FLIP - Prensa señalada y desprotegida - Balance de los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro

FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP Prensa señalada y desprotegida: balance de los cuatro años ​ del gobierno de Gustavo Petro

El 7 de agosto de 2022, en su discurso de posesión, Gustavo Petro prometió que los organismos de inteligencia del Estado dejarían de perseguir a la prensa libre. Fue una declaración con un espíritu reivindicador que, sin embargo, no llegó a lo más concreto del deber estatal de garantizar que la labor informativa se ejerza con seguridad, integridad y sin interferencias. La relación del gobierno con un amplio sector de la prensa estuvo marcada tempranamente por la confrontación pública, señalamientos en redes sociales y descalificaciones dirigidas a periodistas y medios determinados. Junto a esa tensión, convivió también un propósito de reivindicar los compromisos del Estado frente a sectores de medios y periodistas que se nombran desde lo alternativo y lo comunitario. Cuatro años después, con base en el monitoreo y la documentación de agresiones contra periodistas que realiza la FLIP, el seguimiento a políticas públicas y el análisis de decisiones judiciales nacionales e internacionales, este balance recoge los avances destacados en materia de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado frente a graves crímenes contra periodistas, el manejo de los medios públicos y las iniciativas de política pública que quedaron en el papel. También resume la estigmatización presidencial, que persistió pese a la Directiva 007 de 2024, y describe la violencia y el aumento de la censura que, en medio del conflicto, siguió golpeando a la prensa regional y confirmó su estado de desprotección y vulnerabilidad. Durante este periodo, 101 periodistas fueron asesinados y la política de paz del gobierno no

golpeando a la prensa regional y confirmó su estado de desprotección y vulnerabilidad. Durante este periodo, 101 periodistas fueron asesinados y la política de paz del gobierno no contempló las necesidades de protección a la prensa en medio de mesas de diálogo con dispersos actores armados. Así mismo, el Estado aún está en mora de responder adecuadamente a los riesgos para ejercer esta labor y para atender la impunidad generalizada cuando se le agrede. En el fondo, aunque no hacen parte de este balance, quedan también importantes discusiones alrededor del oficio y las formas e intereses que le rodean. Los tímidos avances institucionales registrados durante el cuatrienio no fueron suficientes para garantizar, de manera efectiva y sostenible, el ejercicio de la libertad de prensa y el panorama general que acá se registra. Es evidente que la protección del periodismo, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa continúa siendo una enorme deuda del Estado colombiano. Informar en Colombia sigue siendo, para las y los periodistas, un acto de altísimo riesgo.

1 El caso de Jader Durango, asesinado en Córdoba, continúa en documentación para confirmar si tuvo relación con su labor periodística. - 2 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP Violencia contra la prensa Durante el gobierno de Gustavo Petro, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2026, la FLIP documentó 2003 agresiones contra 870 periodistas. Estos hechos se documentaron en los 32 departamentos del país.

El caso de Jader Durango, asesinado en Córdoba, continúa en documentación.

2026, la FLIP documentó 2003 agresiones contra 870 periodistas. Estos hechos se documentaron en los 32 departamentos del país.

El caso de Jader Durango, asesinado en Córdoba, continúa en documentación.

En este cuatrienio, la violencia contra la prensa en Colombia adquirió características cada vez más graves para el ejercicio periodístico. Las amenazas fueron la agresión más frecuente contra la prensa: en los últimos cuatro años, en promedio, un periodista fue amenazado cada dos días. La documentación muestra un deterioro progresivo de las condiciones para informar, marcado por el fortalecimiento de la violencia ejercida por actores armados, la persistencia de discursos estigmatizantes, el aumento de mecanismos de censura (como el acoso judicial y obstrucciones al acceso a la información) y la consolidación del temor que limita la cobertura y promueve autocensura sobre asuntos de alto interés público. Como consecuencia, en distintas regiones del país se profundizaron silencios alrededor de temas como la corrupción, la contratación pública, el conflicto armado, las economías ilegales, las afectaciones ambientales y la política local.

