ICBF - Concepto 0000115 de 2017

Gov.co Gobierno de Colombia Derecho del Bienestar Familiar Buscar en la compilación   Logo ICBF Inicio Compilación normativa interna Compilación normativa externa Compilación normativa funcionamiento Índice temático de asuntos misionales Restablecimiento de derechos Jurisprudencia Doctrina Menú principal Inicio Compilación normativa interna Compilación normativa externa Compilación normativa funcionamiento Índice temático de asuntos misionales Restablecimiento de derechos Jurisprudencia Doctrina Novedades Búsqueda avanzada

Usted está en: 

Inicio Documento

Usted está en: 

Inicio Documento Concepto 115 de 2017 ICBF Ocultar anotaciones   Buscar  Índice CONCEPTO 115 DE 2017 (septiembre 20) <Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10400 / 396229

Bogotá, D C. Doctor

XXXXX XXXXX XXXXX XXXX

Comisario de Familia Carrera 5 N° 17-42 Barrio La Florida Maní, Casanare Asunto: Su derecho de petición con radicado N° 396229 de fecha 11 de agosto de 2017 De manera atenta, en relación con et asunto de la referencia, en los términos previstos en los artículos 26 del Código Civil, Ley 1775 de 2015, Ley 1098 de 2006 y el artículo 6o, numeral 4, del Decreto 987 de 2012, se responde la consulta en los términos que siguen:

1. PROBLEMA JURÍDICO Con la expedición de la Ley 1850 de 2017, ¿Cuáles son los criterios bajo los que los comisarios de familia deberán imponer la cuota provisional de alimentos respecto de las personas adultas mayores cuando no prospere la conciliación? ¿Cuál será el procedimiento que debe darse para no vulnerar derechos a quien se encuentra en la obligación de dar alimentos?

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO Se abordará el tema analizando: 2.1. La protección especial al adulto mayor; 2.2. Et derecho de alimentos; 2.3.Crrterios para establecer cuota alimentaria a favor del adulto mayor; 3. Conclusiones 2.1. La protección especial al adulto mayor La Constitución Política, partiendo de la aplicación del principio de Solidaridad y de la Protección a la Dignidad Humana, consagra un amparo especial para los adultos mayores como población vulnerable que requiere la atención preferente del estado, lo cual se evidencia en disposiciones de rango constitucional, del Derecho Internacional y legal colombiano.

En el orden Constitucional podemos resaltar lo dispuesto por el artículo 46 que determina: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servidos de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”. En cuanto a los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que consagran la protección preferente a los adultos mayores, puede mencionarse el Protocolo Adicional a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesProtocolo de San Salvador, que en su artículo 17 señala: "Protección de los ancianos. Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por si mismas; b) Ejecutar programas laborales específicas destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorarla calidad de vida de los ancianos.” De la misma manera, el tema ha tenido un importante desarrollo legal dentro del cual podemos mencionar la Ley la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", norma que consagró los denominados “Servicios Sociales Complementarios”, programa orientado a garantizar el mínimo vital de la población adulta mayor que carece de recursos. Igualmente, son de destacar en este tema la Ley 1315 de 2009, “Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de atención,” la Ley 1251 de 2008, “Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores” y la Ley 1850 de 2017,”Por medio de

la cual se establecieron medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones”. Igualmente, a nivel jurisprudencia! encontramos que varios pronunciamientos sobre el particular y es así como la Corte Constitucional en sentencia Sentencia <sic> T-025/15, señaló lo siguiente: (...) La Corte Constitucional ha indicado que el principio de solidaridad impone una serie de “deberes fundamentales” al poder público y a la sociedad para la satisfacción plena de los derechos. Dichos deberes se refuerzan cuando se trata de asegurar a las personas de la tercera edad la protección de todas las facetas de sus garantías fundamentales, para ello el constituyente involucró en su consecución a la familia, en primera medida y, subsidiariamente al Estado y la sociedad en su conjunto. Igualmente, en desarrollo del derecho fundamental al Mínimo Vital, la misma corporación estableció que, "5. La prevalencia constitucional del derecho fundamental al mínimo vital de las personas de tercera edad. Reiteración de jurisprudencia Sentencia T-025/15. La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en el sentido de reconocer la existencia de un derecho fundamental constitucional al mínimo vital en cabeza de las personas de la tercera edad, derivado de múltiples mandatos constitucionales en los que se reconocen, entre otros, los derechos a la vida digna (art. 11, C.P.), a la integridad personal (art. 12, C.P), a la seguridad social integral (art. 48, C.P.) y a la salud (art. 49, C.P.). Así, por

