FSC - Diálogos para Potenciar la Educación Superior Inclusiva - Diseño y evaluación de políticas en la educación superior inclusiva

I N C L U S I V A para potenciar la educación superior44 1.1. Introducción y Contexto 1.2. Presentación del Ponente 1.3. Los Cinco Criterios de la Educación Superior Inclusiva 1.4. Preguntas y reflexiones de otros expertos 1.5. Máxima

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EN LA

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA.Ministerio de Educación Ministerio de Igualdad y Equidad

Comité de Comunicaciones:

Red CIESD - ASCUN

Con el Apoyo de: Laboratorio de Creación, Diseño e Innovación para la Inclusión INCLUSALLE de la Universidad

de La Salle Gilda Marina Toro Prada Angie Tatiana Quitián Gutiérrez Coordinación Nacional RED CIESD María Isabel Pinzón Ochoa Universidad de Santander, Campus Bucaramanga Angelica Nohemi Rangel PicoCorporación Universitaria Minuto de Dios, Regional Santander Fundación Saldarriaga Concha Álvaro Valderrama Castro 27 de Marzo 2025 Nodo Eje Cafetero Claudia Patricia Jiménez Guzmán Universidad de Manizales Over Camilo Ortegón Vega Universidad Católica de Manizales Carmen Liliana Ávila Rendón Universidad Autónoma de Manizales Secretaría de Educación de Manizales Sulay Rocío Echeverry Mejía

Autores: Rossana Cuervo Botero Fundación Saldarriaga ConchaPensar una Educación Superior Inclusiva invita a educar la mirada y a descolocarse de una

educación homogénea y tradicional que históricamente ha estado en lo instituido y poco en otras prácticas de actuación que permitan la educación para todos. La educación inclusiva es un proceso transformador que asegura la plena participación y el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las personas, eliminando las diversas formas de discriminación en la educación. En este sentido, la educación superior debe propender por reconfigurarse desde las particularidades de las comunidades universitarias, brindando una Educación situada que permita movilizar los imaginarios sociales hacia la comprensión de una educación inclusiva como el deber ser de la educación, un proyecto político, crítico, pedagógico y social, no un sumatorio de lo disyunto o aquello que no encaja. Desde esta perspectiva, se invita a comprender la educación inclusiva del modo que lo plantea Echeita (2003) como un proceso sistémico y participativo, en el que todos los actores son agentes corresponsables para gestar escenarios más potenciadores, acogedores y respetuosos de las particularidades. Desde esta perspectiva, la doctora Márquez en su conferencia hace referencia a que la educación de calidad debe ser inclusiva y equitativa, y son las instituciones las que deben gestar procesos de transformación contantes, sistémicos y permanentes. Así mismo, Sandoval, Simón y Márquez (2019) plantean “nadie pone en duda que la educación inclusiva es un derecho de todas las personas y en todas las etapas educativas” (UNESCO, 2016). Sin embargo, a pesar de lo logrado, aún son necesarios varios pasos para acortar la distancia

entre los valores declarados y las acciones, como insiste Booth (2006) en lo que a la educación inclusiva en las instituciones superiores se refiere (p. 262). Aspecto que nos invita a pensar unas políticas institucionales situadas, participativas y en relación con las condiciones particulares de las universidades y su territorio. Introducción y contexto Bibliografía: Sandoval, M.; Simón, C.; Márquez, C. (2019). ¿Aulas inclusivas o excluyentes?: barreras para el aprendizaje y la participación en contextos universitarios. Revista Complutense de Educación, 30(1), 261-276Invitada Experta Doctora Europea en Ciencias Sociales Aplicadas, es profesora en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora del Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, e investigadora invitada en el Instituto de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Su investigación se centra en los procesos de Inclusión y Exclusión Educativa, con especial atención a la Educación Superior. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales sobre esta temática y en sus publicaciones alerta sobre el débil compromiso que los sistemas educativos mantienen con la equidad y la inclusión. C A R ME N MÁ R Q U E Z V Á S Q U E Z Desde los años noventa, con la Declaración de Salamanca, se han definido como condiciones para la Educación de calidad, que sea inclusiva y equitativa, y se ratifica en la Agenda 2030. Es