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En este periodo se consolidó una de las expresiones más severas de la violencia y la censura: 40 casos de desplazamiento forzado y 19 de exilio. Estas son medidas extremas a las que las y los periodistas tuvieron que recurrir para proteger sus vidas y las de sus familias, ante la ausencia de garantías para continuar ejerciendo su labor en condiciones de seguridad. La obligación impuesta a periodistas de abandonar su país, municipio o ciudad implica el

que las y los periodistas tuvieron que recurrir para proteger sus vidas y las de sus familias, ante la ausencia de garantías para continuar ejerciendo su labor en condiciones de seguridad. La obligación impuesta a periodistas de abandonar su país, municipio o ciudad implica el resquebrajamiento de vínculos con las comunidades sobre las que informan, frena la - 4 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP cobertura de contextos locales y trastoca profundamente la vida de las y los periodistas, sus familias y seres queridos. Estos hechos hacen evidente la incapacidad del Estado para asegurar que las y los periodistas puedan permanecer e informar en condiciones seguras y libres en sus territorios. A su vez, el exilio refleja el fracaso absoluto de los mecanismos de protección para ofrecer garantías frente a amenazas y situaciones de riesgo persistentes.

Paralelamente, las agresiones contra la prensa por parte de actores armados ilegales incrementaron, incluso en un contexto de negociaciones de paz impulsadas por el Gobierno nacional. Desde 2024, Cúcuta se consolidó como la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo, señal del agravamiento de las disputas armadas y del debilitamiento de las - 5 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP garantías para informar en el departamento de Norte de Santander, evidenciado en el asesinato de tres periodistas en ese territorio: Jaime Vásquez y Cristian Herrera, en Cúcuta, y Jorge Méndez, en La Gabarra, zona rural del municipio de Tibú. A este panorama se sumó la persistencia de la violencia letal. Durante cada uno de los años del gobierno se registró al menos un asesinato, una señal especialmente preocupante del

Jorge Méndez, en La Gabarra, zona rural del municipio de Tibú. A este panorama se sumó la persistencia de la violencia letal. Durante cada uno de los años del gobierno se registró al menos un asesinato, una señal especialmente preocupante del deterioro de las condiciones de seguridad para la prensa. Al mismo tiempo, otras modalidades de agresión cobraron mayor relevancia, como el acoso judicial, la violencia digital que afecta de manera diferenciada a mujeres, ciberataques contra medios y plataformas informativas y las restricciones al acceso a información, particularmente durante la cobertura del proceso electoral de 2026. En conjunto, estos patrones muestran que la violencia contra la prensa durante el gobierno de Gustavo Petro no solo se expresó en el volumen de las agresiones, sino en la creciente capacidad de estas para impedir el ejercicio del periodismo, restringir la circulación de información de interés público y afectar el debate democrático. Informar sigue costando la vida Entre el 16 de octubre de 2022 y julio de 2026, diez periodistas fueron asesinados. En nueve de estos casos, la FLIP ha documentado indicios suficientes para considerar que los homicidios estuvieron relacionados con el ejercicio periodístico; el décimo continúa bajo análisis para establecer si existió un nexo con la labor informativa. Aunque los casos ocurrieron en contextos distintos, comparten un mismo patrón: las víctimas ejercían un periodismo de alto impacto local, centrado en denunciar corrupción, hacer seguimiento a la gestión pública, documentar la violencia o informar sobre la actuación de grupos armados y organizaciones criminales. Cada uno de estos casos es evidencia de los riesgos de ejercer esta labor en territorios atravesados por la violencia y confirma la

hacer seguimiento a la gestión pública, documentar la violencia o informar sobre la actuación de grupos armados y organizaciones criminales. Cada uno de estos casos es evidencia de los riesgos de ejercer esta labor en territorios atravesados por la violencia y confirma la desprotección que pesa sobre el periodismo regional.

• 6 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP En 2022, el asesinato de Rafael Moreno2 en Montelíbano, evidenció los riesgos de investigar corrupción, minería ilegal y estructuras criminales en el sur de Córdoba. Junto al homicidio de Wilder Córdoba3, en La Unión, Nariño, se arrebataron valiosos liderazgos locales.

En 2023, Luis Gabriel Pereira4 fue asesinado en Ciénaga de Oro, también en Córdoba, y se perdió su iniciativa digital que solo pudo funcionar unos cuantos meses. En enero de 2024, el asesinato de Mardonio Mejía5 dejó al municipio de San Pedro, Sucre, en total silencio, pues era él la voz que conducía la emisora comunitaria Sonora Estéreo. Posteriormente, el homicidio de Jaime Vásquez6, en abril de 2024, abrió la caja de Pandora sobre los enormes riesgos de ejercer labores de veeduría y de observar la corrupción en Cúcuta y en Norte de Santander. En junio del mismo año, también en Norte de Santander pero esta vez en zona rural de Tibú, el crimen contra Jorge Méndez7 detuvo otra incipiente propuesta de periodismo y cultura en una región de tantas complejidades como el Catatumbo. En el año 2025, el asesinato de Óscar Gómez Agudelo8 en la ciudad de Armenia,

