FLIP - Informe General Elecciones 2026

1 la prensa la prensa entre amenazas, entre amenazas, obstrucciones y obstrucciones y estigmatizacionesestigmatizaciones EleccionesElecciones 20262026: : Entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 150 agresiones en contra de la prensa en Colombia. De ese total, 44 estuvieron relacionadas con el cubrimiento electoral, lo que representa un aumento del 175 % respecto a 2022, cuando en el mismo periodo se presentaron 16 agresiones de este tipo. Aunque la cifra global de agresiones fue menor que la reportada en 2022, se mantiene la tendencia de agresiones contra la prensa que la FLIP ha registrado en los últimos cuatro2 años. Esta violencia se presenta en un contexto de fragmentación y colisión de los distintos actores del conflicto armado. En ese sentido, lo corrido del año electoral no redujo el riesgo para periodistas y medios; por el contrario, confirmó que en los comicios, diferentes actores institucionales, políticos y armados intensifican amenazas, obstrucciones al cubrimiento, estigmatización y hostigamiento digital contra la prensa. Durante este periodo electoral, los debates sobre la independencia, la calidad de la información y las cercanías de algunos medios con intereses políticos o económicos se han intensificado. Este es un asunto legítimo y necesario. Sin embargo, muchas de estas controversias han derivado en señalamientos y estigmatizaciones en contra de medios y

periodistas que buscan condicionar o desacreditar el cubrimiento periodístico. En las regiones más afectadas por la violencia, las y los periodistas que cubren elecciones enfrentan un doble riesgo: las amenazas de actores armados ilegales que buscan controlar la narrativa sobre el territorio y también ataques o presiones de funcionarios, candidaturas y otros actores políticos que pretenden limitar la cobertura de sus gestiones o de las campañas. A través de la Alerta Temprana 013-2025 y del primer Informe de Seguimiento presentado en febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre amenazas y vulnerabilidades en todo el país a propósito del periodo electoral. Allí afirmó que existe un contexto creciente de estigmatización y desinformación intencionada, donde la información veraz se entremezcla con noticias falsas y narrativas distorsionadas. Asimismo, señaló que medios y periodistas son fundamentales en este contexto y que por su labor “se encuentran en situación de alta vulnerabilidad las y los periodistas en zonas afectadas por el conflicto armado interno y la criminalidad organizada, lo que puede devenir en ataques contra la prensa, antes, durante y después de los comicios”. Finalmente, en la recomendación 9 instó a las gobernaciones, las alcaldías, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional a activar medidas de prevención y protección focalizadas en periodistas, comunicadores y personas trabajadoras en medios de comunicación masivos o independientes. De acuerdo con el resumen ejecutivo “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2026” de la Misión de Observación Electoral (MOE), el análisis de 170 municipios muestra un incremento del 65 % en el número de municipios en riesgo extremo por

De acuerdo con el resumen ejecutivo “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales 2026” de la Misión de Observación Electoral (MOE), el análisis de 170 municipios muestra un incremento del 65 % en el número de municipios en riesgo extremo por factores de violencia frente a 2022. “Los hallazgos evidencian un preocupante aumento del riesgo en territorios vulnerables, donde la violencia y la presencia de grupos armados ilegales limitan la participación ciudadana y afectan la libertad de prensa”, indica el informe. Departamentos como Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Guaviare, entre otros, son constantemente mencionados por sus altos niveles de riesgo en medio de las elecciones. Algunos de estos coinciden con los territorios donde la FLIP ha registrado agresiones; sin embargo, más allá de su aparición en la documentación de casos, lo cierto es que los altos riesgos implican, necesariamente, un entorno donde el ejercicio periodístico se inhibe y se encuentra altamente limitado por las presiones a su alrededor.3 La FLIP observa con preocupación cómo los discursos estigmatizantes provenientes de todo tipo de actores con responsabilidad pública y la violencia contra periodistas en línea se han normalizado en desmedro del debate democrático. Asimismo, el número de amenazas a periodistas en estos cinco meses sigue siendo alarmante y las obstrucciones al trabajo periodístico en medio del cubrimiento del día de elecciones o en otros escenarios relacionados evidencian la dificultad de funcionarios para garantizar el cubrimiento, según lo establece el marco normativo actual. En hechos de la mayor gravedad, en este periodo se perpetró el asesinato del periodista yarumaleño Mateo Pérez Rueda en zona