así como, la doctora Márquez, plantea que la inclusión es un elemento constitutivo de la educación de calidad, al reafirmar la postura del profesor Ainscow, quien concibe la inclusión como un proceso sistémico para la transformación constante de las Instituciones de Educación Superior –IES-. Ello, implica un cambio global en el que las sociedades y específicamente las IES se adaptan a sus comunidades, lo cual precisa una educación para todos en cualquier nivel educativo, a lo largo de toda la vida. El dinamismo y variabilidad de las condiciones de las IES, implica que la inclusión no surja de manera espontánea y precise la participación de los diversos agentes del sistema, así como la organización y planificación de rutas para la garantía del derecho a la educación. Una Institución inclusiva es una comunidad que identifica los puntos débiles a la par que facilita el mayor desarrollo personal posible de toda la comunidad. Ponencia ABSTRACT DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA.Según la profesora Márquez “la única forma en la que esto sucede es con las políticas”. Estas son consideradas el conjunto de principios, normas y acciones que orientan la organización y funcionamiento de la institución hacia un objetivo clave: la Inclusión. De acuerdo con el expuesto, la realidad latinoamericana revela que la mayoría de las IES tienen un compromiso entre medio y alto con la educación inclusiva demostrado mediante la existencia declarativa de políticas, hecho que contrasta con la poca estandarización de procedimientos

para su implementación y evaluación. El diseño de las políticas es generalmente segmentado, para grupos específicos, se enfoca en el apoyo a estudiantes con discapacidad, el acceso de colectivos infrarrepresentados y el enfoque de género; prevalece, con pertinencia, la autonomía universitaria en el diseño de las políticas, en tanto es poca la articulación de las IES con los niveles nacionales y regionales. En la implementación, es escasa la participación de la mayoría de los agentes de las comunidades, por lo cual es reiterativa la necesidad de conciliación entre los actores y las dependencias in institucionales, así como el fortalecimiento de alianzas con el sector privado y público. En la evaluación, es incipiente la cultura institucional en este aspecto, se privilegian las prácticas cuantitativas y el uso de la evaluación es aún muy anecdótico y poco sistemático, no se tiene en cuenta en mayor medida la valoración de las experiencias inclusivas. Ante las múltiples segmentaciones y aristas que devela el diseño y la evaluación de políticas inclusivas, el llamado global y nacional se enfoca en la necesidad de extender las comprensiones y construcciones en torno a una educación inclusiva intercultural, que cree mecanismos de diálogo permanente entre los agentes educativos, Inter seccional, que acoja al ser humano en su diversidad, permanente, una educación en movimiento que se construye y deconstruye, no termina. En conclusión, se requieren instituciones de educación superior capaces de transformar la sociedad. Los cinco criterios infaltables de la

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA

1. Compromiso Institucional en la adopción de políticas inclusivas.

2. Enfoque inclusivo transversal en las políticas institucionales.

3. Participación equitativa en las instituciones de educación superior.

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA

1. Compromiso Institucional en la adopción de políticas inclusivas.

2. Enfoque inclusivo transversal en las políticas institucionales.

3. Participación equitativa en las instituciones de educación superior.

4. Cultura de la evaluación periódica, sistemática y que escuche todas las voces.

5. Cada institución es autónoma en el diseño, implementación y evaluación de sus políticas de educación superior inclusiva, pero se proponen 3 mínimos orientadores: Contextualizar, Identificar las barreras, Implementar las políticas inclusivas.55

Compromiso institucional en la adopción de políticas inclusivas: Si bien el compromiso institucional con la inclusión se declara en el diseño de las políticas, no se agota en ello, requiere estandarización de la planificación, corresponsabilidad en el despliegue, un sistema de evaluación claramente definido que mida su impacto, voluntad institucional y conciencia de todos los agentes de las comunidades educativas. Enfoque inclusivo transversal en las políticas institucionales: La inclusión no se dirige solo a un colectivo, no homogeniza ni se enfoca en el capacitismo. No se avanza en la inclusión si el enfoque es en las particularidades de algunos estudiantes. Se requiere una visión sistémica de la educación para todos los actores de la Universidad. Participación equitativa en las instituciones de educación superior: Aunque existe una tendencia a mantener lógicas contrapuestas entre las situaciones