propuesta de periodismo y cultura en una región de tantas complejidades como el Catatumbo. En el año 2025, el asesinato de Óscar Gómez Agudelo8 en la ciudad de Armenia, Quindío, apagó una voz reconocida en el departamento y la región. Y finalmente, en este año, 2026, los homicidios del oriundo de Yarumal, Mateo Pérez Rueda9 en Briceño, Antioquia, y de Cristian Herrera10 en Cúcuta, Norte de Santander, sucedieron con un mes de diferencia, en mayo y en junio, y silenciaron por una parte a una joven y talentosa pluma que narraba independientemente hechos de toda índole en su municipio y su región y, por otra parte, a un curtido periodista judicial, miembro de la red de corresponsales y del consejo directivo de la FLIP que nunca se amilanó en su ejercicio. Finalmente, el reciente asesinato del periodista Jader Durango11 en Tierralta, Córdoba, ocurrido en julio y aún en proceso de esclarecimiento, golpea en el corazón de procesos comunitarios y educativos en su municipio. Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, estos homicidios reflejan una constante: el periodismo regional continúa siendo el más expuesto a la violencia, especialmente cuando informa sobre corrupción, crimen organizado, conflicto armado y control territorial. La persistencia de la impunidad y las dificultades para identificar y judicializar a los determinadores siguen siendo uno de los principales factores que perpetúan este tipo de violencia contra la prensa. Cada una de estas personas deja un vacío hondo en 11 Jader Durango: asesinado el 18 de julio en zona rural de Tierralta, Córdoba.

este tipo de violencia contra la prensa. Cada una de estas personas deja un vacío hondo en 11 Jader Durango: asesinado el 18 de julio en zona rural de Tierralta, Córdoba. 10 Cristian Hernando Herrera Nariño: asesinado el 6 de junio de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander. 9 Mateo Pérez Rueda: asesinado el 5 de mayo de 2026 en Briceño, Antioquia. 8 Óscar Gómez Agudelo: asesinado el 24 de enero de 2025 en Armenia, Quindío. 7 Jorge Méndez: asesinado el 29 de junio de 2024 en La Gabarra, corregimiento de Tibú, Norte de Santander. 6 Jaime Vásquez: asesinado el 14 de abril de 2024 en Cúcuta, Norte de Santander. 5 Mardonio Mejía: asesinado el 24 de enero de 2024 en San Pedro, Sucre. 4 Luis Gabriel Pereira: asesinado el 9 de mayo, en Ciénaga de Oro, Córdoba. 3 Wilder Córdoba: asesinado el 28 de noviembre de 2022 en La Unión, Nariño. 2 Rafael Moreno: asesinado el 16 de octubre de 2022 en Montelíbano, Córdoba. - 7 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP sus territorios y expande un mensaje que impone el miedo y el silencio no solo en las regiones y municipios de cada uno, sino en general para quienes día tras día conviven con el riesgo que implica informar en todo el país. Actores armados entre los principales agresores a la prensa Durante el gobierno de Gustavo Petro, los grupos armados continuaron siendo uno de los

y municipios de cada uno, sino en general para quienes día tras día conviven con el riesgo que implica informar en todo el país. Actores armados entre los principales agresores a la prensa Durante el gobierno de Gustavo Petro, los grupos armados continuaron siendo uno de los principales factores de riesgo para el ejercicio periodístico en Colombia. La FLIP documentó 378 agresiones12 atribuidas a estos actores: el 80 % de ellas fueron amenazas (300 casos), provenientes principalmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructuras disidentes de las FARC y bandas criminales. Es decir, una amenaza cada cinco días, en promedio, durante los cuatro años de gobierno. Estas agresiones evidencian que, pese a los procesos de diálogo y negociación adelantados durante este periodo, persistieron dinámicas de control territorial que afectaron directamente la posibilidad de informar en distintas regiones del país. Las agresiones por parte de grupos armados tuvieron lugar en 29 departamentos del país, con una concentración especialmente alta en Arauca y Norte de Santander. En el primer departamento se registraron 65 agresiones, asociadas principalmente al ELN y a estructuras disidentes de las FARC, mientras que Norte de Santander acumuló 52 casos, atribuidos en su mayoría a bandas criminales y, en segundo lugar, al ELN. Más allá de los números, en regiones como Catatumbo, Arauca, Cauca y Putumayo, la intensificación del conflicto armado redujo drásticamente las posibilidades de informar con independencia. En Catatumbo, por ejemplo, la FLIP documentó cómo la confrontación entre grupos armados obligó a periodistas a restringir coberturas, modificar sus rutinas y enfrentar amenazas por informar sobre desplazamientos, confinamientos y otros hechos de interés público.

