víctima tenga como profesión “periodista o comunicador social”. - 6 -

• 7EL

ESTADO

ANTE LA

VIOLENCIA

CONTRA

LA PRENSA Por otra parte, en las investigaciones seguidas por los crímenes contra la libertad de expresión se presentan dificultades a la hora de determinar la calidad de periodista de una víctima dentro de un proceso. En algunas oportunidades, se evalúa la falta de profesionalización del periodista como un factor determinante para considerar que el delito no se cometió en razón de la labor periodística desarrollada por éste. Por ejemplo, en el caso de Jaime Garzón Forero, la fiscalía que adelanta la investigación negó la constitución de parte civil como actor popular por parte de

la FLIP, considerando que la víctima era humorista y no periodista. Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco de la obligación de debida diligencia en la investigación, judicialización y sanción de las agresiones contra la prensa, resulta necesario que la Fiscalía en el análisis los crímenes contra periodistas atienda al criterio funcional a la hora de definir si se trata de delitos cometidos en razón de ejercicio periodístico, ello con el objetivo de aplicar los estándares para la investigación, juzgamiento y sanción de crímenes contra libertad de expresión y la libertad de prensa. Así las cosas, la protección especial a la que están sujetos los y las periodistas no sólo se destina a aquellas personas que tengan el título profesional de periodista o comunicador social, sino que además se extiende a todas aquellas personas que de manera habitual o incluso ocasional ejerzan su derecho a expresar ideas y opiniones a través de cualquier medio de comunicación escrito, oral, audiovisual, fotográfico, entre otros.

2. Agresiones documentadas por la FLIP con razón del oficio periodístico La FLIP documenta y hace seguimiento a los casos de agresiones y censura contra la prensa generados por poderes legales o ilegales y que estén motivados por el desarrollo de la labor periodística. En muchos casos, estas agresiones se ejecutan por los temas que cubren los reporteros, afectan a todo el equipo del medio (locutores, camarógrafos, productores, directores), genera autocensura y cambian las dinámicas de trabajo y acercamiento a sus fuentes.

Esto quiere decir que cuando un periodista o medio ha sido agredido durante un cubrimiento, la FLIP documenta el caso y activa sus rutas de acción. Lo mismo

ocurre cuando la agresión se presenta después de su actividad, pero está totalmente vinculada a su labor periodística. Por ejemplo, se han documentado agresiones como amenazas, entendidas como intimidaciones directas o a través de terceros con el anuncio de un ataque que afectará la vida o la integridad del periodista, la de su familia y/o la de cercanos; hostigamientos, categorizados como aquellas persecuciones y torturas

ASNERP

AL

ARTNOC

AICNELOIV

AL ETNA ODATSE LE psicológicas que tienen el fin de persuadir la actividad periodística; obstrucciones al trabajo periodístico, en las que se presentan obstáculos ilegítimos hacia los reporteros con el fin de impedir su trabajo; estigmatizaciones; detenciones ilegales; asesinatos; entre otras. Para este punto, es fundamental aclarar que los agresores no condicionan su actuar a la sección en la que trabaje el periodista. Es decir que se deben tener en cuenta todas las temáticas posibles para identificar la razón de la agresión y no caer en generalizaciones como creer que las agresiones suelen ocurrir, solamente, por asuntos políticos o sociales. Si bien son los más constantes y sensibles, se han registrado varios casos graves contra la prensa por otros temas, como el cubrimiento del fútbol. Esto también indica que hay situaciones que afectan a los periodistas, pero que no son con razón de su oficio y que, por lo tanto, no son casos que la FLIP registre. Un ejemplo claro de esto es cuando un reportero termina de hacer un cubrimiento o su trabajo periodístico, sale a la calle con sus equipos de grabación (cámaras, micrófonos, luces, etc.) y es víctima de un asalto en el que pierde sus

dispositivos. En este caso no hay intención de afectar la labor periodística, sino que la persona fue víctima de la delincuencia común a la que cualquier otro ciudadano puede estar expuesto.

3. Análisis de los ataques que documenta la FLIP contra la prensa La situación de violencia contra la prensa en Colombia continúa siendo preocupante debido a que estas acciones de censura afectan el desarrollo de la labor informativa en Colombia y, además, restringen el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a información pública para participar en la deliberación democrática sobre temas de interés general.