según lo establece el marco normativo actual. En hechos de la mayor gravedad, en este periodo se perpetró el asesinato del periodista yarumaleño Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia. Así, este informe ofrece una mirada general de las agresiones registradas antes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, así como un análisis de los territorios donde se concentra el mayor número de casos y de los principales patrones que revelan los datos, con énfasis en aquellas agresiones directamente relacionadas con el contexto electoral.

PANORAMA GENERALPANORAMA GENERAL

A corte del 15 de mayo, la FLIP registró: En este universo, la mayoría se concentró en: 150150 4646 1616 99 2020 1515 agresiones en contra de medios, periodistas y comunicadores en todo el país. amenazas acciones arbitrarias en redes sociales tuvieron un componente estigmatizaciones acoso (que representaron el 30 % del total registrado a la fecha) 2424 obstrucciones al trabajo periodístico de violencia basada en género4 La mayoría de los casos de agresión identificados tienen como presuntos responsables a actores institucionales o figuras públicas, que representan cerca del 36 % del total. Entre ellos se encuentran funcionarios públicos (33), políticos (14) y miembros de la Fuerza Pública (7). Este patrón constituye una de las principales preocupaciones de la FLIP en términos de garantías para el ejercicio periodístico, porque varios de los hechos más relevantes se han originado en campañas de alcance nacional —como la del abogado Abelardo de la Espriella, quien tiene un historial documentado de acoso judicial contra meFLIP en términos de garantías para el ejercicio periodístico, porque varios de los hechos más relevantes se han originado en campañas de alcance nacional —como la del abogado Abelardo de la Espriella, quien tiene un historial documentado de acoso judicial contra medios y periodistas—, en miembros del partido de gobierno Pacto Histórico, en el presidente Gustavo Petro, en candidaturas al Congreso del partido Centro Democrático, como la de David Toledo, y sectores cercanos a Rafael Nieto, así como en actuaciones del excandidato presidencial David Luna. En este aspecto, la FLIP registró episodios recientes de descalificación y agresión contra mujeres periodistas en el marco de entrevistas y debates con el candidato Abelardo de la Espriella, quien descalificó a una presentadora y recurrió a gestos inapropiados y comentarios sexuales ante una periodista en otro espacio radial. Estos hechos, junto con otras agresiones recientes dirigidas a periodistas mujeres, refuerzan la preocupación por el uso de expresiones sexistas o constituyentes de violencias basadas en género por parte de actores con poder político, prácticas que —como ha reiterado la Corte Constitucional— pueden reforzar estereotipos de género, legitimar agresiones y degradar las condiciones para el ejercicio periodístico. Por otra parte, en cerca del 19 % de los casos se señaló a actores armados como presuntos responsables. Este dato reactiva una de las alertas que la FLIP ha insistido en subrayar: la responsabilidad de grupos irregulares en la violencia contra la prensa. En el