grupos armados obligó a periodistas a restringir coberturas, modificar sus rutinas y enfrentar amenazas por informar sobre desplazamientos, confinamientos y otros hechos de interés público. En Arauca, la presión permanente de los actores armados ha limitado durante varios años la labor de la prensa local y obligó a algunos periodistas a trabajar bajo estrictas medidas de autoprotección para poder permanecer en el territorio. En Cauca, las amenazas y señalamientos contra periodistas y medios derivaron en restricciones a la cobertura de asuntos relacionados con el conflicto armado y el orden público. Y en Putumayo, la disputa entre grupos armados dejó a periodistas en medio de señalamientos cruzados, amenazas e intentos de instrumentalización para favorecer intereses de las estructuras ilegales, evidenciando cómo el control de la información también se convirtió en un objetivo de la confrontación. 12 Cifra correspondiente al periodo entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2026.

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Otras de las agresiones por parte de actores armados incluyen secuestro, agresión física, tentativa de homicidio. También han derivado en desplazamiento forzado.

Los casos documentados por la FLIP muestran que estas agresiones no responden únicamente a retaliaciones por investigaciones periodísticas. En muchos territorios hicieron parte de una estrategia para controlar el flujo de información, consolidar el dominio territorial y fortalecer la legitimidad de los grupos armados frente a las comunidades. La instrumentalización de la prensa se expresó mediante presiones para publicar comunicados,

fortalecer la legitimidad de los grupos armados frente a las comunidades. La instrumentalización de la prensa se expresó mediante presiones para publicar comunicados, reproducir propaganda, modificar coberturas, guardar silencio sobre determinados hechos o imponer reglas sobre qué podía o no informarse. Estas prácticas transformaron el ejercicio periodístico en un escenario más de disputa dentro del conflicto armado y limitaron el derecho de las comunidades a acceder a información libre e independiente. Estas presiones también encontraron nuevos canales de difusión: la FLIP identificó amenazas, panfletos y comunicados públicos ejecutados o difundidos a través de redes sociales y servicios de mensajería instantánea, ampliando el alcance intimidatorio de los grupos armados. Como consecuencia, se genera un ambiente de zozobra que afecta a quienes reciben directamente las amenazas y demás periodistas que trabajan en esos territorios. A este panorama se sumaron cuatro casos de secuestro perpetrados por integrantes de grupos armados contra periodistas de medios de comunicación digitales e independientes que cubren las dinámicas de conflicto armado en sus municipios y regiones. En uno de estos hechos, por ejemplo, un equipo periodístico fue obligado a producir y publicar en las cuentas de Facebook y YouTube del medio contenidos que favorecían al grupo armado responsable del secuestro. En conjunto, estas agresiones evidencian que la violencia ejercida por grupos armados contra la prensa no se agota en ataques contra periodistas individuales, sino que opera como una estrategia de control sobre la información y el debate público. Allí, donde los grupos - 9 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP armados lograron controlar o silenciar la información, no solo se afectó la seguridad de

una estrategia de control sobre la información y el debate público. Allí, donde los grupos - 9 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP armados lograron controlar o silenciar la información, no solo se afectó la seguridad de periodistas y medios de comunicación: también se restringió el derecho de las comunidades a recibir información independiente, y se debilitó el debate democrático en los territorios más afectados por el conflicto armado. Frente a este escenario, la FLIP insistió desde 2022 en que la protección del periodismo debía incorporarse como un componente transversal de la política de Paz Total y que el respeto por el trabajo, la seguridad e independencia de la prensa debía convertirse en un compromiso verificable dentro de las negociaciones con los grupos armados. Sin embargo, las garantías para el ejercicio periodístico no ocuparon un lugar suficientemente visible ni prioritario dentro de estos procesos, pese a que los involucrados continuaron agrediendo a periodistas y medios. La principal deuda del cuatrienio fue no reconocer plenamente que la protección de la libertad de prensa constituye una condición para la construcción de paz. La estigmatización desde el poder dejó uno de los principales ​ precedentes del cuatrienio Durante el gobierno de Gustavo Petro, los funcionarios y servidores públicos se mantuvieron como uno de los principales grupos de agresores a la prensa identificados por la FLIP. En total, la organización documentó 514 agresiones atribuidas a estos actores, de las cuales 226 (44 %) correspondieron a casos de estigmatización.