Algunos de los asuntos que con frecuencia generan riesgo para la prensa por atacar intereses particulares y generar denuncias públicas sobre asuntos de interés común son los siguientes: Corrupción Orden público Narcotráfico Amenazas a líderes sociales Campañas electorales Bandas criminales Restitución de tierras Manifestación pública Proceso de paz - 8 -

• 9EL

ESTADO

ANTE LA

VIOLENCIA

CONTRA

LA PRENSA En 2018 la FLIP registró 477 casos de ataques a la prensa que afectaron a 605 periodistas entre los cuales hay 117 reporteras. Durante ese año, además, se presentó el asesinato de los tres trabajadores del diario El Comercio en manos del Frente Óliver Sinisterra, en la frontera colombo-ecuatoriana.1 Del total de casos registrados2, es importante mencionar que la amenaza fue el ataque más frecuente con 200 reportes y 257 víctimas. La hipótesis de la Fundación es que esta es la agresión predilecta de los violentos por su efectividad en cuanto a las intenciones de censura y su bajo costo político. Los reporteros que son víctimas de amenazas suelen disminuir el ritmo de su trabajo informativo o abandonar los temas que derivaron en estas agresiones. Adicionalmente, la gran mayoría de las amenazas son anónimas y los cuerpos judiciales de investigación han demostrado poca capacidad técnica y administrativa para investigar y esclarecer estos delitos. El segundo ataque que se presentó con mayor frecuencia durante el 2018 fue el hostigamiento con 50 casos registrados. Esta agresión es entendida como las acciones de persecución y tortura psicológica dirigidas a persuadir la actividad periodística de los reporteros. La tercera agresión que se presenta regularmente es la obstrucción a la labor periodística, la cual se presentó en 43 ocasiones durante el 2018. También se documentaron 38 casos de acoso judicial, entre los cuales están las denuncias por injuria y calumnia y el uso de la acción de tutela para perjudicar la difusión de contenidos y 20 agresiones físicas contra los reporteros que afectaron la integridad de 24 periodistas durante el cubrimiento. De los 477 ataques, los agresores que se presentan con mayor frecuencia son los agentes desconocidos, pues en 180 casos no fue posible identificar a los responsables de las acciones de censura y mucho menos a quienes se benefician de ellas. No obstante, la FLIP documentó que otros agresores frecuentes resultaron ser funcionarios del Estado, responsables de 105 ataques contra la prensa, seguidos muy de cerca por particulares que cometieron 91 agresiones.

Por su parte, los miembros de la Fuerza Pública estuvieron implicados en 36 casos de violaciones a la libertad de prensa. Por otro lado, entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2019, la FLIP registró 482 ataques a periodistas en el territorio colombiano, incluyendo dos asesinatos.

1. Pronunciamiento público FLIP: “El asesinato de los tres trabajadores de El Comercio enluta al periodismo de Colombia y Ecuador.” Disponible en: https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2223-elasesinato-de-los-tres-trabajadores-de-el-comercio-enluta-al-periodismo-de-colombia-y-ecuador

2. La FLIP publica los registros de agresiones documentadas en el mapa de violaciones a la Libertad de Prensa disponible en: https://www.flip.org.co/index.php/es/atencion-a-periodistas/mapa-de-agresiones

ASNERP

AL

ARTNOC

AICNELOIV

AL ETNA ODATSE LE Bajo estas circunstancias, las agresiones más frecuentes, en comparación con el 2018, se discriminan por tipo y número de casos así: Al 31 de diciembre Al 30 de noviembre Agresión de 2018 de 2019 Amenaza 200 185 Hostigamiento 50 63 Obstrucción 43 59 Acoso judicial 38 63 Agresión física 20 38 Con respecto a los agresores en 2019, hay una tendencia similar a la que se presentó durante el 2018: los más frecuentes son los agentes desconocidos, responsables de 169 situaciones de violencia, que en su mayoría son amenazas y

hostigamientos. Por su parte, los agentes particulares se posicionan como el segundo agresor más frecuente con 88 casos, seguidos de los funcionarios públicos, a quienes se les responsabiliza de 86 agresiones. Por último, es importante mencionar a los miembros de la fuerza pública que en 2019 fueron responsable de 55 agresiones contra la prensa, incrementando las cifras respecto al año pasado a causa de las manifestaciones sociales del Paro Nacional. Por su parte, los grupos armados ilegales fueron señalados de agredir a periodistas y medios de comunicación en 46 ocasiones. Estos agresores son responsables principalmente de hostigamientos y amenazas, producto de la violación a los derechos humanos de los periodistas en los territorios donde hacen presencia. Estas cifras muestran un cambio importante en los principales responsables de la violencia en Colombia. Mientras que a finales de los años 90 y principios de los 200o los agresores más frecuentes eran los grupos armados, actualmente los agentes estatales son uno de los principales autores de violencia contra la prensa. Este hecho resulta paradójico, teniendo en cuenta que, según la Relatoría Especial para la Libertad (RELE) de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los servidores públicos deben ser los principales responsables de crear un ambiente favorable para el desarrollo de la labor periodística. - 10 -