ejemplo, en fa sentencia T-458 de 1997, se explicó fa prefación constitucional del derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, como sujetos de especial protección constitucional: “El principio constitucional de dignidad humana, sobre el que se establece el Estado social de derecho sirve de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es otro distinto que el de garantizarlas condiciones materiales más elementales, sin las cuales la persona arriesga perecer y quedar convertida en un ser que sucumbe ante la imposibilidad de asegurar autónomamente su propia subsistencia. El principio constitucional de dignidad humana, sobre el que se establece el Estado social de derecho sirve de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es otro distinto que el de garantizar las condiciones materiales más elementales, sin las cuales la persona arriesga perecer y quedar convertida en un ser que sucumbe ante la imposibilidad de asegurar autónomamente su propia subsistencia. (...) En otras palabras, la Constitución Política contempla una serie de sujetos que necesitan de un “trato especial” por la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran. En particular; a este grupo pertenecen las personas de la tercera edad, quienes al final de su vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez digna y plena (C.P. artículos 1o, 13, 46 y 48). En relación con estos sujetos, la Corte ha sentado la doctrina del derecho fundamental a la seguridad social. Así se le ha dado preciso alcance al mandato constitucional de defender, prioritariamente, el mínimo vital que sirve, necesariamente, a la promoción de la dignidad de los ancianos (C.P.,

artículos 1o, 13, 46 y 48)". 2.2. El derecho de Alimentos a favor del adulto mayor De acuerdo a lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia C-919 de 2001, con ponencia del Honorable Magistrado Jaime Araujo Rentería, "El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentos”. El derecho de alimentos se deriva sin lugar a dudas del vínculo familiar y es una obligación que tiene fundamento en el principio de la solidaridad, con la premisa de que el alimentario no está en la capacidad de asegurarse su propia subsistencia. El deber de asistencia alimentarla se determina sobre dos requisitos fundamentales; la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. El artículo 411 del Código Civil señala que se deben alimentos: “(...) 3o) A los ascendientes. (...) La ley establece como edad límite para la obligación alimentaria los dieciocho (18) años, en concordancia con la Ley 22 de 1977 y las normas especiales sobre patria potestad que traen el Código Civil y sus normas complementarias, pero establece dos excepciones en el artículo 422 ibídem, así:

1. Es el caso de la persona impedida físicamente para trabajar, lo cual también se encuentra establecido en la

Constitución Política en su artículo 42, inciso 6.

2. La incapacidad económica, generada por la imposibilidad de ubicación laboral o retribución económica mínima, caso en el cual si el adolescente continúa con sus estudios es obligatorio seguir cumpliendo con la obligación alimentaria.

Con todo lo expuesto es evidente que, el elemento esencial para extinguir la obligación alimentaria lo constituye la superación de las condiciones que dieron origen a la solicitud o requerimiento de alimentos y que mientras no se presente esta circunstancia, él sentido de solidaridad humana y la existencia del parentesco y la filiación, no admiten barreras temporales para cesar la ayuda. Los alimentos, pueden ser congruos y necesarios, entendiendo los congruos como aquellos que habilitan al alimentario para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social, y los necesarios, como aquellos que le dan lo que basta para sustentar la vida. Específicamente, en cuanto al derecho de recibir alimentos que tiene la población adulta mayor en el país, la Ley 1251 de 2008, en su artículo 34 A, modificado por la Ley 1850 de 2017, señala: “DERECHO A LOS AUMENTOS. Las personas adultas mayores tienen derecho a los alimentos y demás medios para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Serán proporcionados por quienes se encuentran obligados de acuerdo con la ley y su capacidad económica.. En este sentido también se ha pronunciado la Corte en Constitucional en varias oportunidades y es así como mediante sentencia T-685 de 2014, señaló: "(…) Teniendo en cuenta lo visto, las obligaciones alimentarias se