contexto de un conflicto cada vez más atomizado, estas agresiones se producen en entornos volátiles, con repertorios de reglas cambiantes impuestos por los actores armados, que incentivan la autocensura y el silenciamiento entre periodistas y medios. Durante una entrevista con la FLIP, Yeison Rojas, periodista independiente de la región de Urabá, en Antioquia, manifestó que los grupos armados no siempre operan bajo modelos de amenaza directa. Sin embargo, esto no significa una disminución en la presión sobre los contenidos periodísticos. “De una manera indirecta el grupo dice algo como «nosotros estamos aquí, nosotros somos los que mandamos. Ustedes saben qué pueden informar y qué no pueden informar»”, añadió Rojas. “Es sabido que muchos líderes políticos han emprendido campañas directas contra redacciones enteras por hacer su trabajo”, dijo a la FLIP un periodista que decidió permanecer anónimo por seguridad, y que estuvo vinculado a uno de los casos de agresión por parte del Pacto Histórico. “Aunque en mi caso no se convirtió en una agresión personal, sé de colegas mujeres han tenido que lidiar con la divulgación de información personal y afrentas más directas”, añadió este periodista, refiriéndose al mismo caso.5 Este patrón también se refleja en el subconjunto de casos vinculados al contexto electoral: Bogotá registró 13 agresiones de este tipo, Antioquia 10 y Arauca 8. En este último departamento, estos casos representan más de la mitad de los hechos documentados durante el periodo. La distribución territorial muestra que el riesgo no adopta una sola forma, sino que varía según la intensidad del conflicto armado, el peso de los actores institucionales y el tipo de disputa política local en cada región.

tados durante el periodo. La distribución territorial muestra que el riesgo no adopta una sola forma, sino que varía según la intensidad del conflicto armado, el peso de los actores institucionales y el tipo de disputa política local en cada región. En Antioquia, más de la mitad de las agresiones se concentró en acciones que obstruyeron el trabajo periodístico en distintos puntos del departamento. En municipios como Turbo, Mutatá, Caucasia y Granada, además de la capital, Medellín, distintos periodistas fueron víctimas de un patrón en el que individuos pertenecientes a la Policía Nacional y la Registraduría General de la Nación impidieron realizar labores de cobertura periodística durante los comicios, ya fuera solicitando a los periodistas retirarse del lugar, pidiéndoles identificarse o incluso prohibiéndoles realizar capturas audiovisuales durante toda la jornada. Algunos periodistas incluso denunciaron hechos de intimidación por parte de la Fuerza Pública. 3333 2828 | Bogotá | Antioquia Las agresiones registradas durante el periodo se concentraron en: 1414 1414 Arauca | Norte de Santander “Nosotros los periodistas no vamos a las urnas con un fusil, ni con un ordenador para fraguar votos. Nosotros vamos solamente en la búsqueda de la verdad con lápiz y papel”, dijo Yésica Pescador, periodista del medio de comunicación local en Mutatá VEO Periodismo de Investigación, y que fue agredida por integrantes de la Fuerza Pública y la Registraduría durante la jornada electoral del 8 de marzo. “Con cada censura entendemos el mensaje: nosotros no somos bienvenidos. Las entidades se han convertido

VEO Periodismo de Investigación, y que fue agredida por integrantes de la Fuerza Pública y la Registraduría durante la jornada electoral del 8 de marzo. “Con cada censura entendemos el mensaje: nosotros no somos bienvenidos. Las entidades se han convertido en un muro de silencio. Nos niegan el acceso a las actas, nos cierran las puertas en la cara y ante nuestras preguntas, nos tratan como delincuentes”, puntualizó Pescador.6 A estas agresiones se sumó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, un hecho que evidencia el riesgo extremo al que se enfrentan quienes ejercen el oficio en zonas controladas por actores armados en el departamento y en donde la respuesta del Estado es prácticamente nula. En Arauca, la latencia del conflicto armado también añade otra capa de riesgo a la cobertura electoral. En este departamento, las agresiones se presentaron dentro de un repertorio que incluyó amenazas, estigmatizaciones, obstrucción al trabajo periodístico y acoso. En varios casos, los periodistas cubrían asuntos relacionados con el conflicto armado regional o denuncias de corrupción local. De acuerdo con reportes hechos por periodistas regionales a la FLIP, En Bogotá, las agresiones se concentraron en prácticas de estigmatización y acoso judicial. En cuatro de los nueve casos registrados, personas adscritas a la campaña de Abelardo de la Espriella emplearon diferentes tácticas para ejercer presión en contra de periodistas que cubrían la campaña. Al mismo tiempo, estas agresiones se desplegaron en plataformas digitales, lo que muestra la articulación entre presión política, hostigamiento