generadoras de desigualdades y el desarrollo de actuaciones compensatorias enfocadas a grupos particulares, es necesario que desde las instituciones se garanticen estrategias sostenibles para potenciar las oportunidades de ser y hacer en las comunidades educativas. Cultura de la evaluación periódica, sistemática y que escuche todas las voces: Es fundamental valorar las experiencias inclusivas, idealmente con sistemas de evaluación mixtos. La evaluación debe ir más allá de un enfoque centrado en la medición de resultados cuantitativos. Cada institución es autónoma en el diseño, implementación y evaluación de sus políticas de educación superior inclusiva, pero se proponen 3 mínimos orientadores: Contextualizar: Significar qué es para cada institución la inclusión desde sus realidades, dinámicas e identidad. Identificar las Barreras percibidas por todos los agentes universitarios. Implementar las Políticas Inclusivas de manera corresponsable, evaluar su progreso de manera periódica, rediseñarlas y reajustarlas de manera permanente. Imagen extraída del webinario “Diseño y la evaluación de políticas en la educación superior inclusiva” (Márquez, Carmen. 2025)Preguntas y reflexiones de otros expertos y público participante Empecemos por el final, la salud mental es un elemento fundamental del bienestar estudiantil y está estrechamente vinculada con la inclusión, ya que el bienestar forma parte de la tercera dimensión de la participación. Una universidad inclusiva y participativa debe ser un espacio donde las personas sean, se sientan, se reconozcan y sean reconocidas, garantizando condiciones de seguridad y bienestar. Sin

embargo, no todas las comunidades académicas consideran la salud mental una prioridad o no la reconocen como un requisito transversal de la calidad educativa, lo que resalta la importancia en primera medida de articular el contexto comunitario. Para que las políticas de educación inclusiva sean efectivas, es esencial la participación de todos los estamentos de la institución. No obstante, su diseño suele estar en manos de los gestores institucionales, quienes deben responder a marcos normativos y sistemas de acreditación. Por ello, es fundamental construirlas de manera participativa, evitando así decisiones descontextualizadas y la falta de implicación de la comunidad universitaria. Si bien estas exigencias no pueden ser eludidas, es necesario replantearlas para una mayor articulación con las demandas reales. Las universidades deben generar espacios de comunicación y planificación que promuevan la participación de toda la comunidad académica. La creación de grupos motores que aborden la inclusión, la salud mental y los procesos de acogida permitirá responder a las demandas colectivas y garantizar estructuras que integren diversas particularidades y perspectivas. ¿CÓMO PUEDEN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR—TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS—DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA QUE INTEGREN DE MANERA EFECTIVA EL APOYO DEL ESTADO, LA ASIGNACIÓN DE ROLES ESTRATÉGICOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Y UNA PERSPECTIVA INTEGRAL QUE CONTEMPLE LA SALUD MENTAL COMO EJE FUNDAMENTAL DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL?

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES AVANCES Y DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS?

La gestión de recursos para la implementación de políticas educativas inclusivas es un tema complejo, en el que las buenas intenciones suelen verse limitadas por cuestiones económicas y presupuestales. Un primer aspecto clave es replantear la forma en que se conciben estas políticas. En lugar de diseñar políticas de inclusión separadas que suponen una carga extra para las instituciones, resulta más efectivo integrar la educación inclusiva en todas las políticas existentes. En otros ámbitos, como el de género, se ha logrado avances significativos, por ejemplo, con la incorporación sistemática de datos desagregados por sexo en informes y estadísticas. Sin embargo, en temas de inclusión, este enfoque aún no se ha consolidado. La invitación es a que cada institución se pregunte: ¿Qué necesito para que esta política sea más inclusiva? De esta manera, la inclusión no se trata como un elemento aislado, sino como un principio transversal que guía la formulación y ejecución de todas las políticas institucionales. ENTENDIENDO LA INCLUSIÓN COMO UN DERECHO PARA TODAS LAS PERSONAS, ¿CÓMO SE EQUILIBRA LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PARA GARANTIZAR APOYOS ESPECÍFICOS COMO INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS, TIFLÓLOGOS, AJUSTES RAZONABLES Y TECNOLOGÍAS DE APOYO, SIN PERDER DE VISTA LA NECESIDAD DE FORTALECER EL SISTEMA EDUCATIVO EN SU

CONJUNTO?