predican no solo de padres a favor de hijos menores o mayores impedidos para trabajar por motivos de estudio o que sean incapaces física o mentalmente, sino también de los hijos con capacidad económica a favor de sus padres que no se encuentren en condiciones para sostenerse económicamente por sus propios medios, sobre todo cuando éstos son adultos mayores y sus expectativas de trabajo son casi nulas. Cuando se trata de los adultos mayores y esta obligación no se cumple, la ley los faculta para exigir de sus descendientes -en primer orden a sus hijos-, el suministro periódico de una cuota alimentaria para su sostenimiento básico que satisfaga su mínimo vital, para lo cual, pueden acudir a los estrados judiciales o a un centro de conciliación, para obtener la satisfacción de sus peticiones." Esta Ley, por la cual se establecieron nuevas medidas para la protección del adulto mayor, confirmó el derecho que les asiste a los adultos mayores para ser beneficiarios de una cuotas alimentarias en caso de necesidad y ratificó la competencia a las Comisarias de Familia para asumir los casos de incumplimientode las obligaciones alimentarias en favor de los adultos mayores, quienes deberán llevar a cabo la audiencia de conciliación y en caso de no lograr acuerdo, deberán fijar la cuota provisional; igualmente, señala la norma que, tienen la obligación de remitir el expediente al Defensor de Familia quien será el competente para presentar la demanda de alimentos ante el Juez de Familia quien asumirá la causa según lo dispuesto por el artículo 397 del Código General del Proceso. 2.3. Criterios para establecer la cuota alimentaria a favor del adulto mayor En la legislación colombiana no existe una fórmula exacta que determine la cuantía de la obligación alimentaria

para los adultos mayores. Sin embargo, para fijarla, se deben tener en cuenta factores como obligaciones alimentarias con otras personas, el límite máximo del embargo del alimentante asalariado (50%) por parte de la autoridad judicial (artículo 150 Ley 1098 de 2006); capacidad económica del alimentante y, si no labora o sus ingresos son irrisorios, se determina la cuota sobre el salario mínimo; así mismo, se deberán sopesar las necesidades lácticas, sociales y económicas del beneficiario, y el reajuste periódico en enero de cada año, con base en el índice de precios al consumidor. La Ley 1850 de 2017, en su artículo 34A, hizo una importante aproximación al tema y señaló los factores a tener en cuenta para la fijación de la cuota alimentaria del adulto mayor; determinando lo siguiente: "Derecho a los alimentos. Las personas adultas mayores tienen derecho a los alimentos y demás medios para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Serán proporcionados por quienes se encuentran obligados de acuerdo con la Ley y su capacidad económica. Los alimentos comprenden /o Imprescindible para la nutrición, habitación, vestuario, afiliación al sistema general de seguridad social en salud, recreación y cultura, participación y, en general, todo lo que es necesario para el soporte emocional y la vida autónoma y digna de las pernas (sic) adultas mayores….” (el subrayado es nuestro). Con lo anterior, de manera general podemos decir que para proceder a la tasación provisional o definitiva de una cuota alimentaria a favor de un adulto mayor, la autoridad administrativa deberá tener en consideración los factores contemplados en la ley como integrantes de las necesidades del adulto mayor, así como determinar no

sólo la necesidad de éste, sino también si el alimentante tiene los recursos necesarios para pagar una cuota alimentaria; se deberá asignar una cuota que no solo sea acorde a la capacidad económica del alimentante sino que responda con los requerimientos de quien la necesita, teniendo en cuenta que no se le puede exigir al alimentante una cuota cuyo valor exceda el monto de las verdaderas necesidades de quien la requiere, ni tampoco se le puede imponer un monto que esté por fuera de sus reales condiciones económicas. Cuando no fuere posible acreditar los ingresos del alimentante, el juez podrá establecerlo teniendo en cuenta su posición social, costumbre y todas las circunstancias que determinen su capacidad económica, presumiendo que devenga al menos el salario mínimo legal. A estos efectos se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-203 de 2013, al manifestar que “La doctrina jurídica ha denominado como pensión o cuota alimentaria a la prestación económica que debe una persona a otra, con el fin de que satisfaga sus necesidades básicas. Tal obligación de manutención y asistencia puede ser impuesta por la ley, por una convención o por un testamento. Para su exigibilidad deben configurarse tres requisitos esenciales: (i) la necesidad del alimentario, (ii) la capacidad económica de alimentante y (ii) un título que sirva de fuente a la relación”.