Abelardo de la Espriella emplearon diferentes tácticas para ejercer presión en contra de periodistas que cubrían la campaña. Al mismo tiempo, estas agresiones se desplegaron en plataformas digitales, lo que muestra la articulación entre presión política, hostigamiento reputacional y amplificación en redes; una forma de presión que ha aumentado en comparación con periodos electorales anteriores. BAJO REGISTRO, ALTO SILENCIAMIENTOBAJO REGISTRO, ALTO SILENCIAMIENTO La ausencia de reportes en varios departamentos en los que hay presencia de grupos al margen de la ley puede ser evidencia de autocensura entre el gremio periodístico regional. En San José del Guaviare, por ejemplo, durante una visita de campo realizada en febrero por la FLIP, se pudo evidenciar la injerencia directa de estructuras disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARC) en el escenario electoral local. De acuerdo con periodistas locales, los grupos disidentes han realizado llamados de atención a la poblalas prácticas de control territorial ejercidas por el ELN han aumentado la autocensura entre periodistas locales y, en consecuencia, han estrechado los márgenes de lo que se puede informar en el departamento. “El ELN ha agudizado su accionar en contra de la población civil en el departamento de Arauca. No solamente durante las campañas presidenciales, sino durante todas las jornadas electorales del 2026”, dijo a la FLIP una periodista regional que prefirió permanecer anónima por seguridad. “El secuestro ha aumentado en un 300 %, según datos de la Defensoría del Pueblo. ¿Un periodista cómo va a salir sabiendo que han secuestrado en ese sector a tales personas o que se han preque prefirió permanecer anónima por seguridad. “El secuestro ha aumentado en un 300 %, según datos de la Defensoría del Pueblo. ¿Un periodista cómo va a salir sabiendo que han secuestrado en ese sector a tales personas o que se han presentado muertes violentas? ¿Cómo va a cubrir con libertad?”, puntualizó.7 ción en general en los comicios. Si bien en este periodo de análisis no se documentó una amenaza directa en contra de la prensa, la presencia armada de este grupo construyó un consenso de no realizar reportería por fuera de San José para evitar agresiones, en un contexto en el que persiste el recuerdo del intento de asesinato del periodista Gustavo Chicangana y su esposa, en julio de 2025, atribuido al grupo armado “Renacer del ERPAC”. En otros departamentos como Cauca, la violencia armada también podría estar detrás del bajo registro de agresiones en el contexto electoral. Durante este periodo se documentaron dos casos de obstrucción al trabajo periodístico por parte de funcionarios de la Registraduría, la mayor preocupación recae sobre la alarmante situación humanitaria en este territorio. De acuerdo con un reporte de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que tiene como fecha de corte marzo de 2026, se registraron 16 acciones armadas en ese departamento. Durante abril y mayo, se registraron varias detonaciones, atentados y hostigamientos en los municipios de Morales, Santander de Quilichao y Cajibío. En este último, un atentado terrorista dejó una cifra de 14 personas fallecidas y 38 más heridas. Este escenario pone en especial riesgo a la prensa y la ciudadanía en una doble dimensión. Esto representa una afrenta directa a la seguridad humana de comunicadores y

