ICBF - Concepto 0000014 de 2017

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Inicio Documento Concepto 14 de 2017 ICBF Ocultar anotaciones   Buscar  Índice CONCEPTO 14 DE 2017 (febrero 14) <Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

10400/045858 Bogotá D.C,

MEMORANDO

PARA: Grupo Jurídico Regional ICBF Sucre ASUNTO: Solicitud de concepto de acuerdo ha radicado en el ICBF No. 45858 del 31 de enero de 2017

De manera atenta, en relación con el asunto de la referencia, en los términos previstos en los artículos 26 del o Código Civil, Ley 1755 de 2015 y el artículo 6 , numeral 4, del Decreto 987 de 2012, se responde la consulta sobre el caso en cuestión, en los términos que siguen:

1. CONSULTA ¿Las Instituciones que desean pertenecer al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y que cuentan con

inscripción de representante legal ante Cámara y Comercio, deben realizar dicha inscripción ante el ICBF, de ser así cual es el procedimiento?

2. ANÁLISIS El presente problema jurídico se abordará así: 2.1. El servicio público de Bienestar Familiar, 2.2 Requisitos que debe tener en cuenta el ICBF para la inscripción de los representantes legales y 2.3 Conclusiones. 2.1. El servicio público de Bienestar Familiar Se entiende como servicio público de Bienestar Familiar el conjunto de acciones del Estado que se desarrollan para cumplir en forma integral y permanente con el reconocimiento, la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la prevención de su amenaza o vulneración y el

[1] fortalecimiento familiar. El artículo 205 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que el ICBF es el ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y restablecimiento de los mismos en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. [2] El Decreto 936 de 2013 establece los principios rectores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, indicando que: El Sistema Nacional de Bienestar Familiar está regido por las normas constitucionales de garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y de prevalencia de los derechos de la niñez, establecidos en el artículo 44 de la Carta Política; por la Ley 12 de 1991, por medio de la cual se adopta la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas; por los principios de protección integral, interés

superior de los niños, las niñas y los adolescentes, prevalencia de los derechos, corresponsabilidad, exigibilidad de los derechos y perspectiva de género, consagrados en los artículos 7, 8, 9. 10, 11 Y 12 de la Ley 1098 de 2006 y por los principios rectores de las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia previstos en el artículo 203 de la misma ley. En el marco de la necesaria articulación y coordinación, el mismo Decreto dispone los objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar así: --Lograr la protección integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia y promover el fortalecimiento familiar a través de una respuesta articulada y oportuna del Estado bajo el principio de corresponsabilidad con la familia y la sociedad. --Promover la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas de primera infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional y territorial con enfoque diferencial. --Lograr que la primera infancia, la infancia y adolescencia y el fortalecimiento familiar sean una prioridad social, política, técnica y financiera en el ámbito nacional y territorial. --Mejorar el ejercicio de la participación y movilización social en torno a la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar en los niveles nacional y territorial. --Evaluar y hacer seguimiento del estado de realización de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En relación con lo anterior se debe recordar que mediante el Decreto 2388 de 1979 se reglamentaron las Leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y 7o de 1979, y se dispuso entre otras cosas que:

Artículo 6. Integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar: a) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sus regionales o agencias en los Departamentos, en el Distrito Especial de Bogotá, en las Intendencias, Comisarías y en los Municipios; (...) Artículo 8. Hacen parte también del Sistema Nacional de Bienestar Familiar las entidades públicas o privadas, de carácter nacional, distrital, departamental, comisarial, intendencial o municipal, que habitualmente realicen actividades relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración armónica de la familia. Artículo 12. Las actividades que realicen (as entidades mencionadas en los artículos anteriores, deberán cumplirse con estricta sujeción a las normas del servicio y a los reglamentos dictados por el ICBF. Artículo 20. De conformidad con lo previsto en la Ley 7 de 1979 y de modo especial en los artículos 12, 14. 15, 19, 20 y 21, la dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar está a cargo del ICBF. En ejercicio de ella le corresponde: (...)

9. Supervisar y controlar el funcionamiento de las entidades que constituyen el sistema y prestarle asesoría a las mismas.