• 11EL

ESTADO

ANTE LA

VIOLENCIA

CONTRA

LA PRENSA Los cinco departamentos más afectados durante el 2018 son los siguientes: Número de Número de Departamento agresiones víctimas Bogotá 148 casos 177

Antioquia 38 casos 44 Tolima 29 casos 42 Norte de Santander 29 casos 40 Valle del Cauca 20 casos 29 Mientras que los cinco departamentos más afectados en 2019, hasta el 30 de noviembre, han sido: Número de Número de Departamento agresiones víctimas Bogotá 145 casos 186 Antioquia 36 casos 37 Valle del Cauca 30 casos 43 Arauca 26 casos 30 Santander 22 casos 24 Es importante tener en cuenta que estos cinco departamentos -y particularmente sus ciudades capitalestienen una oferta considerable de medios de comunicación que producen información local, por lo que hay una mayor exposición al riesgo y, por ende, una mayor probabilidad de que se presenten mayores ataques contra la prensa.

ASNERP

AL

ARTNOC

AICNELOIV

AL ETNA ODATSE LE Asimismo, la capital y las grandes ciudades mencionadas tienen un poco más de facilidades de acceso a las entidades públicas, por lo que el registro de las agresiones a la prensa en esos lugares es mayor, diferente a las regiones donde se obstaculiza, por diferentes motivos, el proceso de denuncia. No obstante, es esencial tener en cuenta que la presencia de grupos poderosos es otro de los factores que aportan al alto registro de agresiones en departamentos como Nariño, Cauca y Valle. La presión que estos actores ejercen y la influencia que tienen legitima, en cierta medida, los ataques contra la prensa a raíz de la corrupción administrativa, la ilegalidad en armas y la restricción de temas. Estos son hechos que incrementan las cifras de denuncia por motivos distintos al reconocimiento u oferta mediática. En esa medida, es importante considerar que en muchos de los departamentos en donde no se reporta una gran cantidad de ataques, los comunicadores son víctimas de otro tipo de violencias más difíciles de identificar como las presiones a través de la pauta, que afectan el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés público. No obstante, cualquier violencia contra la prensa genera una consecuencia muy grave para la democracia y es la autocensura en medios y periodistas.

4. Afectaciones en el ámbito laboral La violencia contra periodistas no se trata sólo de repercusiones dentro de las cotidianidades diarias y personales, sino, también, de las laborales. A continuación, se expondrán algunas experiencias de quienes se han visto afectados por las agresiones en su contra y cómo esto ha repercutido negativamente en su desempeño.

Una de las periodistas con las que se comunicó la FLIP dice tener un conflicto entre el querer salir a la luz pública para exhibir con orgullo sus logros profesionales en ruedas de prensa a las que ha sido llamada, en entrevistas y redes sociales y la protección de su vida. Por precaución decide mantener un perfil bajo: “No voy a salir con un chaleco antibalas que es más grande que yo a evidenciarle a toda la ciudad que estoy en riesgo”, afirmó María. Si bien la violencia es generalizada, sus efectos son más notorios en el periodismo regional. Los medios locales se enfrentan al olvido del Estado siendo más vulnerables a los riesgos. Son económicamente más débiles: en el mejor de los casos dependen de la pauta oficial de entidades locales (que los castiga cuando informan lo que no les conviene); en el peor, trabajan en condiciones de precariedad. En consecuencia, cuentan con menos recursos para procurar su propia protección. El hecho de recibir una intimidación o una agresión por parte de cualquier actor genera, casi que inmediatamente, una actitud preventiva. Las razones de los ataques a la prensa suelen ser por los contenidos que se difunden, por eso la - 12 -