terrorista dejó una cifra de 14 personas fallecidas y 38 más heridas. Este escenario pone en especial riesgo a la prensa y la ciudadanía en una doble dimensión. Esto representa una afrenta directa a la seguridad humana de comunicadores y periodistas regionales y cómo, mediante la violencia, se restringe la circulación de información de interés público. A esto se suman hechos de intimidación directa contra medios como Proclama del Pacífico, cuyos equipos han denunciado presiones directas para dejar de circular su edición impresa en el norte de la región. Departamentos como Atlántico, por su parte, apenas reportaron una agresión en el contexto electoral, ocurrida el 8 de marzo, día de los comicios. Sin embargo, durante una visita de la FLIP a Barranquilla, varios periodistas señalaron que la autocensura se ha convertido en la regla general. En este caso, esta costumbre se ha fortalecido por el miedo a la pérdida de la pauta comercial y oficial. Sumado a esto, diversas fuentes de trabajadores de medios contaron a la Fundación que grupos criminales locales habían ejercido presión para eliminar todo tipo de elementos que hicieran alusión a campañas políticas en los barrios. Como consecuencia, al igual que en San José, los periodistas decidieron evitar el cubrimiento electoral por temor a represalias. 78 el hostigamiento digital contra periodistas —especialmente contra mujeres y personas pertenecientes a grupos históricamente marginados— se ha convertido en un método sistemático para desincentivar su participación en el debate público.

PARTICULARIDADES DEL CICLO ELECTORAL 2026PARTICULARIDADES DEL CICLO ELECTORAL 2026

pertenecientes a grupos históricamente marginados— se ha convertido en un método sistemático para desincentivar su participación en el debate público.

PARTICULARIDADES DEL CICLO ELECTORAL 2026PARTICULARIDADES DEL CICLO ELECTORAL 2026

Una de las diferencias más marcadas frente a comicios anteriores es el papel de las redes sociales como escenario principal de agresión. Durante este periodo, casi la mitad de las agresiones vinculadas al proceso electoral se cometieron a través de redes. La mayor parte responde a casos de estigmatización y de acoso, mientras que plataformas como Facebook, Twitter e Instagram ocuparon la totalidad de los escenarios donde ocurrieron. Como la FLIP ha advertido recientemente, Las campañas coordinadas generan una forma de censura sumamente efectiva: víctimas comunicadoras terminan cerrando sus redes, abandonando coberturas sensibles o retirándose de la vida pública por temor a nuevos ataques. Esta tendencia hacia la hostilidad digital y la estigmatización en las redes sociales coincide con los hallazgos de la organización Linterna Verde. En su informe Estigmatización en línea y acoso a la prensa en tiempos electorales, hecho para la Alianza por el Espacio Público Digital, donde se analizaron más de 63.000 publicaciones en el contexto de los comicios de 2026, se determinó que el 7,4 % de una muestra representativa contenía agresiones explícitas contra la prensa. De acuerdo con dicho monitoreo, la estigmatización constituye el mecanismo dominante de violencia virtual (82 %), concentrándose mayoritariamente en la plataforma X (85 %), seguida por Facebook (12,8 %), y ensañándose especialmente contra medios de cobertura nacional y periodistas de investigación. A este panorama se suma la ambigüedad alrededor de infracciones a las normas co-