Artículo 27. A partir de la vigencia del presente decreto, todos los organismos instituciones, agencias o entidades de carácter público o privado, que cumplan actividades de las mencionadas en el artículo 8o., deberán ceñirse a las normas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 2.2. Requisitos que debe tener en cuenta el ICBF para la inscripción del representante legal

El artículo 50 de la Ley 75 de 1968 creó el ICBF como un establecimiento público dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto es propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger a los niños niñas y los adolescentes y garantizarles sus derechos. En igual sentido el Decreto 2388 de 1979, en sus artículos 8 y 27 establece que todos los organismos, instituciones o entidades de carácter público o privado que habitualmente realicen actividades relacionadas con la protección preventiva y especial de niños, niñas y adolescentes, la garantía de sus derechos y la realización e integración armónica de la familia, deben ceñirse a las normas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. (Subrayado y resaltado fuera de texto). El artículo 9 de la Resolución No. 3899 de 2010, modificado por la Resolución No. 3435 y 9555 de 2016, establece los documentos que se deben presentar ante el ICBF para la solicitud de inscripción de representante legal y miembros de junta directiva, indicando además que en todos los casos deberá reportarse el cambio de estos allegando nuevamente los documentos requeridos en ese artículo. 2.3. Conclusiones Así las cosas y teniendo en cuenta las consideraciones de orden legal expuestas, se puede concluir lo siguiente: Primera: Las instituciones que deseen pertenecer al Sistema Nacional de Bienestar Familiar deben realizar la inscripción del representante legal ante el ICBF, exceptuando aquellas cuya inscripción fue realizada ante la Cámara y Comercio dentro de la transición de la derogatoria del Decreto 427 de 1996 y la vigencia del Decreto

[4] 1422 de 1996, durante el periodo comprendido entre el 5 de marzo al 14 de agosto de 1996.

Segundo: El trámite para dicha inscripción es el establecido en el artículo 9 de la Resolución 3899 de 2010, modificada y adicionada por las Resoluciones No. 3435 y 9555 de 2016. Una vez se verifique que se encuentra la documentación allí establecida podrá expedirse por parte del ICBF el certificado de existencia y representación legal.

[5] El presente concepto no es de obligatorio cumplimiento o ejecución para particulares o agentes externos, de conformidad con lo establecido 1755 de 2015. No obstante lo anterior, tiene carácter vinculante para las dependencias internas del Instituto y terceros que colaboren en la prestación del servicio público o en el desarrollo de la función administrativa de competencia del ICBF, en virtud de la función asignada a la Oficina Asesora Jurídica de mantener la unidad doctrinaria e impartir las directrices jurídicas necesarias para el desarrollo de las funciones del Instituto, de conformidad con los numerales 8 y 15 del Decreto 987 de 2012. Cordialmente,

LUZ KARIME FERNANDEZ CASTILLO

Jefe Oficina Asesora Jurídica

1. Decreto 936 de 2013

2. Por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones 3. “Por el cual se reglamentan las Leyes 75 de 1968 27 de 1974 y 7 de 1979” Hoy incorporados en el Decreto

1048 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de inclusión Social y Reconciliación”, parte 4, titulo 1

4. Decreto 427 de 1996, Decreto 1422 de 1996.

5. Como al realizar las referidas intervenciones la Administración debe aplicar el derecho, no siempre a través de funcionarios con conocimientos jurídicos, o cuando la debida ejecución de la ley requiere precisiones de orden técnico, se hace necesario que aquella haga uso del poder de instrucción, a través de las llamadas circulares del servicio o de conceptos u opiniones y determine el modo o la forma como debe aplicarse la ley en los distintos niveles decisorios Con ello se busca, la unidad de la acción administrativa la coordinación de las actividades que desarrollan los funcionarios pertenecientes a un conjunto administrativo, la uniformidad de las decisiones administrativas e igualmente, la unidad en el desarrollo de las políticas y directrices generales trazadas por los órganos superiores de la Administración con lo cual se cumple el mandato del Constituyente contenido en el art 209 de la Constitución, en el sentido de que la función administrativa se desarrolle con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad (…) cuando el concepto tiene un carácter autorregulador de la actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio de la Administración, con las consecuencias jurídicas que ello apareja En tal virtud, deja de ser un concepto y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las llamadas circulares o

instrucciones de servicio" Corte Constitucional Sentencia C - 877 de 2000 M P Antonio Barrera Carbonell. Ir al inicio Derecho del Bienestar Familiar La publicación "Derecho del Bienestar Familiar" ”, es responsabilidad de Avance Jurídico Casa Editorial S.A.S, de acuerdo con el contrato No. 01017062023.

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