Además, la distribución de recursos debe abordarse desde una perspectiva de atribuciones y responsabilidades compartidas. Si bien en muchos casos es necesario adquirir recursos específicos, en

CONJUNTO?

Además, la distribución de recursos debe abordarse desde una perspectiva de atribuciones y responsabilidades compartidas. Si bien en muchos casos es necesario adquirir recursos específicos, en otras ocasiones estos ya existen dentro de la comunidad universitaria o en su entorno cercano. Es fundamental que las universidades trabajen en alianza con el sector empresarial y entidades gubernamentales, creando dinámicas colaborativas para optimizar recursos. Tal vez una institución de¿CÓMO PUEDEN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DESARROLLAR Y CONSOLIDAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN QUE GARANTICEN LA INCLUSIÓN, EQUIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CONSIDERANDO TANTO SU TRAYECTORIA ACADÉMICA COMO SU TRANSICIÓN AL MUNDO LABORAL, MÁS ALLÁ DE LA

PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL?

Es fundamental establecer la estandarización de índices para evaluar la inclusión, pero esta medición no puede limitarse únicamente a parámetros cuantitativos. Es necesario adoptar un enfoque de evaluación mixta que incorpore también una perspectiva cualitativa. La inclusión no puede reducirse a un mero dato numérico, pues involucra experiencias, percepciones y dinámicas de desarrollo que deben ser consideradas. Por ello, una clave esencial es diseñar un sistema de evaluación que, además de analizar aspectos como el acceso, la participación y el egreso desde un enfoque cuantitativo, integre la dimensión cualitativa para valorar la experiencia de los estudiantes, su sentido de pertenencia y su desarrollo dentro de la comunidad educativa.

Este proceso debe ser sistemático y estandarizado, asegurando que todos los colectivos sean escuchados y que los resultados obtenidos permitan no solo evaluar, sino también rediseñar y mejorar

dentro de la comunidad educativa.

Este proceso debe ser sistemático y estandarizado, asegurando que todos los colectivos sean escuchados y que los resultados obtenidos permitan no solo evaluar, sino también rediseñar y mejorar continuamente las políticas institucionales. La evaluación de la inclusión no debe centrarse únicamente en determinar si una estrategia es exitosa o no, sino en generar información que guíe la toma de decisiones y permita ajustar las políticas para garantizar una educación verdaderamente inclusiva. Por supuesto, la inclusión no se limita únicamente a las personas con discapacidad; es un principio que nos involucra a todos y todas. Se trata de garantizar oportunidades equitativas de crecimiento y desarrollo pleno, sin importar el género, la raza, la orientación sexual, la condición socioeconómica o cualquier otro aspecto que forme parte de nuestra identidad. Las universidades no solo deben asumir la inclusión como un compromiso, sino que tienen la responsabilidad ineludible de ser espacios accesibles y equitativos para toda la comunidad. La educación superior debe promover entornos donde la diversidad sea reconocida, valorada y fortalecida, asegurando que cada persona pueda ejercer su derecho a aprender y desarrollarse sin barreras, ni exclusiones. Educación Superior no tenga el presupuesto para garantizar la accesibilidad total de su campus, pero sí puede gestionar colaboraciones con actores externos del sector público y privado para avanzar en esa dirección. Para ello, es necesario derribar los muros institucionales y fortalecer el trabajo en red, evitando la duplicación de políticas y priorizando la articulación del proceso inclusivo en todas las estrategias existentes.

SI NO CUENTO CON NINGUNA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN MI INSTITUCIÓN EDUCATIVA

¿ES NECESARIO CONTAR CON POLÍTICAS DE INCLUSIÓN?Dra. Carmen Márquez Vásquez

estrategias existentes. SI NO CUENTO CON NINGUNA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN MI INSTITUCIÓN EDUCATIVA ¿ES NECESARIO CONTAR CON POLÍTICAS DE INCLUSIÓN?Dra. Carmen Márquez Vásquez Que la inclusión no se quede en palabras, sino que sea la acción que transforme nuestras universidades y marque el rumbo de nuestras sociedades “