(82 %), concentrándose mayoritariamente en la plataforma X (85 %), seguida por Facebook (12,8 %), y ensañándose especialmente contra medios de cobertura nacional y periodistas de investigación. A este panorama se suma la ambigüedad alrededor de infracciones a las normas comunitarias en estas plataformas. Esto suele agravar la censura cuando se emplea para impulsar denuncias abusivas. Asimismo, tiene efectos directos en el ejercicio de la comunicación, pues las y los periodistas locales se enfrentan a plataformas de redes sociales en donde existen muy pocas garantías para el debido proceso. Uno de los casos más ilustrativos ocurrió cuando un medio localizado en Norte de Santander publicó un video a través de su cuenta de Facebook en donde uno de sus presentadores intercambiaba preguntas con un funcionario del orden nacional. Tras la publicación del video, la cuenta personal del periodista –desde la cual administra varias páginas de comunicación– fue sancionada definitivamente. La plataforma asegura que la cuenta del periodista “infringe las condiciones del servicio sobre quién puede usar Facebook”. De acuerdo con el testimonio del periodista, este sospecha que puede ser producto de múltiples denuncias después de publicar el contenido. En general, la mayoría de los casos documentados por la FLIP que siguen este patrón carecen de explicaciones claras donde periodistas puedan relacionar la sanción con contenidos específicos. Asimismo, en muchos de estos casos, se termina haciendo evidente9 que las y los periodistas no han infringido las normas del servicio, por lo que estas penalizaciones resultan confusas y obstaculizan la cobertura mediática local en contextos donde la circulación de información periodística se ha vuelto altamente dependiente de estas plataformas, mayoritariamente de Facebook. La mayoría de estos hechos se relaciona con intezaciones resultan confusas y obstaculizan la cobertura mediática local en contextos donde la circulación de información periodística se ha vuelto altamente dependiente de estas plataformas, mayoritariamente de Facebook. La mayoría de estos hechos se relaciona con integrantes de la campaña de Abelardo de la Espriella, con el partido de gobierno Pacto Histórico o con actores vinculados a la Presidencia de la República, aunque también se documentaron casos asociados a otras candidaturas y sectores políticos. Por otra parte, durante la jornada del 8 de marzo, la FLIP registró al menos 11 casos de obstrucción al trabajo periodístico. De estos casos, el 80 % fueron protagonizados por funcionarios de la Registraduría General de la Nación y de la Policía Nacional de Colombia, quienes ordenaron a los periodistas retirarse de los puestos de votación o abstenerse de realizar registros sobre distintas actividades electorales. Estos hechos revelan fallas serias en los lineamientos institucionales para el cubrimiento de la jornada y, por extensión, el derecho ciudadano a recibir información oportuna y veraz. En paralelo a la violencia contra la prensa, la desinformación se ha consolidado como una herramienta central de manipulación en el escenario electoral de 2026. Como se analizó en la edición 12 de la revista Páginas para la libertad de expresión, campañas basadas en microsegmentación, datos conductuales y sistemas de inteligencia artificial ajustan mensajes a perfiles psicológicos específicos, lo que profundiza la polarización y erosiona la confianza pública. En esta campaña presidencial, por ejemplo, se documentó el uso de metodologías de social listening por parte de la campaña de Abelardo de la Esajustan mensajes a perfiles psicológicos específicos, lo que profundiza la polarización y erosiona la confianza pública. En esta campaña presidencial, por ejemplo, se documentó el uso de metodologías de social listening por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella para presentar el cubrimiento crítico de varios medios como parte de una supuesta operación coordinada de descrédito en su contra, con el efecto de deslegitimar el trabajo periodístico ante sus audiencias. El problema de fondo es que estas prácticas contribuyen a debilitar la capacidad de las audiencias para contrastar información, identificar fuentes confiables y formarse un criterio propio frente al proceso electoral. de los 19 casos de agresión registrados en el escenario digital involucran a actores políticos. 131310 Al mismo tiempo, persisten déficits de información desde las propias campañas presidenciales. En consonancia con el comunicado de la alianza Más Información, Más Derechos, la FLIP y otras organizaciones señalaron que muchas candidaturas no han presentado propuestas claras, verificables ni fácilmente accesibles, lo que obliga a la ciudadanía a reconstruirlas a partir de discursos dispersos, entrevistas o publicaciones en redes sociales. Esta opacidad debilita la conversación pública y se agrava con la negativa de varios aspirantes a participar en espacios de debate y contraste programático. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El periodo electoral de 2026 confirma un hecho que la FLIP ha documentado: los comicios intensifican y diversifican las agresiones contra la prensa. El aumento sustancial en agresiones con relación directa al cubrimiento de las elecciones frente a 2022 es expresión de un entorno en donde múltiples actores de diferente naturaleza —armados, insmicios intensifican y diversifican las agresiones contra la prensa. El aumento sustancial en agresiones con relación directa al cubrimiento de las elecciones frente a 2022 es expresión de un entorno en donde múltiples actores de diferente naturaleza —armados, institucionales o políticos— en la práctica convergen en el resultado de condicionamiento, silenciamiento o deslegitimación de la labor informativa. Hay por lo menos tres patrones que concentran la mayor preocupación. El primero es la normalización de la estigmatización como herramienta de disputa política: cuando personas con responsabilidad pública señalan a medios y periodistas de manera infundada o violenta, agreden a individuos concretos, pero también erosionan la confianza ciudadana y desestimulan el cubrimiento plural y pueden terminar por habilitar formas más graves de violencia. El segundo es la expansión del hostigamiento digital como mecanismo de censura, que ha operado de manera sistemática, especialmente contra mujeres periodistas y otras personas históricamente marginadas, con efectos concretos de autocensura, retiro de coberturas sensibles y salida temporal del debate público. Y el tercero, quizás el más preocupante, es que las obstrucciones al trabajo periodístico durante los comicios fueron protagonizadas precisamente por las instituciones encargadas de garantizar el proceso democrático. Además, este informe muestra que en varias regiones la ausencia o baja documentación de casos no necesariamente equivale a menor riesgo. En contextos de control territorial, presión económica, miedo a represalias y debilitamiento institucional, la autocensura y el subregistro pueden ocultar restricciones más profundas al derecho a informar y a recibir información. En este sentido, se recomienda: 1011 Las obstrucciones documentadas evidencian vacíos