• 13EL

ESTADO

ANTE LA

VIOLENCIA

CONTRA

LA PRENSA La violencia contra periodistas no se trata sólo de repercusiones dentro de las cotidianidades diarias y personales, sino, también, de las laborales. autocensura ha sido el medio más dañino para alejar los riesgos y, a su vez, el acceso de información a los ciudadanos. En ese sentido, los reporteros deciden abandonar investigaciones que involucren a algún grupo poderoso y propague información de interés común que deba ser revisada públicamente. Frente a esto, José dio a conocer lo siguiente: “No pudimos denunciar ampliamente la situación de la decisión de Iván Márquez, por ejemplo. Tampoco algunos temas de deforestación donde hay terratenientes, donde hay una situación donde la gente que anda armada planea eso por grandes extensiones. Eso ha limitado enormemente la actividad”. Ahora bien, el hecho de que estas situaciones se presenten mayormente en regiones de conflicto no exime a las grandes ciudades donde también se cobijan reporteros en peligro que han decidido pausar su labor como periodistas para salvaguardarse de los riesgos particulares de las zonas urbanas. “Esto no quiere decir

que deje de ser periodista, solo he dejado de hacer periodismo por un momento por mi seguridad. (...) Una de las cosas que a mí me desespera es que uno tenga que quedarse callado para darle gusto a quienes están vulnerando los derechos de las demás personas” asegura uno de ellos. Este es un hecho preocupante en la medida en que “la prudencia” se convierte en autocensura por vivir en un ambiente adverso a la libertad de prensa. En ese sentido, “muchos reporteros han entendido que no es necesario publicar información que los ponga en riesgo, basta con guardar silencio para que se imponga la voluntad de quien los quiere silenciar.”3

3. Ver: Fundación para la Liberta de Prensa: País lejano y silenciado, publicado en 2010.

ASNERP

AL

ARTNOC

AICNELOIV

AL ETNA ODATSE LE Por su parte, la dificultad de movilización de los periodistas en zonas rurales implica que sus formas de trabajo se modifiquen y se deban adaptar al periodismo de escritorio. Por las reducciones de sus esquemas de seguridad, han debido mantener la prudencia en alto y no desplazarse ni siquiera para encontrarse con sus fuentes. Según manifiestan, a nivel de logística resulta difícil asumir un presupuesto doble en el que deban cubrir gastos de otra persona y por eso, su labor se ve reducida. “No podemos hacer una salida ni siquiera a dos kilómetros del área urbana”, declara José. Esto también los ha obligado a alejarse de las instalaciones de sus medios, así como al funcionamiento y el trabajo en equipo porque donde se encuentra la

infraestructura es una zona de peligro para ellos. Por lo anterior, deben encontrar alternativas de trabajo diferentes tales como hacer reportería desde llamadas telefónicas, desplazarse muy poco e, incluso, llevar su lugar de trabajo a la casa. Respecto al oficio en las grandes ciudades, la UNP debe tener en cuenta que no todos los periodistas ganan un sueldo suficiente que les permita responder por más gastos así se trate de la capital. Frente a esta situación, uno de los comunicadores entrevistados asegura: “(...) es muy difícil estar viviendo de mis ahorros, que además ya se me están acabando, porque me ha tocado pagar hotel, apartamento, fuera de eso los gastos con mis escoltas. (...) Y frente al carro, los inconvenientes no han sido mecánicos, sino por la gasolina. A uno le dan un presupuesto que se consume en un par de semanas y el resto le toca a uno.” Entonces, se podría hacer una valoración de ingresos teniendo en cuenta que los costos en las ciudades suelen ser mucho más altos. - 14 -

• 15EL

ESTADO

ANTE LA

VIOLENCIA

CONTRA

LA PRENSA Parte II Respuesta de la UNP ante situaciones de riesgo y violencia La UNP es una de las entidades encargadas de la protección de quienes se encuentren en situación de riesgo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal en razón de sus actividades, condiciones políticas, sociales, étnicas, de género o por su calidad de víctima4. Específicamente, la UNP realiza estudios de riesgo y asigna medidas de protección. Teniendo en cuenta la ola de violencia que se presenta en la coyuntura del

país y como conclusión del “Pacto por la Vida”5, realizado entre el Presidente Iván Duque y diferentes organizaciones sociales, se planteó la necesidad de que la UNP se reestructurara, mejorando su programa de protección. El objetivo principal es el fortalecimiento de sus procesos a nivel nacional y territorial dirigiendo sus acciones, principalmente, a la prevención y protección bajo enfoques diferenciales y en el marco de los derechos humanos. Por lo anterior, la Unidad Nacional de Protección publicó un informe proponiendo los cambios para la reforma deseada. En el documento se expone en

4. Las poblaciones objeto de protección en virtud del riesgo a las que cobija la UNP son dirigentes o activistas políticos –especialmente de grupos de oposición-; defensores de derechos humanos; sindicalistas; representantes de organizaciones gremiales; miembros de grupo étnicos; miembros de la Misión Médica; testigos de casos de violación a derechos humanos y periodistas y comunicadores sociales.

5. El “P