Puede haber más de un tema de cubrimiento por agresión.

Estas agresiones se registraron en 75 municipios de 27 departamentos del país y fueron emitidas en respuesta al ejercicio periodístico, especialmente después de la publicación o el

Puede haber más de un tema de cubrimiento por agresión.

Estas agresiones se registraron en 75 municipios de 27 departamentos del país y fueron emitidas en respuesta al ejercicio periodístico, especialmente después de la publicación o el conocimiento de investigaciones sobre asuntos de interés público. Temas como el ordenamiento territorial, la gestión de recursos para saneamiento básico en los municipios o el - 10 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP uso del erario estuvieron entre los asuntos que detonaron señalamientos contra periodistas y sus medios de comunicación. Los mensajes fueron difundidos a través de distintos canales, entre ellos redes sociales como X y Facebook, cuentas oficiales de funcionarios y entidades públicas, comunicados, ruedas de prensa y pronunciamientos realizados en escenarios institucionales. Desde el inicio del gobierno, la FLIP documentó un patrón reiterado de señalamientos y estigmatizaciones contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de prensa. En ese mismo periodo —entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2026—, los registros de la organización atribuyen al presidente Gustavo Petro 19 casos de estigmatización contra la prensa, relacionados principalmente con discursos estigmatizantes publicados en sus redes sociales. A partir de 2022, el presidente Gustavo Petro y otros altos funcionarios emitieron, de manera frecuente, discursos que deslegitimaron el trabajo periodístico, asociaron a periodistas con intereses políticos o económicos y promovieron una narrativa de confrontación frente a medios de comunicación tradicionales. Los señalamientos públicos han derivado en nuevas agresiones digitales, como campañas de acoso, exposición de información personal o amenazas; y han incrementado los riesgos de

narrativa de confrontación frente a medios de comunicación tradicionales. Los señalamientos públicos han derivado en nuevas agresiones digitales, como campañas de acoso, exposición de información personal o amenazas; y han incrementado los riesgos de que las intimidaciones se materialicen en ataques contra la integridad física de las y los periodistas. Además, estos señalamientos generan un efecto inhibitorio en torno al cubrimiento de temas similares, favoreciendo la autocensura y limitando la cobertura de asuntos de interés público. Esta situación resulta especialmente preocupante cuando los discursos estigmatizantes incorporan componentes de violencia de género, pues profundizan las agresiones y generan impactos diferenciados sobre las mujeres periodistas. En este contexto, la estigmatización contra la prensa representa un riesgo que va más allá de los señalamientos. Cuando estos mensajes provienen de figuras con capacidad de incidencia pública, contribuyen a deteriorar la confianza en el ejercicio periodístico, aumentan la exposición de quienes investigan asuntos sensibles y pueden profundizar las barreras que enfrentan las y los comunicadores para informar sobre temas de interés colectivo. El resultado es un entorno en el que cuestionar al poder, una función esencial del periodismo en una democracia, puede implicar costos adicionales. La directiva presidencial sobre no estigmatización a la prensa En 2024, el Gobierno expidió la Directiva Presidencial 007 que fija estándares sobre el trato de funcionarios públicos hacia la prensa, como garantizar el acceso a la información pública, evitar que los pronunciamientos oficiales estigmaticen a periodistas y que se abstengan de declaraciones que puedan entenderse como instigación a la violencia por razón del trabajo periodístico. Sin embargo, estos compromisos no se reflejaron de manera

pública, evitar que los pronunciamientos oficiales estigmaticen a periodistas y que se abstengan de declaraciones que puedan entenderse como instigación a la violencia por razón del trabajo periodístico. Sin embargo, estos compromisos no se reflejaron de manera consistente en el discurso ni en las acciones oficiales. Incluso el mismo día de su firma, el presidente volvió a emitir señalamientos contra periodistas durante su intervención pública. - 11 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP Menos de tres meses después, el episodio de las "muñecas de la mafia" representó el caso más grave de esta tendencia. Tras las declaraciones del presidente, varias mujeres periodistas fueron objeto de campañas de hostigamiento y ataques en redes sociales. La controversia dio lugar a una decisión histórica de la Corte Constitucional, que concluyó que el Presidente vulneró sus derechos fundamentales, ordenó su retractación y reiteró que los altos funcionarios tienen un deber reforzado de proteger la libertad de prensa y deben abstenerse de emitir discursos que propicien la estigmatización o la violencia contra periodistas. Más allá del caso concreto, la sentencia constituye uno de los principales precedentes del cuatrienio porque fija límites claros al uso de la palabra por parte de quienes ejercen el poder. Además, reafirma que la crítica al periodismo no puede convertirse en un mecanismo de deslegitimación o de riesgo para quienes ejercen esta labor. La responsabilidad del Estado en crímenes contra periodistas Uno de los principales avances del cuatrienio se registró en materia de justicia internacional y reparación a víctimas. El gobierno Petro mostró una voluntad de avanzar en el cumplimiento de compromisos del Estado frente a casos emblemáticos de violencia contra la