censura y el subregistro pueden ocultar restricciones más profundas al derecho a informar y a recibir información. En este sentido, se recomienda: 1011 Las obstrucciones documentadas evidencian vacíos estructurales en la formación y los lineamientos operativos de los funcionarios. Garantizar el acceso periodístico a los puestos de votación no es una concesión discrecional y, a pesar de que es deseable la existencia de acreditaciones, no existe norma que la exija para poder registrar lo que sucede en los puestos de votación. Ambas instituciones deben revisar con urgencia sus lineamientos operativos y protocolos de interacción con la prensa previo a la primera vuelta del próximo 31 de mayo, de manera que se garantice de forma efectiva el derecho ciudadano a acceder a información veraz y oportuna. A la Registraduría General de la Nación y a la Policía Nacional Las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 013 de 2025 siguen sin traducirse en medidas concretas y verdaderamente efectivas para periodistas en territorios con presencia de actores armados. La FLIP ha insistido que, en el marco de los diálogos con actores armados, el Gobierno exija el respeto por la población civil y la labor periodística, como obliga el DIH y el DIDH. Sin embargo, grupos como el Clan del Golfo, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, el ELN y otros más continúan amenazando la integridad y la vida de periodistas en todo el país. El reciente y trágico ejemplo del asesinato de Mateo Pérez Rueda a manos del Frente 36 del EBMF al mando de ‘Calarcá’ es

la integridad y la vida de periodistas en todo el país. El reciente y trágico ejemplo del asesinato de Mateo Pérez Rueda a manos del Frente 36 del EBMF al mando de ‘Calarcá’ es una muestra inaceptable de tales hechos. A la Unidad Nacional de Protección, Gobernaciones, Alcaldías, Ministerio del Interior y demás entidades encargadas de garantizar el orden público y las garantías de derechos humanos12 Las entidades encargadas de la prevención y protección —incluidas la Unidad Nacional de Protección, las autoridades territoriales y la rama judicial— deben incorporar de forma sistemática un enfoque de género en la evaluación y atención de riesgos para periodistas. Esto implica reconocer la especificidad de las violencias basadas en género contra mujeres periodistas, documentar sus manifestaciones en entornos presenciales y digitales y ajustar los protocolos para que contemplen los impactos diferenciados de expresiones sexistas, agresiones de connotación sexual y campañas de hostigamiento dirigidas contra ellas. Las rutas de prevención, atención y sanción deben tomar en cuenta las decisiones recientes de la Corte Constitucional sobre discursos provenientes de actores con poder, que advierten cómo estos mensaje