3. Conclusiones Primera: La población adulta mayor en Colombia goza de una protección especial por parte del Estado, es así como se ha determinado que la atención integral a la vejez no es un asunto exclusivo del ámbito doméstico, se trata por el contrario, de un deber a cargo del Estado.

Segunda: Para establecer el monto de la cuota alimentaria de manera provisional o definitiva, a favor de un

adulto mayor, la autoridad administrativa deberá tener en consideración los factores que hacen parte de la misma, tal como lo determina la Ley 1850 de 2017, además de los criterios generales señalados por la ley y la jurisprudencia sobre el particular. [1] El presente concepto no es de obligatorio cumplimiento o ejecución para particulares o agentes externos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015. No obstante lo anterior, tiene carácter vinculante para las dependencias internas del Instituto y terceros que colaboren en la prestación del servicio público o en el desarrollo de la función administrativa de competencia del ICBF, en virtud de la función asignada a la Oficina Asesora Jurídica de mantener la unidad doctrinaria e impartir las directrices jurídicas necesarias para el desarrollo de las funciones del instituto, de conformidad con el artículo 6 numerales 4, 8 y 20 del Decreto 987 de 2012. Cordialmente,

LUZ KARIME FERNANDEZ CASTILLO

Jefe Oficina Asesora Jurídica NOTA AL FINAL: 1. “Como al realizar las referidas Intervenciones la Administración debe aplicar el derecho, no siempre a través de funcionarios con conocimiento» jurídicos, o cuando la debida ejecución de la ley requiere precisiones de orden técnico, se hace necesario que aquélla haga uso del poder de instrucción, a través de las llamadas circulares del servicio, o de conceptos u opiniones, y determine el modo o la forma como debe aplicarse la ley en los distintos niveles decisorios. Con ello se busca, la unidad de la acción administrativa, la coordinación de las

actividades que desarrollan los funcionarios pertenecientes a un conjunto administrativo, la uniformidad de tas decisiones administrativas e igualmente, te unidad en el desarrollo de las políticas y directrices generales trazadas por tos órganos superiores de la Administración, con lo cual se cumple el mandato del Constituyente contenido en el art 208 de la Constitución, en el sentido de que la función administrativa se desaíro Re con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad. (...) cuando el concepto tiene un carácter autorregulador de la actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio de la Administración, con las consecuencias jurídicas que ello apareja. En tal virtud, deja de ser un concepto y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las llamadas circulares o instrucciones de servicio”. Corte Constitucional. Sentencia C - 877 de 2000 M P Antonio Barrera Carbonell. Ir al inicio Derecho del Bienestar Familiar La publicación "Derecho del Bienestar Familiar" ”, es responsabilidad de Avance Jurídico Casa Editorial S.A.S, de acuerdo con el contrato No. 01017062023.

ISBN : 978-958-98873-3-2

Créditos y reserva de derechos de autor ICBF - DRA © 2023

Última actualización: Control de versiones logo logo co

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Dirección Sede de la Dirección General: Av. Carrera 68 # 64C - 75 Bogotá, Colombia.

Código Postal: 111061

NIT: 899999.239-2

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Consultar Entidades del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación.

@ICBFCOLOMBIA

ICBFCOLOMBIAOFICIAL

ICBFCOLOMBIA

ICBFINSTITUCIONALICBF

Contacto

Teléfono Conmutador: +57 601 437 76 30, Disponible lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Línea gratuita nacional ICBF: 01 8000 91 80 80, Disponible lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm.

Línea 141: Línea gratuita nacional para protección, emergencia y orientación. Disponible las 24 horas.

Linea Anticorrupción : 01 8000 91 80 80, opción 4.

Correo Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@icbf.gov.co Correo Notificaciones Judiciales ICBF: Notificaciones.Judiciales@icbf.gov.co Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación Consultar también: Políticas del Sistema Integrado de Gestión ICBF Política de Privacidad y Condiciones de Uso

Política de Tratamiento de Datos Personales Política Editorial y de Actualización de Contenidos Web × Contraste Contraste Reducir Reducir letra Aumentar Aumentar letra Restaurar Retornar valores Ir arriba Ir arriba Ir abajo Ir abajo