Uno de los principales avances del cuatrienio se registró en materia de justicia internacional y reparación a víctimas. El gobierno Petro mostró una voluntad de avanzar en el cumplimiento de compromisos del Estado frente a casos emblemáticos de violencia contra la prensa, lo que refleja su disposición por impulsar mecanismos de verdad y reconocimiento. Durante este cuatrienio, se suscribió el Acuerdo de Solución Amistosa en el caso del asesinato de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también se realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Asimismo, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso del asesinato de Guillermo Cano Isaza. También hubo avances en el reconocimiento de otros casos emblemáticos, como el de Jaime Garzón. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha avanzado a ritmos distintos. Mientras que las contempladas en el Acuerdo de Solución Amistosa de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres han mostrado una ejecución más expedita, especialmente en las acciones de satisfacción y memoria, el cumplimiento en el caso de Guillermo Cano ha enfrentado importantes retrasos, dificultades burocráticas y demoras institucionales que han obstaculizado la realización del documental previsto como medida de reparación. Igualmente, este compromiso del gobierno, se contrasta con las falencias en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jineth Bedoya Lima. Aunque durante el último año del gobierno se registraron avances, hasta inicios de 2026 el proceso estuvo marcado por retrocesos, dilaciones y cargas injustificadas impuestas a la propia periodista para la implementación de medidas que corresponden al

Jineth Bedoya Lima. Aunque durante el último año del gobierno se registraron avances, hasta inicios de 2026 el proceso estuvo marcado por retrocesos, dilaciones y cargas injustificadas impuestas a la propia periodista para la implementación de medidas que corresponden al Estado. Si bien existió una voluntad de continuar con algunos procesos de reconocimiento y reparación, el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ha sido desigual y mantiene deudas importantes con las víctimas y con la garantía efectiva de la libertad de prensa.

• 12 -FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, FLIP Medios públicos: de su fortalecimiento y presencia territorial a los debates de instrumentalización Las emisoras de paz Durante este gobierno se cumplió el compromiso adquirido por el Estado a través del punto 6.5 del Acuerdo de Paz, que mandaba la consolidación de 20 emisoras de paz en zonas priorizadas por la alta incidencia del conflicto armado. Estos escenarios de comunicación han abierto puertas con agendas que responden a lo local y han sido una oportunidad para que, en cada uno de estos lugares, periodistas encuentren sustento y trabajo en contextos de alta complejidad. Sin embargo, su labor ha sido estigmatizada por algunos sectores y las y los periodistas viven toda clase de riesgos asociados a un trabajo que, más allá de cualquier gobierno, es importante resaltar.

Las más de 70 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, repartidas por todo el país, son un activo muy valioso para el sistema de medios públicos y para el fortalecimiento de la democracia y requieren de garantías para su protección y el cumplimiento de su labor pública. La instrumentalización de los medios públicos Las prácticas que el gobierno de Iván Duque asentó sobre el sistema de medios públicos

democracia y requieren de garantías para su protección y el cumplimiento de su labor pública. La instrumentalización de los medios públicos Las prácticas que el gobierno de Iván Duque asentó sobre el sistema de medios públicos no fueron revertidas por la administración saliente, que en buena medida las profundizó. De ellas se derivan dos premisas que han comprometido seriamente al sistema: que los medios públicos responden a una lógica de gobierno y no del Estado, y que su función debe dedicarse a administrar la voz gubernamental en su presencia digital, en televisión y en radio. A eso se suman las denuncias por presunto acoso laboral y un ambiente de censura, sobre asuntos que pudieran percibirse como críticos frente al gobierno, y la falta de pluralismo en el medio público. Parte de la relación construida entre la Presidencia y el sistema de medios públicos durante este gobierno se evidencia en la e